MAYO-2013 Revista electrónica [www.eumed.net/historia] y en
Transkrypt
MAYO-2013 Revista electrónica [www.eumed.net/historia] y en
NÚMERO 6 MAYO-2013 Revista electrónica [www.eumed.net/rev/historia] y en papel Offpints – Separatas – Tiré à part Versión completa impresa en papel del no 6 (mayo 2013) UNIVERSIDAD DE MÁLAGA La Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social es una publicación de periodicidad semestral, que incorpora el sistema de proceso anónimo de revisión por pares para la edición de los artículos. Dicho criterio no se aplica a la sección de recensiones, bajo el control del director, el jefe de redacción o la vicesecretaria de redacción. Las lenguas de publicación son el español, inglés, francés, italiano, alemán, polaco, portugués, holandés, catalán, rumano, húngaro, croata, búlgaro y sueco. Asimismo, se acompañarán resúmenes y palabras claves en dos lenguas de las anteriormente indicadas. Las indicaciones sobre el modo de envío de artículos y recensiones están precisadas en Normas de publicación. La revista recensionará aquellas publicaciones aparecidas en los últimos cuatro años en curso anteriores al número correspondiente de la revista que le sea remitido un ejemplar bien a Manuel J. Peláez, Calle Palmeras del Limonar, nº 12. 29016 Málaga (España) o bien a Lisette Villamizar, eumed.net, Economía Política y Hacienda Pública, Facultad de Derecho, Campus de Teatinos, s/n, Universidad de Málaga, 29071 Málaga (España). También puede hacerse eco del contenido de revistas de las que les sea remitido un ejemplar. Los artículos y las recensiones habrán de versar sobre las materias específicas de la revista (Historia de las Relaciones Laborales, Historia de la Política Social, Historia Social del Trabajo, Historia del Derecho del Trabajo, Historia de la Protección Social, Historia del Trabajo Social, Historia de la Psicología Social, Historia del Pensamiento Social, Historia de los Sindicatos, Historia de las Revoluciones Sociales, Historia de los Derechos Sociales, Historia de la Sanidad Pública y Terminología social y traducción en el Derecho comparado), entendiéndose que el marco cronológico abarca desde los Derechos de la antigüedad hasta 1975 respecto a España, 1990 en relación con Alemania, 1974 en torno a Francia, 1969 para los Estados Unidos de América, 1974 para Portugal, Gran Bretaña hasta 1979, Italia hasta 1992, Canadá hasta 1992, y para los países de democracia popular de la antigua Europa del Este hasta 1990. Estas indicaciones de marco cronológico pueden dar una idea aproximada para el resto de países y, en cualquier caso, son flexibles, ahora bien, puede no aceptarse el artículo si no se observan. La Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumed●net de la Universidad de Málaga. EQUIPO TÉCNICO DE EDICIÓN EDICIÓN EJECUTIVA Juan Carlos Martínez Coll RESPONSABLE DE EDICIÓN Lisette Villamizar MAQUETACIÓN EDICIÓN ELECTRÓNICA Lisette Villamizar ISSN 2173-0822 © Los autores de los artículos y las recensiones © eumed.net © Maquetación y diseño: Lisette Villamizar © Diseño de portada: María del Mar España García-Hidalgo © Lewis Hine, 1920. Power house mechanic working on steam pump. Fotografía utilizada en el diseño de portada. CONSEJO DE REDACCIÓN GÁBOR HAMZA Catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Romano. Universidad Eötvös Loránd. Budapest (Hungría) GÉRARD A. GUYON Profesor emérito de Historia del Derecho, de las Instituciones y de los hechos sociales y económicos. Universidad Montesquieu. Burdeos IV (Francia) LEONARD ŁUKASZUK Catedrático de Derecho Internacional Público. Universidad de Varsovia. Fue Vicepresidente del Tribunal Constitucional de la República de Polonia (Polonia) STAMATIOS TZITZIS Director de Investigaciones del Centro Nacional de la Investigación Científica. Director adjunto del Instituto de Criminología. Universidad Panthéon Assas. París II (Francia) ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI Catedrático de Derecho del Trabajo y Política Social. Universidad Jagellónica de Cracovia (Polonia) SVEN HESSLE Catedrático de Trabajo Social. Universidad de Estocolmo (Suecia) BJARNE MELKEVIK Catedrático de Metodología Jurídica y Filosofía del Derecho. Universidad Laval. Québec (Canadá) JEAN-LUC CHABOT Catedrático emérito de Ciencia Política. Universidad Pierre-Mendes-France de Grenoble (Francia) THOMAS GERGEN Catedrático de la Universidad Europea de Economía y Gestión de Luxemburgo (Luxemburgo) TADEUSZ WASILEWSKI Catedrático de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Administración. Universidad Nicolás Copérnico. Toruń (Polonia) JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada (España) GLORIA CORPAS PASTOR Catedrática de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga (España) y de Tecnologías de la Traducción de la Universidad de Wolverhampton (Inglaterra) HORST DIPPEL Catedrático de Historia de Inglaterra y de los Estados Unidos de América. Universidad de Kassel (Alemania) ANTONIO JORDÁ FERNÁNDEZ Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (España) JEAN-LOUIS CLÉMENT Profesor del Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Estrasburgo (Francia) TÜNDE MIKES JANI Profesora acreditada como Titular. Docente de Historia de las Constituciones y de la Codificación y de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Gerona (España) GEORGY PENCHEV Catedrático de Derecho Administrativo y del Medio ambiente. Facultad de Derecho. Universidad de Plovdiv (Bulgaria) HARRY E. VANDEN Catedrático de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad del Sur de Florida, Tampa (Estados Unidos) HENRI R. PALLARD Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho. Universidad Laurentiana. Sudbury, Ontario (Canadá) MANUEL J. PELÁEZ Catedrático de Universidad. Docente de Historia de las Relaciones Laborales. Universidad de Málaga (España). Director JERÓNIMO MOLINA CANO Profesor Titular de Política Social de la Universidad de Murcia (España). Jefe de redacción JORGE JESÚS LEIVA ROJO Profesor Titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). Supervisor de redacción y Responsable deontológico y árbitro único de conflictos PATRICIA ZAMBRANA MORAL Profesora Titular. Docente de Historia de las Relaciones Laborales. Universidad de Málaga (España). Secretaria de redacción CARMEN ORTÍN GARCÍA Profesora contratada doctora de Derecho Romano. Universidad de Málaga (España). Adjunta a la Secretaria de redacción MÍRIAM SEGHIRI DOMÍNGUEZ Profesora Titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). Vicesecretaria MARÍA ESTHER DOMÍNGUEZ LÓPEZ Profesora Titular de Derecho Romano. Universidad de Málaga (España). Jefa de redacción adjunta ÍNDICE DE CONTENIDOS ARTÍCULOS Miedzynarodowa ochrona pracowników migrujacych: Wspólczesne debaty prawne i perspektywy na przyszlosc [Texto en polaco] Bogumił Termiński ..................................................................................................................... 1 “Europa en las aulas”. Cultural ad Humanist Heritage of Europe [Texto en alemán] Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein .................................................................................... 43 Genèse des lois de la famille en France 1954-2013. Traduccion del francés al castellano de la Ley belga del matrimonio homosexual y de la Carta abierta dirigida a los senadores y senadoras de la República francesa por 170 catedráticos y profesores titulares de Derecho de las universidades francesas [Texto en francés y en castellano] Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista .................................. 59 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny [Texto en polaco] Bogumił Termiński ..................................................................................................................... 79 RECENSIONES A.A. V.V., Essais de philosophie pénale et de criminologie [Texto en castellano] Marina Lagos Muñoz ................................................................................................................. 119 A.A. V.V., Essais de philosophie pénale et criminologie, Déviances et délinquances: Approches psycho-sociales et pénales [Texto en castellano] Yasmina Kharrazi....................................................................................................................... 123 Francisco Javier Conde, El hombre, animal político [Texto en castellano] Andrés Felipe Tobón Villada .................................................................................................... 127 José Martín Pinto y Enrique González Matas, Andalucía y las reducciones jesuíticas de los guaraníes en el Paraguay [Texto en castellano] María Encarnación Gómez Rojo ............................................................................................ 129 Jerónimo Molina, Nada en las manos [Texto en italiano] Carlo Gambescia ....................................................................................................................... 132 Max Weber, Política y ciencia y otros ensayos de sociología [Texto en castellano] Guillermo Hierrezuelo Conde................................................................................................... 134 Antonio Sánchez-Bayón, Humanismo iberoamericano: Una guía para transitar la globalización [Texto en castellano] Alba Pérez Martínez .................................................................................................................. 139 Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 4, Homenaje a Alfredo Rodríguez García, filósofo del Derecho y de la Política, profesor universitario y ciudadano de la República de las Letras y de las Ciencias Sociales [Texto en castellano] Manuel J. Peláez ....................................................................................................................... 144 MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH: WSPÓŁCZESNE DEBATY PRAWNE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ Bogumił TERMIŃSKI Bogumił Termiński (2013): “Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Współczesne debaty prawne i perspektywy na przyszłość”, en Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013). En línea: www.eumed.net/rev/historia/international-labourlaw.html. SUMMARY: Adjusting the legal status, and support policies for migrant workers is an issue on the agenda of international institutions for nearly a hundred years. The first efforts to protect foreign workers have been taken during the first session of the International Labour Conference in 1919. In the following decades ILO activities has led to the preparation of three international documents concerning this issue (non-binding ILO Convention No. 66 in 1939, and Convention No. 97 of 1949, and No. 143 of 1975). For many decades, the problem of the protection of migrant workers’ rights was considered as a narrow issue of international labor law. Codification efforts, undertaken during seventies, have led to the adaptation of the UN document (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) in 1990, and inclusion this issue into more general area of international human rights law. Despite this fact, and the existence of several categories of documents concerning migrant workers within Council of Europe, the European Union, and even ASEAN, the protection of migrant workers has never been effectively functioning system. The aim of this article is the analysis of the codification of that issue, and the main obstacles to consensus on the protection of migrant workers’ rights. The state parties of the UN Convention contain primarily countries of origin of migrants (such as Mexico, Morocco and the Philippines). It seems, therefore, that despite 46 ratifications the, UN convention does not have a global character, and activities of its monitoring body (Committee on Migrant Workers ‒ CMW) reflects primarily demands of sending countries. The article closely examines particularly controversial provisions of the ILO and UN documents from the point of view of current labour migrations and policies of sending and host countries. KEYWORDS: International labour law, Employment, International migration law, Migrant workers, Labour migration, Public international law, Human rights law, International migration, United Nations, Committee on Migrant Workers (CMW), Illegal migration, Undocumented migration. STRESZCZENIE: Regulacja statusu prawnego, oraz zasad wsparcia pracowników migrujących, jest zagadnieniem podejmowanym na forach instytucji międzynarodowych od niemal stu lat. Pierwsze wysiłki na rzecz ochrony imigrantów zarobkowych podjęto już podczas pierwszej sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w 1919 roku. Aktywność MOP w kolejnych dekadach doprowadziła do przygotowania aż trzech dokumentów poświęconych temu 1 Bogumił Termiński zagadnieniu (nieobowiązującej konwencji MOP nr 66 z 1939 r., oraz konwencji Nr 97 z 1949 roku i Nr 143 z 1975 r.). Przez wiele dekad problem ochrony imigrantów zarobkowych był uznawany za wąskie zagadnienie międzynarodowego prawa pracy. Podjęte w latach siedemdziesiątych prace kodyfikacyjne doprowadziły do przyjęcia w 1990 roku dokumentu ONZ (Międzynarodowa Konwencja Dotycząca Ochrony Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków Ich Rodzin), oraz włączenia tego zagadnienia do bardziej ogólnej przestrzeni praw człowieka. Pomimo wspomnianego faktu, a także istnienia różnych kategorii dokumentów poświęconych migracjom zarobkowym w ramach Rady Europy, Unii Europejskiej, Organizacji Państwa Amerykańskich (OPA), Ligi Państw Arabskich a nawet ASEAN, ochrona pracowników migrujących nigdy nie stała się efektywnie funkcjonującym systemem pomocy i wsparcia wspomnianej tu kategorii cudzoziemców. Przedmiot wspomnianego artykułu stanowi analiza kodyfikacji zagadnienia, oraz podstawowych przeszkód utrudniających szeroki konsensus w zakresie ochrony pracowników migrujących. Sygnatariuszami konwencji ONZ są obecnie prawie wyłącznie kraje globalnego południa. Oczywiste wydaje się zatem, że pomimo 46 ratyfikacji dokument ten nie ma globalnego charakteru, a działalność komitetu monitorującego jego implementację (CMW) odzwierciedla wyłącznie postulaty krajów eksportujących tanią siłę roboczą. Prezentowany artykuł dokładnie analizuje szczególnie kontrowersyjne zapisy dokumentów MOP i ONZ z perspektywy obecnej specyfiki migracji zarobkowych na świecie, oraz wewnętrznych polityk migracyjnych krajów eksportujących i przyjmujących migrantów. SŁOWA KLUCZOWE: Międzynarodowe prawo pracy, Zatrudnienie, Międzynarodowe prawo migracyjne, Pracownicy migrujący, Migracje zarobkowe, Prawo międzynarodowe publiczne, Migracje międzynarodowe, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komitet do Spraw Pracowników Migrujących (CMW), Migracja nielegalna, Migracja nieudokumentowana. 1. Wstęp Od przynajmniej kilku stuleci migracje ekonomiczne coraz rzadziej utożsamiane są z wolną i nieskrępowaną ograniczeniami natury prawnej mobilnością w celu polepszenia dotychczasowych warunków życia. Ekonomiczne czynniki wypychające migrantów (ang. push factors) zderzają się bowiem z ograniczeniami natury prawnej i innymi bardziej pośrednimi mechanizmami kontroli imigracji. Globalny system migracyjny jest sumą transnarodowych interakcji socjoekonomicznych i regulacji prawnych różnego szczebla, kształtujących mobilność migrantów i członków ich rodzin w obrębie poszczególnych regionów czy kontynentów. Opiera się on na krajowych rozwiązaniach politycznych i prawnych, uzupełnionych o subsydiarne znaczenie dokumentów migracyjnych szczebla regionalnego i globalnego. Przyjęte dotychczas ogólne i szczegółowe dokumenty praw człowieka odgrywają całkowicie marginalne znaczenie w kreowaniu społecznego wymiaru ruchów migracyjnych. Dzieje się tak z bardzo prostej przyczyny. Konsekwencją wyrażonej choćby w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wolności istoty ludzkiej jest rozszerzona percepcja przysługujących nam praw społecznych i 2 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących ekonomicznych. Wspomniane tu założenie wydaje się trudne do pogodzenia z przyświecającym kluczowym aktorom globalnego systemu migracji ekonomicznych (państwom przyjmującym) zawężającym spojrzeniem na prawa ekonomiczne i społeczne migrantów zewnętrznych. Spory łatwe do pogodzenia w perspektywie regionalnych korzyści ekonomicznych okazują się dużo trudniejsze do przezwyciężenia na płaszczyźnie globalnej. Prezentowany artykuł traktuje zatem przede wszystkim o sporach i zróżnicowanych interesach krajów pozostających na różnym poziomie rozwoju gospodarczego, które w znaczącej mierze przekładają się na formalną przynajmniej przestrzeń ochrony prawnej pracowników migrujących. Konsekwencją coraz większego zróżnicowania form mobilności człowieka staje się ewolucja mechanizmów regulacyjnych i kontrolnych międzynarodowej mobilności zarobkowej. Najwcześniejszy system kontroli imigracji wiązał się oczywiście z ustanowieniem granic państwowych i ich ochroną za pomocą sformalizowanych mechanizmów przymusu (wojsko). Już w czasach starożytnych granice były nie tylko sferą odniesienia etniczno-kulturowego, lecz także narzędziem przeciwdziałania niekontrolowanej mobilności. Upadek Imperium Romanum ukazał, że sprawna kontrola granic przed niekontrowanymi ruchami migracyjnymi okazuje się jednym z najbardziej fundamentalnych elementów bezpieczeństwa państwowego. System kontroli granic spowodował ponadto wytworzenie innych zależności ekonomicznych (np. instytucji cła). Już w późnośredniowiecznej Europie obserwujemy pierwsze mechanizmy prawnej regulacji mobilności ekonomicznej, znajdującej wyraz w przeciwdziałaniu bądź promowaniu osadnictwa różnych grup etnicznych na terytorium poszczególnych państw. Początek intensyfikacji kontroli imigracji wiązać należy z kształtowaniem się nowoczesnych zasad przekraczania granic (system paszportowo-wizowy) w drugiej połowie XIX stulecia. Przekroczenie granicy w coraz większym stopniu zostało wówczas uzależnione od spełnienia wymogów formalnych. Ustanowione w tym samym okresie mechanizmy kontroli imigracji (np. kwoty imigracyjne) stały się przesłanką jawnej bądź zawoalowanej segregacji imigracyjnej w późniejszych dekadach. Intensyfikacja mechanizmów regulacyjnych nie ograniczyła bynajmniej znaczenia migracji pracowniczych dla gospodarki i demografii wielu obszarów świata. Powojenne przeobrażenia polityczne (dekolonizacja, narastająca rywalizacja międzyblokowa) wzmocniły selektywne spojrzenie na migracje zarobkowe. Ruchy migracyjne w Europie czy migracje transatlantyckie coraz silniej oparte zostały na tradycyjnych więzach regionalnych. Już w latach siedemdziesiątych coraz większym problemem okazała się wzrastająca skala ruchów migracyjnych o nielegalnym bądź nieudokumentowanym charakterze. Istotnym następstwem tego procesu stało się coraz większe zróżnicowanie statusu prawnego imigrantów, i związana z tym marginalizacja grup wykluczonych. Prawodawstwo wysoko rozwiniętych krajów przyjmujących migrantów od samego początku w wyraźny sposób rozgraniczało status (a zatem prawa ekonomiczne i środki wsparcia społecznego) migrantów legalnych od tych o charakterze nieudokumentowanym. Postawienie znaku równości między tymi procesami stanowiłoby bowiem (w ocenie administracji krajów przyjmujących) oczywistą zachętę do łamania prawa. To właśnie wspomnianym faktem tłumaczyć możemy niechęć krajów wysoko rozwiniętych do przyjmowania kontrowersyjnych, z ich punktu widzenia, rozwiązań konwencji uchwalonych w ramach MOP i ONZ. 3 Bogumił Termiński Według pochodzących z 2010 roku szacunków Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (ang. International Organization for MigrationIOM) globalna liczba migrantów międzynarodowych szacowana była na poziomie 214 milionów osób. Ówczesna skala migracji nieudokumentowanych szacowana była w przedziale 25.5 do 32.1 miliona osób. Zdecydowaną większość populacji migrantów stanowili zatem pracownicy migrujący przebywający na terytorium innego państwa w zgodzie z jego prawodawstwem. Także wspomniana kategoria osób wykazuje olbrzymie zróżnicowanie globalne pod względem statusu prawnego. Status pracowników migrujących w ramach UE regulowany jest na przynajmniej kilku płaszczyznach. Mam tu na myśli zarówno normy prawodawstwa krajowego, jak i konsekwencje zasady swobodnego przepływu osób w ramach UE, czy wreszcie zapisy dokumentów praw człowieka Rady Europy. Wielopłaszczyznowa regulacja migracji zarobkowych w ramach jednolitego rynku ma jednak mało wspólnego z realiami obserwowanymi w innych regionach świata. W krajach Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji podstawowym punktem odniesienia dla sytuacji imigrantów zarobkowych są normy prawa krajowego, bądź o wiele rzadsze umowy bilateralne. Konwencje ONZ i MOP, marginalne z euroatlantyckiego punktu widzenia, okazują się zatem istotnym punktem odniesienia dla dużej części krajów eksportujących siłę roboczą. Temat ochrony pracowników migrujących podjęty zostały już podczas pierwszej sesji międzynarodowej konferencji pracy w 1919 roku. Termin „pracownicy migrujący” (ang. migrant workers) spotykamy jednak po raz pierwszy dopiero w tekście Konwencji nr 66 MOP z 1939 roku1. Aktywność na rzecz kodyfikacji zagadnienia od samego początku naznaczona została dynamicznymi sporami pomiędzy liberalnie nastawionymi (i wysyłającymi migrantów) krajami Europy, a wprowadzającymi restrykcje imigracyjne Stanami Zjednoczonymi. Pierwsze lata po zakończeniu pierwszej wojny światowej stały się okresem natężenia imigracji zarobkowej z Europy do USA, zablokowanej następnie przez amerykańskie prawodawstwo imigracyjne z 1921 i 1924 roku2. Regulacje proponowane na forum MOP w dekadzie lat dwudziestych i trzydziestych odnosić się miały przede wszystkim do dominujących w ówczesnym układzie międzynarodowym migracji z Europy do USA. Fakt amerykańskiego izolacjonizmu i nieobecności tego kraju wśród członków MOP stawiał pod dużym znakiem zapytania zasadność jakichkolwiek prac w tym zakresie. Mimo niesprzyjających okoliczności w 1939 roku doszło jednak do przyjęcia konwencji MOP Nr 66, której tekst stał się podstawą podpisanej w dziesięć lat później Konwencji Nr 97 dotyczącej migracji zarobkowych. W zmienionej sytuacji geopolitycznej zapisy dokumentu okazały się jednak rozwiązaniami głęboko anachronicznymi. Dekolonizacja zapoczątkowała bowiem ruchy migracyjne na innych kierunkach, a rozwój gospodarek Europy Zachodniej i następstwa ustanowienia żelaznej kurtyny ograniczyły skalę tradycyjnych migracji z Europy do USA. Zakończenie globalnego konfliktu 1 [1/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwerystetu Warszawskiego, Warszawa, 2011. 2 [2/1-6] G. Battistella, "Migration and human rights: the uneasy but essential relationship" In: R. Cholewinski, A. Pecoud, (eds.), Migration and Human Rights: The United Nations Convention on Migrant Workers’ Rights, Cambridge University Press, UNESCO Publishing, 2009, s. 48; B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011. 4 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących zbrojnego i proces dekolonizacji przewartościowały zatem najważniejsze płaszczyzny sporów w tym zakresie. Najbardziej zainteresowane rozwojem systemu ochrony prawnej migrantów okazały się wkraczające na drogę politycznej niezależności kraje rozwijające. Bazujące początkowo na imigracji zarobkowej gospodarki Europy Zachodniej stopniowo zbliżały się do konserwatywnego i restrykcyjnego stanowiska USA. Ich niechęć do rozwijania międzynarodowych standardów ochrony migrantów potęgowało także postępujące w kolejnych dekadach zjawisko migracji nielegalnej. Na interesujące nas zagadnienie w decydującym stopniu oddziaływały zatem przewartościowania globalnych kierunków migracji zarobkowych. Rywalizacja międzyblokowa także okazała się znaczącym czynnikiem uniemożliwiającym (bądź stawiającym pod znakiem zapytania sens) podjęcia daleko idących wysiłków kodyfikacyjnych w ramach MOP czy ONZ. Wspomniane wyżej czynniki zmuszają nas do szerszej analizy problemu w kontekście zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych i geopolitycznych. Analiza proponowanych bądź wiążących zapisów konwencji międzynarodowych w oderwaniu od politycznego i ekonomicznego kontekstu ich powstania wydaje się bowiem dalece niewystarczająca. Debat wokół zapisów konwencji proponowanych w latach trzydziestych nie możemy analizować w kontekście współczesnej dynamiki ruchów migracyjnych. Pomimo silnego zróżnicowania dyskusji nad problemem kilka elementów pozostaje jednak wspólnych. Proces kodyfikacji zagadnienia, począwszy od pierwszych sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, był całkowicie zdeterminowany sporami pomiędzy krajami wysyłającymi imigrantów zarobkowych a państwami docelowymi ich emigracji zarobkowej. To właśnie niemożliwe do rozwiązania konflikty interesów doprowadziły ostatecznie do marginalizacji ochrony pracowników migrujących na gruncie międzynarodowego prawa pracy i międzynarodowej ochrony praw człowieka. Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących jest dzisiaj jedną z płaszczyzn prawa międzynarodowego o zdecydowanie najmniejszym poziomie globalnej akceptacji, w której obszarze szczególnie uwidaczniają się spory pomiędzy państwami wysoko rozwiniętymi a obszarem Globalnego Południa. Prezentowany artykuł ma na celu spełnienie kilku podstawowych funkcji. Pierwszą z nich jest zwrócenie uwagi na prawną odrębność i podmiotowość pracowników migrujących jako specyficznej kategorii cudzoziemców. Przyjęte dotychczas dokumenty prawa międzynarodowego publicznego wspominają o kilku najważniejszych kategoriach cudzoziemców, zróżnicowanych pod względem motywacji opuszczenia miejsca zamieszkania i wcześniejszego, bądź oczekiwanego w nowym państwie, statusu prawnego. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy: uchodźców, bezpaństwowców, osoby ubiegające się o azyl, pracowników migrujących, oraz ogólnie rozumianych cudzoziemców3. W ramach niektórych z powyższych kategorii istnieją jeszcze specyficzne klasyfikacje wewnętrzne, w rodzaju podziału na migrantów legalnych i nieudokumentowanych (nielegalnych, nieregularnych)4. Konieczna 3 [3/1-6] W prawie międzynarodowym publicznym istnieją także zapisy adresowane wobec bardziej specyficznych kategorii cudzoziemców w rodzaju dyplomatów i funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych. Z punktu widzenia interesującego nas zagadnienia odgrywają one jednak całkowicie marginalne znaczenie. 4 [4/1-6] Por. zwłaszcza: B. Termiński, "Realizing the Right to Health of Undocumented th Immigrants in Europe: Legal and Social Challenges", Proceedings of the 13 World Congress 5 Bogumił Termiński wydaje się zatem analiza specyfiki pracowników migrujących na tle innych wspomnianych wyżej kategorii cudzoziemców. Drugim zagadnieniem na jakie pragnę zwrócić uwagę jest analiza problemów i potencjalnych zagrożeń praw pracowników migrujących w państwie ich pobytu i zatrudnienia. Fundamentalnym czynnikiem kształtującym sytuację migrantów jest legalność pobytu i zatrudnienia. Problemy i zagrożenia dotykające migrantów nieudokumentowanych mają z oczywistych względów dużo silniejszy charakter aniżeli w przypadku migrantów przebywających w kraju pobytu w zgodzie z jego przepisami. Szczególnie istotnym fragmentem pracy jest analiza kształtowania się norm prawa międzynarodowego publicznego dotyczących ochrony pracowników migrujących. Temat ten początkowo był jedynie wąskim i z rzadka podejmowanym zagadnieniem międzynarodowego prawa pracy. Od połowy lat siedemdziesiątych obserwować możemy proces powolnego i mało efektywnego włączania tego problemu do bardziej ogólnej przestrzeni ochrony praw człowieka. Ostatni fragment artykułu poświęcony został perspektywom wzmocnienia efektywności ochrony imigrantów zarobkowych w ramach przestrzeni polityki imigracyjnej i międzynarodowej ochrony praw człowieka. Liczba pracowników migrujących przynajmniej ośmiokrotnie przekracza obecną skalę problemu uchodźstwa międzynarodowego. Uchodźcy są oczywiście grupą cudzoziemców w większym stopniu obciążoną bezpośrednimi zagrożeniami dla praw człowieka. Pamiętajmy jednak, że duży odsetek uchodźców to przedstawiciele drugiego i trzeciego pokolenia, względnie dobrze zaadaptowani w kraju pobytu i wolni od zagrożeń dla fundamentalnych praw człowieka. W krajach Globalnego Południa pracownicy migrujący są kategorią cudzoziemców bardzo silnie obciążoną różnymi zagrożeniami dla praw człowieka. Na fakt ten w silnym stopniu oddziałują nie tylko krajowe uwarunkowania ekonomiczne, lecz także słabość porozumień dwustronnych i regionalnych dokumentów ochrony imigrantów zarobkowych. 2. Pracownicy migrujący jako autonomiczna kategoria cudzoziemców Pracownicy migrujący i pozostający na ich utrzymaniu członkowie rodzin są obecnie największą kategorią cudzoziemców przebywających poza krajem pochodzenia. Poza cechującymi ich wspólnymi elementami (w rodzaju ekonomicznych motywacji podjęcia migracji) są także niezwykle silnie zróżnicowaną kategorią cudzoziemców. Wśród najistotniejszych czynników, kształtujących ich sytuację w kraju pobytu i zatrudnienia, wymienić należy 1. status prawny pobytu i zatrudnienia, 2. czas trwania migracji, 3. charakter związków z państwem pochodzenia i zakres integracji w nowym kraju, 4. właściwości krajowej polityki migracyjnej i stopień społecznej otwartości na imigrantów zarobkowych5. Przebywanie w danym państwie w zgodzie z jego przepisami w znaczący sposób zwiększa zakres posiadanych praw i przywilejów. Przekroczenia granicy bądź złamanie regulacji dotyczących pobytu uniemożliwia zazwyczaj legalne podjęcia pracy i korzystanie ze związanych z tym przywilejów społecznych. Legalność pobytu i zatrudnienia stanowi istotny czynnik dostępu do służby zdrowia, jak i korzystania z rozwiniętego katalogu on Public Health, Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469. 5 [5/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011. 6 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących środków wsparcia społecznego6. Migranci nieudokumentowani nie są najczęściej objęci rozwiniętymi gwarancjami społecznymi. Z oczywistych względów nie mają także możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia. Istotnym czynnikiem kształtującym sytuację społeczną migrantów jest także czas pobytu poza krajem pochodzenia, oraz charakter związków z państwem dotychczasowego zamieszkania. Za migrację długookresową przyjmuje się najczęściej pozostawanie poza państwem pochodzenia przez okres ponad 12 miesięcy. Długookresowy charakter migracji i związana z tym adaptacja w nowym miejscu jest ważnym czynnikiem wzmocnienia bezpieczeństwa i spadku znaczących zagrożeń dla praw człowieka. W przypadku migrantów legalnych długotrwały charakter migracji prowadzi zazwyczaj do wzmocnienia ich pozycji społecznej. Zależność pomiędzy długością pobytu za granicą a wzmocnieniem poziomu bezpieczeństwa jest już zdecydowanie mniej oczywista w przypadku migracji nieudokumentowanej. Przeszkody natury prawnej i bardziej ogólne poczucie braku stabilizacji powodują, że nielegalni migranci nie mają zazwyczaj szans znaczącego wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa. Nawet ich silne zakorzenienie w ramach diaspory nie prowadzi zatem do eliminacji dotykających ich potencjalnych zagrożeń. Warto zastanowić się teraz nad czynnikami kształtującymi zróżnicowaną sytuację socjoekonomiczną imigrantów zarobkowych w różnych częściach świata. Podstawowe znaczenie odgrywa w tym względzie poziom rozwoju gospodarczego państwa imigracji, a także obowiązujące w nim standardy ochrony prawnej i wsparcia społecznego imigrantów. Sytuacja osób podejmujących migracje zarobkowe w przestrzeni Globalnego Południa wydaje się dużo gorsza od tych, których obszarem docelowym są kraje wysoko rozwinięte. Pamiętajmy jednak, że nawet w ramach wspomnianej tu zależności zdarzają się wyjątki. Kraje Półwyspu Arabskiego cechują się co prawda wysokim poziomem rozwoju gospodarczego. Równocześnie jednak obserwujemy tam relatywny niedorozwój instrumentarium ochrony prawnej pracowników migrujących, co przekłada się na ich znaczące problemy społeczne tamże. Jak wskazują analizy IOM sytuacja imigrantów nielegalnych w krajach wysoko rozwiniętych jest często lepsza od osób legalnie zatrudnionych w państwach o niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Podstawowym kierunkiem współczesnych migracji zarobkowych jest oczywiście międzynarodowa mobilność mieszkańców krajów rozwijających do tych cechujących się wyższym poziomem ekonomicznym i standardem życia. Restrykcyjna polityka imigracyjna powoduje jednak, że kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej nie są obecnie tak dominującymi statystycznie państwami przyjmującymi migrantów jak było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Coraz istotniejsze znaczenie odgrywają choćby międzyregionalne migracje zarobkowe w obszarze Azji. Mam tu na myśli zwłaszcza migracje mieszkańców krajów południowej części kontynentu (np. Filipin) do państw Bliskiego Wschodu. Erozji znaczenia USA jako państwa przyjmującego imigrantów towarzyszy zatem wzrastająca mobilność międzyregionalna w obszarze poszczególnych kontynentów. Położenie i standardy ochrony migrantów zarobkowych w krajach azjatyckich są jednak zdecydowanie niższe od mechanizmów ochrony prawnej osób podejmujących zatrudnienie w szeroko pojętej przestrzeni euro6 [6-1/6] B. Termiński, "Realizing the Right to Health of Undocumented Immigrants in Europe: th Legal and Social Challenges", Proceedings of the 13 World Congress on Public Health, Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469. 7 Bogumił Termiński atlantyckiej. Szczególnie duże problemy dotykają obecnie pochodzących z Azji Południowej pracowników migrujących, zatrudnionych w krajach Bliskiego Wschodu. Konieczne wydaje się zatem ukazanie specyfiki wspomnianej kategorii osób na tle innych grup cudzoziemców. Pamiętajmy jednak, że dynamika migracji zarobkowych jest przede wszystkim pochodną krajowego i regionalnego poziomu rozwoju gospodarczego. Afryka i wybrane kraje Ameryki Łacińskie, cechujące się nisko zaawansowanym modelem rozwoju gospodarczego, charakteryzują się także niską dynamiką migracji zarobkowych w obrębie kontynentu. Czynnikiem kreującym skalę migracji zarobkowych są zatem znaczące dysproporcje i różnice w standardzie życia pomiędzy sąsiadującymi krajami. Zdecydowana większość państw Afryki i Ameryki Łacińskiej cechuje się podobnym poziomem warunków życia. Dlatego właśnie, poza nielicznymi wyjątkami, dynamika migracji wewnętrznych w obrębie tych regionów jest obecnie bardzo ograniczona. Na fakt ten wpływa także, obserwowany w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce brak regionalnych porozumień i mechanizmów dotyczących migracji zarobkowych. Jak już wspominałem przyjęte dotychczas dokumenty prawa międzynarodowego publicznego wyodrębniają i odnoszą się zazwyczaj do pięciu kategorii cudzoziemców: uchodźców (ang. refugees), osób ubiegających się o azyl (ang. asylum seekers), bezpaństwowców (ang. stateless people), pracowników migrujących (ang. migrant workers) i ogólnie charakteryzowanych cudzoziemców (ang. individuals who are not nationals of the country in which they live). Pierwsze trzy spośród wspomnianych tu kategorii cudzoziemców są podmiotem aktywności i wsparcia UNHCR, oraz adresatem przyjętych w ubiegłych dekadach dokumentów międzynarodowych. Są ponadto adresatami znaczącego wsparcia humanitarnego ze strony instytucji systemu Narodów Zjednoczonych i organizacji pozarządowych. Uchodźcy są obecnie drugą (po międzynarodowych imigrantach zarobkowych i członkach ich rodzin) największą ilościowo kategorią cudzoziemców na świecie. Według pochodzących z 2011 roku szacunków UNHCR globalna populacja uchodźców wynosiła ponad 15,2 mln. osób, z czego ponad 80 % stanowiły kobiety i dzieci. Obecnie liczba ta uległa dość znaczącemu wzrostowi za sprawą katastrofy humanitarnej w Syrii. Globalna skala uchodźstwa międzynarodowego okazuje się zatem ponad dziesięciokrotnie niższa aniżeli uwarunkowane socjoekonomiczne migracje pracowników i członków ich rodzin. W cechujących się niską dynamiką migracji zarobkowych krajach Afryki liczba uchodźców jest jednak zdecydowanie wyższa aniżeli imigrantów zarobkowych. Z problemem uchodźstwa silnie wiążą się dwie inne kategorie cudzoziemców- osoby ubiegające się o azyl (ang. asylum seekers), oraz bezpaństwowcy (ang. stateless people). Wspomniane już statystki UNHCR z 2011 roku wskazywały na 895 tysięcy osób ubiegających się o azyl w 2011 roku. Liczba bezpaństwowców nie przekraczała z kolei 12 milionów osób (jedynie niewielka część z nich podejmuje mobilność o charakterze transnarodowym). Widzimy zatem, jak ogromny i dominujący okazuje się udział imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin w ramach globalnej populacji cudzoziemców. Podstawowym elementem odróżniającym pracowników migrujących od innych wspomnianych wyżej kategorii cudzoziemców są oczywiście indywidualne motywacje przyświecające pobytowi poza krajem pochodzenia. W przypadku imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin są one warunkowane 8 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących przede wszystkim przez czynniki socjoekonomiczne (zarobki, dostępność zatrudnienia i świadczeń społecznych, dysproporcje pomiędzy poziomem rozwoju ekonomiczno-społecznego kraju pochodzenia a państwa zatrudnienia, motywowane ekonomicznie indywidualne aspiracje i dążenia). Wahania koniunktury ekonomicznej powodują, że migracje zarobkowe okazują się obecnie fenomenem zdecydowanie bardziej dynamicznym, aniżeli długotrwałe z reguły i statyczne terytorialnie uchodźstwo. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu duża część globalnych migracji zarobkowych miała charakter długotrwały. Wspomnijmy tu choćby o specyfice imigracji do Stanów Zjednoczonych. Istotne znaczenie odgrywały także międzynarodowe migracje o charakterze sezonowym (w niektórych regionach Europy i świata praktykowane od wielu stuleci). Dynamika procesów ekonomicznych, połączona z rozwojem komunikacji, spowodowała w ostatnich latach wytworzenie i rozwój nowych form migracji w rodzaju migracji cyrkulacyjnych czy wahadłowych. Pracownicy migrujący są obecnie zdecydowanie bardziej mobilną kategorią cudzoziemców aniżeli uchodźcy, bezpaństwowcy czy osoby ubiegające się o azyl7. W wielu regionach świata mobilność o charakterze zarobkowym nie napotyka bowiem na obiektywne przeszkody natury prawnej. Mobilność uchodźców, bezpaństwowców i osób ubiegających się o azyl podlega już zdecydowanie większym restrykcjom. Wspomniane wyżej kategorie cudzoziemców napotykają zazwyczaj istotne przeszkody prawne w podjęciu zatrudnienia na terytorium państwa pobytu. Imigracja zarobkowa jest zatem przede wszystkim fenomenem dobrowolnym, odwracalnym i uzależnionym od zindywidualizowanych decyzji życiowych. Uchodźstwo okazuje się procesem zdecydowanie bardziej kolektywnym, nieodwracalnym i coraz częściej także wielopokoleniowym. Migracje zarobkowe postrzegać możemy raczej jako czasowe narzędzie poprawy statusu materialnego, lub wstęp do procesu integracji i często związanej z tym naturalizacji w nowym państwie. Uchodźstwo i bezpaństwowość są niezależnymi od indywidualnej woli procesami, kształtującymi specyficzne położenie społeczne i sytuację prawną. Posługując się niewielkim uproszczeniem możemy powiedzieć, że skala migracji zarobkowych kształtowana jest przez ekonomię a skala uchodźstwa przez prawo. Kolejnym czynnikiem kształtujących podmiotową odrębność poszczególnych kategorii cudzoziemców są zapisy prawa międzynarodowego publicznego. Osoby zmuszone do opuszczenia państwa pochodzenia, ubiegające się o azyl, bądź nieposiadające żadnego obywatelstwa okazują się zdecydowanie bardziej podatne na różnorodne formy dyskryminacji i zagrożenia dla praw człowieka. Dokumenty prawa międzynarodowego, przyjęte w celu ich ochrony, odgrywają zatem zdecydowanie większe znaczenie praktyczne aniżeli te dotyczące migrantów ekonomicznych o charakterze dobrowolnym. Pierwsze konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony uchodźców przyjęto w ramach Ligi Narodów już w 1933 i 1938 roku. Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących, oraz działania na rzecz ochrony i wsparcia cudzoziemców na gruncie prawa międzynarodowego publicznego mają zatem porównywalnie długą historię. Już w 1939 w ramach MOP wypracowany został tekst konwencji Nr 66 dotyczącej pracowników migrujących. Powojennym działaniom na rzecz uniwersalizacji i rozwoju standardów ochrony uchodźców czy bezpaństwowców 7 [7/1-6] Czynnikiem utrudniającym mobilność wspomnianych tu kategorii są przede wszystkim czynniki natury prawnej. 9 Bogumił Termiński nie towarzyszyła jednak równie dynamiczna aktywność kodyfikacyjna dotycząca pracowników migrujących. Zawarte w 1947 roku porozumienie pomiędzy ONZ i MOP dokonywało separacji kompetencji w zakresie kodyfikacji standardów ochrony cudzoziemców. Działania ONZ w zakresie ochrony i wsparcia uchodźców już w kilka lat później doprowadziły do przyjęcia wiążącej i powszechnie akceptowanej konwencji międzynarodowej, uzupełnionej efektywnymi działaniami powołanego w 1950 roku UNHCR. Pomimo dość szybkiego przyjęcia Konwencji Nr 97 MOP, ochrona pracowników międzynarodowych przez kolejne trzy dekady stała się mało znaczącym zagadnieniem międzynarodowego prawa pracy, pozbawionym szerszego wymiaru praktycznego. Utrzymanemu przez cały okres zimnej wojny konsensusowi na temat standardów ochrony uchodźców towarzyszył brak porozumienia w kwestii ochrony pracowników migrujących. W następstwie procesu dekolonizacji kraje rozwijające wzmocniły swą przewagę na forum ONZ8. Konsekwencją tego faktu stała się podjęta już w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych kodyfikacja zagadnienia ochrony pracowników migrujących. Przyjęta w 1990 roku konwencja okazała się jednak mało efektywna nawet jako fragment szerszego kontekstu ochrony praw człowieka. Różnice interesów socjoekonomicznych pomiędzy krajami wysyłającymi a przyjmującymi imigrantów zarobkowych z roku na rok stawały się bowiem coraz większe. Konwencje międzynarodowe regulujące status i środki wsparcia uchodźców mają zatem zdecydowanie większą moc sprawczą niż przyjęte dotychczas instrumenty dotyczące ochrony pracowników migrujących. Fakt ten z przynajmniej kilku powodów wydaje się jednak uzasadniony. Migracje zarobkowe są procesem dobrowolnym, zamkniętym w ramach ściśle określonych unormowań dotyczących zatrudnienia cudzoziemców, swobody przekraczania granic i osiedlenia. Zazwyczaj nie wiążą się także z bezpośrednimi zagrożeniami dla najbardziej fundamentalnych praw człowieka. Środki ochrony, oraz przysługujące imigrantom zarobkowym prawa, mają ponadto zdecydowanie bardziej zróżnicowany charakter. Legalni bądź nieudokumentowani pracownicy migrujący korzystają są co prawda z wielu uprawnień fundamentalnych, regulowanych w ramach ogólnych i szczegółowych dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka. Szczegółowa sytuacja prawna imigrantów zarobkowych w dużym stopniu jest jednak odbiciem stopnia otwartości konkretnego państwa, oraz dyrektyw jego polityki imigracyjnej. Państwa tradycyjnie otwarte na imigrantów (tzw. kraje przyjmujące) charakteryzują się zazwyczaj szerszym katalogiem przywilejów i uprawnień przyznawanych cudzoziemcom. Niektóre spośród krajów przyjmujących stosują jednak dość selektywną politykę imigracyjną, co znajduje wyraz w promowaniu osadnictwa wybranych kategorii cudzoziemców i ułatwieniach dla nich (kraje takie dyskryminują de facto pewne kategorie cudzoziemców kosztem innych, na przykład w oparciu o kryteria zawodowe czy poziom zamożności). Sytuacja prawna imigrantów przebywających i zatrudnionych na terytorium danego państwa w zgodzie z jego przepisami w oczywisty sposób odbiega od położenia różnych kategorii imigrantów nieudokumentowanych. 8 [8/1-6] Pozycja krajów rozwijających w ramach MOP była wówczas zdecydowanie gorsza. Dlatego właśnie zależało im, by nowa konwencja dotycząca ochrony pracowników migrujących została przyjęta w ramach ONZ. 10 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących Imigranci zarobkowi okazują się zatem zdecydowanie bardziej zróżnicowaną kategorią cudzoziemców aniżeli uchodźcy czy osoby ubiegające się o azyl. Wspólnotowy charakter fenomenu uchodźstwa, wraz z funkcjonującymi standardami ochrony prawnej wspomnianej kategorii cudzoziemców, powoduje, że położenie społeczne członków analizowanej społeczności jest zazwyczaj podobne. Sytuacja uchodźców w dużo większym stopniu aniżeli pracowników migrujących uzależniona jest od standardów prawnych. Przynależność do kategorii uchodźców warunkuje bowiem nie tyle fizyczne opuszczenie kraju dotychczasowego zamieszkania, lecz przede wszystkim uzyskanie statusu uchodźcy. Uchodźstwo okazuje się zatem fenomenem generowanym i organicznie zespolonym z adekwatnymi standardami prawa międzynarodowego publicznego (tzw. Konwencja Genewska z 1951 roku i tzw. Protokół Nowojorski z 1967 roku). Według niektórych specjalistów prawa międzynarodowego publicznego czynnikiem kreującym problem i skalę uchodźstwa na świecie są nie tyle konflikty zbrojne czy procesy demograficzne w obrębie długotrwałych diaspor uchodźców (np. drugiego i trzeciego pokolenia uchodźców palestyńskich, zamieszkujących w krajach Bliskiego Wschodu), lecz przede wszystkim zapisy Konwencji Genewskiej i innych dokumentów międzynarodowej ochrony uchodźców. Zmieniając, bądź selektywnie interpretując, międzynarodowe prawo uchodźcze, możemy zatem zaniżać bądź zawyżać skalę tego problemu na świecie9. Czynnikiem kształtującym fenomen migracji zarobkowych są nie tyle rozwiązania prawne lecz dysproporcje pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów bądź naszymi zindywidualizowanymi aspiracjami a możliwościami ich realizacji w kraju pobytu (prawo pełni jedynie funkcję subsydiarną: kontrolną i regulacyjną). Migracje zarobkowe są zjawiskiem dobrowolnym, generowanym przede wszystkim przez czynniki ekonomiczne. Przynależność do kategorii imigrantów zarobkowych jest zatem wynikiem podjęcia zatrudnienia w kraju innym aniżeli państwo pochodzenia. Brak powszechnie przyjętych regulacji prawnych dotyczących pracowników migrujących powoduje, że stanowią oni kategorię cudzoziemców cechującą się niskim stopniem spójności. Silne zróżnicowanie imigrantów zarobkowych na tle innych kategorii cudzoziemców znajduje wyraz choćby w istotnych pod względem prawnym klasyfikacjach. Najważniejszą płaszczyzną podziału wspomnianej kategorii cudzoziemców okazuje się rozgraniczenie imigrantów legalnych od tych o charakterze nielegalnym (nieregularnym, nieudokumentowanym). Zauważmy w tym miejscu, że jedynie część spośród przyjętych dotychczas standardów ochrony pracowników migrujących odnosi się do motywowanej ekonomicznie mobilności o nieudokumentowanym charakterze10. Istotnym czynnikiem zróżnicowanej sytuacji prawnej jest nie tylko udokumentowany pobyt, lecz także legalność podejmowania zatrudnienia. Środki ochrony prawnej migrantów 9 [9/1-6] Prawo międzynarodowe publiczne jest zatem decydującym czynnikiem kształtowania katalogu przyczyn i skali uchodźstwa na świecie. 10 [10/1-6] Pierwszym wiążącym dokumentem, regulującym ten problem na gruncie prawa międzynarodowego publicznego, stała się przyjęta w 1975 roku w ramach MOP Konwencja Nr 143 Dotycząca Migracji w Niewłaściwych Warunkach oraz Promocji Równości Szans i Traktowania Pracowników Migrujących (ang. Convention concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers). Dokument ten wszedł w życie 9 Grudnia 1978 roku. Por. zwłaszcza: B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011. 11 Bogumił Termiński zależą także od długości trwania migracji zarobkowej. Długotrwały bądź stały wyjazd zarobkowy prowadzi często do postępujących równolegle z integracją działań na rzecz prawnej naturalizacji w kraju pobytu. Migranci o charakterze krótkookresowym (cyrkulacyjnym, wahadłowym, sezonowym) korzystają zazwyczaj ze standardowych rozwiązań prawnych, oraz regionalnych i uniwersalnych unormowań o subsydiarnym charakterze. Zróżnicowanie sytuacji społecznej i prawnej migrantów zarobkowych ma zatem charakter odmienny od tego charakteryzującego uchodźców. Podstawowym elementem zróżnicowania sytuacji uchodźców jest podział na uchodźstwo krótkotrwale, oraz to o wieloletnim bądź nawet wielopokoleniowym charakterze. Zagrożenia dotykające pracowników migrujących mają całkowicie odmienny charakter od problemów cechujących uchodźców czy bezpaństwowców. W przypadku większości kategorii uchodźców sam fakt przekroczenia granicy państwowej prowadzi do minimalizacji dotykających ich zagrożeń i polepszenia sytuacji prawnej. W następstwie przekroczenia granicy i uzyskania statusu uchodźcy imigrant staje się podmiotem nowego systemu ochrony prawnej, a także adresatem określonych działań pomocowych i podmiotem wsparcia świadczonego przez międzynarodowe instytucje humanitarne. Dla większości kategorii pracowników migrujących opuszczenie kraju pochodzenia wiąże się z pogorszeniem ich sytuacji prawnej. Konsekwencją emigracji na obszar innego państwa staje się nieobowiązywanie tam praw wynikających z obywatelstwa. Erozja pozycji prawnej okazuje się zatem jednym z kosztów na drodze polepszenia statusu materialnego. Podstawowym celem zmiany miejsca zamieszkania, zarówno w przypadku uchodźstwa jak i migracji zarobkowej, jest podwyższenie poziomu różnych kategorii bezpieczeństwa ludzkiego (ang. human security). Kluczowym elementem migracji zarobkowej jest maksymalizacja poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego ponad ten możliwy do osiągnięcia w kraju pochodzenia bądź wcześniejszego zamieszkania. Kosztem wspomnianego procesu staje się jednak erozja różnych płaszczyzn bezpieczeństwa wspólnotowego (alienacja w nowym kraju, oderwanie od rodziny i dotychczasowych struktur społecznych), politycznego i relatywne pogorszenie pozycji prawnej jednostki (o ile państwo z którego przyszło jej emigrować ekonomicznie nie jest krajem upadłym, bądź stosującym celową politykę dyskryminacji dużych grup społecznych). Migrantom ekonomicznym coraz częściej przyświecają ponadto zindywidualizowane motywacje społeczne (rodzinne, związane ze standardem życia, karierą czy prestiżem). Współczesny obraz imigracji zarobkowej trudno zatem redukować do znanej choćby z dziewiętnastowiecznej publikacji G.E. Ravensteina mobilności służącej wyłącznie poprawie ekonomicznych standardów życia. Zupełnie inne zagrożenia dla bezpieczeństwa obserwujemy w kontekście indywidualnej sytuacji uchodźców. W przypadku uchodźstwa wzrostowi poziomu bezpieczeństwa indywidualnego (wolności od fundamentalnych zagrożeń dla życia i bezpieczeństwa) towarzyszy zazwyczaj spadek bezpieczeństwa ekonomicznego. W następstwie konfliktów zbrojnych uchodźcy zmuszeni są bowiem do opuszczenia swych domów i wyboru dość niepewnej przyszłości w nowym kraju. Znane choćby z Azji i Afryki obozy dla uchodźców generują i podtrzymują długotrwałą biedę przy braku możliwości zmiany wspomnianego stanu rzeczy (z podobną sytuacją mamy zresztą do czynienia w przypadku obozów dla osób wysiedlonych wewnętrznie- ang. Internally displaced personsIDPs). 12 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących Celem migracji zarobkowych jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego ponad ten doświadczany na terytorium kraju pochodzenia czy uprzedniego pobytu. Konsekwencją zdecydowanej większości migracji zarobkowych okazuje się zatem polepszenie sytuacji materialnej migrantów (oraz przebywających z nimi, bądź pozostających w kraju, członków rodzin). Dążeniom do maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego często towarzyszy jednak spadek bezpieczeństwa politycznego (brak przywilejów związanych z posiadaniem obywatelstwa państwa pobytu) i społecznego (socjoekonomiczne konsekwencje oderwania od rodziny i większych grup społecznych w kraju pochodzenia). Przyczyną zdecydowanej większości migracji przymusowych jest przede wszystkim maksymalizacja fundamentalnych aspektów bezpieczeństwa ludzkiego. W odróżnieniu od migrantów zarobkowych nie mają oni zazwyczaj jakichkolwiek możliwości maksymalizacji wspomnianych kategorii human security w uprzednim miejscu zamieszkania. W przypadku uchodźstwa maksymalizacji fundamentalnych, politycznych i społecznych aspektów bezpieczeństwa towarzyszy przeważnie erozja poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego (a zatem odwrotnie aniżeli w przypadku i imigrantów zarobkowych), oraz społecznego (analogicznie do dobrowolnych migrantów ekonomicznych). Możemy zatem stwierdzić, że pracowników migrujących już na starcie cechuje lepsza sytuacja społeczna niż w przypadku cudzoziemców zmuszonych do opuszczenia kraju dotychczasowego zamieszkania w następstwie czynników politycznych. Dlatego zatem regulacja ich sytuacji na płaszczyźnie prawa międzynarodowego publicznego nie wydaje się aż tak istotnym zagadnieniem jak analogiczne działania w przestrzeni ochrony uchodźców. Zagrożenia dotykające imigrantów zarobkowych przyjmują zazwyczaj charakter ekonomiczny i społeczny. W związku z ich słabszą pozycją socjoekonomiczną to właśnie na wspomnianej kategorii osób w największym stopniu odbijają się wahania koniunktury gospodarczej. Podobnie jak w przypadku osób przesiedlonych wewnętrznie, także imigranci ekonomiczni stanowią grupę "ostatnią w kolejce" w kontekście dystrybucji zasobów ekonomicznych (np. stałego zatrudnienia w sytuacji pogarszających się wskaźników ekonomicznych, mieszkań, dostępu do świadczeń socjalnych, itp.). Innym zagrożeniem dotykającym pracowników migrujących są różnorodne formy dyskryminacji prawnej i społecznej. Poziom otwartości na imigrantów zależy oczywiście od krajowych potrzeb ekonomicznych, czynników demograficznych, czy tradycyjnych uwarunkowań historyczno-społecznych. Nawet w tradycyjnie imigracyjnych krajach zachodu obserwować możemy różne formy niezamierzonej dyskryminacji imigrantów na płaszczyźnie prawnej, bądź przynajmniej przykłady selektywnego podejścia do wspomnianej kategorii cudzoziemców. Zdecydowana większość dotykających imigrantów przykładów dyskryminacji nie ma jednak charakteru prawnego, lecz socjoekonomiczny. Dyskryminacja pracowników migrujących w zakresie zarobków i zatrudnienia jest zagadnieniem dobrze omówionym w literaturze. Wśród jej najczęstszych form wymienić należy naruszenie zasady równej płacy za równą pracę (ang. equal pay for equal work), utrudniony dostęp do zatrudnienia w określonych profesjach, dyskryminację w zakresie dostępu do świadczeń społecznych, wykorzystywanie przez pracodawcę przewagi z tytułu nielegalnego zatrudnienia, oraz pracę w trudnych warunkach. Zdecydowana większość pracowników migrujących wykonuje zazwyczaj zatrudnienie niechętnie 13 Bogumił Termiński podejmowane przez obywateli ich państwa pobytu (tzw. 3Ds work- dirty, dangerous and demeaning). Za dyskryminację imigrantów w zakresie zatrudnienia uznać należy każdą niedozwoloną prawnie sytuację, w której otrzymanie i zapłata za wykonaną pracę oderwane jest od czynników obiektywnych w rodzaju wykształcenia, doświadczenia czy nakładu pracy. Pamiętajmy jednak, że możliwości legalnego zatrudnienia w danym państwie zależą przede wszystkim od krajowych unormowań prawnych. Dostęp dobrowolnych migrantów do zatrudnienia poza krajem pochodzenia jest i tak znacząco większy aniżeli w przypadku uchodźców, osób ubiegających się o azyl, czy bezpaństwowców. Jedynie w niewielkiej części państw osoby posiadające status uchodźcy mają możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia. Również osoby ubiegające się o azyl napotykają często różne formy przejściowych bądź długotrwałych restrykcji w zakresie zatrudnienia. Podjęcie pracy przez bezpaństwowców często utrudnione jest z racji nieposiadania przez nich stosowanych dokumentów, co w znaczący sposób utrudnia także transnarodową mobilność wspomnianej kategorii osób. 3. Najważniejsze płaszczyzny zagrożeń dla praw człowieka pracowników migrujących Zakres praw przysługujących pracownikom migrujących stanowi pochodną legalności pobytu i zatrudnienia, wewnętrznych unormowań krajowych dotyczących przywilejów i zasad wsparcia imigrantów, a także ratyfikowanych przez kraj dokumentów o charakterze uniwersalnym i regionalnym. Na sytuację imigrantów oddziałuje ponadto poziom rozwoju ekonomicznego kraju, oraz obowiązujący w nim model rządów i związane z tym następstwa (np. poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego). Kluczowym czynnikiem kształtującym sytuację socjoekonomiczną pracowników migrujących i członków ich rodzin okazuje się jednak przebywanie na terytorium państwa w zgodzie z jego przepisami. Legalne przekroczenie granicy stanowi akt pociągający za sobą konkretne obowiązki ze strony państwa pobytu. Kolejnym czynnikiem rozszerzenia ekonomicznych i socjalnych praw i obowiązków staje się podjęcie pracy. Konsekwencją aktywności zawodowej imigrantów w kraju pobytu staje się rozszerzenie katalogu przysługujących im praw. Całkowicie odmienną sytuację obserwujemy w przypadku różnych form migracji nieudokumentowanych. Brak legalizacji pobytu powoduje, że imigranci tego rodzaju nie stają się adresatami zobowiązań prawnych i przywilejów ze strony władz państwowych. Ich sytuacja na terytorium państwa pobytu w całości determinowana jest przez konflikt z prawodawstwem wewnętrznych. Konsekwencją wspomnianego faktu staje się spirala socjoekonomicznej marginalizacji, prowadząca do naruszenia najbardziej fundamentalnych praw społecznych i ekonomicznych. Problemy imigrantów nielegalnych w znaczący sposób odbiegają od osób przebywających i zatrudnionych legalnie w kraju pobytu. Konieczne staje zatem rozgraniczenie w ramach dalszych rozważań analizy zagrożeń dotykających legalnie zatrudnionych pracowników migrujących od tych cechujących różne kategorie migrantów nieudokumentowanych. Przeważająca większość zagrożeń dla praw człowieka pracowników migrujących ma charakter ekonomiczny i społeczny. Migracje pracownicze nie wiążą się zazwyczaj z naruszeniem fundamentalnych praw człowieka. Z uwagi 14 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących na przebywanie poza obszarem pochodzenia trudno także mówić o znaczącym poziomie naruszenia praw obywatelskich11. Kluczowe okazują się zatem problemy związane z zatrudnieniem, oraz zasadami i standardami funkcjonowania na terytorium państwa pobytu. Podstawowym obszarem dalszych rozważań stanie się zatem przestrzeń praw ekonomicznych i społecznych pracowników migrujących, wynikających zarówno z ogólnych dokumentów ochrony praw człowieka, jak i szczegółowych rozwiązań przyjętych w ramach regionalnych i uniwersalnych instytucji międzynarodowych. Jedynie w ograniczonym zakresie odniosę się do przykładów zagrożeń dla sfery praw fundamentalnych. Naruszenia fundamentalnych praw człowieka pracowników migrujących obserwujemy prawie wyłącznie w krajach rozwijających, cechujących się niskim poziomem rozwoju i dyskryminacyjnym charakterem prawodawstwa, bądź praktykami zorganizowanej dyskryminacji, skierowanej przeciwko określonym kategoriom mniejszości. Dyskryminacja w zakresie zatrudnienia i dostępu do świadczeń społecznych to kluczowe czynniki utrudniające właściwą adaptację pracowników migrujących i członków ich rodzin na terytorium państwa pobytu. W zdecydowanej większości krajów zakres dostępu imigrantów do wewnętrznego rynku zatrudnienia zależy tylko i wyłącznie od norm prawodawstwa krajowego. Jedynie niewielka grupa państw związana jest także porozumieniami o charakterze regionalnym (np. wspólny rynek UE), bądź dwustronnymi umowami w zakresie zatrudnienia. Selektywna interpretacja wspomnianych unormowań przez pracodawców prowadzi jednak do wielu obserwowanych patologii. Jednym z najczęstszych problemów dotykających migrantów jest dyskryminacja w zakresie otrzymywanych zarobków. Według pochodzących z ostatnich lat szacunków IOM i MOP różne formy dyskryminacji zarobkowej dotykają od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wszystkich pracowników migrujących na świecie. Fakt ten stanowi oczywiste naruszenie fundamentalnej dla MOP zasady równej pracy za równą płacę. W niektórych krajach azjatyckich różnice pomiędzy zarobkami obywateli a imigrantów zarobkowych sięgają nawet osiemdziesięciu procent. Częstym zjawiskiem okazują się także różnorodne formy dyskryminacji w zatrudnieniu związane z czynnikami narodowymi, etnicznymi, religijnymi czy językowymi. Problemy tego rodzaju dotykają choćby imigrantów arabskiego pochodzenia na terytorium Hiszpanii i Francji. W krajach azjatyckich szczególnie zagrożone różnorodnymi formami dyskryminacji są podejmujące zatrudnienie kobiety. Dyskryminacja zarobkowa pracowników migrujących jest przyczyną obniżenia większości kategorii bezpieczeństwa socjalnego. Dostęp do podstawowych przynajmniej świadczeń zdrowotnych jest jednym z najważniejszych praw społecznych. Zobowiązania w tym zakresie znaleźć możemy w treści aż sześciu wiążących dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka szczebla uniwersalnego (UDHR, ICESCR, CEDAW, ICERD, CRC, ICRMW)12. Pomimo wspomnianego faktu nawet legalnie zatrudnieni 11 [11/1-6] Pamiętajmy, że w wielu regionach świata opieka dyplomatyczna i konsularna kraju pochodzenia nad pracownikami migrującymi okazuje się niezwykle trudna. 12 [12/1-6] Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art. 25 &1), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art. 12), Konwencja w sprawie Likwidacji wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (art. 12), Międzynarodowa Konwencja w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (art. 5 e), Konwencja o Prawach Dziecka (art. 24), Międzynarodowa Konwencja Dotycząca Ochrony Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków Ich Rodzin art. 28). 15 Bogumił Termiński imigranci zarobkowi doświadczają problemów w dostępie do służby zdrowia. Problemy tego rodzaju obserwowane są zwłaszcza w krajach azjatyckich. Wspomnijmy tu choćby o praktykowanej przez niektóre kraje Bliskiego Wschodu dyskryminacji wobec pracowników migrujących zagrożonych wirusem HIV, włącznie z ich deportacją do kraju pochodzenia. W zdecydowanej większości krajów pozaueuropejskich imigranci zarobkowi doświadczają utrudnionego dostępu do bardziej zaawansowanych terapii medycznych. Możliwość korzystania z bardziej zaawansowanych usług medycznych często warunkowana jest długością zatrudnienia na terytorium państwa i czasem opłacania podatków. Zdecydowanie mniejszy zakres dostępu do instytucji opieki zdrowotnej cechuje migrantów nieudokumentowanych13. Według sporządzonego w ostatnich latach raportu w aż sześciu spośród 10 branych pod uwagę krajów członkowskich członkowskich UE migranci nieregularni nie mieli wolnego dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia14. Stosunek krajów przyjmujących do zakresu świadczeń społecznych przyznawanych imigrantom nieudokumentowanym jest jednym z podstawowych czynników przesądzających o niskim poziomie akceptacji dla zapisów konwencji ONZ z 1990 roku. Kolejną płaszczyzną naruszenia praw socjoekonomicznych pracowników migrujących jest ich utrudniony dostęp do świadczeń socjalnych i tych związanych z wykonywanym zatrudnieniem. Problemem wielu krajów jest brak regulacji dotyczących zasad nabywania świadczeń emerytalnych przez legalnie zatrudnionych cudzoziemców. Pracowników migrujących często nie obowiązują także postanowienia zbiorowych układów pracy. Problemem okazuje się także brak świadczeń pomocowych w sytuacji przymusowego zwolnienia czy utrudniony dostęp do środków wsparcia społecznego. Za formę dyskryminacji pracowników migrujących uznać należy także nieuregulowany w dalszym ciągu przez wiele państw problem podwójnego opodatkowania. Wspomniane wyżej czynniki przesądzają o tym, że pracownicy migrujący są kategorią osób szczególnie silnie zagrożoną wahaniami koniunktury na rynku pracy. Przeszkody natury prawnej są czynnikiem utrudnionego dostępu migrantów do właściwych warunków mieszkaniowych. Wspomnijmy tu o cechującym prawodawstwo wewnętrzne wielu krajów braku adekwatnych regulacji dotyczących zasad wynajmu i nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Stałe zameldowanie jest jednym z istotnych czynników ułatwiających podjęcie zatrudnienia. Odpowiednie warunki mieszkaniowe w istotny sposób wpływają także na poziom adaptacji imigrantów zarodkowych i członków ich rodzin w nowym kraju, oraz realizację innych kategorii praw człowieka. Utrudniony dostęp imigrantów do właściwych warunków mieszkaniowych to nie tylko następstwo prawodawstwa lecz także czynników ekonomicznych i społecznych. Dyskryminacja w zakresie zarobków powoduje, że pracownicy migrujący nie posiadają często wystarczających środków na wynajem mieszkania (co zmusza ich do zamieszkiwania w wieloosobowych lokalach o obniżonym standardzie sanitarnym). Częstą praktykę stanowi także dyskryminacja cudzoziemców przez osoby wynajmujące mieszkania. 13 [13/1-6] Czynnikiem utrudniającym dostęp imigrantów do instytucji opieki zdrowotnej jest także bariera językowa. 14 [14/1-6] B. Termiński, "Realizing the Right to Health of Undocumented Immigrants in Europe: th Legal and Social Challenges", Proceedings of the 13 World Congress on Public Health, Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469. 16 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących Konsekwencją migracji nielegalnych staje się silne wykluczenie podejmujących je osób poza nawias zobowiązań prawnych kraju pobytu, oraz dostępne środki pomocy konsularnej i dyplomatycznej świadczone przez państwo pochodzenia. Brak informacji o pobycie obywateli poza krajem pochodzenia utrudnia podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu poprawę ich sytuacji i pomoc w sytuacji zagrożenia. Także kraj pobytu nielegalnych imigrantów nie może zagwarantować im daleko rozszerzonych środków wsparcia (co stanowiłoby zachęcanie do łamania prawa). Sytuacja imigrantów nieudokumentowanych jest zatem znacząco gorsza od położenia osób legalnie zatrudnionych na terytorium państwa, bądź przynajmniej przebywających w nim zgodnie z podstawowymi regulacjami prawnymi. Imigracja nieudokumentowana obejmuje zróżnicowany katalog zachowań migracyjnych o charakterze transgranicznym. Wśród najważniejszych z nich wymienić możemy nielegalne przekroczenie granicy, oraz pozostawanie na terytorium państwa pobytu niezgodnie z jego prawodawstwem (np. po upływie ważności standardowej wizy turystycznej). Problem nieudokumentowanej imigracji dotyczyć może także urodzonych na terytorium kraju pobytu dzieci imigrantów. Konsekwencją wspomnianych wyżej sytuacji staje się brak możliwości legalizacji zatrudnienia, oraz innych działań, istotnych z punktu widzenia codziennej aktywności społecznej. Wsparcie udzielane imigrantom nieudokumentowanym ogranicza się zatem do zobowiązań wynikających z dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka o uniwersalnym zastosowaniu. Odpowiedź na ograniczone możliwości wsparcia prawnego i ekonomicznego imigrantów nieudokumentowanych stanowi aktywność instytucji międzynarodowych (np. IOM- pomagającej imigrantom w powrocie do kraju pochodzenia), oraz różnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego (organizujących na przykład wsparcie prawne, czy finansujących dostęp imigrantów nieudokumentowanych do pomocy zdrowotnej). Zgodnie z pochodzącymi z 2010 roku szacunkami IOM migranci nieudokumentowani stanowili aż 25,5 do 32,1 mln. (10-15 %) spośród wszystkich osób 214 milionów osób zamieszkałych poza państwem pochodzenia. Najważniejszym problemem migrantów nieudokumentowanych okazują się zagrożenia dla fundamentalnych praw człowieka. Nielegalne przekroczenie granicy, bądź niezgody z przepisami pobyt na terytorium państwa, uniemożliwia sprawowanie kontroli nad sytuacją imigrantów. Ofiary przemytu czy handlu ludźmi wydają się kategoriami migrantów szczególnie silnie odczuwającymi fundamentalne zagrożenia dla praw człowieka. Ich sytuacja całkowicie zależy bowiem od osób trzecich, często związanych z kręgami przestępczości zorganizowanej. Silna asymetria możliwości i zależność od woli osób trzecich cechuje także położenie innych kategorii migrantów nieudokumentowanych, na przykład osób podejmujących nielegalne zatrudnienie. Brak możliwości zalegalizowania pobytu powoduje nie tylko brak dostępu do podstawowych świadczeń społecznych, lecz również ciągły konflikt z prawem. Konsekwencją nieudokumentowanego pobytu staje się brak możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia. Fakt ten staje się przyczyną wielomilionowej szarej strefy zatrudnienia (np. USA) i braku możliwości rozciągnięcia nad nią jakichkolwiek środków kontroli. Jak wskazują analizy z krajów azjatyckich praktyki zatrudnienia nielegalnych imigrantów noszą często wszelkie znamiona pracy przymusowej. Pracodawcy wykorzystują bowiem swoją uprzywilejowaną pozycję ekonomiczna i społeczną, zmuszając imigrantów do pracy w złych 17 Bogumił Termiński warunkach, za zarobki znikome w stosunku do legalnego zatrudnienia. Świadomość całkowitej zależności od pracodawcy, oraz lęk przed deportacją, sprawia, że wspomniane tu patologie przyjmują w wielu regionach świata powszechny charakter. Konsekwencją nieudokumentowanego pobytu i nielegalnego zatrudnienia jest brak dostępu imigrantów do bardziej zaawansowanych świadczeń opieki zdrowotnej, oraz mechanizmów wsparcia społecznego. Wzrost skali imigracji nielegalnej, połączony z typowymi dla recesji gospodarczej cięciami budżetowymi, powoduje, że nawet w krajach UE nielegalni migranci maja utrudniony dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych. Utrudniony dostęp nielegalnych imigrantów (zwłaszcza kobiet w ciąży) do podstawowych świadczeń zdrowotnych stał się w ostatnich latach poważnym problemem socjoekonomicznym w dotkniętej kryzysem gospodarczym Grecji. Nielegalni imigranci cechują się także dużo gorszymi niż w przypadku pracowników migrujących warunkami mieszkaniowymi, oraz dostępem do edukacji. W przypadku legalnie zatrudnionych pracowników migrujących (i członków ich rodzin) długotrwałe przebywanie na terytorium kraju pobytu prowadzi zazwyczaj do wzrostu posiadanych praw i przywilejów socjalnych. W przypadku imigrantów nielegalnych długotrwałe przebywanie ma terytorium kraju pobytu prowadzi zazwyczaj do maksymalizacji obszarów konfliktu z prawem. Sytuacja wspomnianych tu kategorii wydaje się zatem całkowicie odmienna i trudna do precyzyjnej kodyfikacji w ramach jednego, spójnego instrumentu prawa międzynarodowego publicznego. Być może właśnie wspomniany fakt przesądza o niskim poziomie akceptacji krajów przyjmujących imigrantów dla uniwersalnych dokumentów ochrony wspomnianej kategorii cudzoziemców. Badania prowadzone w niektórych państwach wskazują, że nielegalni migranci zdecydowanie częściej od legalnie zatrudnionych pracowników migrujących dopuszczają się działań przestępczych, bądź w inny sposób popadają w konflikt z prawem. Regulacja pobytu i zatrudnienia imigrantów okazuje się istotnym narzędziem maksymalizacji bezpieczeństwa wewnętrznego i zmniejszenia skali przestępczości. 4. Ewolucja ochrony pracowników migrujących w ramach instytucji międzynarodowych Dokumenty ochrony pracowników migrujących, podobnie jak wszystkie standardy prawa międzynarodowego publicznego, są przede wszystkim produktem epoki, w jakiej przyszło im powstać. Z wyjątkiem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka trudno bowiem wymienić dokument budzący względny konsensus w wiele dekad po jego przyjęciu. Międzynarodowe prawo pracy nie stanowi być może najbardziej dynamicznej płaszczyzny prawa międzynarodowego publicznego. Pamiętajmy jednak, że globalny obraz zatrudnienia i stosunków pracy jest obecnie diametralnie odmienny od tego, obserwowanego kilka dekad wstecz. Współczesne międzynarodowe prawo pracy w coraz mniejszym stopniu odzwierciedla aktualny obraz stosunków zatrudnienia, także w kontekście sytuacji pracowników migrujących. Konieczna staje się zatem analiza dokumentów ochrony migrantów w kontekście panoramy mobilności międzynarodowej i standardów zatrudnienia czasów w jakich przyszło im powstawać. Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących jest zagadnieniem analizowanym na forum instytucji 18 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących międzynarodowych od niemal stu lat. Wiek refleksji nad problematyką ochrony migrantów cechowała nie tylko zmiana form zatrudnienia i charakteru imigracji zarobkowych, lecz także ogromne przewartościowania działalności instytucji międzynarodowych. Do wielu pomysłów postulowanych już w pierwszych dekadach ubiegłego stulecia powrócono dopiero w kilkadziesiąt lat później. Już w początku lat dwudziestych sugerowano przykładowo, by ochrona zagranicznych pracowników stała się nie tylko przedmiotem aktywności MOP, lecz także obszarem bardziej ogólnej refleksji Ligi Narodów. Dopiero prawie pół wieku później podjęta została próba "inkorporacji" wspomnianego zagadnienia do ogólnej przestrzeni aktywności ONZ15. Fakt ten motywowany był jednak nie wzrostem znaczenia tego zagadnienia, lecz silną pozycją krajów wysyłających na forum ONZ w porównaniu z ich znaczeniem w ramach MOP. Równie długa tradycja cechuje debaty na temat perspektyw regionalizacji wspomnianego zagadnienia. Już w latach trzydziestych kraje Ameryki Łacińskiej dążyły do podjęcia regionalnej refleksji nad uwarunkowaniami migracji zarobkowych. Odzwierciedleniem wspomnianego faktu stała się zwołana w Santiago de Chile (2-14 stycznia 1936 r.) konferencja latynoamerykańskich członków MOP. Punktem wyjścia dla rozważań w dalszej części artykułu stanie się zatem nie tylko analiza zapisów wybranych dokumentów międzynarodowych, lecz także socjopolitycznego kontekstu ich przyjęcia. Początek działań na rzeczy ochrony pracowników migrujących i członków ich rodzin w bezpośredni sposób wiąże się z powstaniem MOP w 1919 roku. Pierwsze zapisy w tym zakresie znaleźć możemy już w statucie Międzynarodowej Organizacji Pracy, stanowiącym część XIII Traktatu Wersalskiego. Szczególne znaczenie przypisać należy art. 427 (8) Traktatu Wersalskiego, zgodnie z którym "standardy zatrudnienia ustanowione w każdym państwie powinny dążyć do równego traktowania ekonomicznego wszystkich pracowników rezydujących tam zgodnie z prawem" (ang. the standard set by law in each country with respect to the conditions of labour should have due regard to the equitable economic treatment of all workers lawfully resident therein)16. Temat zatrudniania cudzoziemców stał się również jednym z przedmiotów zwołanej w Waszyngtonie pierwszej sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (październik 1919 r.)17. Pierwsze działania na rzecz ochrony imigrantów zarobkowych przypadają zatem w okresie krótkotrwałego spadku imigracji zarobkowej z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wzrastająca w pierwszych latach po wojnie skala imigracji została szybko ograniczona przez amerykańskie ustawy imigracyjne z 1921 i 1924 roku. Początek lat trzydziestych okazał się okresem ograniczonej skali migracji do USA, oraz wzrostu mobilności zarobkowej z południowej do północnej części Europy. 15 [15/1-6] Wiele informacji dotyczących genezy i ewolucji ochrony pracowników migrujących w ramach organizacji międzynarodowych znaleźć można w pochodzącym z 1991 roku numerze periodyku International Migration Review (Vol. 25, No. 4), wydanym w związku z przyjęciem konwencji ONZ w 1990 roku. 16 [16/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 83; R. B. Lillich, The Human Rights of Aliens in Contemporary International Law, Manchester University Press, Manchester, 1984, s. 69. 17 [17/1-6] M. Hasenau, "ILO Standards on Migrant Workers: The Fundamentals of the UN Convention and Their Genesis", International Migration Review, Vol. 25, No. 4, Winter 1991, s. 687-698. 19 Bogumił Termiński Przyjęte w latach dwudziestych międzynarodowe standardy pracy (konwencje i rekomendacje MOP) zawierają wiele zapisów istotnych z punktu widzenia wspomnianego zagadnienia. Już w pochodzącej z 1919 roku konwencji dotyczącej bezrobocia (Konwencja nr 2 MOP) zwrócono uwagę na konieczność zawierania porozumień regulujących zakres świadczeń socjalnych i metody wsparcia pozostających bez pracy imigrantów. Podczas czwartej sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy przyjęte zostało Zalecenie Nr. 19 dotyczące statystyk migracji (ang. ILO Recommendation No. 19 concerning Communication to the International Labour Office of Statistical and Other Information Regarding Emigration, Immigration and the Repatriation and Transit of Emigrants). Znaczące okazały się także zapisy Konwencji nr 19 MOP (1925 r.) w sprawie zadośćuczynienia za wypadki poniesione w czasie pracy, oraz Konwencji nr 21 MOP (1926 r.) dotyczącej uproszczenia inspekcji emigrantów na pokładzie statku. W 1925 roku powstał w ramach MOP Stały Komitet do Spraw Migracji (ang. Permanent Committee on Migration). Aktywności MOP towarzyszyła pogłębiona pogłębiona refleksja nad migracjami zarobkowymi w ramach Ligi Narodów. Już w połowie lat dwudziestych organizacja ta podjęła szereg inicjatyw mających na celu analizę problemów cudzoziemców. Dyskusje nad kodyfikacją międzynarodowych norm w tej dziedzinie prowadzono między innymi na forum organizowanych przy współudziale Ligi Narodów międzynarodowych konferencji na temat migracji. Ważniejsze konferencje dotyczące międzynarodowych aspektów mobilności zarobkowej odbyły się między innymi w 1923 r. w Paryżu, oraz w 1924 r. w Pradze. Zgromadziły one przedstawicieli państw dla których problem migracji stał się ważną kwestią polityczną w okresie po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Podobna konferencja miała miejsce w Londynie w 1926 r. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja o Emigracji i Imigracji odbyła się w pomiędzy 15 a 31 maja 1924 roku w Rzymie. Na konferencję przybyli delegaci z 57 państw, liczni eksperci, oraz funkcjonariusze poszczególnych organów Ligi Narodów i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podejmowane na konferencji dyskusje koncentrowały się wokół problemów definicyjnych i statystycznych, a także środków zabezpieczenia społecznego migrantów. Pośród postanowień końcowych konferencji znalazła się tak zwana "Karta Emigranta", odzwierciedlająca dość liberalną percepcję wspomnianego procesu. Jej zapisy uznawały swobodę wyboru miejsca podejmowania pracy zarobkowej. Dokument podkreślał, że państwa zatrudniające migrantów mogą stosować prawne ograniczenia w ich przyjmowaniu, dyktowane problemami natury ekonomicznej i społecznej. Druga Międzynarodowa Konferencja o Emigracji i Imigracji odbyła się w Hawanie pomiędzy 31 marca a 17 kwietnia 1928 r. Głównym przedmiotem dyskusji były kwestie dotyczące pozapolitycznych aspektów migracji pracowniczych. Zebrani zwrócili ponadto uwagę na konieczność wprowadzania w prawodawstwie wewnętrznym państw członkowskich unormowań sprzyjających podejmowaniu pracy za granicą i chroniących prawa migrantów. Problematyka migracji zarobkowych stanowiła także jeden z kluczowych obszarów podejmowanych w ramach Międzynarodowej Konferencji Społecznej w Genewie (1927 r.). W końcu lat dwudziestych w ramach Ligi Narodów planowano także uchwalenie konwencji dotyczącej statusu prawnego i zasad traktowania cudzoziemców. Roboczy tekst Konwencji w Sprawie Traktowania Cudzoziemców (ang. Draft Convention on 20 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących the Treatment of Foreigners) przygotowany został w 1928 roku18. Zorganizowana w rok później Międzynarodowa Konferencja w Sprawie Traktowania Obywateli Zagranicznych (ang. International Conference on the Treatment of Foreign Nationals) zakończyła się jednak niepowodzeniem z uwagi na niechęć niektórych członków organizacji do znaczącego rozszerzenia katalogu uprawnień cudzoziemców19. Jak zauważył przewodniczący konferencji "większość krajów wydaje się bardziej zainteresowana zachowaniem daleko idącej wolności działania i nie akceptuje jakiegokolwiek ograniczenia ich pełnej suwerenności"20. Refleksja nad problematyką ochrony cudzoziemców, w tym pracowników migrujących, rozwijała się w latach dwudziestych ze zmiennym szczęściem. Decyzji o utworzeniu MOP przyświecały nadzieje na uniwersalizację podstawowych przynajmniej zasad zatrudnienia, ochrony i wsparcia pracowników migrujących. Nieobecność Stanów Zjednoczonych pośród członków organizacji stawiała jednak pod dużym znakiem zapytania zasadność prac nad konwencją o charakterze uniwersalnym. Pamiętajmy bowiem, że imigracja do USA była w tym okresie dominującym kierunkiem mobilności zarobkowej, a izolacjonizm polityczny i restrykcyjne przepisy imigracyjne skutecznie zmniejszyły jej skalę. Dopiero w drugiej połowie lat dwudziestych obserwujemy powolny wzrost zainteresowania problematyką ochrony migrantów. Odzwierciedleniem wspomnianego faktu stało się przyjęcie Konwencji Nr. 21 MOP, organizacja drugiej konferencji o emigracji i imigracji, oraz podjęte w 1929 roku próby międzynarodowej regulacji statusu cudzoziemców. Konsekwencją amerykańskiego krachu gospodarczego i kryzysu ekonomicznego w Europie stała się kilkuletnia stagnacja wszelkiej aktywności międzynarodowej we wspomnianym zagadnieniu. Dopiero przystąpienie Stanów Zjednoczonych do MOP, oraz polepszenie sytuacji gospodarczej w Europie stało się przyczyną podjęcia bardziej zaawansowanych prac kodyfikacyjnych w drugiej połowie lat trzydziestych. Ograniczona liczba państw członkowskich w pierwszych latach funkcjonowania organizacji stanowić mogła czynnik ułatwiający przyjęcie wiążącego dokumentu międzynarodowego. Pamiętajmy jednak, że nawet we wspomnianym okresie członków organizacji cechowały przeciwstawne interesy dotyczące imigracji i zatrudnienia. Interesy wysyłających migrantów krajów europejskich nie były bowiem tożsame z ewolucją polityki migracyjnej państw Ameryki Łacińskiej, w rodzaju Argentyny czy Brazylii. Pamiętajmy jednak, że dominującą formą regulacji ruchów migracyjnych były w tamtych czasach umowy dwustronne. Stabilizacja ekonomiczna połowy lat trzydziestych, oraz iluzoryczne przynajmniej nadzieje wywołane akcesem Stanów Zjednoczonych do MOP stały się czynnikiem ponownego wzrostu zainteresowania problemem ochrony pracowników migrujących. W czerwcu 1935 roku przyjęta została Konwencja Nr 48 MOP dotycząca utrzymania zarobków pracowników migrujących (weszła w życie w sierpniu 1938 roku). Obradująca w styczniu 1936 roku konferencja 18 [18/1-6] J.W. Cutler, "The Treatment of Foreigners: In Relation to the Draft Convention and Conference of 1929", The American Journal of International Law, Vol. 27, No. 2, April 1933, s. 225-246. 19 [19/1-6] E. Borchard, "The Minimum Standard of The Treatment of Aliens", Michigan Law Review, Vol. 38, No. 4, February 1940, s. 446-461. 20 [20/1-6] Work of the International Conference on the Treatment of Foreigners: Report by M. th Deveze, President of the Conference, Geneva, January 14 1930. 21 Bogumił Termiński latynoamerykańskich członków MOP okazała się znaczącą historycznie próbą decentralizacji i regionalizacji podejmowania niektórych decyzji w ramach organizacji. Pośród 26 rezolucji przyjętych w ramach konferencji znalazł się także dokument dotyczący imigracji. Podczas sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w 1936 roku dyskutowano także o treści tak zwanego "Zielonego Raportu", dotyczącego zasad rekrutacji i zatrudnienia pracowników migrujących21. Wspomniane wyżej czynniki okazały się istotną przesłanką podjęcia działań na rzecz przyjęcia dokumentu w całości odnoszącego się do sytuacji prawnej imigrantów zarobkowych. Rezultatem ponad trzyletnich prac kodyfikacyjnych stało się otwarcie do ratyfikacji Konwencji Nr 66 Dotyczącej Rekrutacji, Pośrednictwa i Warunków Pracy Pracowników Migrujących podczas 25 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu 1939 roku22. Stanowi ona pierwszy dokument prawa międzynarodowego publicznego posługujący się terminem "pracownik migrujący" (ang migrant worker). Wydarzenia lat następnych, jak również merytoryczne spory w warstwie interpretacji dokumentu spowodowały, iż do 1949 r. żaden kraj nie przystąpił do konwencji23. Jej postanowienia zostały zrewidowane przez zapisy Konwencji nr 97 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W chwili wejścia w życie Konwencji nr 97, tj. 22 stycznia 1952 r., Konferencja MOP zamknęła możliwość ratyfikacji Konwencji nr 66 (niektóre źródła podają, że decyzję taką podjęto już w 1949 roku). Decyzją 88 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy z 30 maja 2000 r. dokonano ostatecznego wycofania dokumentu z systemu konwencyjnego organizacji. Pomimo niezwykle ograniczonego znaczenia praktycznego, zapisy Konwencji Nr 66 okazały się ważnym etapem refleksji nad ochroną pracowników migrujących. Wydarzenia lat czterdziestych uniemożliwiły jednak urzeczywistnienie większości zawartych w dokumencie postulatów. Przeważająca większość tekstu dokumentu została zresztą powtórzona w przyjętej dziesięć lat później konwencji MOP Nr 97. W chwili otwarcia dokumentu do ratyfikacji stanowił on względnie dobrą odpowiedź na realia stosunków zatrudnienia i charakter migracji zarobkowych tamtego okresu. Pewnym mankamentem Konwencji Nr 66 okazał się jednak brak w jej tekście ogólnej definicji pracowników migrujących. Lata czterdzieste okazały się czasem szczególnie istotnych przewartościowań, wyznaczających kształt wielu późniejszych rozwiązań w ramach MOP. Pomimo działań wojennych MOP nie zawiesiła refleksji nad mechanizmami ochrony migrantów zarobkowych. Już w lutym 1940 roku Rada Administracyjna MOP (ang. ILO Governing Body) odnowiła mandat Stałego Komitetu do spraw Migracji (ang. Permanent Migration Committee). Oczywiste 21 [21/1-6] M. Hasenau, "ILO Standards on Migrant Workers: The Fundamentals of the UN Convention and Their Genesis", International Migration Review, Vol. 25, Number 4, Winter 1991, s. 687-698; por. także B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 89. 22 [22/1-6] Convention concerning the Recruitment, Placing and Conditions of Labour of th Migrants for Employment, adopted in June 28 1939. 23 [23/1-6] W 1949 roku w ramach MOP podjęto decyzję o zablokowaniu możliwości ratyfikacji Konwencji Nr 66 z 1939 roku. W 2000 roku dokument ten został oficjalnie wycofany z systemu konwencyjnego Ligi Narodów. Na temat szczegółowych debat i decyzji w tym zakresie por: B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 92. 22 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących stało się bowiem, że regulacja zasad mobilności zarobkowej stanie się w przyszłości jednym z pilniejszych wyzwań czasów powojennych. Aktywność MOP w zakresie praw człowieka, polityki społecznej i międzynarodowego planowania ekonomicznego została potwierdzona zapisami Deklaracji Filadelfijskiej (ang. Declaration of Philadelphia) z 10 maja 1944 roku. Już pierwsze lata powojenne całkowicie odmieniły jednak dotychczasową panoramę migracji zarobkowych. Fakt ten okazał się, obok rosnącej rywalizacji międzyblokowej, kluczową przyczyną marginalizacji zagadnienia w następnych dekadach. Druga połowa lat czterdziestych ugruntowała ostateczną separację międzynarodowej ochrony pracowników migrujących od działań na rzecz ochrony i wsparcia innych kategorii cudzoziemców24. W pierwszym okresie po zakończeniu działań zbrojnych uwaga instytucji międzynarodowych koncentrowała się przede wszystkim na powracających do domów uczestnikach wojny (osobach deportowanych, więźniach obozów koncentracyjnych, zdemobilizowanych żołnierzach, itp.). Odpowiedzią na wspomniane problemy stało się powołanie Międzynarodowej Organizacji do Spraw Uchodźców (ang. International Refugee Organization ‒ IRO), oraz krótkotrwały rozwój konceptu osób wysiedlonych (ang. displaced persons ‒ DPs) na gruncie prawa międzynarodowego. Zawarte w 1947 roku porozumienie pomiędzy MOP i ONZ rozgraniczało kompetencje wspomnianych instytucji w zakresie ochrony imigrantów zarobkowych. Aktywność MOP koncentrować się miała przede wszystkim na pracowniczym wymiarze sytuacji imigrantów zarobkowych. Działania ONZ dotykać miały sytuacji pracowników migrujących w kontekście praw cudzoziemców. Dokonujący się podział kompetencyjny znalazł także rozwinięcie na płaszczyźnie instytucjonalnej. Konsekwencją wzrastającej liczby migrantów przymusowych stało się powołanie IRO, zastąpionej w 1950 roku Urzędem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych Do Spraw Uchodźców (UNHCR). W początku lat pięćdziesiątych powstały także inne organizacje świadczące pomoc migrantom. Ich wczesna aktywność wykazywała liczne elementy zbieżne ze strukturami utworzonymi w celu pomocy uchodźcom. Dopiero w kolejnych dekadach ich aktywność w coraz większym stopniu koncentrowała się na pomocy i wsparciu migrantów dobrowolnych, oraz bardziej uniwersalnym kręgu działania. W grudniu 1951 roku utworzony został Tymczasowy Komitet Międzyrządowy do Spraw Ruchów Migracyjnych z Europy (ang. Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe ‒ PICMME). Organizacja ta od 1952 roku funkcjonowała jako Międzyrządowy Komitet do spraw Migracji w Europie (ang. Intergovernmental Committee for European Migration ‒ ICEM). W następnych dekadach rozszerzył on zakres działalności podejmując aktywność na terytoriach Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Oceanii. Podkreślając uniwersalny charakter komitetu w 1980 roku zmieniono jego nazwę na Międzyrządowy Komitet do spraw Migracji (ang. Intergovernmental Committee for MigrationICM). W 1989 roku dokonano kolejnej zmiany powołując funkcjonującą do dnia dzisiejszego Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (ang. International Organization for Migration ‒ IOM). 24 [24/1-6] Problem separacji wspomnianych zagadnień został w doskonały sposób omówiony w artykule R. Karatani, "How History Separated Refugee and Migrant Regimes: In Search of Their Institutional Origins", International Journal of Refugee Law, Vol. 17, Issue 3, 2005, s. 517-541. 23 Bogumił Termiński Przewartościowania polityczne końca lat czterdziestych stały się jednym z podstawowych czynników niskiej efektywności ochrony pracowników migrujących i marginalizacji wspomnianego zagadnienia w kolejnych dekadach. Ustanowienie żelaznej kurtyny "od Szczecina po Triest" zahamowało przynajmniej dwa spośród popularnych uprzednio kierunków mobilności zarobkowej: sezonowe bądź trwałe migracje obywateli Europy Środkowej na terytorium USA, oraz mniej popularną mobilność ekonomiczną ze wschodu na zachód Europy. Konsekwencja bipolarnego podziału świata stało się fiasko wszelkich inicjatyw zmierzających do rzeczywistej uniwersalizacji standardów ochrony prawnej pracowników migrujących. Wspomnijmy tu choćby o fiasku zorganizowanej w 1951 roku w Neapolu konferencji MOP na temat imigracji. Konsekwencją silnego antagonizmu politycznego na linii wschód-zachód stało się przewartościowanie charakteru ówczesnych migracji. Amerykańskie wsparcie stało się przyczyną niezwykle dynamicznego rozwoju gospodarczego państw Zachodniej Europy (tzw. golden age of capitalism), zahamowanego dopiero w początku lat siedemdziesiątych przez tzw. kryzysy naftowe. Następstwem rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej stała się wzmożona skala migracji z południowej części kontynentu. Potrzebujące wzrastającej liczby "rąk do pracy" kraje Europy Zachodniej cechowały się zatem dość liberalną percepcją migracji zarobkowych. Konsekwencją trwającego równolegle procesu dekolonizacji stał się ponadto napływ dużej liczby imigrantów na terytorium dawnych metropolii. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte zapoczątkowały wreszcie odczuwalny także dzisiaj problem migracji nielegalnej. Dopiero kryzys gospodarczy lat siedemdziesiątych, oraz wrastają skala migracji nielegalnej doprowadziły do zaostrzenia polityki imigracyjnej przez najwyżej rozwinięte kraje Europy Zachodniej. Już bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej podjęto w ramach MOP działania na rzecz wznowienia procesu kodyfikacji zagadnienia ochrony migrantów. Brak poparcia państw członkowskich dla Konwencji Nr. 66 stał się przyczyną aktywności mającej na celu przyjęcie nowego dokumentu międzynarodowego. Prace Stałego Komitetu do Spraw Migracji doprowadziły do przyjęcia w sierpniu 1946 roku raportu dotyczącego perspektyw migracji zarobkowych na świecie. Stwierdzono w nim, że międzynarodowa współpraca dotycząca instytucjonalnych aspektów migracji, stanowić może istotny element rekonstrukcji i stabilizacji sytuacji politycznej w powojennym świecie. W kontekście tym szczególną uwagę zwracano na wpływ rozwiązań dotyczących migracji na sytuację polityczną w Grecji, Indiach, Włoszech, oraz krajach Ameryki Łacińskiej. Rezultatem trzyletnich debat stało się przyjęcie 8 czerwca 1949 roku Konwencji Nr 97 MOP Dotyczącej Migracji Zarobkowej (ang. Migration for Employment Convention, Revised). Przeważająca większość zapisów dokumentu powtarza treść uchwalonej dokładnie dziesięć lat wcześniej konwencji MOP Nr 66. Nowością na tle dokumentu z 1939 roku stała się zawarta w artykule 11 konwencji definicja pracowników migrujących. Zgodnie z wspomnianym artykułem pracownikiem migrującym jest każda „osoba emigrująca z jednego kraju do innego w celu podjęcia pracy innej niż na własny rachunek25. Pomimo ograniczonego znaczenia praktycznego dokument ten 25 [25/1-6] R. Cholewinski, Migrant Workers in International Human Rights Law: Their Protection in Countries of Employment, Clarendon Press, Oxford, 1997, s. 101; B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza, instytucje, oddziaływanie, 24 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących dość szybko spotkał się z akceptacją znacznej części państw członkowskich26. Lista 49 sygnatariuszy konwencji wydaje się zdecydowanie bardziej zróżnicowana aniżeli w przypadku przyjętej w 1990 roku konwencji ONZ. Obok państw eksportujących siłę roboczą (Brazylia, Burkina Faso, Nigeria) konwencję ratyfikowało także wiele wysoko rozwiniętych krajów europejskich (Niemcy, Belgia, Holandia, Hiszpania, Francja)27. Pomimo wspomnianego faktu dokument ten nie wydaje się obecnie znaczącym z praktycznego punktu widzenia instrumentem ochrony pracowników migrujących. Dzieje się tak z kilku przyczyn28. Ograniczone znacznie przyjmowanych w ramach MOP instrumentów ochrony migrantów jest przede wszystkim odbiciem kryzysu samej organizacji i spadającego poziomu akceptacji dla standardów międzynarodowego prawa pracy. Po zakończeniu II wojny światowej MOP nie odzyskała pozycji charakterystycznej dla pierwszych trzech dekad jej funkcjonowania i jedynie doraźnie odgrywała bardziej istotne znaczenie polityczne. Najbardziej widocznym znakiem kryzysu MOP jest spadający z roku na rok poziom ratyfikacji powstających w ramach instytucji międzynarodowych standardów pracy. Pamiętajmy także, że już w chwili przyjęcia Konwencja Nr 97 MOP oraz towarzyszące jej Zalecenie Nr 86, były dokumentami głęboko anachronicznymi. Przewartościowaniu kierunków migracji zarobkowych towarzyszyły zmiany problemów podejmujących je osób. Punktem odniesienia dla zapisów konwencji z 1949 roku była przede wszystkim specyfika długotrwałych migracji z Europy do USA. Dokument ten nie zawiera zatem jakichkolwiek odniesień do popularnych w kolejnych dekadach migracji sezonowych, mobilności pomiędzy obszarami postkolonialnymi a krajami rozwiniętymi, tudzież problemu migracji nielegalnej. Tekst konwencji Nr 97 stanowi zatem odbicie charakterystycznej dla lat trzydziestych europocentrycznej percepcji migracji zarobkowych. Pamiętajmy także o kontekście politycznym w jakim przyszło powstawać dokumentowi. Dominujący aktorzy postzimnowojennego ładu międzynarodowego z oczywistych względów nie byli zainteresowani wzrostem dynamiki migracji zarobkowych na osi wschód-zachód. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki nie postrzegały ponadto MOP jako znaczącej instytucji międzynarodowej. Wchodzące na drogę suwerenności obszary postkolonialne postrzegały międzynarodowe standardy pracy jako produkt myślenia eurocentrycznego. Pamiętajmy wreszcie, że w chwili wejścia w życie Konwencji nr 97 MOP stanowił zdecydowanie bardziej spójną pod względem państwczłonków instytucję, liczącą ponad trzykrotnie mniej państw członkowskich niż w chwili obecnej. Utrwalenie rywalizacji międzyblokowej i zahamowanie mobilności w wymiarze wschód-zachod doprowadziło do stagnacji międzynarodowej ochrony pracowników migrujących w ramach MOP. Działania podejmowane w latach Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 95-96. 26 [26/1-6] Konwencja Nr 97 MOP weszła w życie 22 stycznia 1952 roku. Wraz z dokumentem przyjęto także Zalecenie Nr 86 dotyczące pracowników migrujących (zrewidowane). 27 [27/1-6] Pamiętajmy jednak, że MOP w drugiej połowie lat czterdziestych miała zdecydowanie bardziej eurocentryczny charakter niż w chwili obecnej. Nawet teraz wiele spośród przyjmowanych międzynarodowych standardów pracy traktowanych jest przez kraje rozwijające jako "produkt Europejskiego myślenia i tradycyjnego porzadku prawnego". 28 [28/1-6] Jednym z mankamentów dokumentu z punktu widzenia praw człowieka jest brak odniesienia do sytuacji rodzin pracowników migrujących. Sytuacja ta została do pewnego stopnia naprawiona przyjęciem w 1990 roku konwencji ONZ. 25 Bogumił Termiński pięćdziesiątych koncentrowały się przede wszystkim na problemach migrantów w Europie i w krajach rozwijających. Podczas 38 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w 1955 roku przyjęte zostało Zalecenie Nr 100 Dotyczące Ochrony Pracowników Migrujących w Krajach i na Terytoriach Rozwijających (ang. Recommendation concerning the Protection of Migrant Workers in Underdeveloped Countries and Territories). Przyjęty dokument odnosi się do krajów i terytoriów podlegających ewolucji form gospodarowania, czego wynikiem może stać się wzmożona dynamika mobilności zarobkowej. Zapisy dokumentu można odnosić także do państw i terytoriów, przez które przebiega tranzyt migrantów, oraz do terytoriów docelowych, do których osoby te zmierzają w celu podjęcia zatrudnienia. Przyjęta w omawianym zaleceniu definicja pracownika migrującego określa, że stanowi on osobę podejmującą migrację z zamiarem podjęcia pracy lub będący wynikiem zakończenia zatrudnienia powrót do kraju pochodzenia o charakterze czasowym bądź stałym. Pomimo przyjęcia wspomnianego dokumentu działania na rzecz ochrony i wsparcia pracowników migrujących rozwijały się w kolejnej dekadzie bardzo słabo. Lata siedemdziesiąte stały się okresem niezwykle dynamicznego rozwoju aktywności na rzecz kodyfikacji zagadnienia pracowników migrujących. Fakt ten wiązać należy z rosnącą dynamiką ruchów migracyjnych z państw rozwijających, oraz wzrastającą skalą patologii w rodzaju przemytu i handlu ludźmi czy problemu migracji nieudokumentowanych. Za najważniejsze osiągnięcia wspomnianej dekady uznać należy przyjęcie i wejście w życie Konwencji Nr 143 MOP, uchwalenie przez Radę Europy pierwszej wiążącej konwencji dotyczącej pracowników migrujących, oraz rozpoczęcie działań kodyfikacyjnych w ramach ONZ. Pomimo sporej aktywności w ramach instytucji międzynarodowych temat ten w dalszym ciągu naznaczony był intensywnymi sporami pomiędzy krajami eksportującymi i importującymi siłę roboczą. Najlepszą ilustracją braku konsensusu w kwestiach szczegółowych okazuje się niski poziom akceptacji międzynarodowej dla konwencji MOP z 1975 roku i dokumentu Rady Europy z 1977 roku. Także debaty nad kodyfikacją konwencji ONZ przypominały raczej ostrą polityczną batalię pomiędzy wspomnianymi wyżej kategoriami państw. W czerwcu 1971 r. doszło do przyjęcia na sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy rezolucji dotyczącej przeglądu przyjętych dotychczas instrumentów ochrony migrantów. Stwierdzono wówczas konieczność podjęcia prac redakcyjnych zmierzających do przyjęcia nowego dokumentu międzynarodowego w tej dziedzinie. Rozpoczęte w rok później prace redakcyjne nad tekstem nowej konwencji MOP dotyczyły między innymi problemu nielegalnej migracji, w tym przemytu pracowników przez granicę państw. Konsekwencją długotrwałych debat stało się bardzo szerokie uwzględnienie problemu imigracji nielegalnej w tekście Konwencji nr 143 Międzynarodowej Organizacji Pracy Dotyczącej Migracji w Niewłaściwych Warunkach, oraz Popierania Równości Szans i Traktowania Pracowników Migrujących29. Przyjęcie wspomnianego dokumentu w 1975 roku zbiegło się w czasie z pierwszym od kilkudziesięciu lat wielkim kryzysem gospodarczym, zapoczątkowanym wojną Jon Kippur w październiku 1973 r. (tzw. pierwszy szok naftowy). Jego bezpośredni skutek stanowił wzrost bezrobocia w państwach 29 [29/1-6] Szerokie odniesienie do problemu migracji nielegalnej stało się także przyczyną niskiej akceptacji dla Konwencji Nr 143 MOP. 26 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących Europy Zachodniej, a zatem spadek obserwowanych jeszcze w początku lat siedemdziesiątych migracji zarobkowych z południowej części kontynentu, bądź innych części świata. Dawne metropolie i kraje docelowe emigracji mieszkańców kolonii zaczęły stopniowo prawnie ograniczać możliwość migracji na swoje terytoria (np. Francja od 1976 roku). Otwarcie konwencji do podpisu nastąpiło zatem w wyjątkowo niesprzyjających dla jej potencjalnych sygnatariuszy okolicznościach oraz w atmosferze ogólnego pesymizmu, trwającego, z krótkimi przerwami, jeszcze przynajmniej przez kilka lat (na lata 1979–1980 przypada drugi kryzys naftowy). Sygnalizowane wyżej czynniki z całą pewnością wywarły pewien wpływ na niechęć wysoko rozwiniętych państw Europy Zachodniej do wiązania się wspomnianą konwencją. Jak zauważono w preambule dokumentu ma ona charakter subsydiarnyrozwija zapisy Konwencji Nr 97 MOP oraz pochodzącej z 1958 roku Konwencji Nr 111 dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu. Pomimo autonomicznego charakteru konwencja rozwija zatem i uzupełnia płaszczyzny ochrony migrantów zawarte już we wcześniejszych dokumentach MOP. Przyjęcie dokumentu nastąpiło 24 czerwca 1975 roku, podczas sześćdziesiątej sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (dokument wszedł w życie 9 grudnia 1978 roku). Wraz z dokumentem przyjęto także Zalecenie Nr 151 MOP. Zdecydowana większość spośród 23 sygnatariuszy dokumentu to państwa małe, cechujące się ograniczonym potencjałem migracyjnym. Lista sygnatariuszy obejmuje zarówno wysoko rozwinięte kraje Europy Północnej (Szwecja, Norwegia) jak również liczne państwa rozwijające regionu Afryki (Togo, Kamerun, Uganda, Benin, Burkina Faso). Konwencja w rozszerzony sposób odnosi się do problematyki handlu ludźmi (art. 5), oraz uprawnień przysługujących migrantom nieregularnym (nieudokumentowanym). Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę sygnatariuszy, oraz niewielkie oddziaływanie dokumentu na ewolucję międzynarodowej ochrony migrantów możemy stwierdzić, że konwencja Nr 143 wydaje się jeszcze mniej znaczącym instrumentem prawnym niż dokument MOP z 1949 roku. Dzieje się tak z kilku przyczyn. Najważniejszą z nich jest bardzo rozszerzona percepcja uprawnień przysługujących migrantom nieudokumentowanym. Uchwalenie konwencji Nr 143 zbiegło się w czasie z pracami na rzecz dokumentów ochrony migrantów w ramach ONZ i Rady Europy30. Ponadto Podkomisja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości równolegle opublikowała raport dotyczący przemytu migrantów i handlu ludźmi31. Lata siedemdziesiąte okazały się także początkiem ochrony pracowników migrujących na płaszczyźnie organizacji regionalnych. Działania podjęte w tym zakresie na forum Rady Europy stały się uzupełnieniem tworzonego już od lat pięćdziesiątych przez wspomnianą organizację regionalnego systemu ochrony praw człowieka. Pierwszym dokumentem organizacji w bezpośredni sposób podejmującym zagadnienie ochrony migrantów jest pochodząca z 1961 r. 30 [30/1-6] Rozpoczęte w 1972 roku działania ONZ doprowadziły do przyjęcia Międzynarodowej Konwencji Dotyczącej Ochrony Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków ich Rodzin. Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących (ang. European Convention on the Legal Status of Migrant Workers) została podpisana w Strasbourgu 24 listopada 1977 roku). 31 [31/1-6] S. Kneebone, J. Debeljak, Transnational Crime and Human Rights: Responses to Human Trafficking in the Greater Mekong Subregion, Routledge, 2012, s. 39. 27 Bogumił Termiński Europejska Karta Społeczna. W art. 19 dokumentu zawarte zostały szerokie (jak na początek lat sześćdziesiątych XX w.) zobowiązania państw w zakresie pomocy i opieki udzielanej migrantom. Warto zwrócić uwagę na przynajmniej dwa elementy, wyróżniające zapisy artykułu 19 na tle wcześniejszych dokumentów ochrony pracowników migrujących. W odróżnieniu od konwencji Nr 97 MOP w dokumencie zwrócono uwagę na konieczność wsparcia prawnego pracowników migrujących zatrudnionych na własny rachunek. Zapisy artykułu zwracają ponadto uwagę na sytuację członków rodzin pracowników migrujących, co upodabnia go do pochodzącej z 1990 roku konwencji ONZ. Podstawowy dokument dotyczący ochrony prawnej zatrudnionych cudzoziemców stanowi wspomniana już uprzednio Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących (ang. European Convention on the Legal Status of Migrant Workers), ratyfikowana obecnie przez 11 państw członkowskich organizacji32. Zgodnie z art. 1 dokumentu za pracownika migrującego uznaje się "obywatela układającej się strony, której inna układająca się strona zezwoliła na pobyt na jej terytorium w celu podjęcia tam pracy najemnej". Strony konwencji zobowiązują się do zagwarantowania migrantom prawa do wstępu na swoje terytorium, a także wyjazdu z niego na podstawie przepisów prawa krajowego. Prawa te mogą podlegać ograniczeniom wyłącznie z uwagi na wymogi bezpieczeństwa wewnętrznego. W ramach Rady Europy przyjęto ponadto trzynaście zaleceń na temat różnorodnych aspektów praw migrantów. Dokument o dużym znaczeniu stanowi przyjęte w 1984 r. Zalecenie dotyczące Drugiego Pokolenia Migrantów (ang. Second Generation Migrants). W dokumencie zwrócono uwagę na problem społecznego położenia osób, których związki z krajem pochodzenia rodziny mają bardzo ograniczony charakter. Zalecenie omawia formy jak najpełniejszej społecznej integracji migrantów przy jednoczesnym zachowaniu związków z krajem pochodzenia. Do problemu utrzymania więzi kulturowych z krajem rodzinnym (a zatem zachowania narodowej, etnicznej bądź językowej tożsamości) nawiązuje także przyjęte w tym samym roku Zalecenie nr 84/7. Lata siedemdziesiąte stały się początkiem prac kodyfikacyjnych nad konwencją ONZ dotyczącą pracowników migrujących. Wstępne działania w tym zakresie ograniczyły się do kilkuletnich debat na temat zasadności przyjęcia konwencji w ramach ONZ lub MOP. Przewagę zdobyło ostatecznie stanowisko krajów wysyłających migrantów, posiadających relatywnie silniejszą pozycję na forum Zgromadzenia Ogólnego i poszczególnych organów ONZ. Początek szerokiej aktywności ONZ w kwestii ochrony praw migrantów przypada na 1972 rok. Rada Ekonomiczno-Społeczna w rezolucji 1706 (LIII) zwróciła wówczas uwagę na rosnącą skalę nieudokumentowanych migracji z krajów afrykańskich 32 [32/1-6] Konwencja weszła w życie 1 maja 1983 roku. Więcej na temat zapisów wspomnianego dokumentu por. zwłaszcza: R. Cholewinski, The legal status of migrants admitted for employment: committee of experts on the legal status and rights of immigrants: a comparative study of law and practice in selected European states, s. 13; R. Plender, Basic Documents on International Migration Law, s. 317; P. Boeles, Fair immigration proceedings in Europe, s. 351; E. Gulid, P. E. Minderhoud, Security of residence and expulsion. Protection of aliens in Europe, s. 12; w kwestii zapisów dokumentu dotyczących nielegalnych migracji por. także: B. Bogusz, R. Cholewinski, A. Cygan, Irregular migration and human rights. Theoretical, European and International Perspectives, s. 303; B. Termiński, Międzynarodowa Ochrona Pracowników Migrujących. Geneza, Instytucje, Oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 201. 28 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących do państw Europy Zachodniej33. W tym samym roku na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęta została rezolucja 2920 (XXVII) dotycząca nielegalnego zatrudnienia migrantów. Wezwano w niej zresztą państwa członkowskie ONZ do ratyfikacji dokumentu MOP z 1949 roku. Kolejnym etapem refleksji nad wspomnianym zagadnieniem stało się przyjęcie przez Podkomisję do Spraw Zapobiegania Dyskryminacji oraz Ochrony Mniejszości raportu dotyczącego sytuacji i najważniejszych problemów pracowników migrujących na świecie34. Przyjęta w 1977 roku Rezolucja ZO ONZ nr 32/120 zwracała uwagę na konieczność równego traktowania migrantów w zakresie warunków pracy, zabezpieczenia socjalnego, praw związkowych i kulturalnych, oraz wolności indywidualnych i zbiorowych. Uchwalona w grudniu następnego roku Rezolucja ZO ONZ nr 33/163 stanowiła efekt wstępnych analiz, mających na celu zbadanie możliwości przyjęcia nowego międzynarodowego instrumentu ochrony migrantów. Dokument ten zakładał współpracę z MOP w zakresie prac zmierzających do zapoczątkowania procesu kodyfikacyjnego. Przyjęta 17 grudnia 1979 r. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 34/172 zakładała utworzenie podczas 35 sesji zgromadzenia w 1980 r. specjalnej grupy roboczej mającej zająć się pracami redakcyjnymi nad dokumentem. Formalne prace redakcyjne nad tekstem konwencji rozpoczęte zostały 17 grudnia grudnia 1979 r. Zgodnie z Rezolucją 34/172 powołana została wówczas grupa robocza mająca podjąć prace nad przygotowaniem projektu konwencji. Dokładnie jedenaście lat później – 18 grudnia 1990 r. – ZO ONZ przyjęło tekst dokumentu, co zapoczątkowało proces ratyfikacyjny. Działalność grupy roboczej od samego początku przebiegała w atmosferze ostrych kontrowersji pomiędzy krajami eksportującymi tanią siłę roboczą a państwami docelowymi ich emigracji. Kluczowe znaczenie w toku prac redakcyjnych odegrały stanowiska wypracowywane w ramach trzech grup interesów, zrzeszających: 1 kraje Europy Północnej i regionu śródziemnomorskiego (tzw. grupa MESCAang. Mediterranean and Scandinavian States), 2. słabo rozwinięte gospodarczo państwa pozaueropejskie (kraje niezaangażowane, tzw. grupa 77, G-77), 3. państwa demokracji ludowej. Kluczowe znaczenie w przygotowaniu tekstu dokumentu odegrali jednak przedstawiciele państw MESCA (Finlandii, Grecji, Włoch, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, oraz Szwecji)35. Pierwsze czytanie roboczej wersji dokumentu miało miejsce już w 1981 roku. Aktywność MESCA w toku prac redakcyjnych spotkała się z poparciem przedstawicieli wysyłających siłę roboczą krajów rozwijających. Warto zwrócić uwagę, że członków MESCA cechowało dążenie do znaczącego wzmocnienia pozycji prawnej legalnych i nieudokumentowanych pracowników migrujących na tle przyjętych uprzednio rozwiązań. Pamiętajmy jednak, że eurocentryczny charakter grupy nie odzwierciedlał bynajmniej interesów najwyżej rozwiniętych krajów kontynentu. Oficjalna rola MOP podczas prac redakcyjnych nad konwencją była niewielka. Ograniczała się ona właściwie do uczestnictwa reprezentantów organizacji w 33 [33/1-6] Economic and Social Council resolution 1706 (LIII) of 28 July 1972 concerning illicit trafficking in foreign labour. 34 [34/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011. 35 [35/1-6] P. de Guchteneire, A. Pecoud, "Introduction: The UN Convention on Migrant Workers’ Rights" In: P. De Guchteneire, A. Pecoud, R. Cholewinski (eds.) Migration and Human Rights: The United Nations Convention on Migrant Workers, Cambridge University Press, 2009, s. 7; B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 158. 29 Bogumił Termiński posiedzeniach grupy roboczej. Warto jednak zauważyć, że współpraca przedstawicieli MOP z członkami MESCA wniosła duży nieformalny wkład w prace redakcyjne nad dokumentem36. Konwencja przyjęta została Rezolucją ZO ONZ nr 45/158 z dnia 18 grudnia 1990 roku. Rezultatem długoletniej kampanii ratyfikacyjnej stało się wejście w życie dokumentu 14 marca 2003 roku. Do chwili obecnej konwencja została ratyfikowana przez 46 państw członkowskich organizacji, w przeważającej większości należących do kręgu szeroko pojętego Globalnego Południa37. Sygnatariuszami dokumentu są obecnie jedynie cztery kraje europejskie (Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra), cechujące się wzrastająca skalą migracji zarobkowych własnych obywateli na obszar UE. Władze państw wysoko rozwiniętych, zwłaszcza obszaru Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, wielokrotnie wyrażały swój negatywny stosunek, zarówno wobec treści dokumentu, jak i perspektyw jego ratyfikacji. Największe kontrowersje wśród przedstawicieli państw rozwiniętych budzą zapisy dokumentu dotyczące migracji nielegalnej. Wiele państw Unii Europejskiej i instytucje unijne uznaje postanowienia konwencji za sprzeczne z wizją kształtowanej w ramach kontynentu wspólnej polityki migracyjnej. Opinie tego rodzaju znalazły potwierdzenie między innymi podczas obrad unijnej Grupy Wysokiego Szczebla do spraw Azylu i Imigracji w maju 2006 r. Temat wspomnianego posiedzenia stanowiło przygotowanie wspólnego stanowiska na organizowany w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ dialog na wysokim szczeblu dotyczący migracji i rozwoju. Przedstawiciele ówczesnej prezydencji austriackiej wraz z poparciem Komisji Europejskiej apelowali do wszystkich państw członkowskich wspólnoty o wyrażenie konsekwentnego negatywnego stanowiska w zakresie przystąpienia do konwencji ONZ. Pamiętajmy jednak, że dla większości krajów eksportujących siłę roboczą zapisy konwencji okazują się jednym z nielicznych narzędzi wsparcia własnych obywateli. Stosunek dużej części państw pozostających poza systemem OECD do zapisów wspomnianego dokumentu wydaje się zatem zdecydowanie mniej jednostronny. Dokument z 1990 roku odzwierciedla rozszerzoną wizję fundamentalnych i socjoekonomicznych praw imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem procesu migracji nielegalnej i sytuacji migrantów nieregularnych. Na tle wcześniejszych unormowań MOP konwencję z 1990 roku uznać należy za dokument o zdecydowanie bardziej szczegółowym charakterze. Nie do końca spełnionym założeniem dokumentu stała się tranzycja ochrony migrantów z wąskiej przestrzeni międzynarodowego prawa pracy w kierunku międzynarodowej ochrony praw człowieka. Tekst konwencji podzielony został na dziewięć części: 1) zakres stosowania; 2) niedyskryminacja; 3) prawa pracownika migrującego oraz członków jego rodziny; 4) inne prawa pracowników migrujących i członków ich rodzin, którzy są pozbawieni dokumentów bądź przebywają w sytuacji nieregularnej; 5) dyspozycje nakładane w przypadku niektórych szczególnych kategorii 36 [36/1-6] Ibidem. [37/1-6] Konwencja ONZ z 1990 roku (46 sygnatariuszy) jest chwili obecnej ratyfikowana przez mniejszą liczbę państw aniżeli Konwencja Nr 97 MOP z 1949 roku (49 ratyfikacji). Wspomniane dane odzwierciedlają stan prawny z końca czerwca 2013 roku, por także: B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 178. 37 30 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących pracowników migrujących i członków ich rodzin; 6) promocja zdrowych, równych, godnych i legalnych warunków, w tym dotyczących migracji pracowników i członków ich rodzin; 7) zastosowanie konwencji; 8) dyspozycje generalne; 9) dyspozycje końcowe. Łącznie dokument składa się z 93 artykułów. Zgodnie z zawartą w artykule drugim dokumentu definicją za pracowników migrujących uznaje się "osobę w przyszłości, obecnie lub wcześniej zaangażowaną w wykonywanie działalności zarobkowej na terytorium kraju, którego on lub ona nie jest obywatelem"38. Wśród najważniejszych uprawnień, przynależnych zarówno migrantom legalnym jak i tym o nieudokumentowanym charakterze, dokument wymienia: prawo do życia (art. 9), zakaz nieludzkiego bądź poniżającego traktowania, w tym tortur (art. 10), prawo do wolności sumienia i wyznania, oraz wolności opinii i ich swobodnego wyrażania (art. 1213), zakaz samowolnego pozbawienia własności (art. 15), prawo do równego traktowania przed sądem, oraz dostępu do opieki dyplomatycznej i konsularnej, świadczonej przez państwo pochodzenia (art. 16-20, 23-24), zakaz pozbawienia dokumentów tożsamości (art. 21), zakaz zbiorowego wydalenia i prawo do towarzyszących wydaleniu przejrzystych procedur prawnych (art. 22), prawo do równego traktowania w kontekście zatrudnienia, prawo do równego z obywatelami państwa traktowania w zakresie warunków pracy i zabezpieczenia społecznego (art. 25, 27), prawo do uczestnictwa w związkach zawodowych (art. 26), prawo do opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłych (art. 28), prawo do edukacji dla dzieci migrantów (art. 30), prawo do poszanowania tożsamości kulturowej (art. 31), prawo do transferu zarobków poza granice kraju zatrudnienia (art. 32), oraz prawo do dostępu do informacji o przysługujących migrantom prawach (art. 33)39. Przedmiotem szczególnych kontrowersji ze strony przyjmujących migrantów krajów wysoko rozwiniętych okazuje się rozwinięty katalog praw socjalnych, oraz zapisy dokumentu poświęcone migracji nieudokumentowanej. Zdaniem przedstawicieli wspomnianej grupy państw przysługujący migrantom nieudokumentowanym daleko idący katalog praw socjalnych stanowi oczywistą zachętę do łamania prawa. Wspomnijmy tu choćby o kontrowersyjnych w tym kontekście zapisach art. 28, dotyczących dostępu do pomocy medycznej40. Finansowanie świadczeń tego rodzaju w sytuacji braku przejrzystego zróżnicowania statusu prawnego poszczególnych kategorii migrantów może doprowadzić kraje cechujące się dużą skalą migracji nielegalnym do rosnących kosztów, grożących katastrofą budżetową (np. w przypadku Grecji). Obawy cechujące władze państw UE mają jednak zbyt daleko idący charakter. Zdaniem niektórych państw członkowskich trudności w rozgraniczeniu zakresu praw przysługujących poszczególnym kategoriom migrantów stać się mogą czynnikiem wzrastającej mobilności nielegalnej na terytorium EU. Z uwagi na efektywne mechanizmy powstrzymywania migracji nielegalnych, oraz restrykcyjny charakter prawodawstwa imigracyjnego krajów 38 [38/1-6] The term "migrant worker" refers to a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national. 39 [39/1-6] Prezentowana wyżej lista ma charakter selektywny, por. P. de Guchteneire, A. Pecoud, "Introduction: The UN Convention on Migrant Workers’ Rights" In: P. De Guchteneire, A. Pecoud, R. Cholewinski (eds.), Migration and Human Rights: The United Nations Convention on Migrant Workers, Cambridge University Press, 2009, s. 9. 40 [40/1-6] B. Termiński, "Realizing the Right to Health of Undocumented Immigrants in Europe: th Legal and Social Challenges", Proceedings of the 13 World Congress on Public Health, Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469. 31 Bogumił Termiński członkowskich, zagrożenia tego rodzaju wydają się jednak mało prawdopodobne. Monitoringiem i implementacją przestrzegania konwencji zajmuje się utworzony na mocy artykułu 72 dokumentu Komitet do Spraw Pracowników Migrujących (ang. Committee on Migrant Workers- CMW). Od 2010 roku jest on złożony z 14 niezależnych ekspertów, wybieranych przez państwa-strony dokumentu. Aktywność powstałego w 2004 roku Komitetu do Spraw Pracowników Migrujących nie przekłada się niestety na globalne zwiększenie efektywności ochrony omawianej w artykule kategorii cudzoziemców. Działalność komitetu odzwierciedla jednostronną wizję transnarodowej mobilności zarobkowej, charakterystyczną dla eksportujących tanią siłę roboczą krajów rozwijających. Konwencja ONZ jest zatem uniwersalnym dokumentem ochrony praw człowieka całkowicie nieakceptowanym, bądź w najlepszym wypadku marginalizowanym, przez zdecydowaną większość krajów wysoko rozwiniętych41. Konflikty interesów pomiędzy wspomnianymi wyżej grupami aktorów znacząco hamują rozwój ochrony pracowników migrujących jako powszechnie akceptowanego systemu wsparcia cudzoziemców o szerokim poparciu międzynarodowym. Wydaje się, że panujący obecnie kryzys gospodarczy wpłynie jedynie na usztywnienie stanowisk we wspomnianym zagadnieniu. Obecne interesy państw eksportujących i importujących siłę roboczą wydają się bowiem całkowicie odmienne. Spowolnienie gospodarcze zachodu powoduje, że tradycyjnie imigracyjne państwa wprowadzają coraz większe restrykcje, minimalizujące skalę długotrwałej mobilności zarobkowej. Stany Zjednoczone odchodzą od swej tradycyjnie imigracyjnej przyszłości na rzecz coraz większych restrykcji i walki z migracją nieudokumentowaną. Restrykcyjny stosunek wobec migrantów wewnętrznych charakteryzuje także państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ich zainteresowanie koncentruje się przede wszystkim na wewnętrznych migracjach zarobkowych w obszarze wspólnego rynku. Rosnącym restrykcjom imigracyjnym towarzyszy zwiększenie skali nieudokumentowanych migrantów (jedynie na terytorium Wielkiej Brytanii przebywa ich prawdopodobnie ponad 500 tysięcy). Skala migracji nieudokumentowanych stała się jednym z czynników pogorszenia sytuacji ekonomicznej najbardziej dotkniętych tym problemem państw członkowskich UE. Kraje eksportujące migrantów w rodzaju Filipin są z kolei zainteresowanie maksymalizacją uprawnień, przysługujących ich obywatelom na terytorium państwa zatrudnienia. Zapisy Konwencji ONZ są dla nich często jedynym wiążącym instrumentem ochrony prawnej migrantów. Pamiętajmy bowiem, że środki ochrony prawnej przysługujące imigrantom zarobkowym w obszarze Europy mają zdecydowanie bardziej wielopłaszczyznowy wymiar aniżeli ich status we wszystkich innych obszarach świata. Konwencja ONZ odgrywa zatem pewne, symboliczne przynajmniej, znaczenie jako forma ochrony imigrantów zarobkowych w obszarze pozaeuropejskim. Problemem wydaje się jednak, że uniwersalny z założenia dokument okazuje się raczej odzwierciedleniem partykularnych interesów obszaru szeroko pojętego Południa. Analizując aktywność ONZ na rzecz ochrony cudzoziemców warto odnieść się także do uchwalonej w 1985 roku Deklaracji Narodów Zjednoczonych o prawach człowieka osób niebędących obywatelami kraju zamieszkania (ang. 41 [41/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wadawnictwa Uniwerstyetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 187. 32 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących Declaration on the human rights of individuals who are not nationals of the country in which they live)42. Istotne w kontekście podejmowania przez cudzoziemców zatrudnienia okazują się postanowienia artykułu 8 dokumentu. Dotyczy on prawa cudzoziemców do podejmowania pracy w kraju pobytu, oraz środków ich zabezpieczenia społecznego tamże. Stanowi on o prawie każdego cudzoziemca do pracy w bezpiecznych warunkach. Powtarza również zawarte już wcześniej w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych prawo do równej płacy za równą pracę (ang. equal pay for equal work). Zawiera zasadę równych warunków pracy dla kobiet i mężczyzn. Obok zapewnienia cudzoziemcom prawa do opieki zdrowotnej w kraju legalnego pobytu stwierdza, iż mają oni prawo przynależeć do związku zawodowego w miejscu pracy. Nowością na tle wcześniejszych dokumentów dotyczących ochrony pracowników migrujących są zapisy zawarte w art. 10 Deklaracji. Zgodnie z nimi każdy cudzoziemiec w celu ochrony swych interesów w kraju pobytu ma prawo do kontaktu z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa pochodzenia. Zapis ten, przynajmniej w warstwie deklaratoryjnej, jest ważnym rozszerzeniem praw i przywilejów zawartych w dotychczasowych dokumentach dotyczących ochrony praw cudzoziemców. Wydaje się jednak nazbyt oczywisty z uwagi na rozwinięte obecnie formy opieki dyplomatycznej i konsularnej. Do sytuacji pracowników migrujących nawiązują jeszcze przynajmniej dwa spośród uchwalonych w ostatnich latach niewiążących dokumentów ochrony praw człowieka NZ. Pierwszym z nich jest dokument końcowy Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu (Deklaracja Wiedeńska i Program Działań)43. Zgodnie ze wspomnianym dokumentem pracownicy migrujący są szczególnie narażoną na przejawy dyskryminacji i naruszeń praw człowieka kategorią mniejszości. Istotne staje się zatem zapewnienie im przez władze krajowe swobodnego dostępu do instytucji oświaty, służby zdrowia czy pomocy społecznej. Część druga Deklaracji poświęca prawom pracowników migrujących odrębny fragment w ramach szerszych rozważań dotyczących mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i językowych. Stwierdzono w nim, że władze państwowe mają podjąć działania zmierzające do zapewnienia ochrony praw wszystkich pracowników migrujących, oraz członków ich rodzin. Szczególnie istotne powinno stać się rozwijanie harmonii i tolerancji pomiędzy pracownikami migrującymi a społeczeństwem ich państwa zatrudnienia. Polityka władz państwowych powinna być zatem nakierowana na eliminację wszelkich przejawów odrzucenia migrantów, a także przeciwdziałanie uzewnętrzniania wobec nich jakichkolwiek form rasizmu, ksenofobii bądź innego rodzaju negatywnych postaw. Drugim dokumentem na który warto zwrócić uwagę jest tekst końcowy Światowej Konferencji Przeciw 42 [42/1-6] Tekst dokumentu dostępny na stronie internetowej: http://www.un.org/documents /ga/res/ 40/a40r144.htm; por. także: B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 148. 43 [43/1-6] ang. Vienna Declaration and Programme of Action. Szerzej na temat zapisów końcowych konferencji wiedeńskiej w kontekście społecznego wymiaru transnarodowej mobilności zarobkowej por. B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 180 i następne. 33 Bogumił Termiński Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, odbywającej się od 31 sierpnia do 8 września 2001 roku w Durbanie (RPA)44. ONZ podejmuje też inne działania na rzecz ochrony praw pracowników migrujących. Do najważniejszych z nich należało ustanowienie mandatu Specjalnego Sprawozdawcy do spraw Praw Migrantów (ang. Special Rapporteur of The Commission on Human Rights on the Human Rights of Migrants). Sprawozdawca powołany został w 1999 roku rezolucją 1999/44 Komisji Praw Człowieka ONZ. Jak stanowi wspomniany dokument sprawozdawca powinien podejmować działania dotyczące zapewnienia szerokiej ochrony praw człowieka wobec wszystkich pracowników migrujących. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na sytuację migrantów nieposiadających dokumentów tożsamości, oraz osób podejmujących nielegalne zatrudnienie poza krajem pochodzenia. Także inne instytucje systemu ONZ podejmują rozwiniętą działalność badawczą i aktywność praktyczną na rzecz ochrony imigrantów zarobkowych. Zrzeszająca obecnie 151 państw członkowskich Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (ang. International Organization for Migration- IOM) jest najważniejszą organizacją świadczącą wsparcie różnym kategoriom migrantów. Organizacja jest obecnie jednym z kluczowych (obok OECD i GMG) aktorów instytucjonalnych kształtujących proces globalnego zarządzania migracjami (ang. global migration governance). Wśród praktycznych działań instytucji na rzecz wsparcia migrantów wymienić możemy: organizowanie powrotu do państwa pochodzenia dla migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie programów repatriacji i przesiedleń, działania na rzecz polepszenia sytuacji zdrowotnej migrantów, oraz aktywność na rzecz walki z problemem handlu ludźmi. Pracownicy migrujący i członkowie ich rodzin nie są jedynymi kategoriami cudzoziemców, stanowiącymi przedmiot praktycznej działalności organizacji. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w ramach Międzyrządowego Komitetu do Spraw Migracji w Europie (ICEM) podejmowano działania na rzecz osób zmuszonych do ucieczki w następstwie rewolucji węgierskiej i powstania w Czechosłowacji. Przedmiotem ograniczonej aktywności instytucji stała się także sytuacja bezpaństwowców. W chwili obecnej przedmiot zdecydowanej większości działań praktycznych IOM stanowi sytuacja imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin, osób przebywających w kraju pobytu nielegalnie, oraz ofiar handlu ludźmi. Aktywność instytucji systemu NZ w zakresie migracji międzynarodowych koordynowana jest przez Światową Grupę do Spraw Migracji (ang. Global Migration Group- GMG)45. Zasadniczy cel jej powstania stanowiła potrzeba szerszej koordynacji aktywności dotyczącej międzynarodowych migracji, oraz dostosowania jej zasadniczych form do zmieniającego się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obrazu tego procesu. Wśród instytucji systemu NZ podejmujących bardziej ograniczone formy aktywności w zakresie ochrony migrantów dobrowolnych wymienić możemy: Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka (ang. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights- OHCHR), Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR), Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (ang. United Nations Educational, Scientific and 44 45 [44/1-6] Ibidem. [45/1-6] Obecnie zrzesza ona 14 instytucji systemu ONZ. 34 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących Cultural Organization- UNESCO), Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization- WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO)46. Od początku lat dziewięćdziesiątych datować należy wzrost zainteresowania problematyką ochrony pracowników migrujących w ramach instytucji regionalnych. Działania tego rodzaju były już wcześniej podejmowane w ramach działających w Europie regionalnych struktur współpracy. Szczególnie cieszy jednak rosnące zainteresowanie problemem w regionach świata, gdzie pracowników migrujących dotykają zagrożenia dla elementarnych praw człowieka: na Bliskim Wschodzie i w Południowo-Wschodniej Azji. Ochrona pracowników migrujących jest w chwili obecnej przedmiotem praktycznych działań podejmowanych w ramach Rady Europy, Unii Europejskiej, Organizacji Państw Amerykańskich, Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Ligi Państw Arabskich i kilku innych organizacji międzynarodowych o mniejszym znaczeniu. Jedynie dokumenty przyjęte w ramach instytucji europejskich mają charakter wiążący47. Działania podejmowane w Europie zostały już jednak częściowo omówione w ramach poprzednich fragmentów artykułu. W dalszej części niniejszego fragmentów skoncentruję zatem uwagę na zapisach pozaeuropejskich dokumentów ochrony pracowników migrujących o niewiążącym charakterze. Podejmowane w ramach Unii Europejskiej działania na rzecz regulacji mobilności zarobkowej i wzmocnienia statusu prawnego migrantów analizować należy na dwóch płaszczyznach: wewnętrznej i zewnętrznej. Pojęcie pracownika migrującego może być zatem potocznie utożsamiane zarówno z obywatelem UE bądź państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podejmującym zatrudnienie w jednym z państw wspólnoty (migranci wewnętrznie), jak i z osobą pochodzącą spoza obszaru Unii Europejskiej bądź EOG (migranci zewnętrzni). Podstawę migracji wewnętrznych w ramach Unii stanowi istniejąca od czasu powstania Wspólnot Europejskich zasada swobodnego przepływu pracowników. Jest ona obecnie częścią bardziej ogólnej zasady o swobodnym przepływie osób. Zasadę o swobodnym przepływie pracowników zapisano w art. 45 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie w z punktu widzenia sytuacji prawnej podejmujących migracje obywateli państw członkowskich odgrywają zapisy art. 15 pkt 2 i 3 dokumentu. Zgodnie z pkt 2: „każdy obywatel Unii ma swobodę poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług w każdym Państwie Członkowskim”. Cytowany fragment ukazuje wagę wyrażonych już w Traktatach Rzymskich uprawnień, na których opierają się obecnie tak zwane cztery wolności rynku wewnętrznego UE. Istotne znaczenie dla sytuacji pracowników zewnętrznych (osób migrujących spoza obszaru UE) wiązać możemy z zapisami pkt 3 (art. 15) karty. Jak zauważono w dokumencie "obywatele państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium Państw Członkowskich, są 46 [46/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 185 i dalsze. 47 [47/1-6] Mam tu na myśli wiążący strony charakter Europejskiej Konwencji o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących, oraz zapisy prawodawstwa wspólnotowego dotyczące praw podstawowych i swobody podejmowania zatrudnienia w ramach wspólnego rynku. 35 Bogumił Termiński uprawnieni do takich samych warunków pracy, z jakich korzystają obywatele Unii". Początek działań Organizacji Państw Amerykańskich (ang. Organization of American States- OAS) na rzecz ochrony pracowników migrujących datować należy na połowę lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W marcu 1995 roku podczas 92 sesji Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka podjęto decyzję o rozpoczęciu prac studyjnych, mających doprowadzić do przyjęcia raportu dotyczącego sytuacji imigrantów zarobkowych w zachodniej hemisferze, oraz potencjalnych środków ich wsparcia48. W czerwcu 1999 r. Zgromadzenie Ogólne XIX sesji OPA przyjęło rezolucję, która wezwało państwa członkowskie do podjęcia kroków mających zapewnić ochronę przebywających na ich terytorium migrantów oraz członków ich rodzin. Orgaizacja Państw Amerykańskich stanowi pierwszą organizację międzynarodową (i jedyną dotychczas organizację regionalną) w ramach której funkcjonuje Specjalny Sprawozdawca do Spraw Pracowników Migrujących i Ich Rodzin (ang. Special Rapporteur on Migrant Workers and their Families)49. Został on powołany rezolucją ZO OPA w 1997 r., a zatem dwa lata przed powołaniem mandatu Specjalnego Sprawozdawcy w ramach ONZ. Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka ograniczyła zakres aktywności sprawozdawcy do działań podejmowanych na rzecz migrantów niebędących obywatelami państw zatrudnienia. Wśród podstawowych środków działalności specjalnego sprawozdawcy wymienić należy: ankiety informacyjne, wizyty robocze i niezależne badania. Analizy i uwagi Specjalnego Sprawozdawcy znajdują odzwierciedlenie w przedkładanych corocznie sprawozdaniach działalności Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka W 2008 r. w ramach organizacji funkcjonowało pięciu specjalnych sprawozdawców (do spraw praw kobiet, praw dziecka, praw osób pozbawionych wolności, eliminacji dyskryminacji rasowej, oraz pracowników migrujących). Zgodnie z przedstawionym w 2008 r. raportem do głównych obszarów aktywności sprawozdawcy należało monitorowanie sytuacji prawnej migrantów udających się do Stanów Zjednoczonych. W marcu 2008 r. Specjalny Sprawozdawca podjął negocjacje w sprawie rozszerzenia prawa do odwiedzin zatrudnionych na terytorium USA pracowników migrujących przez członków ich rodzin. Przedmiotem zainteresowania sprawozdawcy stały się także problemy pozbawionych wolności migrantów na terytorium USA, zwłaszcza ich sytuacja procesowa (dostęp do adwokatów, otrzymywanie informacji w zrozumiałym dla nich języku, możliwość kontaktu z przedstawicielstwem dyplomatycznym i konsularnym państwa pochodzenia)50. Działania na rzecz ochrony i wsparcia pracowników migrujących stały się także przedmiotem aktywności Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo48 [48/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 216. Problemy pracowników migrujących przynajmniej kilka razy stanowiły przedmiot rozstrzygnięć powołanego w 1979 roku Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka (ang. InterAmerican Court of Human Rights). 49 [49/1-6] Na temat zakresu mandatu Specjalnego Sprawozdawcy i jego aktywności por. zwłaszcza: B. Lyon, S. Paoletti, "Inter-American Development on Globalization’s Refugees: New Rights for Migrant Workers and their Families", European Yearbook of Minority Issues, Vol. 3, 2003/2004, s. 85-87; D. S. Weissbrodt, The Human Rights of Non-citizens, Oxford University Press, 2008, s. 88. 50 [50/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 217. 36 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących Wschodniej (ang. Association of South-East Asian Nations-ASEAN). W chwili obecnej ograniczają się one jednak do prac studyjnych, debat, oraz przyjęcia dokumentu o charakterze niewiążącym. Pierwsze działania w zakresie ochrony migrantów podjęte zostały w ramach organizacji w 1999 roku. Zorganizowano wówczas regionalne sympozjum dotyczące nielegalnych migracji. Spotkanie w Bangkoku zgromadziło przedstawicieli władz dwudziestu państw regionu, ekspertów, oraz działaczy organizacji pozarządowych. W lipcu 2005 r. konferencja ministrów zwróciła uwagę Grupy Roboczej do spraw Praw Człowieka na konieczność podjęcia aktywności zmierzającej do poprawy sytuacji azjatyckich pracowników migrujących. W rezultacie powołana została grupa zadaniowa do spraw migrantów. Stanowi ona strukturę zrzeszającą delegatów ASEAN, przedstawicieli organizacji pozarządowych i związków zawodowych, oraz niezależnych ekspertów. Konsekwencją zapoczątkowanych wówczas prac stało się przyjęcie w styczniu 2007 roku Deklaracji w Sprawie Ochrony i Promocji Praw Pracowników Migrujących (ang. ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers)51. Cechą wyróżniającą dokument na tle uprzednio przyjętych deklaracji niewiążących jest jego rozwinięty charakter. Pomimo niewiążącego charakteru formułuje on de facto daleko idące obowiązki wobec państw członkowskich. Do zapisów dokumentu szeroko nawiązuje także utworzona w 2007 r. Grupa Robocza do spraw Ochrony i Promocji Praw Migrantów w Azji (ang. Task Force for ASEAN Migrant Workers). Rezultatem przyjęcia dokumentu stało się ponadto powołanie specjalnego komitetu, mającego na celu aktywność studyjną i dążenie do urzeczywistniania zawartych w nim założeń. Wśród innych organizacji współpracy podejmujących działania na rzecz ochrony migrantów zarobkowych wymienić należy Ligę Państw Arabskich. Uchwalona w ramach organizacji Arabska Deklaracja w Sprawie Migracji Międzynarodowych (ang. Arab Declaration on International Migration), łączy typowe dla tego rodzaju dokumentów postulaty współpracy, harmonizacji polityk, zakazu dyskryminacji z explicite wyrażonymi treściami politycznymi. Wspomniany dokument wzywa między innymi do "położenia kresu izraelskiej okupacji, oraz skierowanych wobec Palestyńczyków ataków". Widzimy zatem, że zapisy dokumentów regionalnych w istotny sposób kształtowane są przez partykularne czynniki polityczne. 5. Podsumowanie i uwagi końcowe Podjęte niemal sto lat temu działania organizacji międzynarodowych na rzecz ochrony migrantów pociągnęły za sobą kilka szczególnie doniosłych konsekwencji. Najważniejszą z nich stało się pełne upodmiotowienie pracowników migrujących, jako autonomicznej kategorii cudzoziemców, korzystającej z rozwiniętego katalogu uprawnień socjoekonomicznych. Kolejnym następstwem działań ONZ i MOP stało się wykształcenie specyficznego systemu ochrony prawnej migrantów zarobkowych, wyposażonego w realnie istniejące (acz nieefektywne) mechanizmy monitoringu i implementacji. Narodziny wspomnianego systemu datować należy na 1952 rok. Wówczas bowiem weszły w życie zapisy konwencji Nr 97 a MOP 51 [51/1-6] Deklaracja przyjęta została podczas 12 spotkania szefów państw ASEAN w styczniu 2007 roku. 37 Bogumił Termiński wyposażona została w procedury oddziaływania na sytuację migrantów w państwach członkowskich. Do połowy lat siedemdziesiątych ochrona pracowników migrujących stanowiła wąskie i marginalne pod względem politycznym zagadnienie międzynarodowego prawa pracy. Pomimo wspomnianego faktu możemy jednak wymienić kilka sukcesów MOP, jak choćby przyjęcie Zalecenia Nr 100 (1955) i nowoczesnej jak na połowę lat siedemdziesiątych Konwencji Nr 143, uzupełnionej o treść Zalecenia Nr 151. Od połowy lat datować możemy powolny proces inkorporacji ochrony pracowników migrujących do bardziej ogólnej przestrzeni międzynarodowej ochrony praw człowieka. Pierwsze oznaki wspomnianego procesu obserwowano już w 1977 roku w związku z uzupełnieniem regionalnego systemu praw człowieka Rady Europy o konwencję dotyczącą statusu prawnego pracowników migrujących. Pełne rozwinięcie ochrony pracowników migrujących w ramach uniwersalnego systemu praw człowieka znalazło jednak formalny wyraz dopiero 28 lat później, wraz z wejściem życie uchwalone jw 1990 roku konwencji ONZ. Pomimo wspomnianego faktu funkcjonujące w ramach ONZ i MOP instrumenty ochrony migrantów i członków ich rodzin cechują się niską efektywnością i iluzorycznym, mocno fasadowym, charakterem. Spośród przyjętych w ramach ONZ szczegółowych konwencji ochrony praw człowieka to właśnie dokument z 1990 roku cieszy się najmniejszym poziomem uniwersalnej akceptacji. Spośród zdefiniowanych w prawie międzynarodowym publicznym kategorii cudzoziemców pracownicy migrujący doświadczają relatywnie najmniejszych zagrożeń dla praw człowieka. Migracje dobrowolne okazują się zazwyczaj procesem dynamicznym, odwracalnym i przejściowym. Nie determinują zatem wieloletnich problemów i zagrożeń odczuwalnych przez migrantów. Dokumenty ochrony pracowników migrujących nie mają obecnie praktycznie jakiegokolwiek wpływu na kształtowanie dynamiki transnarodowej mobilności zarobkowej. Zależy ona bowiem przede wszystkim od koniunktury gospodarczej, dysproporcji rozwoju socjoekonomicznego poszczególnych państw i odzwierciedlonego prawodawstwem imigracyjnym stopnia otwartości poszczególnych państw na nowych przybyszów. Diametralnie odmienną sytuację obserwujemy w przypadku dokumentów międzynarodowej ochrony uchodźców. Odgrywają one kreacyjne wręcz znaczenie dla problemu uchodźstwa, w pewnym stopniu regulując także dynamikę tego procesu na świecie. Nie możemy jednak powiedzieć, że imigranci ekonomiczni są grupą cudzoziemców całkowicie wolną od zagrożeń dla fundamentalnych praw człowieka. Szczególnie duże problemy obserwujemy w kontekście transnarodowej mobilności zarobkowej w Azji, oraz rosnącej skali zjawisk w rodzaju migracji nieudokumentowanych czy handlu ludźmi. Przyjęte do dnia dzisiejszego dokumenty ochrony migrantów jedynie wyrywkowo odnoszą się do wspomnianych wyżej problemów. Konieczne okazuje się zatem odejście od typowej choćby dla MOP percepcji problemu w kategoriach migracji do pracy najemnej, stosunków zatrudnienia i problemów drugorzędnych (w rodzaju praw związkowych pracowników migrujących) na rzecz przyjmowania unormowań dotyczących bardziej fundamentalnych zagrożeń. Przyjęte dotychczas dokumenty ochrony migrantów zarobkowych i ich rodzin w nikły sposób odzwierciedlają zmieniającą się panoramę i formy mobilności ludności, a także dotykające ich uczestników zagrożenia. 38 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących Uchwalona w 1949 roku Konwencja MOP już w chwili powstania stanowiła dokument w dużym stopniu anachroniczny. Odzwierciedlała bowiem specyfikę migracji zarobkowych i form zatrudnienia typową dla końca lat dwudziestych i lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Jednym z nielicznych względnie nowoczesnych dokumentów MOP okazała się Konwencja Nr 143 z 1975 roku. Biorąc pod uwagę wieloletni charakter procesów redakcyjnych dokument ten stanowił szybką reakcję na wzrastającą dynamikę obserwowanych wówczas problemów (np. migracji nieudokumentowanych na obszar Europy). Zdecydowanie mniej pozytywnie ocenić należy zapisy konwencji ONZ z 1990 roku. W parze z rozwiniętym charakterem dokumentu nie idzie bowiem dążenie do przejrzystego rozgraniczenia poszczególnych problemów (np. statusu legalnych pracowników migrujących od migrantów nieudokumentowanych), oraz próba wypracowania rozwiązań możliwych do przyjęcia zarówno dla państw eksportujących, jak i importujących pracowników migrujących. Brak akceptacji większości krajów wysoko rozwiniętych dla rozwiązań ONZ i MOP całkowicie marginalizuje wspomnianą płaszczyznę praw człowieka i utrudnia jej poważne traktowanie jako konstruktu o charakterze globalnym. Wysuwane przez przeciwników konwencji ONZ twierdzenia o braku jakiegokolwiek znaczenia przyjętych dotychczas dokumentów także nie są jednak do końca zgodne z prawdą. Dokumenty przyjęte przez ONZ i MOP stanowią bowiem dla państw rozwijających jedyny (acz całkowicie nieefektywny) system ochrony własnych obywateli w kontekście ich praw socjoekonomicznych związanych z migracją i zatrudnieniem poza krajem pochodzenia. Międzynarodowej ochrony pracowników migrujących nie należy zatem traktować całkowicie jednostronnie. Kończąc zawarte w artykule rozważania warto podkreślić zatem dotychczasowe osiągnięcia, a także zastanowić się nad obserwowanymi przeszkodami i wyzwaniami stojącymi przed międzynarodową ochroną pracowników migrujących w przyszłości. Sukcesem instytucji międzynarodowych systemu NZ okazuje się nie tyle przyjęcie trzech konwencji uniwersalnych czy kilku deklaracji i zaleceń MOP, lecz wytworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia, oraz różnorodne działania praktyczne na rzecz wsparcia migrantów. Struktury ONZ i MOP są przestrzenią podejmowania wielu decyzji przekładających się później na sytuację prawną imigrantów zarobkowych w poszczególnych regionach świata. Zapisy dokumentów systemu NZ stały się punktem odniesienia dla treści przyjętych dotychczas niewiążących dokumentów regionalnych. Krytyczna ocena konwencji ONZ także okazuje się inspirująca w kontekście perspektyw regionalnego i globalnego rozwoju zagadnienia w kolejnych dekadach. Pomimo niechęci państw wysoko rozwiniętych wobec przyjętych dotychczas dokumentów systemu NZ nie możemy powiedzieć, że funkcjonujące przecież konwencje odgrywają całkowicie marginalne znaczenie. Prawie dziewięćdziesiąt państw pozostaje obecnie stroną przynajmniej jednej spośród czterech konwencji dotyczących ochrony imigrantów zarobkowych. Dużą część ich zapisów traktować należy w wymiarze postulowanym, jako odbicie pewnego trudnego do osiągnięcia stanu idealnego. Trudna do przecenienia okazuje się także wieloletnia aktywność praktyczna IOM na rzecz wsparcia migrantów, oraz oddziaływanie tej instytucji na dyrektywy polityk migracyjnych i standardy traktowania migrantów w kilkudziesięciu krajach świata. 39 Bogumił Termiński Zdecydowanie łatwiejsze okazuje się wymienienie mankamentów funkcjonującego obecnie systemu ochrony migrantów, oraz przeszkód w jego szerszej implementacji. Niski poziom akceptacji dla dokumentów międzynarodowej ochrony pracowników migrujących jest także pochodną stagnacji w obrębie MOP i niektórych gałęzi prawa międzynarodowego publicznego. Zdecydowana większość państw przykłada marginalne znaczenie do treści przyjmowanych przez MOP międzynarodowych standardów pracy (co odzwierciedla także niska liczba ratyfikacji wspomnianych dokumentów). Ochrona pracowników migrujących nie jest wreszcie znaczącym zagadnieniem politycznym czy problemem wymagającym podjęcia natychmiastowych działań. Najważniejszą przeszkodę stanowią wreszcie spory pomiędzy krajami wysyłającymi imigrantów a stosującymi coraz większe restrykcje państwami wysoko rozwiniętymi. Przedstawicielom krajów pochodzenia imigrantów zależy przede wszystkim na wzmocnieniu praw socjoekonomicznych własnych obywateli. Równie istotne z ich punktu widzenia okazują się zapisy szczegółowe, w rodzaju prawa do transferu zarobionych środków za granicę, rozwiniętego dostępu do opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych dla imigrantów. Drugą znaczącą grupą interesów okazują się zamożne kraje przyjmujące imigrantów, cechujące się słabym poziomem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i niską akceptacją dla międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka (np. kraje Bliskiego Wschodu). Państwom tym zależy na zachowaniu jak największej suwerenności w zakresie traktowania cudzoziemców. Przeważnie nie są one zainteresowane wiązaniem się jakimikolwiek dokumentami ochrony praw człowieka, nie wspominając już o szczegółowych dokumentach ochrony migrantów. Trzecią grupę państw stanowią wreszcie kraje Europy Zachodniej i USA, od wielu lat redefiniujące politykę imigracyjną w kierunku coraz większych restrykcji. Jeszcze w początku lat siedemdziesiątych państwa Europy Zachodniej z zadowoleniem przyjmowały wzrastającą skalę imigracji zewnętrznych na swoje terytorium. Część z nich podpisała nawet przyjętą w 1975 roku konwencję Nr 143 MOP. Spadające w późniejszych latach tempo rozwoju gospodarczego zmusiło Francję i Niemcy do wprowadzenia restrykcji dla potencjalnych migrantów. Jedną z konsekwencji wspomnianego faktu stała się między innymi wzrastająca skala migracji nieudokumentowanych na obszar najwyżej rozwiniętych krajów świata. Państwa wysoko rozwinięte, stosujące obecnie dość selektywną politykę imigracyjną, nie są zatem zainteresowane daleko idącym poszerzaniem praw ekonomicznych i społecznych imigrantów. Przeszkody w ratyfikacji konwencji ONZ przez wysoko rozwinięte państwa Europy i Ameryki Północnej zostały w ciekawy sposób omówione w serii raportów przygotowanych na potrzeby UNESCO około 2006 i 2007 roku. Często pojawiającym się argumentem przeciwko ratyfikacji dokumentu jest obawa przed erozją suwerenności, oraz ograniczeniem wolności kreowania zasad wewnętrznej polityki migracyjnej. Zwróćmy uwagę, że podobne argumenty pojawiają się w kontekście ratyfikacji prawie wszystkich bardziej szczegółowych dokumentów ochrony praw człowieka. Wspomniany argument był podnoszony między innymi przy okazji debat nad tekstem przygotowywanej przez Ligę Narodów konwencji dotyczącej statusu prawnego cudzoziemców. Innym sygnalizowanym zastrzeżeniem jest niezgodność filozofii konwencji z 40 Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących tradycją i doświadczeniami migracyjnymi poszczególnych krajów (np. Kanady)52. Zdaniem niektórych specjalistów tekst dokumentu zdeterminowany został przez doświadczenia krajów europejskich połowy lat siedemdziesiątych, zmagających się wówczas z niedoborem siły roboczej. Założenia dokumentu są zatem odległe od bardziej selektywnych tradycji imigracyjnych Kanady. Państwa Europy Zachodniej zwracają uwagę na bezcelowość ratyfikacji dokumentu w sytuacji funkcjonowania na naszym kontynencie przynajmniej kilku rozwiniętych systemów ochrony praw człowieka. Zastrzeżenia Niemiec i Francji wzbudzają ponadto zapisy art. 28 konwencji ONZ formującego dostęp imigrantów do podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej niezależnie od ich sytuacji prawnej53. Jedną z konsekwencji niskiego poziomu akceptacji dla dokumentów ONZ i MOP staje się brak bądź słabość adekwatnych unormowań w zakresie przeciwdziałania patologiom w rodzaju handlu ludźmi, przemytu migrantów czy problemowi nielegalnych migracji. W 2000 roku przyjęto co prawda Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej. Wspomniane wyżej zagadnienia w dalszym ciągu nie doczekały się jednak adekwatnie silnego umocowania normatywnego na płaszczyźnie uniwersalnych dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka. Konflikty interesów ekonomicznych utrudniają szeroką akceptację dla przyjętych w ramach organizacji globalnych międzynarodowych dokumentów ochrony migrantów. Być może zatem jedyną przestrzenią aktywności na rzecz efektywnej ochrony migrantów okazać się mogą działania w ramach organizacji regionalnych. Wspólne interesy i podobne podejście do problematyki migracji okazać się mogą czynnikiem ułatwiającym osiągnięcie porozumienia na płaszczyźnie współpracy regionalnej. Współpraca regionalne umożliwia także szybsze reagowanie i łatwiejsze osiągnięcie konsensusu w przypadku pojawienia się nowych problemów. Pamiętajmy jednak, że ograniczone znaczenie decyzji zapadających w ramach organizacji regionalnych Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej stawia pod dużym znakiem zapytania praktyczną implementację przyjętych w ich ramach postanowień. 6. References Bohning, W.R., "The Protection of Migrant Workers and International Labour Standards", International Migration, Vol. 26, Issue 2, June 1988, s. 133-146. 52 [52/1-6] Por. zwłaszcza V. Piche, E. Pelletier, D. Epale, “Identification of the Obstacles to the Ratification of the United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families: The Canadian Case”, UNESCO, Paris, August, 2006. 53 [53/1-6] E. MacDonald, R. Chonewinski, The Migrant Workers Convention in Europe. Obstacles to the Ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families: EU/EEA Perspectives, UNESCO, Paris, 2007; B. Termiński, "Realizing the Right to Health of Undocumented Immigrants in Europe: Legal and th Social Challenges", Proceedings of the 13 World Congress on Public Health, Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469. 41 Bogumił Termiński Bosniak, L.S., "Human Rights, State Sovereignty and the Protection of Undocumented Migrants under the International Migrant Workers Convention", International Migration Review, Vol. 25, No. 4, Winter 1991, s. 737-770. Cholewinski, R., Migrant Workers in International Human Rights Law: Their Protection in Countries of Employment, Clarendon Press, Oxford, 1997. Hune, S., "Migrant Women in the Context of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families", International Migration Review, Vol. 25, No. 4, Winter 1991, s. 800817. Termiński, B., Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza, instytucje oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011. Termiński, B., Przesiedlenia inwestycyjne. Nowa kategoria przymusowych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012. migracji Termiński, B., "Realizing the Right to Health of Undocumented Immigrants in Europe: Legal and Social Challenges", Proceedings of the 13th World Congress on Public Health, Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469. Termiński, B., Environmentally-Induced Displacement: Theoretical Frameworks and Current Challenges, CEDEM Working Paper, University of Liege, September 2012. Termiński, B., "The right to adequate housing in international human rights law: Polish transformation experiences", Mediterranean Journal of Human Rights, Vol. 12 (double issue), 2012, s. 561-592. Termiński B., "Europeizacja Przestrzeni Polityki Społecznej. W Poszukiwaniu Regionalnego Paradygmatu Rozwoju", Auxilium Sociale Novum, Nr 1-4, 2010, s. 45-59. [Recibido el 19 de mayo de 2013. Aceptado, tras amplias correcciones, el 30 de mayo de 2013] 42 „EUROPA EN LAS AULAS“. CULTURAL, RELIGIOUS AND HUMANIST HERITAGE OF EUROPE Manuel J. PELÁEZ Gudrun STENGLEIN Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein (2013): „Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe“, Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013). En línea puede consultarse en: http://www.eumed.net/rev/historia/06/europa-aulas.html ZUSAMMENFASSUNG: Die Protokolle des Kongresses „Europa en las Aulas. Cultural, Religious and Humanist Heritage of Europe“ spiegeln die Bedeutung des Treffens in Málaga, organisiert von der Korporation der Attendis-Schulen aus Andalusien und der Extremadura, nicht wider. An dem Kongress haben mehr als fünfhundert Menschen teilgenommen, u. a. der Bürgermeister der Stadt Málaga, ein ehemaliger Universitätsrektor, der Präsident des staatlichen Schulrates, mehrere Lehrstuhlinhaber, Professoren und Gymnasiallehrer aus den ganzen Provinzen von Andalusien und der Extremadura usw. In Bezug auf die Interventionen der Sprecher verteidigte der Professor der Metaphysik Alejandro Llano die Präsenz der Geisteswissenschaften in den Lehrplänen der Sekundarstufe, der Gymnasien und der Hochschulausbildung. Francisco López Rupérez sprach über zwei Arten der Schulleitung: transformative Führung und Lehr-Führung. Concepción Naval behandelte das Thema der Auswirkungen der neuen Technologien in der Bildung. Bartolomé Menchén, mit langjähriger Erfahrung in der frühkindlichen Bildung, machte, wie einige der Hörer des Vortrages meinten, eine ebenso tiefe wie unverständliche Betrachtung über die Auswirkungen, die die Kommunikationsmedien im Familienbereich haben und über die Dysfunktionen, die manchmal auftreten können. Die Schwestern Inmaculada und Teresa Sibón Macarro legten ihre Überlegungen bezüglich der pädagogischen Vielfalt dar. Antonio Fernández Bermúdez stellte das neue Erasmusprogramm for all vor, was für den Zeitraum von 2014 bis 2020 vorgesehen ist und die allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport integriert. Michael Milanovic stellte verschiedene Messsysteme der englischen Sprachkenntnisse vor. Interessante Vorträge waren die von Alejandro Serrano Fernández, Miguel Asensio Castaño, José Manuel Rodríguez Delgado (ein Projekt von drei Schulen von Malaga, Oporto und Amsterdam zur Bildung der Studenten und nicht zum Lehreraustausch gedacht), Paloma Expósito Reyes und Covadonga Basagoiti. Inger Enkvist, Professorin für Hispanistik an der Universität Lund im Königreich Schweden, schloss den Kongress mit einem Vortrag über die unterschiedlichen pädagogischen Qualitätsfaktoren in östlichen und westlichen Ländern. Sie zeigte die Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten, Japan, China, Singapur, Südkorea und Hongkong auf. Es sei angemerkt, dass sie das Publikum mit ihren perfekten Spanischkenntnissen überraschte. SCHLÜSSELWÖRTER: Attendis, differenzierte Bildung, Colegio Mulhacén, Colegio Monaita, Colegio Puertoblanco, Filología griega, Filología latina, Francisco de la Torre Prados, Miguel Briones Artacho, Juan José Rosado del Valle, María 43 Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein Angustias García Guillén, Coral Moreno Socías, Juan José Aranda Muñoz, María Fernanda López-Alcalá Cortiñas, Blanca Osés Giménez de Aragón, Antonio Álvarez Cea, Alejandro Llano Cifuentes, Francisco López Rupérez, Concepción Naval, Inmaculada Sibón Macarro, Teresa Sibón Macarro, Bartolomé Menchén, José Luis Esteve Balzola, Alejandro Serrano Fernández, Miguel Asensio Castaño, Estanislao Camacho Domínguez, Guillermo Tejera Plasencia, Gerardo Lerones Martín, Shahrookh Khambatta Damania, Ana Varona Cabrera, Sandra Beatriz Pérez Jiménez, Julia Porlán de la Casa, Itxaso Aguirre de Mena, Gerard Graas van der Laan, Anna Griffoni, Pedro Arjona, Karín López Martín, Manuel Atencia García, Manuel Moreno Araujo, Daniel Vázquez Guerrero, Inés Robledo de Atencia, Inger Enkvist. RESUMEN: Las primeras actas del Congreso «Europa en las Aulas. Cultural, Religious and Humanist Heritage of Europe» no reflejan la importancia del encuentro celebrado en Málaga por la corporación de Colegios Attendis de Andalucía y Extremadura. Contó el Congreso con la participación de más de medio millar de personas, el alcalde de la ciudad de Málaga, un antiguo rector de Universidad, el Presidente del Consejo escolar del Estado, catedráticos, docentes de enseñanza secundaria y bachillerato de todas las provincias de Andalucía y Extremadura, etc. Respecto a la intervención de los ponentes, el catedrático de Metafísica Alejandro Llano defendió la presencia de las Humanidades en los currícula de la enseñanza media, el bachillerato y la enseñanza universitaria. Francisco López Rupérez disertó sobre dos clases de liderazgo escolar: el liderazgo transformacional y el liderazgo pedagógico. Concepción Naval abordó el impacto de las nuevas tecnologías en la educación. Con larga experiencia en educación infantil, Bartolomé Menchén hizo una reflexión tan profunda como poco inteligible, al decir de los que escucharon su disertación, sobre la incidencia que están teniendo los medios de comunicación en el ámbito familiar y las disfunciones que a veces se producen. Las hermanas Inmaculada y Teresa Sibón Macarro se detuvieron en hacer consideraciones sobre la atención que requiere en el ámbito educativo la diversidad. Antonio Fernández Bermúdez adelantó lo que va a ser el programa Erasmus for all, previsto para el periodo 2014 a 2020, en el que se integra la educación, la formación, la juventud y el deporte. Michael Milanovic presentó diversos sistemas de medición de conocimiento de la lengua inglesa. Interesantes fueron las comunicaciones de Alejandro Serrano Fernández, Miguel Asensio Castaño, José Manuel Rodríguez Delgado (un proyecto de tres colegios de Málaga, Oporto y Amsterdam, dirigido a la formación de los alumnos, no al intercambio de profesores, malogrado en el último momento por culpa de los portugueses, lo que originó un sensible malestar en el Gymnasium holandés), Paloma Expósito Reyes y Covadonga Basagoiti. Cerró el Congreso Inger Enkvist, catedrática de Filología española de la Universidad de Lund en el Reino de Suecia, sobre los factores de calidad educativa entre países orientales y occidentales. Más que el contenido sobre las diferencias de las enseñanza entre Estados Unidos de América y Japón, China, Singapur, Corea del Sur o Hong Kong, lo que más sorprendió al público asistente fue el perfecto dominio de la lengua española de esta docente sueca. PALABRAS CLAVE: Attendis, Educación diferenciada, Colegio Mulhacén, Colegio Monaita, Colegio Puertoblanco, Filología griega, Filología latina, Francisco de la 44 Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe Torre Prados, Miguel Briones Artacho, Juan José Rosado del Valle, María Angustias García Guillén, Coral Moreno Socías, Juan José Aranda Muñoz, María Fernanda López-Alcalá Cortiñas, Blanca Osés Giménez de Aragón, Antonio Álvarez Cea, Alejandro Llano Cifuentes, Francisco López Rupérez, Concepción Naval, Inmaculada Sibón Macarro, Teresa Sibón Macarro, Bartolomé Menchén, José Luis Esteve Balzola, Alejandro Serrano Fernández, Miguel Asensio Castaño, Estanislao Camacho Domínguez, Guillermo Tejera Plasencia, Gerardo Lerones Martín, Shahrookh Khambatta Damania, Ana Varona Cabrera, Sandra Beatriz Pérez Jiménez, Julia Porlán de la Casa, Itxaso Aguirre de Mena, Gerard Graas van der Laan, Anna Griffoni, Pedro Arjona, Karín López Martín, Manuel Atencia García, Manuel Moreno Araujo, Daniel Vázquez Guerrero, Inés Robledo de Atencia, Inger Enkvist. In einem Buch von nicht geringem grafischem Maße, trotz seiner wenigen Seiten, wird ein umfassender Überblick über die Protokolle der XI. Konferenz über die pädagogischen Neuerungen, organisiert von der Gruppe Attendis anlässlich des 401/54. Gründungsjahrestages der aktuellen Korporation Attendis, die die größte private Bildungseinrichtung Andalusiens ist, zusammengefasst. Es ist schade, dass nicht der vollständige Wortlaut der Vorträge, Kommunikationen und Debatten veröffentlicht wird. Die Eröffnungsrede wurde von Alejandro Llano Cifuentes, Professor für Metaphysik und jetzt im Ruhestand, gegeben; er war Rektor der Universität von Navarra. Seine Ansprache konzentrierte sich auf die Bedeutung der Geisteswissenschaften in der Bildung und auf die in Spanien aus verschiedenen Bereichen gestarteten Angriffe2/55. Dies zeigt die Herabsetzung derselben in unserem Land auf, aber Llano nimmt nicht ganz wahr, dass sich die Situation nicht in der gleichen Weise in Staaten wie Frankreich, Österreich, Belgien, der Schweiz oder Italien ergibt, wo sie weiterhin stark und lebendig in den verschiedenen Ebenen der Grundschul- und Realschulbildung, beim Abitur, den Universitätsstudien einschließlich beim Doktorgrad anwesend sind. Es sei erwähnt, dass die Geisteswissenschaften beim Master ziemlich geschmälert sind. Im weiteren Verlauf seiner Kritik an dem Verfall des spanischen Bildungssystems setzt Llano die Krise, die es durchläuft, und den miserablen Platz, den Spanien in der internationalen Bildungsrangfolge des Grund- und Mittelschulwesens einnimmt, mit der Reduzierung der Fächer der Geisteswissenschaften in den Lehrplänen und deren Ersetzung in einigen Fällen durch neue Disziplinen wie Verkehrserziehung, Umweltbewusstsein und 54 [1/2-6] Europa en las aulas. Cultural, Religious and Humanist Heritage of Europe (12 und 13 April 2013), Attendis, Sevilla-Málaga, 2013, 81 Seiten. 55 [2/2-6] Alejandro Llano hat eine beeindruckende Publikationsliste, vor allem Bücher, Kapitel in gemeinsamen Büchern und Zeitschriftenartikel. Ausgebildet in Deutschland, in Münster und in Bonn, kehrt er die germanische Berufung heraus; unter seinen Veröffentlichungen gibt es aber kein einziges Buch oder Kapitel in Deutsch und von seinen 110 Artikeln sind lediglich zwei in deutscher Sprache, einer im Jahr 1989 veröffentlicht und ein weiterer im Jahr 1996 in weniger bekannten oder geschätzten Zeitschriften. Diese 110 Artikel, die er verfasste, sind überwiegend in Spanisch geschrieben. Er hat im Rahmen seiner Forschungsarbeiten von Tausenden von Seiten wirklich sehr spärlich Artikel in italienischer und englischer Sprache verfasst. Die Fragen, die im Zusammenhang mit der Bildung und der Verteidigung der Geisteswissenschaften stehen, wurden nur sehr wenig in seinen Forschungen angesprochen, oftmals sind es Nebenprodukte. Zwei seiner Gedenkschriften wurden wegen seines flinken und gleichzeitig tiefgründigen Tones sehr gefeiert; es ist ihm gelungen in einigen Überlegungen zu inspirieren. 45 Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein Staatsbürgerschaftslehre, die laut Llano Cifuentes zumindest fragwürdig erscheinen, in Verbindung. Allerdings gibt Llano an, dass er beabsichtige „diesem Thema [der Verteidigung der Geisteswissenschaften] in einer offenen und unvoreingenommenen Art, mit einer kultivierten, aber weder archäologischen noch bloßen gelehrsamen Haltung entgegen zugehen, ohne gleichzeitig die praktischen und, um es so auszudrücken, die schulischen oder pädagogischen Aspekte zu vergessen“ (S. 11). Llano Cifuentes macht vier Vorschläge. Der erste Vorschlag wäre, die Geisteswissenschaften als kritische Interpretation der heutigen Gesellschaft zu verwenden, obwohl die Begründung, die er dann gibt, den Verdacht erweckt, etwas demagogisch sein; denn zu dem Schluss zu kommen, dass große Bildungsprojekte nicht ausschließlich technische sind, scheint ein wenig unsinnig. Allerdings hat die zweite Idee, dass die Geisteswissenschaften zu einer Revitalisierung der Kultur verwendet würden, mehr Sinn. Und die Zweckmäßigkeit, dass Latein und Griechisch bei der Realschulbildung und dem Abitur wieder aufgenommen würden, erscheint uns zutreffend, obwohl dies in Spanien schwierig sein dürfte. Das Thema ist suggestiv, wenn man sieht, dass in den Niederlanden oder Österreich das Niveau der klassischen Sprachen in den Gymnasien im Gegensatz zu dem in Spanien um Lichtjahre voraus ist. Was aber Alejandro Llano vor allem aus den Augen verloren hat, ist, dass die so genannten toten Sprachen auf eine derart schlechte Art und Weise durch die Hintertür von fast allen Attendis-Schulen verschwunden sind und kein Interesse besteht, sie auf der staatlichen oder andalusischen Ebene wieder einzuführen, auch wenn dies die Bildungsreformen angekündigt haben; sie werden nicht in Betracht gezogen und sind scheinbar fast zu ihrer endgültigen Ausrottung bestimmt. Llanos dritte Überlegung scheint interessanter und durchführbarer in dem Sinne, dass die Geisteswissenschaften „als Reflexion über die großen 46 Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe persönlichen und sozialen Fragen“ dienen können (S. 15). Als Viertes schlägt Llano vor, dass „sich die Geisteswissenschaften in Katalysatoren der Kreativität verwandeln“ (S. 17). Der Satz klingt gut, dabei bleibt es aber. Er klingt nach Musik von Vivaldi oder, wenn Sie wollen, nach himmlischen Melodien. Was Alejandro Llano nicht sagt, ist, dass in Wirklichkeit die klassischen Geisteswissenschaften, Philosophie oder Metaphysik, Latein, Griechisch, Literatur, Kunst, Geografie und politische Geschichte durch andere mächtigere Geisteswissenschaften wie die Sozialwissenschaften ersetzt werden; diese erlauben eine Vielzahl von Hochschulabschlüssen wie Jura, Wirtschaft, Betriebswirtschaft, Bildung, Politikwissenschaft, Psychologie, Soziologie, Soziale Arbeit, Arbeitsverhältnisse, Kriminologie, Übersetzen und Dolmetschen, audiovisuelle Kommunikation usw. Das sind die neuen Geisteswissenschaften und sie haben in der Universitätsausbildung den höchsten Anteil an spanischen Studenten. Die Metaphysik, die Erkenntnistheorie oder Theodizee, sind nicht mehr von Interesse, sondern Soziologie, politische Philosophie und Rechtsphilosophie; etwas Ähnliches kann man über die Politikgeschichte sagen, die auch gegenüber anderen speziellen Geschichtsfächern marginalisiert: Wissenschaftsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Socialpolitik, Rechtsgeschichte, Geschichte der politischen Ideen usw. Aber man muss aufpassen, dass sozialwissenschaftliche Fachkräfte, vor allem Lehrer an Realschulen, Gymnasien oder Universitäten auch Personen sind, die die Sozialwissenschaften und nicht die klassischen Geisteswissenschaften studiert haben. In diesem Sinne erlauben wir uns auch, uns von solchen unsinnigen Initiativen wie „Unternehmen und Humanismus“ zu distanzieren, solange die meisten von denen, die über Wirtschaft schreiben, Menschen sind, die über 47 Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein kein Studium der Wirtschaftswissenschaften, BWL, Versicherungsmathematik, Rechtswissenschaften oder Marketing verfügen, sondern aus den Lehrstühlen der Metaphysik, Grundlagen der Philosophie oder Geschichte der philosophischen Systeme hervorkommen. Am 10. Dezember 1996 hat seinerzeit das spanische Ministerium für Bildung und Wissenschaft das Fachgebiet der Rechtsphilosophie, Ethik und Politik wegen der missverständlichen Bezeichnung, die dieses Fach mit sich bringt, ganz klar in zwei völlig eigenständige und für sich getrennte Bereiche aufgeteilt: Rechtsphilosophie auf der einen Seite und Moralphilosophie auf der anderen Seite. Außerdem wurde auch die doktrinäre, wissenschaftliche und methodische Divergenz zwischen ihnen formuliert. Der Präsident des staatlichen Schulrates Francisco López Rupérez (Doktor der Physik und Hunderten von Publikationen in Spanien, Europa und Lateinamerika; er hat zahlreiche politische Positionen im Bereich der Erziehung innegehabt, unter der Führung der PP und PSOE) hat im Kongress zu dem Thema „Führung und Schulautonomie“ (S. 23-27) gesprochen, wobei er insbesondere auf die Qualität der Schulleiter abzielte. Er unterschied zwei Klassen von Schulleitung: transformative Führung und pädagogische Führung. Er erklärte auch die Forschungsergebnisse, die Wissensweiterbildung und die Ausbildung der Schüler nachweisen. Er stellte das australische Projekt namens Leadership for Organisational Learning and Student Outcomes vor. Er vermerkte vier wichtige Erkenntnisse zur Führung: 1.) Bestimmung der Prioritäten, die die Schulen haben sollen, 2.) Einführung geeigneter Mechanismen zur Durchführung der zwei bereits aufgezeigten Arten von Führung, der pädagogischen und transformativen. 3.) Die Schulleitung sollte so weit wie möglich professionell sein. 4.) Die Schulautonomie darf die Rechenschaftspflicht über die erreichten Resultate nicht verhindern und sollte gleichzeitig die Mängel und die zukünftigen Erwartungen bewerten. 48 Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe Die Professorin für Erziehungstheorie Concepción Naval Durán hielt einen Vortrag über den „Respekt in der pädagogischen Beziehung. Europäische Werte“, in dem sie davon ausgeht, dass die Beachtung des Respekts eine Manifestation der menschlichen Umgänglichkeit ist. Doktrinär lehnte sie sich an die Argumentation von Romano Guardini und Charles Taylor an. Sie betrachtete den Respekt aus verschiedenen Perspektiven, die sich aus der Anwendung der Anwendung von Ethik ableiten. Sie sprach auch die Auswirkungen der Erziehungstechnologien auf die Jugend an. Bartolomé Menchén Herreros, Doktor der Biblischen Theologie, machte eine tiefe Reflexion über die Auswirkungen der Medien in Bereich der Familie, wo die angeforderte Nachricht klar sein muss, während man vom Kommunikationsmittel verlangt, dass es so schnell wie möglich die Information weitergibt. Dies hat erheblichen Einfluss auf das Familienleben und im Bereich der Schule, wo täglich das Niveau der Konflikte zunimmt. Dies bringt Menchén dazu, sich zu fragen, aus welchen Gründen die Kommunikation diese Dimensionen und Ebenen erreicht hat, in denen man beobachten kann, dass es gut funktioniert, während das Zusammenleben im Familienbereich, in größeren Gruppen und der Schule zunehmend einen persönlichen und moralischen Verfall erfährt. Die Antwort, die Menchén findet, liegt darin, dass das Zusammenleben der Menschen nicht einfach zu erreichen ist, während die Kommunikation untereinander scheinbar schnell, ohne Zensur und ohne Kontrolle funktioniert. Barolomé Menchén ist auf Kinderanthropologie und auf das Lernen in den ersten sechs Lebensjahren spezialisiert, was er in einigen Veröffentlichungen darlegt3/56. 56 [3/2-6] Siehe dazu Bartolomé Menchén, „Derechos del niño y derechos de la infancia. Aproximación desde la Antropología infantil y teología bíblica“, in Metafísica y persona, OnlineZeitschrift, Nr. 6 (Juli 2011), S. 57-76 und in Zusammenarbeit mit Tomás Melendo, Quienes son nuestros hijos y qué esperan de ellos. Curso de Antropología infantil: Para educar con hondura, EIUNSA, Madrid, 2013, 280 Seiten. Der anthropologische und philosophische Ansatz des Kindes und das pädagogische und psychologische Verständnis des Kindes sind sehr interessant; wir sind aber der Meinung, dass der juristische Aspekt (rechtsphilosophisch, rechtsgeschichtlich, privatrechtlich, soziologisch und strafrechtlich, also die juristischen Disziplinen und Überlegungen von Juristen gemacht) sehr vernachlässigt wird. Das Thema der Kinderrechte ist äußerst attraktiv, aber im Gegensatz zu den Frauen- oder Sklavenrechten wurde es historisch gesehen nie mit der notwendigen Tiefe behandelt. Während der Französchen Revolution veröffentlichte Georges Victor Vasselin (1767-1801) sein Buch mit dem Titel Déclaration des droits des enfants et des devoirs des parents, ou Préface nécessarire de tout nouveau systeme d’éducation, Imp. Desenne libraire au Palais Royale, Paris, c. 1794. Isabelle Corpart und Madeleine Lobe-Fouda, beide Professorinnen der Rechtsfakultät der Universität Hoher Elsass, haben „L’histoire du droit des enfants. Une construction récente perceptible“, in Histoire du droit et de la justice en France, Issy-les-Moulineaux, 2007, S. 373425, geschrieben, in dem sie die Rechte und Pflichten der Kinder im römischen Recht, dem Recht des Alten Regimes, in der Französischen Revolution, im Zivilgesetzbuch von 1804 und in den nachfolgenden Gesetzen zum Schutz der Kinderarbeit, der Rechtsfähigkeit von Kindern und der persönlichen Rechten der Kinder herausstellen. S. auch die im XXI. Jahrhundert im frankofonen und angelsächsischen Bereich veröffentlichte Bibliografie, die sich zum großen Teil auf das Positive Recht und nicht auf die Geschichte der Kinderrechte bezieht: Geoffrey Shannon, Children and the law: extracted from divisions of the losseleaf work family law practitioner, Round Hall Sweet & Maxwell, Dublin, 2001; Leslie J. Harris, Children, parents, and the law. Public and private authority in the home, schools, and juvenile courts, Aspen Law & Business, New York, 2002; Bette L. Bottoms, Margaret Bull Kovera, Bradley D. McAuliff, Children, social science, and the law, Cambridge University Press, Cambridge und New York, 2002; Sylvie Baussier, Les enfants: leurs droits, leurs devoirs, Éditions Milan, Toulouse, 2003; John Mitchell, Children Act private law proceedings. A handbook, Family Law, Bristol, 2003; 49 Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein Die Schwestern Inmaculada und Teresa Sibón Macarro haben Überlegungen zur Beachtung der Vielfältigkeit in der Bildung gemacht. Durch ein VideoSystem können wir „wiederentdecken, dass kommunikative und sozial-affektive Fähigkeiten eine suggestive Persönlichkeit erreichen, weil sie einige Lernergebnisse als eine Art Überwindungslektion aufzeigen“ (S. 37). Die Familie ist ein wichtiges Instrument, um die Ausbildung von Schülern mit Behinderungen oder sonderpädagogischem Bedarf zu fördern. Anne Lanchon, Les droits des enfants, Flammarion, Paris, 2004 (ein Buch, das sich hauptsächlich auf die Erklärung der Internationalen Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989 bezieht); Adam Hibbert, Les droits des enfants: les faits derrière les gros tigres, Gamma, Bonneuil-les-Eaux, 2004; Marie-Sophie Boulanger, Les droits des enfants racontés aux enfants, Libra jeneusse, Le Mans, 2005; Bragi Gudbrandsson, Droits des enfants placés en situation de risque, éditions Conseil d’Europe, Strasbourg, 2006; Conférence Internationale du Travail, Intensifier la lutte contre le travail des enfants. Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes fondamentaux au travail, OIT, Genève, 2010; Joan Catherine Bohl, Children and the law: the competing rights, privileges, and interests of children, parents, and the state: a reader, Vandeplas, Lake Mary, 2010; Raja Abdesselem, Les relations parentsenfants dans le droit tunisien, algérien et marocain, Université de Paris Panthéon-Sorbonne, Doktorarbeit, Souhayma Ben Achour (Berichterstatterin), 2011; D. de Ruiter, Hrsg., The rights of children in international criminal law, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2011; Samuel M. Davis, Children’s rights under the law, Oxford University Press, Oxford, 2011; Jeffery Wilson, The law’s treatment of youth and children, LexisNexis, Markham, 2011; Stephen Gilmore und Andrew Bainham, Children: the modern law, Jordans, Bristol, 2012; Dieter Berstecher und Thierry Delahaye, Touts les enfants ont les mêmes droits, Flammarion, Paris, 2012; Alexis Ferrier, Mon livre des droits des enfants, Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, Montigny, 2012. Es ist interessant zu sehen, was er sagt, der internationalen Charta-Arbeit der Ausschuss Frauen Französisch des Arbeitsmarktes (1919), in denen lesen Sie über den Schutz von Kindern und Jugendlichen: „An efficient protection of childhood and youth shall be ensured in order to make the generations to come finer physically, morally and intellectually. ... From fifteen to eigteen years of age attendance at continuation schools shall be compulsory. College education shall be open to all boys and girls“ (Comité Féminin Français du Travail, Charte internationale du travail, Sécrétariat du C. F. F. T., Paris, 1919, S. 20). 50 Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe Das sogenannte „Projekt Mulhacén 1:1“ war der Titel des Kurzreferats von Alejandro Serrano Fernández und Miguel Asensio Castaño. Dabei handelt es sich um ein bahnbrechendes pädagogisches Projekt in Spanien und in Andalusien, das im Gymnasium Mulhacén in Granada, dem Flaggschiff und der am meisten anerkannten Attendis-Schulen, angewendet wird. Auf der einen Seite existiert im Mulhacén ein bemerkenswertes pädagogisches Anliegen bezüglich der Beurteilung der Bedürfnisse der einzelnen Schüler und des Versuchs, die Leistung jedes einzelnen Schülers zu maximieren. Auf der anderen Seite hat es der Lehrkörper des Mulhacén geschafft, die außer Kontrolle geratene Technologie zu bremsen, was in anderen Schulen nicht erreicht wird; die Schüler des Mulhacén in Granada haben eine hervorragende Handhabung von Informationstechnologie erreicht ohne die ein Vergleich mit anderen Schulen, Hochschulen und Instituten einschließlich der eigenen Bildungseinrichtungen der Firma Attendis möglich wäre. Sehr eng verbunden mit den Gymnasien Mulhacén und Monaita von Granada war ausgerechnet der ehemalige Lehrstuhlinhaber für Philosophie an der Universität von Granada Armando Segura, der nicht die Möglichkeit gehabt hat, an diesem Kongress teilzunehmen; er hat aber den Vorstoß einer Idee gemacht, die es verdient in der Lehre der Mathematik und der Religion als Orientierung zu dienen, wonach es einen Weg gibt, um die Existenz Gottes aus den Mathematikwissenschaften zu beweisen4/57; dies führt soweit, dass Russell und Boole einen neuen Ansatzpunkt der Mathematik mit Plato verbunden 57 [4/2-6] Das notiert Armando Segura, Homo multidimensional, Comares, Granada, 2012. 51 Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein etablieren. So führt uns laut Armando Segura die Unfehlbarkeit und Zeitlosigkeit der mathematischen ideellen Objekte zur Gottheit und dem Begriff der Ewigkeit, weil anerkannt wird, dass die Zahl π ewig ist. Auf der anderen Seite werden nicht nur einige Zahlen, sondern auch einige Gleichungen nicht mit den Sinnen wahrgenommen; sie sind unabhängig von der Natur und wenn wir betrachten, dass alle Realität, die nicht von Gott selbst geschaffen wurde, Gott sein muss. Folglich gibt es keine mathematischen Zahlen, die nicht erstellt werden können, und deshalb Gott sind. Laut Armando Segura hat Gott, mit anderen Worten ausgedrückt, die Welt nach mathematischen Gesetzen erschaffen. Die mathematische Sprache Gottes ist diejenige, die es ihm erlaubt hat, die Natur zu schaffen. Es scheint jedoch schwierig, solche Überlegungen den Schülern der Philosophie des aktuellen Abiturs zu vermitteln. Es ist auch nicht zweckmäßig, den Realschülern im Fach der Religion diese Schlussfolgerungen, zu denen Armando Segura kommt, zu lehren, denn sie würden mehr Verwirrung als Klarheit über das, was Gott ist, und über jegliche Idee der Transzendenz schaffen. Antonio Fernández Bermúdez, Abteilungsleiter des europäischen Bildungsprogramms des Erziehungsministeriums der andalusischen Regierung, sprach zum Thema „Die Europäische Union und junge Menschen: Mobilität, Austausch und europäische Projekte.“ Die europäischen Studenten sind Bürger Europas. Wie auch unter anderen historischen Umständen seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft der Kohle und des Stahls wurde der Schwerpunkt nicht so sehr auf die Bildung und Bildungspolitik, sondern viel mehr auf den Handel und die Industrie gesetzt; in der Europäischen Akte von 1987 wurde festgehalten, dass die es notwendig ist, der Bildung eine europäische Dimension zu geben. Seitdem sind viele europäische Ausbildungsprogramme entstanden. Fernández Bermúdez erklärte das Programm Erasmus for all, das für den Zeitraum 2014 bis 2020 vorgesehen ist, und das die Bildung, die berufliche Ausbildung, Jugend und Sport integriert. Die Einführung des Programms Erasmus for all wird zu einer transnationalen Mobilität der Bildung, bildungspolitischen Reformen und einer Zusammenarbeit für Innovationen im Bildungsbereich und auf der anderen Seite zum Ideenaustausch und Lösungen beitragen. Die Realschulen und Gymnasien müssen sich ab diesem Jahr bemühen, ein Programm der europäischen Internationalisierung zu starten. José Manuel Rodríguez Delgado, Professor am Gymnasium Romeral in Málaga, erklärte dem Publikum eine Initiative mit dem Namen Comeniusprojekt, 52 Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe das darin besteht, die europäische Dimension seiner Schule mit zwei anderen Gymnasien in Amsterdam und Oporto zu reformieren. Die Koordination wird von Málaga aus gemacht. Diese sogenannten Comenius-Schulpartnerschaften erhalten europäische Finanzierung. Die Partnerschaft zwischen den drei Zentren bezieht sich mehr auf die Schüler als auf die Lehrer und konzentriert sich vor allem auf Physik, Chemie, Mathematik und Umweltwissenschaften. „Euroscola: eine motivierende Erfahrung im Klassenzimmer“ war der Vortrag von Palom Expósito Reyes, Lehrerin am Gymnasium Monaita von Granada. Die zentrale Idee ihrer Rede war, dass die Bildung nicht so sehr auf Wissen, sondern eher auf Tugenden und Werte gerichtet sein sollte, worin Monaita eine lange Erfahrung hat. Es muss sich für ein Europa der Bürger entschieden werden und nicht für ein Europa der Geschäftsleute und finanziellen Plutokraten. Für die Schüler des Monaita wird ein interaktiver Wettbewerb im Internet gestartet werden, in dem sie ihre Kenntnisse über die Geschichte, die Institutionen und die europäische Kultur vertiefen können. Der Wettbewerb wird die Anstrengungen der Schülerinnen und die Wichtigkeit einer gut gemachten Arbeit fördern. Das europäische Projekt CLOHE besteht darin, mechanisches Spielzeug, authentische Automaten, einzusetzen, um das Lernen der Schüler der Grundschule mittels der Kombination von Spiel und Technologie zu verbessern. Dieses Projekt CLOHE wurde von Covadonga Basagoiti, Lehrer am Gymnasium Puertoblanco mit Sitz in Algeciras kommentiert. Michael Milanovic, Beisitzer des ESOL in Cambridge und Spezialist für Bewertungsüberprüfung der englischen Sprachkenntnisse, präsentierte seinen englischen Beitrag „The Importance of International Frameworks and Certification in the World Today“, in dem er den sogenannten europäischen Bezugsrahmen zur Bestimmung der 53 Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein Sprachkenntnisse mittels einer Methode, die hauptsächlich in Englisch angewandt wird, erklärte. Shahrookh Khambatta Damania, Lehrer am Gymnasium Altocastillo in Jaén, erklärte die Wichtigkeit des iPAD als Instrument oder technologisches Werkzeug zur Vorbereitung von Prüfungen für Englisch an der Universität Cambridge. Die Verbindung und Empathie zwischen Lehrer und Schüler wird durch das iPAD im sogenannten Mobile Learning verbessert. Die Lehrerin Ana E. Varona Cabrera des Gymnasiums Puertapalma in Badajoz erklärte die als Era ING bekannte Unterrichtsmethode. Sie berücksichtigt den Sender (Lehrer), die Botschaft oder das Material, was vermittelt werden soll, und den Empfänger (Schüler); dies alles steht in einem Zusammenhang, nämlich dem Klassenzimmer. Bezüglich der Botschaft muss der Nachdruck in die Worte, den Tonfall und die Körpersprache gelegt werden. Varona Cabrera kommt zu dem folgenden Schluss: „Die gesamte Kommunikation ist eine Beziehung, die Auswirkungen auf den Empfänger haben muss. Dies erfordert von unserer Seite, Treue und Authentizität in dem, was wir vermitteln, denn wir sind uns einigt, dass unsere Körpersprache und unsere Haltung von Bedeutung sind. Als Sender legen wir den Grundstein für den Erfolg in der Reaktion des anderen, die von der Balance zwischen unserer Person und unserer Rolle, nämlich dem Bildungsauftrag, abhängig ist“ (S. 76). Die Professorin für Hispanistik an der Universität Lund (Schweden) Inger Enkvist schloss den Kongress in perfektem Spanisch über die Faktoren der pädagogischen Qualität in östlichen und westlichen Ländern. Nach Enkvist beweisen verschiedene internationale Studien aus asiatischen Ländern wie Japan, Südkorea, Singapur, Hongkong im Vergleich zu den Vereinigten Staaten eine Überlegenheit des Ostens. Die Rednerin stellte drei Studien, eine aus dem Jahr 1992 und zwei aus dem Jahr 1999, vor, die die hohe Qualität des Unterrichts in Japan im Gegensatz zu den Vereinigten 54 Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe Staaten demonstrieren. In den Grundschulen stellte sich heraus, dass die Lehrer für Mathematik in China viel besser vorbereitet sind und ihren Unterricht besser halten als die in den Vereinigten Staaten, weil sie ein höheres Wissen über das Thema haben als die Amerikaner; dies ist teilweise dadurch bedingt, dass bei der Auswahl eines Professors für Mathematik in China eine sehr hohe Konkurrenz bei der Anzahl der Teilnehmer pro Arbeitsplatz im Vergleich zum amerikanischen Riesen vorliegt. Das Niveau der Grundschulbildung und die Ergebnisse in Finnland sind in fast allen Fächern höher als in Portugal, Spanien, Griechenland, Zypern und Italien. Inger Enkvist kritisierte auch die sogenannte europäische „progressive Pädagogik“. Auf der anderen Seite ist es aber bekannt, dass die schwedische Professorin eine weltbekannte Verteidigerin der nach Geschlechtern getrennten Erziehung ist. Die single-sex-schools oder die von ihren Verteidigern und Befürwortern für getrennte Erziehung in Spanien sogenannte differenzierte Bildung wird in einigen Ländern immer relevanter. Zu den ernsthaftesten und bedeutendsten Ideologen dieser Richtung zählen Katarzina Szymała in Warschau, Jaume Camps i Bansell5/58 in Barcelona und Horst Henner in Berlin. Diese sind nur einige von denen, die diese Richtung mit 58 [5/2-6] Jaume Camps i Bansell und Enric Vidal, Familia, educación y género, Barcelona, 2007; Jaume Camps, „Christina Hoff Sommers. La guerra contra los chicos. Cómo un feminismo mal entendido está dañando a los chicos jóvenes“, in Revista internacional de Sociología, LXV, Heft 47 (2007), S. 233-236; „Ideologías de género y cultura contemporánea“, La familia, paradigma de cambio social, Barcelona, 2008, S. 365-384; La socialització de gènere a l’escola, UIC-Publicacions, 2011, was seine Doktorarbeit in Pädagogik ist; „La educación diferenciada por sexos y la cultura escolar“, E. Vierheller, Nuevo paradigma escolar, Rosario, 2012, S. 17-32; „Single-Sex Education in the XXI Century“, Single-sex education: an option in the forefront of education, Lisboa, 2013, S. 19-42. 55 Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein theoretischer Strenge verteidigen. María Calvo Charro aber, die eine Vielzahl von Vorträgen und Klassen über geschlechtergetrennte Erziehung hält, hinterlässt den Eindruck, dass sie wie ein Star ihre Shows der Iberischen Halbinsel abgibt; viele Theoretiker der Pädagogik und Psychologie (hauptsächlich in der Gruppe um Jaume Camps in Katalonien) weichen aber ihren Vorschläge und ihrer Inszenierung ab6/59. Inger Enkvist hat offensichtlich Enkvist Inger hat einen solideren Ansatz, zumindest in dem, was in Spanisch veröffentlicht wurde7/60, das das in Schwedisch Erschienene für Normalsterbliche unzugänglicher ist. Neben dem Dauerthema der geschlechtergetrennten Erziehung stand ein weiteres Problem bei dem von Attendis organisierten Kongress zur Debatte, und zwar die Frage der Lehrfreiheit. Es ist, wie jeder weiß, ein missverständliches Thema, das zu unterschiedlichen und unvereinbaren Interpretationen führt. Die Franzosen haben die Lehrfreiheit ganz elegant theoretisiert. Der Staatsjurist der Dritten Französisch Republik Adhémar Esmein erklärt in Bezug auf die Lehrfreiheit, dass das, was in der Erziehung in der Grundschule und Sekundarstufe gefordert wurde, von religiösem Interesse war, damit „die Kinder keine Unterrichtung entgegen der Religion ihrer Eltern erhielten und dass sie in dieser Religion unterwiesen werden“8/61. Für Esmein ist dies ein von Menschen sehr geschätztes Recht, das aber gefährlich werden kann, wenn es von der politischen Partei, die an der Macht ist, manipuliert wird. Auf Hochschulebene ist die Lehrfreiheit wegen ihrer wissenschaftlicheren Inhalte von Bedeutung. Für Adhémar Esmein erlitt die Geschichte der akademischen Freiheit mit den gleichen Bildungschancen für alle Bürger einen herben Rückschlag als Folge der Französischen Revolution mit dem staatlichen Monopol und der Willkür, der die Ausbildung unter Napoleon Bonaparte unterzogen wurde9/62. Doch in Frankreich im späten XIX. Jahrhundert führte der Minister für den öffentlichen Unterricht und die Schönen Künste und Leiter des Ministerrates Jules Ferry (1832-1893) Reformen im Jahr 1882 ein, die eher als Feinde anstatt Verteidiger der akademischen Freiheit angesehen werden müssen. Denn sie haben dazu beigetragen, die öffentliche Bildung und moralische Erziehung in einer Schule zu integrieren, die die Republik repräsentiert, während der Familie die Zuständigkeit des Religionsunterrichts zugeschrieben wurde10/63. Auf der 59 [6/2-6] María Calvo Charro, El derecho a una educación diferenciada, Córdoba, 2005; „Libertad y enseñanza. El derecho a una educación diferenciada“, in Nueva Revista, Nr. 97 (2005), S. 49-76; Iguales pero diferentes, Córdoba, 2007; „Apoyo de la jurisprudencia española a la educación diferenciada como una opción legítima dentro de la libertad de elección de centro docente de los padres“, in La Ley, año XXVIII, Nr. 6711 (11 Mai 2007), S. 1-4 y „La educación diferenciada. Un modelo de educación personalizada y una opción de libertad“, in Familia, género y educación, Barcelona, 2007, S. 137-186. 60 [7/2-6] Inger Enkvist, La educación en peligro, Madrid, 2000; Educación, educación, educación. Aprender de las reformas escolares inglesas, Madrid, 2006; La buena y la mala educación. Ejemplos internacionales, Madrid, 2011 y Las contradicciones entre los estudios de género, la nueva pedagogía y la calidad de la educación, San José, 2011. 61 [8/2-6] Adhémar [Jean Paul Hyppolite Emmanuel] Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, 7. Ausgabe, Paris, 1921, Vol. II, S. 590. 62 [9/2-6] Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Vol. II, S. 591-592. 63 [10/2-6] Sein Rundschreiben an die Lehrer in Frankreich vom 17. November 1883 ist sehr berühmt. Er beschreibt, wie das genannte Gesetz von 1882 angewendet werden soll, indem er präzisiert, dass „die religiöse Unterweisung den Familien und der Kirche unterliegt, die 56 Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe anderen Seite bestätigt Adhémar Esmein in Bezug auf Kinder von 6 bis 13 Jahren, dass sie „nicht nur eine Sache der Eltern oder Familie gehört sind, so respektabel auch die elterliche Autorität sein mag. Es ist die Freiheit des Kindes, seine ureigenste Freiheit, die das Gesetz über die Schulpflicht garantiert“11/64. Allerdings überrascht Esmein wieder, wenn er sagt, dass die Freiheit des Gewissens, wenn wir sie in einem strengen Sinn betrachten, ein negatives Recht ist. In diesem Zusammenhang stellt er klar, dass der europäische Protestantismus, „der von einem Geist der wahren religiösen Freiheit inspiriert gewesen zu sein schien, als er triumphierte und in der Lage war, die öffentlichen Behörden zu kontrollieren oder zu inspirieren, äußerst intolerant und unfair dem Katholizismus gegenüber war“12/65. Als Folge des Gesetzes der Trennung von Kirche und Staat vom 9. Dezember 1905 war die Behauptung, dass die Republik die Gewissensfreiheit garantiert, am Ende und hat sich folgenderweise gewandelt: „Der rein weltliche Charakter, der durch unsere Gesetze in den öffentlichen Grundschulen eingeführt wird, ist gleichermaßen eine einfache Anwendung der Gewissensfreiheit. Diese Neutralität der öffentlichen Schulen ist es, die versucht, die religiösen Überzeugungen aller Eltern zu respektieren“13/66. In der Praxis war das erreichte Ziel im Laufe der Zeit sehr unterschiedlich. Das Prinzip sollte klar sein: Eltern sollten das Recht haben, dass ihnen die Art von moralischer und religiöser Erziehung, die sie für ihre Söhne und Töchter möchten, anerkannt wird und dass die Behörden dieses Recht schützen; es darf keine Instrumentalisierung mit Ideologien stattfinden, die die Eltern nicht teilen. Insbesondere in Spanien wurden die grundlegenden Freiheiten missbraucht, weil die Studierenden der verschiedenen Bildungsebenen, einschließlich der Universität, während der Francodiktatur die Bildung des Nationalgeistes studieren und den Inhalt und die Prinzipien der sogenannten fundamentalen Gesetze kennen mussten. Das gleiche kann zu dem unsinnigen Fach „Erziehung für die Staatsbürgerschaft“, das in der Sekundarstufe und dem spanischen Abitur von der Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero eingeführt wurde, gesagt werden. Der Staat muss die Zuständigkeit für Unterricht haben, aber nicht für eine ideologische Bildung, egal welcher Art sie ist. moralische Einführung der Schule. Der Gesetzgeber will nicht, dass eine negative Aufgabe durchgeführt wird. Zweifelsohne ist der erste Sinn, die Schule von der Kirche zu trennen, die Gewissensfreiheit der Lehrer und der Schüler zu schützen, letztendlich zwischen zwei Angelegenheiten, die lange Zeit verwechselt wurden, zu unterscheiden: Die Überzeugungen sind persönlich, frei und veränderbar, und die Kenntnisse, die einheitlich und untrennbar für alle sind“ (Jules Ferry, en Lettre aux instituteurs, 17 November 1883). Der französische Text ist in Dutzenden Stellen veröffentlicht. 64 [11/2-6] Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Vol. II, S. 601. 65 [12/2-6] Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Vol. II, S. 601. 66 [13/2-6] Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Vol. II, S. 602. 57 Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein [El presente trabajo ha sido realizado (parcialmente) en el seno del proyecto I+D+i “Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores” (nº de referencia FFI2012-38881), Responsable: Gloria Corpas Pastor]. [Recibido el 11 de mayo de 2013 y aprobado el 27 de mayo de 2013]. 58 GENÈSE DES LOIS DE LA FAMILLE EN FRANCE 1954-2013. [TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS AL CASTELLANO DE LA LEY BELGA DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL Y DE LA CARTA ABIERTA DIRIGIDA A LOS SENADORES Y SENADORAS DE LA REPÚBLICA FRANCESA POR 170 CATEDRÁTICOS Y PROFESORES TITULARES DE DERECHO DE LAS UNIVERSIDADES FRANCESAS] Jean-Louis CLÉMENT* [Manuel J. PELÁEZ]** [Elisabeth PÉREZ BAUTISTA]*** Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista (2013): "« Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 ». [Traduccion del francés al castellano de la Ley belga del matrimonio homosexual y de la Carta abierta dirigida a los senadores y senadoras de la República francesa por 170 catedráticos y profesores titulares de Derecho de las universidades francesas]", en Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013). Puede verse en línea el contenido de este artículo en: http://www.eumed.net/rev/historia/06/famille-france.html. RESUMEN: Se recoge en este artículo el texto de un trabajo elaborado por JeanLouis Clément sobre la génesis de las leyes del matrimonio en Francia desde 1958 a 2013. La Ley nº 2013-404, de 17 de mayo de 2013, referente al matrimonio entre parejas de personas del mismo sexo ha sido aprobada en Francia con una repercusión mediática notable. Elisabeth Pérez Bautista ha traducido la Ley belga de 13 de febrero de 2003 sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Se incluye también en la presente publicación la carta abierta dirigida a los Senadores y Senadoras de la República francesa firmada por 170 catedráticos y profesores titulares de Derecho de las Universidades francesas, y cuya redacción y coordinación ha sido llevada a cabo por Guillaume Drago, catedrático de Derecho público de la Universidad de París 2 Panteón-Assas, y por Aude Mirkovic, profesora titular de Derecho privado de la Universidad de Evry Val d’Essonne. En un próximo número de esta misma publicación periódica incluiremos la traducción al completo al castellano de la Ley francesa del matrimonio homosexual. PALABRAS CLAVE: Guillaume Drago, Aude Mirkovic, François Hollande, JeanLouis Clément, Manuel J. Peláez, Elisabeth Pérez Bautista, Pierre Simon, Édouard Schuré, Rudolf Steiner, Georges Duhamel, Jacques Monod, Paul Chauchard, Charles Hernu, Jacques Derogy, André Gide, Familia, Matrimonio, Matrimonio homosexual, Matrimonio republicano. RESUM: Es recull en aquest article el text d'un treball elaborat per Jean-Louis Clément sobre la gènesi de les lleis del matrimoni a França des de 1958 a 2013. La Llei nº 2013-404, de 17 de maig de 2013, referent al matrimoni entre parelles de persones del mateix sexe ha estat aprovada a França amb una repercussió mediàtica notable. Elisabeth Pérez Bautista ha traduït la Llei belga de 13 de febrer de 2003 sobre el matrimoni entre parelles del mateix sexe. S'inclou també en la present publicació la carta oberta dirigida als senadors i 59 Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista senadores de la República francesa signada per 170 catedràtics i professors titulars de Dret de les Universitats franceses; la redacció i coordinació de la carta oberta ha estat duta a terme per Guillaume Drago, catedràtic de Dret públic de la Universitat de París 2 Panteó-Assas i per Aude Mirkovic, professora titular de Dret privat de la Universitat de Evry Val d’Essonne. En el número 7 o 8 d'aquesta mateixa publicació periòdica inclourem la traducció al complet de la Llei francesa del matrimoni homosexual. PARAULES CLAU: Guillaume Drago, Aude Mirkovic, François Hollande, JeanLouis Clément, Manuel J. Peláez, Elisabeth Pérez Bautista, Pierre Simon, Édouard Schuré, Rudolf Steiner, Georges Duhamel, Jacques Monod, Paul Chauchard, Charles Hernu, Jacques Derogy, André Gide, Família, Matrimoni, Matrimoni gay, Matrimoni republicà. 1. Introduction Le docteur Pierre Simon (1925-2008) devint connu du grand public français le jour où il fit distribuer, au printemps 1973, à la sortie des lycées le tract intitulé : « Apprenons à faire l’amour, apprenons à faire la fête ». Ce document substitue à la carte des tendres sentiments un descriptif précis de la physiologie de l’amour. Sa lecture par la jeunesse de ce temps-là participa grandement à la révolution sexuelle. L’acte provocateur de ce médecin obéissait à une logique qu’il a eu l’obligeance d’expliquer dans un livre paru en 19791/67. Le but ultime de son projet est le contrôle, par une sexualité libérée de la procréation, de la violence sociale au moment de la « modernisation » de la société réorganisée en vue de la production et de la consommation sans respect pour le travail et sa valeur humaine. Le jugement qu’il porte sur l’évolution de la notion de famille est éclairant : « La famille traditionnelle s’effrite ; la voici réduite à l’unité biologique : la cellule conjugale, alors que la famille élargie d’autrefois était une véritable unité de production. On y accueillait l’enfant comme on faisait l’emplette d’un outil […] »2/68. En effet, l’exigence de la reproduction humaine, écrit-il, n’est plus au XXème siècle la même qu’au Moyenâge où la survie de l’espèce humaine, en raison de la faim, des épidémies et de la guerre, était aléatoire3/69. Pour tenter de comprendre les jugements du docteur Simon, il faut dégager les principes de sa philosophie politique et sociale. Ceux-ci ont été mis en œuvre en deux temps : la légalisation de l’avortement (1955-1975) puis la légitimation de l’homosexualité (1973-2013). 2. Les sources de la philosophie du docteur Simon Messin né dans une famille de confession juive dans laquelle le père était athée et la mère très religieuse, il découvrit le mouvement de pensée * Institut d’Études Politiques. Université de Strasbourg. ** Catedrático de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Málaga. *** Licenciada en Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga. 67 [1/3-6] Pierre Simon, De la vie avant toute chose, Paris, Mazarine, 1979, 258 p. 68 [2/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 95. 69 [3/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 94. 60 Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 gnostique4/70 vulgarisée par Édouard Schuré (1841-1929), un membre éminent de la bourgeoisie luthérienne de Strasbourg ayant fait carrière dans les salons républicains de Paris. Il fut un disciple du théosophe Rudolf Steiner et, dans Les Grands Initiés paru en 1916, il présenta Moïse comme le premier de ceux qui ont dévoilé le sens secret des choses. Cet engouement atteste que Pierre Simon adhère au principe du monde incréé se suffisant en lui-même et par luimême. Sur ce fondement métaphysique, ce médecin greffe les théories du docteur Alexis Carrel (1873-1944). Disciple français de l’école de médecine eugéniste de Chicago, ce chirurgien lyonnais, qui mit au point une méthode nouvelle de suture des artères et des veines –motif de son prix Nobel de médecine en 1912–, a une conception de la personne étrangère à celle du christianisme pour lequel celle-ci naît de la prise de conscience de la création divine. Il écrit au président de l’Académie Pontificale des Sciences en 1936 ces mots significatifs : « Mais la science pour la vie n’est pas autre chose que la science de l’homme en tant qu’ensemble organique et spirituel lié au milieu cosmique et social »5/71. Dans son livre L’Homme cet inconnu dont la première édition est de 1935, Alexis Carrel explique : « Si elle reconnaissait la personnalité des êtres humains, la société serait obligée d’accepter leur inégalité. Chaque individu doit être utilisé d’après ses caractères propres. En essayant d’établir l’égalité entre les hommes, nous avons supprimé des particularités individuelles qui étaient très utiles. Car le bonheur de chacun dépend de son adaptation exacte à son genre de travail ». Les individus inutiles à la société tels les déficients mentaux et les criminels, en raison du coût d’entretien des prisons et des asiles d’aliénés, il envisage sereinement de les euthanasier par “gaz approprié”6/72. 3. Les grandes arêtes de la philosophie de Pierre Simon Formé à cette école renouvelée du positivisme7/73, Pierre Simon considère que l’objet du politique est le social et non la personne créée à l’image de Dieu. Voilà pourquoi il peut écrire : « Ce n’est pas la mère seule, c’est la collectivité tout entière qui porte l’enfant dans son sein. C’est elle qui décide s’il doit être engendré, s’il doit vivre ou mourir, quel est son rôle et son devenir »8/74. De ce point de vue, il est fidèle à l’enseignement maçonnique qui dit que « l’homme n’est jamais seul, il porte en lui tous les autres »9/75. Le malthusianisme qui conduit à adapter la taille de la population à la quantité de biens qu’offre le Banquet de la Nature guide Pierre Simon qui admet ceci: « Nous savons que les bouleversements sociaux engendrés par la révolution industrielle dans les 70 [4/3-6] La gnose est la connaissance par initiation du sens de L’Histoire. Celui-ci se révèle par les « signes du temps » c’est-à-dire les événements dont la succession est guidée par une logique perceptible par les seuls initiés. 71 [5/3-6] Alain Drouard, Alexis Carrel (1873-1944) De la mémoire à l’histoire, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 28. 72 r [6/3-6] D Alexis Carrel, L’Homme cet inconnu, Paris, Plon, 1936, p. 386 à 388. 73 [7/3-6] Auguste Comte, fondateur de la philosophie positiviste, exclut les notions de cause et de finalité dans l’élaboration de la méthode scientifique pour le motif que ces notions sont métaphysiques. Elles renvoient à l’idée de création qui est posé par principe comme non scientifique. 74 [8/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 15. 75 [9/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 17. 61 Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista pays développés et que l’extraordinaire explosion démographique des pays en voie de développement posent des limites matérielles à l’accroissement de la population »10/76. Pierre Simon a conscience que sa philosophie de la vie est aux antipodes des conceptions traditionnelles héritées des philosophies antiques et de la tradition judéo chrétienne. D’emblée il avance que : « si la première grande victoire de la médecine fut de faire reculer la mort, la seconde sera de changer la nature même de la vie » ; en conséquence, il récuse toute définition métaphysique de la Vie par l’argument suivant : c’est la connaissance biologique de l’homme et le pouvoir que la science biologique peut exercer sur lui qui crée la nature humaine11/77. La tentation de faire un usage social de la biologie est ancienne. L’écrivain Georges Duhamel (1884-1966), médecin biologiste et républicain de philosophie spiritualiste qui estimait appartenir aux cercles politiques de gauche, notait déjà, vers 1947 ou 1948, ce projet faustien : « Aujourd’hui, au moment où j’écris ces pages, les biologistes, à leur tour, sont troublés, anxieux et non pas seulement parce qu’ils ont compris que la raison, cet instrument merveilleux, n’expliquera pas tout dans le domaine de la vie […] mais parce que le rationnel, entre leurs mains habiles et déconcertées, commence de bafouer le raisonnable. Ils parlent, ou laissent parler, de la parthénogénèse, par exemple, et chez l’homme, rien de moins ! Ils ne désespèrent pas de déterminer les sexes à volonté, d’inventer et de contraindre des vertus, de susciter des races élues, souverainement spécialisées, et de faire jaillir du germe des hordes d’esclaves asexués, ce que la nature a permis chez les fourmis et les termites »12/78. À partir des années 1970, la notion de Vie, qui présuppose un principe créateur, cède le pas à la notion de Vivant qui, excluant les notions de cause et de finalité, intéresse seule une science soucieuse de comprendre les modes de fonctionnement. Ce choix philosophique a été fait par les biologistes François Jacob (1920-2013) et Jacques Monod (1910-1976) qui furent prix Nobel en 1965. Le dernier enseigne, dans Le Hasard et la Nécessité (1970) qui fut un succès de librairie, l’auto construction du Vivant dont le développement ne suit aucun plan préétabli par un quelconque Grand Architecte de l’Univers. Jacques Monod en conclut la nécessité de modifier la morale : « Les sociétés modernes ont accepté les richesses et les pouvoirs que la science leur découvrait. Mais elles n’ont pas accepté, à peine ont-elles entendu, le plus profond message de la science : la définition d’une nouvelle et unique source de vérité, l’exigence d’une révision totale des fondements de l’éthique, d’une rupture radicale avec la tradition animiste, l’abandon définitif de l’ « ancienne alliance » […] »13/79 Simon fit sienne la thèse de Monod : « Le miracle d’une création dans laquelle des formes idéales –préconçues– s’incarneraient dans une matière, n’existe pas […] »14/80. Pour cette raison, il s’opposa au docteur Paul Chauchard (1912-2003), accusé de confondre déontologie médicale et 76 [10/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 94. [11/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 13 et 17 78 [12/3-6] Georges Duhamel, Lumières sur ma vie, tome V, Les Espoirs et les Épreuves, Paris, Mercure de France, 1953, p. 9. 79 [13/3-6] Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, Paris, Seuil, 1970, p. 214. 80 [14/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 154. 77 62 Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 théologie pour le motif que ce catholique militait dès 1970 contre la légalisation projetée de l’avortement. En contrepartie, il porta au pinacle l’abbé Marc Oraison (1914-1979), prêtre du diocèse de Bordeaux mais aussi psychiatre, qui avait soutenu des idées libérales en matière de sexualité, contre l’enseignement d’Humanae vitae de Paul VI (1968)15/81. 4. Du spéculatif à l’opératif : la légalisation de l’avortement (1954-1975) Le ralliement de l’abbé Oraison au groupe de pression Littré, composée d’Évelyne Sullerot (n. 1924), Charles Hernu (1923-1990) et d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie (1900-1969), qui militait, par delà les divisions politiciennes16/82, pour une politique libérale de la sexualité, permit le vote de la loi du 29 décembre 1967 dite loi Lucien Neuwirth (n. 1924) autorisant la vente des contraceptifs mécaniques et chimiques afin de prévenir les avortements clandestins et les stérilités féminines consécutives17/83. La présence de ce prêtre dans ce groupe de pression minait de l’intérieur le cadre moral traditionnel socle de la loi du 20 juillet 1920 qui n’autorisait que l’interruption médicale de grossesse et qui interdisait le recours aux contraceptifs. La loi Neuwirth n’est que le fruit d’une longue préparation de l’opinion publique. La loi de 1967 fut adoptée après la création par Évelyne Sullerot et le docteur Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé (1905-1994) de l’association « Maternité heureuse » (1954) qui devint le Mouvement Français pour le Planning Familial (1956). Une campagne médiatique accompagnait cette fondation comme en témoigne le livre du journaliste de L’Express, Jacques Derogy (1925-1997) Des enfants malgré nous (1956). En effet, « la méthode maçonnique est très exactement l’inverse du processus totalitaire. Pour le totalitarisme, l’État est au commencement […] Pour la maçonnerie, en revanche, il faut conscientiser les hommes et ainsi, préparer l’avancement de la société tout entière : tout procède de l’individu et de lui seul »18/84. « Conscientiser » signifie user des méthodes de la propagande pour modeler l’opinion de la foule sur les « sujets de société ». La faire réagir par la sensiblerie est la méthode élémentaire. Au commencement, il faut un électrochoc psychologique. Le 5 avril 1971, Le Nouvel Observateur publie le manifeste des 343 salopes reconnaissant s’être fait avorter. La notoriété de leur nom –l’écrivain Simone de Beauvoir en est le porte drapeau– donne une grande audience à l’événement qui heurte la majorité silencieuse. L’année suivante, à l’automne 1972, la mise en scène du procès d’une jeune fille, jugée à Bobigny pour avortement illégal à la suite d’un viol, permet de faire basculer l’opinion en faveur de la légalisation de celui-ci. Il s’agit là de la mise en œuvre de la psychologie des foules de Gustave Le Bon (1841-1931). Il explique dans Lois psychologiques de l’évolution des peuples (1894) que, pour être adoptée, une idée nouvelle doit être défendue par un petit nombre d’apôtres déterminés qui suscitent dans un premier temps l’opposition de la majorité mais qui, à 81 [15/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 59 et 99. [16/3-6] Les deux premiers sont socialistes et le troisième, gaulliste historique. 83 er [17/3-6] Discours de Lucien Neuwirth du 1 juillet 1967 cité in Jean Garrigues, Les grands discours parlementaires de la Cinquième République, Préface de Jean-Louis Debré, Président de l’Assemblée nationale Paris, Armand Colin, 2006, p. 106 et 107. 84 [18/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 110. 82 63 Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista terme, attirent vers elle les jeunes enclins à adopter toute idée rejetée par les anciens19/85. Il est nécessaire de constater que, dans les débats parlementaires qui ont entouré, à partir du 26 novembre 1974, l’examen du projet de loi légalisant l’avortement, le principe de réalité –l’embryon est un être humain– est écarté. Dans la séance de la nuit du 25 au 26 novembre 1974, le député du Jura, le médecin gynécologue René Feït (1920-2003), avait fait entendre les battements du cœur d’un fœtus enregistrés sur une bande magnétique. À cet argument sonore plaidant pour la vie dès la conception, Simone Veil (n. 1923) rétorquait que ce fœtus n’était qu’un être en devenir et non une personne à part entière : « Plus personne ne conteste maintenant que sur un plan strictement médical, l’embryon porte en lui définitivement toutes les virtualités de l’être humain qu’il deviendra. Mais il n’est encore qu’un devenir, qui aura à surmonter bien des aléas avant de venir à terme un fragile chaînon de la transmission de la vie »20/86. Peu avant, elle avait justifié la loi au motif que « Lorsque l’écart entre les infractions commises [les avortements illégaux] et celles qui sont poursuivies est tel qu’il n’y a plus à proprement de répression, c’est le respect des citoyens pour la loi, et donc l’autorité de l’État, qui sont mis en cause »21/87. Il était donc admis que la loi devait justifier le fait social et non protéger la réalité biologique : la vie de l’embryon. 5. Du spéculatif à l’opératif : la loi du 18 mai 2013 ouvrant le mariage aux homosexuels (1973-2013) C’est sur un modèle similaire qu’il faut replacer la longue marche vers la légalisation du mariage homosexuel. Depuis 1810, l’homosexualité avait cessé d’être un délit mais les comportements de cette nature étaient réprimés par la législation réprimant les atteintes aux bonnes mœurs. Il fallait donc, dans un premier temps, banaliser l’homosexualité. Les mœurs libertaires qui s’épanouirent après la révolte estudiantine et sociale de mai 1968 facilitèrent cela dès l’instant où il était admis, sans contredit possible, l’inexistence d’une nature propre à l’homme. Luc Ferry (n. 1947), intellectuel de la « génération Mai 68 », synthétisait cette idée en 2010 de cette manière : « S’il n’y a pas de « nature humaine », au sens où une essence prédéterminerait l’existence de l’être humain, alors, nous tenons le fondement des droits de l’homme, de l’anticommunautarisme, de la laïcité, de l’antiracisme et de l’antisexisme […] »22/88. Il s’ensuit alors que « L’essentiel […] n’est plus de se confronter à des normes collectives extérieures à soi, proprement « imposantes », mais à parvenir à l’expression de sa propre personnalité, à l’épanouissement de soi »23/89. Au commencement de la banalisation gît la chanson de Charles Aznavour (n. 1924), « Comme ils disent », qui présenta en 1973 ce comportement sous un jour acceptable par l’usage de la compassion à l’égard du « déviant ». Puis vint 85 [19/3-6] Pascal Ory et René Rémond (dir.), Nouvelle histoire des idées politiques, Paris, Hachette, 1987, p. 324 et 325. 86 [20/3-6] Cité in Jean Garrigues, Les grands discours… op. cit., p. 171. 87 [21/3-6] Cité in Jean Garrigues, Les grands discours… op. cit., p. 169. 88 [22/3-6] Luc Ferry, La révolution de l’amour. Pour une spiritualité laïque, Paris, Plon, 2010, p. 226. 89 [23/3-6] Luc Ferry, La révolution… op. cit., p. 251. 64 Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 l’humour bon enfant avec la pièce de théâtre (1973) puis le film (1978) La cage aux folles du réalisateur Édouard Molinaro (n. 1928). Parallèlement, la critique littéraire réhabilitait des écrivains homosexuels comme Oscar Wilde (18541900), André Gide (1869-1951), Marcel Proust (1871-1922) ou Pierre Drieu La Rochelle (1893-1945) qui était voué aux gémonies depuis la fin de la guerre pour sa collaboration avec les nazis. Enfin, au début des années 1980, ce furent les aveux publics d’homosexuels célèbres qui attirèrent à eux la sympathie des foules en raison de leur « courage » et de leur « sincérité » tels Pierre Bergé (n. 1930) et Yves Saint-Laurent (1936-2008), les arbitres de l’élégance. Une action législatrice accompagnait ce « travail sur le profane »24/90. Des intellectuels en vogue, Michel Foucault (1926-1984), Louis Althusser (19181990), Jacques Derrida (1930-2009) et Guy Hocquenghem (1946-1988), signaient, en 1977, une pétition adressée au Parlement pour que l’âge de la majorité sexuelle soit la même pour les rapports sexuels de toute nature. Depuis la loi du 5 juillet 1974, elle était fixée à dix-huit ans pour les relations hétérosexuelles et à vingt-et-un ans pour les relations homosexuelles en vertu d’une modification du Code civil prise par le gouvernement de l’amiral Darlan et publiée le 21 avril 1942 au Journal Officiel de l’État français. Cette mesure avait été confirmée par le Gouvernement Provisoire de la République Française par une ordonnance du 8 février 1945. La majorité sexuelle fut redéfinie sous le gouvernement socialiste de Pierre Mauroy qui mit fin au privilège accordé par le Code civil aux hétérosexuels. La loi du 4 août 1982, dite loi Raymond Forni (1941-2008) le député socialiste qui en fut le rapporteur, fixe la majorité sexuelle à quinze ans pour tous les types de comportement sexuel. Enfin, la loi du 15 novembre 1999 créa, entre le concubinage déclaré en mairie et le mariage défini par le Code civil, le Pacte civil de solidarité (P.A.C.S.) qui n’est plus tout à fait le premier cas de figure et qui n’est pas encore le deuxième cas de figure. La nouveauté réside dans son ouverture aux couples de même sexe –ce qui équivaut à une reconnaissance légale de l’homosexualité– : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune »25/91. Contester la légitimité des couples homosexuels, en arguant d’un droit naturel refusé par principe, était rendu impossible par la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité contre les discriminations et pour l’égalité (H.A.L.D.E.) dont le titre III précise : « Renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe »26/92. Par la suite, la loi organique du 29 mars 2011 portant création du Défenseur des droits reprend les prérogatives de la H.A.L.D.E. avec l’obligation supplémentaire de faire respecter une décision de l’O.N.U. de 2008 prise à l’initiative des Pays-Bas et du gouvernement François Fillon par l’intermédiaire de Rama Yade (n. 1976), secrétaire d’État chargée des Affaires Étrangères et des Droits de l’Homme. Cette décision, préparée sous l’influence d’un groupe de pression homosexuel d’envergure internationale (I.D.A.H.O.27/93) dont le représentant français est 90 [24/3-6] Il s’agit de l’expression maçonnique pour exprimer la propagande sur les esprits des citoyens. 91 [25/3-6] Journal officiel de la République Française, 16 novembre 1999, p. 1659. 92 [26/3-6] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004. 93 [27/3-6] Sigle de International Day Against Homophobia and Transphobia qui est un groupe de pression d’envergure mondiale. 65 Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista Louis-Georges Tin (n. 1974), vise à imposer, à l’échelon mondial, la dépénalisation de l’homosexualité. Donc, quand le candidat François Hollande fait du droit au mariage et à l’adoption pour les couples homosexuels la proposition 31 de son programme électoral au printemps 2012, l’arsenal juridique pour fonder la reconnaissance de droit au mariage homosexuel est déjà en place. Par ailleurs, l’adoption par les homosexuels est une réalité ancienne. La loi du 11 juillet 1966 relègue au second plan l’adoption simple qui n’induit pas une rupture avec la famille d’origine et promeut l’adoption plénière qui assimile l’enfant adopté à un enfant légitime par le sang. Cette adoption plénière qui est une pure fiction juridique était autorisée aux personnes célibataires qui, par nature, ne peuvent pas engendrer seule28/94. Certes le Conseil Constitutionnel, le 28 janvier 2011, à la suite d’une saisine en question prioritaire de constitutionalité29/95, avait débouté les requérants au motif que l’impossibilité du mariage entre personne du même sexe n’était pas une atteinte au principe d’égalité et que la loi pouvait régler de manière différente des situations différentes. Mais c’était oublier que la loi en France repose sur une philosophie positiviste : elle est une norme émanant de la seule volonté de la Nation qui ne reconnait aucune valeur transcendante et éternelle. En conséquence, lorsque le Président du Conseil Constitutionnel, annonce sur les ondes d’un poste radiophonique le 24 janvier 2013, que la forme du mariage est définie par la volonté des élus de la Nation et non sur un intangible droit naturel, il se place dans la pure tradition de la République. La décision du même Conseil en date du 17 mai 201330/96 est parfaitement cohérente avec cette philosophie positiviste du droit. Demeure en suspend la reconnaissance des droits parentaux de l’époux homosexuel sur l’enfant adopté par son conjoint. En effet, la Cour de cassation a énoncé par deux arrêts du 7 juin 2012 que le principe français de la filiation repose sur l’altérité sexuelle31/97. Ce principe sera-t-il intangible ? Il n’est pas indifférent de relever que la sociologie, sous la houlette d’Irène Théry (n. 1952) qui est sociologue et directrice de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales depuis 1997, s’emploie à redéfinir, pour « comprendre et guider le changement », la notion de procréation distinguée de celle d’engendrement afin de « dématrimonialiser » (sic) la filiation selon le modèle du couple hétérosexuel et afin de faire admettre la filiation non seulement par l’adoption par un couple homosexuel mais par l’engendrement avec un tiers donneur simple procréateur32/98. 6. Conclusion Le 7 novembre 2012, la Garde des Sceaux et Ministre de la Justice déclarait au quotidien Ouest-France à propos du projet de loi portant sur l’ouverture du 94 [28/3-6] Danièle Huet-Weiller, « France : l’adoption », dans Revue internationale de droit comparé, Vol. 37, n° 3, juillet-septembre 1985, p. 612 et 613. 95 [29/3-6] Conseil Constitutionnel décision n° 2010-92 QPC 28 janvier 2011. 96 [30/3-6] Conseil Constitutionnel décision n° 2013-669 DC 17 mai 2013. 97 [31/3-6] Cour de Cassation Première Chambre Civile Arrêt n° 755 (11-30-261) et arrêt n° 756 (11-30-262) du 7 juin 2012. 98 [32/3-6] L’Express, n° 3225, 24 avril 2013, p. 18 à 24. La notion d’engendrement repose sur l’idéalisme absolu : c’est la volonté de la personne qui crée la réalité de l’engendrement qui peut donc être séparé de l’acte reproducteur. 66 Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 mariage aux couples homosexuels qu’elle allait présenter le jour même en Conseil des Ministres : « C’est une réforme de société et on peut même dire une réforme de civilisation. […] Pourquoi ? Parce que les Français vivent au quotidien des situations de couples de personnes de même sexe, de familles homoparentales, et qu’ils savent que ce n’est pas une catastrophe. Nous ne faisons qu’ajuster le droit à une réalité sociale et humaine ». Cette déclaration est une illustration parfaite du positivisme juridique : la loi vient consacrer un comportement social considéré comme phénomène spontanée que la sociologie vient constater. Or les sciences sociales, la sociologie en particulier, procèdent d’une métaphysique qui pose pour principe que le collectif est seul réel et qui place à son origine l’Art et non le Verbe comme dans la tradition judéo-chrétienne. Cet Art fait corps avec le Temps qui « dispose d’une autre caractéristique : sans relâche, il pousse à l’accroissement de l’ordre. L’ordre est mouvement. Du mouvement surgit la forme. L’univers est bien une architecture ouverte »33/99. Cet Art du Temps agit de manière dialectique depuis la fin de l’ordre naturel garant des sociétés hiérarchiques. Cette dialectique repose sur l’affrontement entre la liberté et l’égalité. Elle trouve sa synthèse dans la reconnaissance sociale qui assure l’Ordre et mène vers la fin de l’Histoire l’homme, cet existant en perpétuel devenir34/100. En conséquence, la doctrine juridique de la République française se nourrit de théosophie. [Recibido el 15 de mayo de 2013. Aceptado el 29 de mayo de 2013] Ley belga del matrimonio homosexual (traducción del francés al castellano de Elisabeth Pérez Bautista)35/101 Por el Rey de Bélgica. Alberto II La vice-primera ministra, Ministra de movilidad y transportes. Sra. I. Durant El secretario de Estado de energía y de desarrollo sostenible. O. Deleuze Revestido del sello del Estado: El ministro de Justicia. M. Verwilghen Nota Documentos de la Cámara de Representantes. Sesión 2001 – 2002. 99 [33/3-6] Pierre Simon, De la vie… op.cit., p. 155. [34/3-6] Francis Fukuyama, La fin de l’Histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, 1992, 344 p. Julien Freund, « Negación y manipulación de la naturaleza humana. Las utopías del hombre total » [Conférence donnée à Bruxelles en 1973], dans Empresas políticas, año III, número 5, 2° semestre 2004, p. 187 à 196. 101 [35/3-6] Traducción con ©, del francés al castellano, a cargo de Elisabeth Pérez Bautista. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de dicha traducción. 100 67 Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista Proyecto de ley, nº 50 1910/001. Sesión 2002 – 2003 Enmienda, nº 50 1910/002. — Enmienda, nº 50 1910/03. — Informe, nº 50 1910/004. — Texto adoptado por la comisión, nº 50 1910/005. — Texto adoptado en la sesión plenaria y remitido al Senado, nº 50 1910/006. Documentos del Senado: Sesión 2002 – 2003 Procedimiento de revocación, nº 2- 1376/1. — Enmiendas, nº 2- 1376/2. — Informe, nº 2- 1376/3. — Enmiendas nº 2- 1376/4. — Decisión de no enmendar, nº 2- 1376/5. __________________ SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE JUSTICIA F. 2003 — 820 [2203/09163] 13 de febrero de 2003. Ley que abre la vía al matrimonio entre personas del mismo sexo y modifica ciertas disposiciones del Código Civil (1) Alberto II, Rey de los Belgas, A todos, presentes y venideros, Saludos. Las cámaras han adoptado y nosotros sancionamos lo siguiente: Capítulo 1º. — Disposición general Artículo 1º. La presente ley establece una materia consagrada en el artículo 78 de la Constitución. Capítulo II. — Modificación de las disposiciones del Libro 1º del Código Civil Artículo 2º. En el texto, en francés, del artículo 75 del Código Civil, las palabras «para marido y mujer» son remplazadas por las palabras «para esposos». Articulo 3º. El artículo 143 del mismo Código, derogado por la ley del 31 de marzo de 1987, es restablecido en la siguiente redacción, y es desplazado al capítulo 1º del Título V del Libro 1º del mismo Código: «Art. 143. — Dos personas de diferente sexo o del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Si el matrimonio ha sido contraído entre personas del mismo sexo, el artículo 315 no es aplicable». Artículo 4º. En el artículo 162, párrafo primero, del mismo Código, modificado por las leyes del 31 de marzo de 1987 y del 27 de marzo de 2001, las palabras «el hermano y la hermana» son remplazadas por las palabras «hermanos, entre hermanas o entre hermano y hermana». 68 Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 Artículo 5º. El artículo 163 del mismo código es substituido por la siguiente disposición: «Art. 163. — Sigue prohibido el matrimonio entre el tío y la sobrina o sobrino, o entre la tía y la sobrina o el sobrino». Artículo 6º. El artículo 164 del mismo Código es remplazado por la disposición siguiente: «Art. 164. — Sin embargo, es lícito para el Rey levantar, por causas graves, la prohibición fijada en el artículo precedente, que incluye la prohibición prevista al artículo 162 en relación a matrimonios entre cuñado y cuñada, cuñado y cuñado o cuñada y cuñada». Artículo 7º. El artículo 170 del mismo Código, remplazado por la ley del 12 de julio de 1931 y modificado por la ley del 1 de marzo de 2000, es remplazado por la siguiente disposición: «Art. 170. — Serán considerados como válidos en Bélgica, en cuanto a la forma: 1º Los matrimonios entre Belgas así como entre Belgas y extranjeros celebrados en un país extranjero de acuerdo a las formas usadas en el susodicho país; 2º Los matrimonios entre belgas así como entre belgas y extranjeros celebrados por los agentes diplomáticos o por los agentes del cuerpo consular, a quienes las funciones de oficiales de estado civil han sido conferidas». Artículo 8º. En el artículo 171 del mismo Código, remplazado por la ley del 12 de julio de 1931, las palabras «o de la primera disposición de la esposa si ésta vuelve sola al territorio del reino» se remplazan por las palabras «o la primera disposición de uno de los esposos, si éste vuelve solo al territorio del reino». Artículo 9º. En el artículo 206, 1º, del mismo Código, las palabras «la suegra» son remplazadas por las palabras «el suegro o la suegra». Artículo 10. Al artículo 313, § 3, del mismo Código, remplazado por la ley del 31 de marzo de 1987, son aportadas las siguientes modificaciones: 1º En el párrafo primero, las palabras «del marido» son remplazadas por las palabras «del esposo o de la esposa»; 2º En el párrafo 3, las palabras «al marido» son remplazadas por las palabras «al esposo o la esposa». Artículo 11. El artículo 319bis del primer párrafo, del mismo Código, remplazado por la ley del 31 de marzo de 1987, es modificado por la siguiente disposición: «Si el padre está casado y reconoce un hijo concebido por una mujer que no es su esposa, el acto de reconocimiento debe además ser presentado 69 Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista por petición para obtener la homologación del tribunal de primera instancia del domicilio del hijo. El esposo o la esposa del demandante debe ser llamado a la causa». Artículo 12. El artículo 322, párrafo 2, del mismo Código, remplazado por la ley del 31 de marzo de 1987, es casmbiado por la disposición siguiente: «Si el demandado está casado y si el hijo ha sido concebido durante el matrimonio por una mujer de la que no es esposo, el juicio que establece el parentesco debe ser notificado al esposo o la esposa. Hasta esta notificación, no es oponible ni al esposo ni a la esposa, ni los otros hijos nacidos del matrimonio con el demandante o adoptados por los dos esposos». Artículo 13. En el artículo 345, párrafo 2, del mismo Código, remplazado por la ley del 27 de abril de 1987, las palabras «y si los esposos son de diferente sexo» son insertadas entre las palabras «del adoptante» y las palabras «Es suficiente». Artículo 14. Al artículo 346 del mismo Código, modificado por la ley del 27 de abril de 1987, son aportadas las siguientes modificaciones: 1º el párrafo 1º completado del siguiente modo: «de sexo diferente» 2º en el párrafo 3º, las palabras «y siempre que estos últimos sean de sexo diferente», son insertadas entre las palabras «del otro esposo» y las palabras «cualquiera que sea». Artículo 15. En el artículo 361, §2, párrafo 1º, del mismo Código, modificado por la ley del 27 de abril de 1987, las palabras«de sexo diferente» son insertadas las palabras entre las palabras «del cónyuge» y las palabras «del adoptante». Artículo 16. El artículo 368, § 3, párrafo 1º, del mismo Código, remplazado por la ley del 27 de abril de 1987, está completado del siguiente modo: «de diferente sexo». Capítulo III. — Modificaciones de disposiciones del Libro III del Código Civil. Artículo 17. El artículo 1389 del mismo Código, remplazado por la ley del 14 de julio de 1976, es modificado por la siguiente disposición: «Art. 1398. — El régimen legal está fundado sobre la existencia de tres patrimonios: el patrimonio propio de cada uno de los dos esposos y del patrimonio común a los dos esposos, los cuales son definidos por los artículos siguientes». 70 Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 Artículo 18. En el artículo 1676, segundo párrafo, del mismo código, las palabras «contra las mujeres casadas, y» son suprimidas. Artículo 19. El artículo 1940 del mismo código, remplazado por la ley del 30 de abril de 1958, es remplazado por la siguiente disposición: «Art. 1940.— Si la persona que ha hecho el depósito ha cambiado de estado, por ejemplo si el principal declarante se encuentra sujeto a prohibición y en todos los otros casos de la misma naturaleza, el depósito no puede ser restituido más que a aquel que tiene la administración de los derechos y de los bienes del depositante». Artículo 20. En el artículo 1941 del mismo Código, las palabras «por un marido» y las palabras «este marido» son suprimidas. Capítulo IV. — Modificaciones de disposiciones del Libro III, Título VIII, sección IIbis del Código Civil: «Las reglas particulares a los arrendamientos comerciales» Artículo 21. En el artículo 16, III, de la ley del 30 de abril de 1951, relativa a los arrendamientos comerciales, las palabras «la mujer casada» son suprimidas. Capítulo V. — Modificaciones de disposiciones del Libro III, Título XVIII, del Código Civil: «Los privilegios y las hipotecas» Artículo 22. En el artículo 48 de la ley del 16 de diciembre de 1851 conteniendo revisión del régimen hipotecario, las palabras «de la mujer, a menos que ella no los haya adquirido, sea a título de sucesión o de donación, sea a título oneroso, de su propio dinero» son remplazados por las palabras «de su cónyuge, a menos que el no las haya adquirido, sea a título de sucesión o de donación, sea a título oneroso, de su propio dinero». Capítulo VI. — Disposición final Artículo 23. La presente ley entra en vigor el primer día del cuarto mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial Belga. Promulgamos la presente ley, ordenamos que sea revestida del sello del Estado y publicada por el Boletín Oficial Belga. Dado a Bruselas, el 13 de febrero de 2003. Por el rey. Alberto II El ministro de Justicia, M. Verwilghen Revestido del sello del Estado: 71 Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista El ministro de Justicia. M. Verwilghen ————— Sesión ordinaria 2001 – 2002. Senado Documentos parlamentarios: Proposición de ley, nº 2- 1773/1 del 28 de mayo de 2002 depositada por la Sra. Leduc y participantes. Sesión ordinaria 2002 – 2003. Documentos parlamentarios: Enmiendas, nº 2- 1773/2. — Informe del 20 de noviembre de 2002 de la Sra. Kaçar, nº 2- 1333/3. — Texto adoptado por la comisión, nº 2- 1773/4. — Enmienda, nº 2- 1773/5. — Texto adoptado en sesión plenaria y remitido a la Cámara de Representantes, nº 2/1773/6. Anales parlamentarios — Discusión y adopción: sesiones del 27 y 28 de noviembre de 2002. Cámara de los Representantes. Documentos parlamentarios: Proyecto remitido por el Senado, nº 2165/001. — Informe del 24 de enero de 2003 de las Sras. Grauwels y Lalieux, nº 2165/002. —Texto adoptado en sesión plenaria y sometido a sanción real, nº 2165/003. Anales parlamentarios. — Discusión y adopción: sesión del 30 de enero de 2003. Carta abierta dirigida a las Senadoras y Senadores de la República francesa, 15 de marzo de 2013 (traducción al castellano de Manuel J. Peláez)36/102 Señoras senadoras, Señores senadores, Nosotros, los 170 abajo firmantes catedráticos y profesores titulares en las enseñanzas de Derecho de las Universidades francesas, juristas de Derecho privado, de Derecho público e historiadores del Derecho, nos atañe hacerles saber que el proyecto de ley sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, aprobado por la Asamblea Nacional en primera vuelta, implica una devastadora y profunda subversión del Derecho, del matrimonio y, sobre todo, de la paternidad. 102 [36/3-6] Traducción con ©, del francés al castellano, a cargo de Manuel J. Peláez. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de dicha traducción. 72 Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 Nosotros os invitamos a rechazar este proyecto por las razones siguientes: 1) Las personas del mismo sexo, a través del matrimonio, quieren tener acceso a la adopción sin que se lleve a cabo ninguna modificación de los textos, ni sea necesario hacerlo. Por tanto, si los lazos afectivos que se pueden estrechar con el niño pueden ser totalmente reales, se puede bien comprender que estos lazos no se corresponden con los lazos de filiación. La filiación emana del acto del nacimiento que, como su propio nombre indica, señala a cada uno de quien ha nacido. En el caso de la adopción, la acción de engendrar al niño es simbólica, pero la filiación adoptiva permite al niño ir construyendo su personalidad con el referente de un padre y de una madre, y de considerarse como resultante de su unión si bien ésta no se haya producido biológicamente. Ésta le permite reconstruir la familia de que ha estado privado. El niño adoptado por dos hombres o por dos mujeres estará dotado como educadores de adultos que le sirven de referencia, pero privado de “padres” porque estos “padres” del mismo sexo no pueden indicarle un origen, propiamente simbólico. En realidad estará desprovisto dos veces de padres: una primera vez por la vida, una segunda vez por la ley. 2) El proyecto de ley, después, prevé la adopción del niño por cónyuges del mismo sexo. O, si este niño puede ser fruto de una unión precedente entre un hombre y una mujer, el no será jamás el producto de una inseminación o de una gestación de alquiler practicada en el extranjero. Este niño habría sido deseado, antes mismo de su concepción, sin lazo de unión con su padre y su madre y voluntariamente privado de uno de los dos. Este niño es jurídicamente adoptable porque él ha sido concebido en cuanto a eso: la madre ha sido inseminada en Bélgica, por ejemplo, por un desconocido con el fin de evitar al padre. Ella ha elegido un modo de concebir en el que priva al niño de su padre, y de la misma forma que carece de padre, para que él pueda ser adoptado por una segunda mujer. O aún más, el padre ha buscado una madre portadora en la India, por ejemplo, para cerrar el lugar ocupado por una madre, privando de forma deliberada a su hijo de su madre, y de madre sin más explicación, para que pueda ser adoptado por un segundo hombre. Quiérase o no, el deseo de un niño por personas del mismo sexo pasa por la fabricación de niños, mediante inseminación artificial de las mujeres o a través de una madre portadora para los hombres; estos niños serán luego adoptados. El proyecto de ley organiza pues un mercado de niños, pues el proyecto lo inventa y garantiza su continuidad. Con el estado actual de su redacción, este texto invita a trasladarse al extranjero para fabricar niños, lo que resulta ya de por sí inaceptable, y es obligado denunciar la injusticia de la selección por dinero para organizar el mercado de los niños en Francia. La ley no puede evitar que un hombre o una mujer marchen al extranjero para privar deliberadamente a un niño de uno de sus padres, pero la ley puede tratar mejor a los niños en vez de alentar estos bricolages procreativos dándoles validez mediante ardides jurídicos. La supuesta necesidad de tener en cuenta la situación particular de los niños nacidos bajo semejantes procedimientos es una sutileza del lenguaje. Estos niños son en realidad instrumentalizados por aquellos mismos que han 73 Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista provocado su situación, con la consistencia de sus propias reivindicaciones de adultos. En efecto, el derecho protege a todos los niños, sin tener en cuenta la situación de sus padres, y estos niños son tratados de la misma forma que los otros. Los medios jurídicos de la autoridad paterna y de la tutela testamentaria permiten regular las dificultades eventuales ante las que ellos pudieran encontrarse. Numerosos hombres y mujeres, que tienen una orientación homosexual, no reniegan de esta idea fundamental que es el que un niño sea el fruto de un padre y de una madre, y que resulta criminal privarles voluntariamente de ellos. Muchos además tienen hijos, pero, como cualquier persona, con otra del sexo opuesto. El proyecto de ley se aplica sólo a las mujeres que quieren tener un hijo sin un padre, o a los hombres que no quieren compartir al niño con una madre. Haciendo así prevalecer sus deseos sobre los derechos fundamentales del niño. Ustedes, cuerpo legislador de la República, no pueden dar validez a un sistema de fabricación de niños objeto de adopción, porque los niños no son ni objetos para satisfacer un deseo, ni medicamentos para aliviar un sufrimiento. Nosotros, como juristas, tenemos la vocación para garantizar el respeto de las libertades individuales y la protección mediante la ley de las personas más vulnerables. No podemos permanecer insensibles a la gran violencia que se ha desencadenado contra los niños, deliberadamente desprovistos de una madre o de un padre. No podemos callar ante el próximo e inevitable mercado de la procreación, la mercantilización del vientre de las mujeres más desfavorecidas de la fortuna y de los niños para satisfacer los deseos de algunos. El proyecto de ley no puede ser más que rechazado en su conjunto, pues el matrimonio conlleva necesariamente todas sus consecuencias en materia de filiación. Apelamos a su honor y responsabilidad, Señoras que son nuestras senadoras, Señores que son nuestros senadores, que nos representan, a renunciar a un texto que se revela con las características propias de la esclavitud moderna de la mujer y del nuevo tráfico de los niños. Nuestro agradecimiento por el compromiso suyo, lo que no nos cabe la menor duda, en defensa de las familias y de los niños, Señoras senadoras y Señores senadores de la República, acompañado de la expresión de nuestros sentimientos más profundos. Guillaume Drago, catedrático de Derecho público, Universidad de París 2 Panteón-Assas; Aude Mirkovic, profesora titular de Derecho privado, Universidad de Evry Val d’Essonne. Relación de firmantes Bertrand Ancel, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de París 2 Panteón-Assas; Laurent Aynes, catedrático de Derecho privado, Universidad de París I, Panteón-Sorbona; Augustin Aynes, catedrático de Derecho privado, Universidad de París 12 Est Créteil; Marie-Thérèse AvonSoletti, profesora titular de Historia del derecho, Universidad de Saint-Étienne; Jean-Marc Bahans, profesor de Derecho privado, Universidad de Burdeos; Monique Bandrac, profesora honoraria de Derecho privado, Universidad de París 12; Jean Barbey, catedrático de Historia del derecho, Universidad del 74 Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 Mans; Louis-Auguste Barrière, catedrático de Historia del derecho, Universidad Jean-Moulin Lyon 3; Daniel Berra, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Cyril Bloch, catedrático de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Isabelle Barrière-Brousse, catedrática de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Jacques Beguin, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de París 1 Panteón-Sorbona; Diane de Bellescize, catedrática de Derecho público, Universidad del Havre; Ramu de Bellescize, profesor titular de Derecho público, Universidad de Rouen; Pierre Beltrame, profesor emérito de Derecho público, Universidad de Aix-Marsella; André Benayoun, profesor titular de Derecho privado, Universidad de Sceaux; Thibaut Berranger, profesor titular de Derecho público, Universidad de Nantes; Guillaume Bernard, profesor titular de Historia del derecho, ICES la Roche-surYvon; Jean-René Binet, catedrático de Derecho privado, Universidad del Franco Condado; Christophe Blanchard, catedrático de Derecho privado, Universidad de Angers; Christine Boillot, profesora titular de Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Georges Bollard, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de la Borgoña; Pierre Bonin, catedrático de Historia del derecho, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Damienne Bonnamy, profesora titular de Derecho público, Universidad del Franco Condado; Jean-Sébastien Borghetti, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Claire Bouglé-Le Roux, profesora titular de Historia del derecho, Universidad de Versalles; Renaud Bourget, profesor titular de Derecho público, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Roger Bout, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Christophe Boutin, catedrático de Derecho público, Universidad de Caén Baja Normandía; François-Xavier Brechot, profesor titular de Derecho público, Escuela de Ciencias Políticas de París; Vincent Bremond, catedrático de Derecho privado, Universidad de Orleans; Claude Brenner, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Clotilde BrunettiPons, profesora titular de Derecho privado, Universidad de Reims; Alexis Bugada, catedrático de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Mathieu Cardon, profesor titular de Derecho público, Universidad Jean-Moulin Lyon III; Stéphan Caporal, catedrático de Derecho público, Universidad de SaintÉtienne; Jean-Marie Carbasse, catedrático de Historia del derecho, Universidad de Montpellier I; Claude Champaud, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de Rennes I; Gérard Champenois, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Jean-Yves Chevallier, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de Rennes; Marie-Laure Cicile, catedrática de Derecho privado, Universidad de Rennes; Jocelyn Clerckx, catedrático de Derecho público, Universidad del Havre; Joël Colonna, profesor titular de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Jean-Luc Coronel de Boissezon, catedrático de Historia del derecho, Universidad de Montpellier I; Danielle Corrignan-Carsin, catedrática de Derecho privado, Universidad de Rennes I; Julien Couard, profesor titular de Derecho privado, Universidad del Sur Tulón-Var; Hélène de Courreges, profesora titular de Historia del derecho, Universidad de Rouán; Marie-Yvonne Crépin, profesora emérita de Historia del derecho, Universidad de Rennes I; Philippe Chrestia, profesor titular de Derecho público, Universidad de Niza Sophia Antipolis; Pierre Crocq, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; PierreFrançois Cuif, profesor titular de Derecho privado, Universidad d’Evry; Bruno 75 Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista Daugeron, catedrático de Derecho público, Universidad Lumière Lyon 2; Thierry Debard, catedrático de Derecho público, Universidad Jean Moulin Lyon III; Christian Debouy, catedrático de Derecho público, Universidad de Poitiers; André Decocq, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Michel Degoffe, catedrático de Derecho público, Universidad de París Descartes; Françoise Dekeuwer-Defossez, profesora emérita de Derecho privado, Universidad de Lille II; Marie Luce Demeester, catedrática de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Alexandre Deroche, catedrático de Historia del derecho, Universidad de Grenoble II Pierre Mendes France; Philippe Didier, profesor emérito de Historia del derecho, Universidad de Grenoble II Pierre Mendes France; Jean-Paul Doucet, catedrático de Derecho criminal jubilado; Mélina Douchy-Oudot, catedrática de Derecho privado, Universidad del Sur Tulón-Var; Cyrille Dounot, profesor titular de Historia del derecho, Universidad de Ruán; Gilles Dumont, catedrático de Derecho público, Universidad de Nantes; Dominique Fenouillet, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Dominique Gency-Tandonnet, profesora titular de Derecho privado, Universidad de París XII Est Créteil; Thomas Genicon, catedrático de Derecho privado, Universidad de París I; Jean-Baptiste Geffroy, catedrático de Derecho público, Universidad de Poitiers; Michel Germain, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Jean-François Gicquel, profesor titular de Historia del derecho, Universidad de Lorraine; Marie Gore, catedrática de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Antoine Gouezel, profesor titular de Derecho privado, Universidad de París XIII; Claude Goyard, profesor emérito de Derecho público, Universidad de París II, Panteón-Assas; Anne Guegan, profesora titular der Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Nicole Guimezanes, profesora emérita de Derecho privado, Universidad de París XII Est Créteil; Serge Guinchard, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de París Panteón-Assas; Gérard D. Guyon, profesor emérito de Historia del derecho, Universidad de Burdeos Montesquieu; Hélène Hamant, profesora titular de Derecho público, Universidad Jean Moulin Lyon III; JeanLouis Harouel, catedrático de Historia del derecho, Universidad de París II Panteón-Assas; Joël Hautebert, catedrático de Historia del derecho, Universidad de Angers; Caroline Henry, catedrática de Derecho privado, Universidad de la Borgoña; Blandine Hervouet, profesora titular de Historia del derecho, Universidad de Caén; Henri Hovasse, catedrático de Derecho privado, Universidad de Rennes I; Suzanne Hovasse, catedrática de Derecho privado, Universidad de Rennes I; Patrice Jourdan, catedrático de Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Assas; Marc Joyau, catedrático de Derecho público, Universidad de La Rochela; Pierre Julien, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de Niza; Catherine Labrusse-Riou, profesora emérita de Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Marie-Béatrice Lahorgue, profesora titular de Derecho público, Universidad de Poitiers; André Laingui, profesor emérito de Historia del derecho, Universidad de París II Panteón-Assas; Gwendoline Lardeux, catedrática de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Yves Lassard, profesor titular de Historia del derecho, Universidad de Grenoble II Pierre Mendès France; Florence Lasserre Jeannin, profesora titular de Derecho privado, Universidad de París I PanteónSorbona; Xavier Latour, catedrático de Derecho público, Universidad de Ruán; Hervé Lecuyer, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II 76 Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 Panteón-Assas; Anne Lefebvre-Teillard, catedrática de Historia del derecho, Universidad de París II Panteón-Assas; Arnaud Le Gall, profesor titular de Derecho público, Universidad de Caén; Jean-Michel Lemoyne de Forges, profesor emérito de Derecho público, Universidad de París II Panteón-Assas; Anne-Marie Le Pourhiet, catedrática de Derecho público, Universidad de Rennes I; Yves Lequette, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Philippe Le Tourneau, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de Toulouse I Capitole; Laurent Leveneur, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Guillaume Leyte, catedrático de Historia del derecho, Universidad de París II Panteón-Assas; Monique Luby, catedrática de Derecho privado, Universidad de Pau; André Lucas, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de Nantes; François-Xavier Lucas, catedrático de Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Kevin Luciano, profesor titular de Derecho privado, Universidad de Niza Sophia-Antipolis; Marie-Luce Mariani, profesora titular de Derecho privado, Universidad de Orleans; Arnaud Martin, profesor titular de Derecho público, Universidad Montesquieu Burdeos IV; Nicolas Mathey, catedrático de Derecho privado, Universidad de París V René Descartes; Patricia Mathieu, profesora titular de Historia del derecho, Universidad Pierre Mendès France Grenoble II; Martial Mathieu, catedrático de Historia del derecho, Universidad Pierre Mendès France Grenoble II; Yves Mayaud, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Sabine Mazeaud-Leveneur, catedrática de Derecho privado, Universidad de París XII; Gérard Memeteau, catedrático de Derecho privado, Universidad de Poitiers; Michel Menjucq, catedrático de Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Virgine Mercier, profesora titular de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Anthony Mergey, catedrático de Historia del derecho, Universidad de Rennes I; Cécile Miroud, profesora titular de Derecho público, Universidad de París I PanteónSorbona; Sophie Molinier, profesora titular de Historia del derecho, Universidad de París VIII; Marie-Laure Moquet-Anger, catedrática de Derecho público, Universidad de Rennes I; Jean Morange, catedrático de Derecho público, Universidad de Limoges; Louis-Daniel Muka Tshibende, profesor titular de Derecho privado, Universidad católica de Lyon; Florence Nicoud, profesor titular de Derecho público, Universidad de la Alta-Alsacia; Pascal Oudot, profesor titular de Derecho privado, Universidad del Sur Tulón-Var; Bertrand Pauvert, profesor titular de Derecho público, Universidad de la Alta-Alsacia; Marta Peguera Poch, catedrática de Historia del derecho, Universidad de Lorraine; Armel Pecheul, catedrático de Derecho público, Universidad de Angers; Hugues Perinet-Marquet, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Hugues Petit, profesor titular de Historia del derecho, Universidad de Grenoble Pierre Mendès France; Christiane PlessixBuisset, profesora emérita de Historia del derecho, Universidad de Rennes I; Laurent Poulet, profesor titular de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Eva Rabillon, profesora titular de Derecho público, Universidad de Angers; Michèle-Laure Rassat, profesora emérita de Derecho privado, Universidad de París XII; Geneviève Rebecq, profesora titular de Derecho privado, Universidad del Sur Tulón-Var; Philippe Remy, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de Poitiers; Pauline Remy-Corlay, catedrática de Derecho privado, Universidad de París XI Jean Monet; Virgine RenauxPersonnic, profesora titular de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; 77 Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista Laurent Reverso, catedrático de Historia del derecho, Universidad del Sur Tulón-Var; Jean-Claude Ricci, catedrático de Derecho público, Universidad de Aix-Marsella; Daniel Roblot, profesora titular honoraria de Derecho público, Universidad de Créteil; Janick Roche Dahan, profesora titular de Derecho privado, Universidad del Sur Tulón-Var; Gabriel Roujou de Boubee, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de Toulouse I Capitole; Marie-Eve Roujou de Boubee, profesora titular de Derecho privado, Universidad de Toulouse I Capitole; Guillaume Rousset, profesora titular de Derecho privado, Universidad Jean Moulin de Lyon III; Jérôme Roux, catedrático de Derecho público, Universidad de Montpellier I; Damien Salles, catedrático de Historia del derecho, Universidad de Grenoble II Pierre Mendès France; Solange Segala, profesor titular en Historia del derecho, Universidad de Valenciennes; Alain Sériaux, catedrático de Derecho privado, Universidad de Perpiñán Via Domitia; Caroline Siffrein-Blanc, profesora titular de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Sylvain Soleil, catedrático de Historia del derecho, Universidad de Rennes I; Philippe Stoffel-Munck, catedrático de Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Caroline Tabourot Hyest, profesora titular de Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Isabelle Tosi, profesora titular de Derecho privado, Universidad de Montpellier I; Olivier Tounafond, catedrático de Derecho privado, Universidad de París Este; François-Guy Trebulle, catedrático de Derecho privado, Universidad de París I, Panteón-Sorbona; François Vallançon, profesor titular honorario de Historia del derecho, Universidad de París II Panteón-Assas; André Varinard, profesor emérito de Derecho privado, Universidad Jean Moulin Lyon III; Raymonde Vatinet, catedrática de Derecho privado, Universidad de París II PanteónAssas; Marie-France Verdier, profesora titular de Derecho público, Universidad Montesquieu Burdeos IV; Edouard Verny, catedrático de Derecho privado, Universidad de Rennes I; Thierry Vignal, catedrático de Derecho privado, Universidad de Cergy-Pontoise; Daniel Vigneau, catedrático de Derecho privado, Universidad de Pau y del País de l’Adour; Ludovic de Villele, profesor asociado de Derecho privado, Universidad d’Evry; Michel de Villiers, profesor emérito de Derecho público, Universidad de Nantes; Jean Villaceque, profesor asociado de Derecho privado, Universidad de Perpiñán Via Domitia; Geneviève Viney, profesora emérita de Derecho privado, Universidad de París I PanteónAssas; Nicolas Warembourg, catedrático de Historia del derecho, Universidad de Lille II y Caroline Watine-Drouine, profesora titular honoraria de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas. 78 WYSIEDLENIA INWESTYCYJNE: PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE I KONTEKST PRAWNY Bogumił TERMIŃSKI* Bogumił Termiński (2013): “Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny”, en Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013). En línea puede verse en: www.eumed.net/rev/historia/06/internal-displacement.html SUMMARY: At least fifteen million people each year is forced to leave their homes following the consequences of development projects, such as creation of large dams, urbanization and re-urbanization, development of communication networks, mining and transportation of resources and even the conservation of nature. The problem of development-induced displacement and resettlement is currently one of the most significant factors of forced migrations. The first exstensive studies on this subject were undertaken by applied anthropologists during fifties of the XXth century, which was associated with the consequences of construction of large dams in Africa. Since at least two decades we have witnessed significant attention in this issue on the basis of public international law and human rights. The construction of chinese Three Gorges dam on the Yangtze River or Sardar Sarovar complex on the Narmada River led to enormous social and environmental consequences, and human rights violations associated with the displacement. Similar problems are also observed in several other regions of the world. The aim of this paper is an analysis of development-induced displacement as a global social problem, diverse category of internal displacement and challenge for the international institutions and public international law. The problem is strongly linked with the reflection on the mechanisms of legal protection of particularly vulnerable communities and minorities. The paper complements the studies on empowerment of indigenous communities and more sustanaible development growth conducted on the basis of development studies. In the first section I draw attention to the origins and evolution of scientific research undertaken within this problem. The aim of the next part is the analysis of causes and consequences of such displacement. The last section on the article is focused on activities of international institutions in the regard of resettlement planning, assistance to affected people and its legal protection. KEYWORDS: Development-induced displacement and resettlement, Internal displacement, DIDR, Public international law, Human rights, Involuntary resettlement, Relocation, Forced migrations. STRESZCZENIE: Każdego roku przynajmniej piętnaście milionów osób zmuszonych zostaje do opuszczenia miejsca dotychczasowego zamieszkania w następstwie projektów związanych z rozwojem gospodarczym: tworzenia wielkich tam, urbanizacji i rozwoju sieci komunikacji, wydobycia surowców, * Research associate at the University of Warsaw, Institute for Social Studies. Director of research project “Human Rights in Times of Transition” in Geneva. 79 Bogumił Termiński ekspansji obszarów rolnych, a nawet konsekwencji ochrony przyrody. Problem określany w anglojęzycznym piśmiennictwie naukowym mianem "developmentinduced displacement and resettlement" (DIDR) jest dzisiaj jedną z najważniejszych ilościowo płaszczyzn migracji przymusowych. Pierwsze szczegółowe studia poświęcone temu zagadnieniu podejmowali już antropolodzy społeczni w latach pięćdziesiątych XX stulecia w związku z następstwami budowy wielkich tam w wybranych krajach Afryki. Od kilkunastu lat obserwujemy także wzrastające zainteresowanie tym problemem na gruncie prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka. Realizowane w ostatnich latach projekty w rodzaju Zapory Trzech Przełomów w Chinach czy kompleksu Sardar Sarovar na indyjskiej rzece Narmada prowadzą do ogromnych konsekwencji społecznych i środowiskowych, a związane z nimi wysiedlenia do naruszenia fundamentalnych praw dotkniętych nimi osób. Podobne problemy obserwujemy zresztą w wielu innych państwach azjatyckich oraz Afryce i Ameryce Łacińskiej. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza wysiedleń inwestycyjnych jako globalnego problemu społecznego, zróżnicowanej pod względem przyczyn i konsekwencji kategorii wysiedleń wewnętrznych, a także źródła wyzwań dla instytucji międzynarodowych i norm prawa międzynarodowego publicznego. Problem ten w silny sposób wpisuje się bowiem w rozwijaną w ostatnich latach refleksję na temat mechanizmów ochrony prawnej szczególnie zagrożonych mniejszości i wspólnot. Dobrze uzupełnia także prowadzone na gruncie studiów rozwojowych debaty na temat większego upodmiotowienia ludności tubylczej czy zrównoważonego wzrostu ekonomicznego prowadzącego do wydźwignięcia najbiedniejszych warstw społeczeństwa. W pierwszej części artykułu zwracam uwagę na ewolucję zainteresowania środowisk naukowych wspomnianym zagadnieniem. Przedmiotem kolejnego fragmentu jest analiza przyczyn, oraz szczególnie newralgicznych konsekwencji jednostkowych i wspólnotowych wysiedleń. To właśnie rosnące problemy wysiedlonych są przyczyną intensyfikacji teoretycznych i instytucjonalnych wysiłków na rzecz ich ochrony i wsparcia. Ostatni fragment artykułu zwraca uwagę na współpracę instytucji międzynarodowych i zapisy dokumentów, istotne w kontekście analizy tego problemu. SŁOWA KLUCZOWE: Wysiedlenia inwestycyjne, Wysiedlenia wewnętrzne, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawa człowieka, Przesiedlenia, Migracje przymusowe. 1. Wysiedlenia inwestycyjne w świecie globalizacji Wysiedlenia ludności wywołane zmianą zagospodarowania przestrzennego są zjawiskiem obserwowanym już w Imperium Romanum, starożytnych Chinach, imperium Hetytów czy państwach doby hellenizmu. Dopiero w końcu XIX i w XX stuleciu przybrały one charakter masowy z uwagi na konsekwencje kolonializmu i rozpoczęte nieco później programy budowy wielkich zapór wodnych w Chinach, Indiach czy w Związku Radzieckim. Spośród wszystkich najważniejszych kategorii wysiedleń wewnętrznych to właśnie te związane z realizacją wielkich inwestycji uległy umasowieniu najpóźniej. Najistotniejszą ilościowo przyczyną mobilności człowieka przez zdecydowaną większość 80 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny dziejów były konsekwencje klęsk naturalnych i długotrwałych zmian środowiska. Przeobrażenia klimatyczne w decydującym stopniu wpłynęły na biologiczną ewolucję gatunku homo (postawa wyprostowana), a także umożliwiły ekspansję Homo erectus (Homo georgicus) i Homo sapiens sapiens poza afrykańską kolebkę człowieka. Przyczyną wczesnych migracji naszych praprzodków była zwłaszcza presja demograficzna i związane z nią konflikty o zasoby. Zgodnie z tak zwaną Saharan pump theory bardziej rozległa przestrzennie mobilność człowieka była możliwa wyłącznie w okresach wilgotnych, co wiązało się z otwarciem korytarzy migracyjnych w dorzeczach afrykańskich rzek. Dopiero konsekwencje (r)ewolucji neolitycznej- przejście do osiadłego trybu życia i zalążki organizacji przestrzenno-politycznej – doprowadziły do większego zróżnicowania katalogu przyczyn mobilności człowieka. Od czasów tranzycji w kierunku gospodarki osiadłej historia migracji była przede wszystkim dziejami uniezależniania się człowieka od dyktatu sił przyrody. Zakładanie ośrodków miejskich w dorzeczach wielkich rzek, oraz poszukiwanie dogodnych obszarów rolnych miało na celu ograniczenie oddziaływania czynników naturalnych na funkcjonowanie człowieka, jak również zwiększenie ilości zasobów i długotrwały przyrost demograficzny. Przyczyną mobilności człowieka w czasach starozytnych był zatem spadek poziomu bezpieczeństwa wywołany konsekwencjami przyrostu demograficznego i zmniejszeniem jednostkowej liczby zasobów bądź następstwami przeobrażeń środowiskowych o różnym stopniu dynamiki. Także powstawanie wielkich tam postrzegać możemy jako narzędzie zmniejszenia niekontrolowanego oddziaływania sił przyrody i poszerzenia przestrzeni dobrobytu (przynajmniej dla wybranych grup społeczeństwa). Widzimy zatem, że pomimo obserwowanego w ostatnich dekadach wzrostu ilości wysiedleń wywołanych konfliktami wewnętrznymi i eskalacją przemocy, czynniki środowiskowe w dalszym ciągu pozostają jedną z dominujących przyczyn przymusowej mobilności wewnętrznej. Przyczyny wysiedleń wewnętrznych analizować możemy na wiele różnych sposobów. Najbardziej fundamentalnym czynnikiem wysiedleń wewnętrznych okazują się dynamiczne konflikty interesów pomiędzy różnymi aktorami, rozgrywające się w ramach statycznego i ograniczonego pod względem granic, zasobów i warunków środowiskowych terytorium. To właśnie niemożliwość rozwiązania silnego konfliktu lub oparcia się czynnikom zagrożenia bezpieczeństwa staje się przyczyną dużej części wysiedleń wewnętrznych na świecie. Konflikty tego rodzaju przybierać mogą zarówno bezpośredni jak i bardziej abstrakcyjny i dorozumiany charakter. Wywołany nimi spadek poziomu indywidualnego bądź wspólnotowego bezpieczeństwa ludzkiego (ang. human security) jest podstawowym czynnikiem opuszczenia dotychczasowego terytorium. Przyczyną wysiedleń wywołanych konfliktami zbrojnymi jest oczywiście eskalacja przemocy pomiędzy minimum dwoma aktorami o sprzecznych interesach. Wysiedlenia wywołane rozwojem gospodarczym i ochroną przyrody często wiążą się z silnym antagonizmem pomiędzy planami administracji czy interesem większości społeczeństwa, a potrzebami potencjalnych wysiedlonych i okolicznych mieszkańców. W przypadku mobilności wywołanej klęskami żywiołowymi możemy mówić o bardziej abstrakcyjnym konflikcie pomiędzy działaniami człowieka a destrukcyjnym oddziaływaniem sił przyrody. Wysiedlenia wewnętrzne możemy także analizować w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa. Przyczyną wysiedleń związanych z eskalacją przemocy czy 81 Bogumił Termiński przeobrażeniami środowiska jest spadek indywidualnego bądź wspólnotowego bezpieczeństwa poniżej poziomu umożliwiającego realizację podstawowych potrzeb w ramach danego terytorium. Nie wszystkie wysiedlenia znajdują jednak przyczynę w bezpośrednim oddziaływaniu określonych zagrożeń. W przypadku wysiedleń inwestycyjnych spadek poziomu bezpieczeństwa okazuje się nie tyle przyczyną, lecz skutkiem zmiany miejsca zamieszkania. Wysiedlenia wewnętrzne są zatem kształtowane przez dwa zasadnicze czynniki: 1. spadek poziomu bezpieczeństwa poniżej poziomu umożliwiającego normalne funkcjonowanie na danym terytorium, 2. administracyjny nakaz opuszczenia dotychczas zamieszkiwanego obszaru, niekoniecznie związany z określonym zagrożeniem, lub 3. połączenie wspomnianych tu przesłanek. Jednym z centralnych elementów studiów nad migracjami przymusowymi są rozważania na temat klasyfikacji wysiedleń wewnętrznych. Dominujący, lecz rzadko wyrażany explicite w piśmiennictwie naukowym, podział wysiedleń z uwagi na przyczyny wyodrębnia cztery najważniejsze kategorie tego procesu. Zaliczamy do nich wysiedlenia wywołane: 1. różnymi czynnikami eskalacji przemocy zbrojnej (ang. conflict-induced displacement), 2. klęskami żywiołowymi i katastrofami przemysłowymi (ang. disaster-induced displacement), 3. długotrwałymi przeobrażeniami środowiska (ang. environmentally-induced displacement) oraz 4. następstwami rozwoju gospodarczego (ang. development-induced displacement). W użyciu funkcjonuje ponadto kilka bardziej szczegółowych klasyfikacji. Zwróćmy jednak uwagę, że wspomniana tu klasyfikacja ma bardzo nieostry charakter, co obniża jej użyteczność w ramach szczegółowych analiz naukowych. W potocznym rozumieniu kategoria IDPs często ograniczana bywa wyłącznie do osób wysiedlonych w następstwie konfliktów zbrojnych. Pamiętajmy jednak, że większość wysiedleń na świecie wiąże się ze sprzecznościami interesów w ramach określonego terytorium. W krajach upadłych, bądź rządzonych w totalitarny i autorytarny sposób, przyczyny wysiedleń wewnętrznych tak silnie na siebie oddziałują, że ich dokładne rozgraniczenie wydaje się niemożliwe i mało zasadne. Afryka stanowi kontynent cechujący się szczególnie silnym przenikaniem poszczególnych kategorii wysiedleń. Zwróćmy uwagę na przykład Sudanu, gdzie jeszcze dziesięć lat temu wysiedlenia związane z eskalacją przemocy o podłożu etnicznym silnie zespalały się z konsekwencjami realizowanych tam inwestycji (budowa zapory Merowe czy liczącego ponad 1500 kilometrów ropociągu Block 5A). Przyczyną wysiedleń charakteryzującą się szczególnie silnym przenikaniem czynników środowiskowych, politycznych i inwestycyjnych jest wydobycie ropy naftowej (problem tzw. oil developmentinduced displacement, bądź oil-induced displacement and resettlement). Pamiętajmy zatem, że prezentowana wyżej klasyfikacja ma bardzo powierzchowny charakter i nie oddaje zróżnicowania wysiedleń wewnętrznych na świecie. Trudności w precyzyjnym rozgraniczeniu wspomnianych wyżej kategorii wysiedleń kształtują potrzebę poszukiwania innych rozwiązań klasyfikacyjnych. Użytecznym sposobem klasyfikacji problemu jest zaproponowany przeze mnie w 2012 roku podział na wysiedlenia ryzyka (ang. displacement of risk) i wysiedlenia adaptacji (ang. displacement of adaptation). Pierwsza ze wspomnianych kategorii znajduje zastosowanie zwłaszcza (lecz nie tylko) wobec osób zmuszonych do ucieczki w następstwie nagłych i dynamicznych problemów w rodzaju eskalacji przemocy zbrojnej, klęsk żywiołowych i katastrof 82 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny przemysłowych, oraz szybko postępujących zjawisk w rodzaju głodu. Wysiedlenia tego rodzaju są zatem odpowiedzią na nagły i trudny do zahamowania spadek poziomu bezpieczeństwa ludzkiego (ang. human security), w nieselektywny sposób obejmujący znaczące terytorium. Podstawową motywacją podejmujących je osób jest jak najszybsze opuszczenie obszaru zagrożenia w celu maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa gdzie indziej. Ucieczce z terytorium zagrożenia nie towarzyszą zatem rozwinięte plany na przyszłość. Zdecydowanie odmienną sytuację obserwujemy analizując bardziej statyczne kategorie wysiedleń wewnętrznychwywołane powolnymi przeobrażeniami środowiska bądź realizacją projektów inwestycyjnych. Celem objętych nimi osób jest długotrwała maksymalizacja poziomu bezpieczeństwa ludzkiego i jak najlepsza adaptacja w nowym miejscu pobytu. Wysiedlenia tego rodzaju przybierać mogą formę mobilności kreowanej przez władze, jak również przymusowej zmiany miejsca zamieszkania bazującej na zindywidualizowanych decyzjach migracyjnych (np. w przypadku osób zmuszonych do migracji w następstwie progresywnych zmian środowiskowych- degradacji gleb i suszy, i wywołanej nimi perspektywy głodu). Wysiedlenia (przymusowe migracje) o charakterze adaptacyjnym wiążą się nie tyle z nagłym spadkiem większości kategorii bezpieczeństwa ludzkiego, lecz bardziej powolną utratą ekonomicznych i środowiskowych podstaw egzystencji, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania. Opuszczenie miejsca dotychczasowego zamieszkania nie jest tutaj celem samym w sobie, lecz jedynie środkiem długotrwałej maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa ludzkiego poprzez adaptację w bardziej sprzyjającym miejscu. Specjaliści analizując przymusową mobilność wewnętrzną posługują się wieloma kategoriami pojęciowymi. Nie wszystkie z nich wydają się jednak odpowiednie, a stosowanie niektórych może prowadzić do błędnych wniosków natury prawnej. Zgodnie z literą Konwencji Genewskiej z 1951 roku uchodźstwo jest kategorią prawną, obejmującą osoby zmuszone do przekroczenia międzynarodowo uznawanej granicy państwowej w wyniku prześladowań lub konfliktów zbrojnych. Kategoria ta nie znajduje zatem zastosowania wobec mobilności przymusowej o charakterze wewnętrznym. Pomimo wspomnianego faktu pojęcia "environmental refugees" czy "conservation refugees" są terminami dobrze utrwalonymi i w dalszym ciągu pojawiającymi się w literaturze dla opisu wysiedleń wewnętrznych uwarunkowanych zmianami środowiska i poszerzaniem obszarów ochrony przyrody. Stosowanie terminu "uchodźstwo środowiskowe" błędnie sugeruje jednak znaczący transnarodowy potencjał tego problemu, oraz istnienie wiążących dokumentów międzynarodowych, ustanowionych w celu ochrony dotkniętych nim osób. Dużo istotniejsza z punktu widzenia dalszej części artykułu wydaje się konieczność rozgraniczenia kategorii wysiedleń i przesiedleń. Pojęcia te często występują wspólnie, nie mając jednak tożsamego charakteru. Wysiedlenie (ang. displacement) to zjawisko odcięcia jednostek bądź większych wspólnot od dotychczasowych zasobów ekonomicznych, więzi społecznych i tradycji kulturowych, wywołane fizyczną relokacją poza terytorium dotychczasowego zamieszkania. Mobilność poza zamieszkiwany dotychczasowo obszar ma zatem znaczenie drugorzędne wobec utraty bądź ograniczenia egzystencjalnych zasobów, kształtujących indywidualne i wspólnotowe bezpieczeństwo w otaczającej nas przestrzeni. Wysiedlenie może być zarówno pojedynczym i negatywnym zjawiskiem, jak również fragmentem bardziej rozwiniętego procesu przesiedlenia. Jeżeli 83 Bogumił Termiński relokacja poza miejsce dotychczasowego zamieszkania ma charakter niezaplanowany i nie towarzyszą jej rekompensaty za utracone dobra i właściwe mechanizmy wsparcia społecznego w nowym miejscu zamieszkania możemy mówić o naruszeniu fundamentalnych praw człowieka. Wysiedlenie może być także wstępnym i stricte fizycznym komponentem procesu przesiedleń. Opuszczeniu miejsca dotychczasowego zamieszkania przyjmuje wówczas zaplanowany charakter, uzupełniony o rekompensaty z tytułu materialnych i niematerialnych kosztów wysiedlenia, oraz adekwatne mechanizmy pomocowe w nowym miejscu. Jak zauważył Robert Chambers "przesiedlenia charakteryzują się dwoma podstawowymi elementami: mobilnością populacji oraz czynnikiem planowania i kontroli"1/103. Przesiedlenie jest zatem zaplanowanym procesem składającym się z przynajmniej kilku autonomicznych etapów. Wysiedlenia często przyjmują z kolei charakter jednorazowego usunięcia jednostek bądź społeczności z ich dotychczasowej przestrzeni życiowej (by stać się przesiedleniem element relokacji musi zostać uzupełniony o rekompensatę strat i działania na rzecz odbudowy warunków życia w nowym miejscu). Trzecim terminem często spotykanym w literaturze poświęconej relokacjom w przestrzeni miejskiej jest pojęcie "eksmisja". W odróżnieniu od terminu "wysiedlenie" wydaje się w większym stopniu obrazować sam proces utraty prawa do zajmowanej przestrzeni życiowej, aniżeli późniejsze konsekwencje tego problemu. Kończąc rozważania pojęciowe warto zwrócić uwagę na często pojawiającą się w anglojęzycznym piśmiennictwie kategorię osób dotkniętych konsekwencjami powstania projektów (ang. project affected people- PAPs). Specjaliści przedmiotu dążą zatem do jednoznacznego odróżnienia osób fizycznie przesiedlonych (DPs) od tych w dalszym ciągu zamieszkujących okolicę projektu i bezpośrednio odczuwających jego następstwa (PAPs). Pamiętajmy jednak, że zdecydowana większość przesiedleń inwestycyjnych ma ograniczony zasięg przestrzenny. Osoby przesiedlone na przyległe terytoria w dalszym ciągu mogą zatem odczuwać negatywne oddziaływanie projektów. Przyczyną największej skali wysiedleń wewnętrznych na świecie są konsekwencje klęsk żywiołowych, zwłaszcza tych o podłożu atmosferycznym. Zgodnie z szacunkami Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) kataklizmy naturalne stały się przyczyną czasowego przynajmniej wysiedlenia ponad 42 milionów osób w 2010 roku, 14,9 milionów w 2011 roku, oraz 32,4 milionów osób w rok później. W 2011 roku aż 89 procent wysiedleń tego rodzaju ograniczało się do kontynentu azjatyckiego. Zgodnie z szacunkami z 2012 roku aż 98 procent klęsk żywiołowych stanowiły te o podlożu atmosferycznym i klimatycznym. Ponad 90 procent wysiedleń wywołanych klęskami żywiołowymi dotyka krajów rozwijających się. Od czasu huraganu Katrina (sierpień 2005 r.) obserwujemy jednak wzrastającą liczbę osób ewakuowanych w krajach wysoko rozwiniętych2/104. Pamiętajmy także, że zdecydowana większość wysiedleń do których odwołują się statystyki IDMC przyjmuje charakter krótkotrwałych ewakuacji i nie prowadzi do istotniejszych przeobrażeń demograficznych i społecznych. Opierając się na przybliżonych statystykach problemu, wysiedlenia inwestycyjne są drugą pod względem skali 103 [1/4-6] R. Chambers, Settlement schemes in Tropical Africa: A study of organizations and development, Praeger, London, 1969. 104 [2/4-6] Następstwem huraganu Sandy z października 2012 roku stała się czasowa przynajmniej ewakuacja 776 tysiecy osób. 84 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny kategorią wysiedleń wewnętrznych na świecie. Jeszcze w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych specjaliści wspominali o 10 milionach osób zmuszonych każdego roku do zmiany miejsca zamieszkania w następstwie projektów inwestycyjnych. Obserwowany w ostatnich latach przyrost demograficzny i intensyfikacja rozwoju gospodarczego Globalnego Południa doprowadziła do powiększenia szacowanej liczby wysiedlonych do około 15 milionów osób rocznie. Wśród kluczowych elementów kształtujących specyfikę wysiedleń inwestycyjnych wymienić należy ich długotrwały, ograniczony przestrzennie, kolektywny, zorganizowany i sformalizowany charakter. Przeobrażenia wywołane inwestycją ingerencją w przestrzeń geograficzną powodują, że w odróżnieniu od większości wysiedleń związanych z klęskami żywiołowymi i lokalnymi konfliktami zbrojnymi, mają one nieodwracalny charakter. Podobnie jak wysiedlenia wywołane kataklizmami naturalnymi, często wiążą się one z nieodległą zmianą miejsca w przestrzeni. Zdecydowanie mniejszą dynamikę roczną przyjmują wysiedlenia wewnętrzne związane z eskalacją przemocy i konfliktami lokalnymi. Zgodnie z różnymi szacunkami na świecie zamieszkuje obecnie od 22 do 28 milionów IDPs wysiedlonych wewnętrznie w wyniku eskalacji przemocy i konfliktów zbrojnych. Szacunki IDMC wskazują jednak, że liczba osób wysiedlonych w następstwie eskalacji przemocy obserwowanej w 2011 roku wynosiła jedynie 3,5 miliona. Problem wysiedleń wywołanych konfliktami zbrojnymi w wielu regionach świata przyjmuje zatem długotrwały charakter. Wspomnijmy tu choćby o wieloletnich przykładach wysiedleń wewnętrznych znanych z Kolumbii, Cypru, Azerbejdżanu czy Afganistanu. Pomimo zdecydowanie większego poziomu zagrożeń humanitarnych roczna dynamika wysiedleń wywołanych konfliktami zbrojnymi jest przynajmniej kilkakrotnie mniejsza od tych związanych z konsekwencjami projektów inwestycyjnych. Już u progu ubiegłego stulecia obszary kolonialne stały się areną masowych wysiedleń związanych z projektami redystrybucji ludności, ekspansją rozległych plantacji, początkami górnictwa i tworzeniem pierwszych tam. Znane choćby z Etiopii i Indonezji projekty przesiedlenia ludności na niżej zaludnione obszary kraju realizowano już w drugiej połowie XIX stulecia. Na początek ubiegłego wieku datować możemy pierwsze masowe wysiedlenia związane z ekspansywną polityką brytyjskich kolonialistów w Indiach. Jak zauważa Walter Fernandez rozwój górnictwa w Jharkhand, wielkich plantacji herbaty w Assam czy kawy w Karnataka już w końcu XIX stulecia stał się istotną przyczyną wysiedleń bądź ograniczania przestrzeni życiowej najbiedniejszych społeczności. W latach dwudziestych ubiegłego stulecia powstał w Indiach pierwszy znany na świecie ruch prostestu, założony przez osoby wysiedlone w wyniku powstania tamy. Był nim działający w latach 1920-1924 ruch Mulshi Satyagraha, sprzeciwiający się powstaniu wielkiej tamy w okolicach Pune. Na lata trzydzieste przypada początek narodowych programów budowy zapór wodnych w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim. Zwłaszcza w drugim ze wspomninaych krajów tworzenie wielkich zbiorników wodnych stało się przyczyną ogromnych konsekwencji społecznych. Według opinii Paula R. Josephsona w następstwie tworzenia zbiorników wodnych w ZSRR pod zatopione zostały tereny 165 dotychczasowych miast i miasteczek, oraz ponad 2600 wsi. Zalanie obszaru o przybliżonej powierzchni 78,000 km2 mogło doprowadzić do wysiedlenia nawet 1,5 miliona osób. Lata pięćdziesiąte 85 Bogumił Termiński wyznaczyły początek szczególnie dużej intensyfikacji przymusowych wysiedleń wywołanych rozwojem gospodarczym. Tworzenie wielkich tam, określanych przez Nehru mianem "świątyń współczesnych Indii", było jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego tego państwa po uzyskaniu niepodległości. Także katastrofalna w skutkach polityka Wielkiego Skoku Naprzód (ang. Great leap forwards, 1958-1962) doprowadziła w Chinach do konstrukcji kilku tam wiążących się z wysiedleniem ponad 100,000 osób. Symbolem rozwoju gospodarczego krajów afrykańskich stała się realizacja trzech wielkich tam: Wysokiej Tamy Asuańskiej w Egipcie, zapory Kariba na pograniczu Zimbabwe i Zambii, oraz zapory Akosombo na Zbiorniku Wolta w Ghanie. To właśnie w oparciu o wspomniane wyżej trzy projekty kształtowały się wczesne studia antropologiczne poświęcone wysiedleniom inwestycyjnym w krajach rozwijających. Wysiedlenia ludności Gwembe Tonga związane z powstaniem zapory Kariba na Zambezi od 1952 roku stanowią obszar badań amerykańskich antropologów społecznych- Elizabeth Colson i Thayera Scuddera. Na lata sześćdziesiąte datować możemy pierwsze studia socjologiczne poświęcone wysiedleniom ludności nubijskiej w związku z powstaniem zbiornika Nasera, oraz zapory Akosombo. Wysiedlenia ludności wywołane rozwojem gospodarczym są aktualnie przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Połowa lata siedemdziesiątych stała się początkiem zaangażowania Banku Światowego w zakresie regulacji i kształtowania właściwych standardów wysiedleń. Instytucja ta pełni obecnie funkcję centralnego aktora instytucjonalnego w omawianym zagadnieniu. Począwszy od 1980 rok w ramach Banku Światowego przyjęto kilka dokumentów formułujących szczegółowe zasady planowania i realizacji wysiedleń, oraz rekompensat i wsparcia otrzymywanego przez objęte nimi osoby. Podstawową zasadą promowanych przez instytucję standardów jest dążenie do jak największej minimalizacji ilości wysiedlonych. Aktywność Banku Światowego znacząco wpłynęła także na konceptualizację teoretyczną zagadnienia. nad wysiedleniami inwestycyjnymi w latach Rozwój badań dziewięćdziesiątych wiązać należy z kontrowersjami wokół dwóch wielkich projektów tamtego okresu: powstaniem kompleksu Sardar Sarovar na rzece Narmada w Indiach, oraz rozpoczęciem prac nad Zaporą Trzech Przełomów w Chinach. Skala wysiedleń towarzyszących wspomnianym tu inwestycjom doprowadziła do nagłośnienia tego problemu w ramach zachodniej opinii publicznej. Mieszkańcy państw wysoko rozwiniętych, nie obcujący bezpośrednio ze zjawiskami tego rodzaju, nie zdają sobie sprawy zarówno z ich skali, jak i towarzyszących im negatywnych konsekwencji społecznych. Problemem pozostaje także widoczny brak zainteresowania zagadnieniem w ramach UNHCR i innych instytucji systemu NZ. Podejmowana w ich ramach aktywność na rzecz IDPs ogranicza się wyłącznie do bardziej dynamicznych przyczyn wysiedleń, związanych z nagłymi i bezpośrednimi zagrożeniami humanitarnymi. Wysiedlenia wywołane rozwojem gospodarczym są zjawiskiem obecnym we wszystkich regionach świata. Masowy charakter, oraz szczególnie uciążliwe konsekwencje społeczne przyjmują jednak wyłącznie w krajach rozwijających. Do najbardziej znaczących konsekwencji humanitarnych prowadzą wysiedlenia realizowane w krajach upadłych, cechujących się niedemokratyczną formą rządów i słabym rozwojem instytucji społeczeństwa obywatelskiego, jak również 86 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny w państwach cechujących się znaczącymi dysproporcjami ekonomicznymi, oraz utrwaloną tradycją i prawem dyskryminacją najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Zgodnie z dokumentami przyjętymi w ramach systemu NZ rozwój gospodarczy powinien służyć maksymalizacji dobrobytu jak największej ilości członków społeczeństwa. Maksymalizacja interesów dominujących aktorów ekonomicznych czy warstw społecznych bardzo często odbywa się jednak kosztem marginalizacji i tak już silnie wykluczonych ekonomicznie wspólnot w rodzaju ludności tubylczej, społeczności wiejskich i mieszkańców dzielnic biedy. To właśnie oni ponoszą największe jednostkowe koszty rozwoju ekonomicznego, rzadko otrzymując cokolwiek w zamian. Osoby wysiedlone (ang. displaced people- DPs) czy odczuwające negatywne konsekwencje projektów rozwojowych (ang. project-affected people – PAPs) często postrzegane są jako ofiary słusznej sprawy, a ich postępująca marginalizacja jako jeden z trudnych do uniknięcia kosztów rozwoju gospodarczego. Wysiedlenia inwestycyjne są zatem przede wszystkim fenomenem ekonomicznym. To wywołana inwestycją utrata ziemi staje się bowiem przyczyną marginalizacji ekonomicznej i późniejszych problemów w rodzaju bezrobocia, braku żywności, problemów mieszkaniowych czy zagrożeń zdrowotnych. 2. Najważniejsze przyczyny wysiedleń inwestycyjnych Dynamika i zróżnicowanie realizowanych w poszczególnych krajach wzorców rozwoju gospodarczego silnie oddziałuje na charakter towarzyszących im przesiedleń. Przez prawie siedemdziesiąt lat podstawowym czynnikiem kształtującym skalę wysiedleń w wielu regionach świata było tworzenie sztucznych zbiorników wodnych. Po 2000 roku liczba inwestycji tego rodzaju wykazuje jednak nieznaczną tendencję spadkową. Coraz istotniejszą przyczyną wysiedleń stają się przeobrażenia przestrzeni miejskiej. Nieznacznie rośnie także skala przymusowej mobilności związanej z wydobyciem surowców. Niezależnie od obecnej dynamiki rozwoju gospodarczego wymienić należy przynajmniej osiem tradycyjnie analizowanych w literaturze przyczyn wysiedleń inwestycyjnych. Zaliczamy do nich: 1. następstwa tworzenia tam, projektów irygacyjnych, elektrowni wodnych i sztucznych kanałów, 2. rozwój transportu, 3. urbanizację i przeobrażenia przestrzeni miejskiej, 4. wydobycie i transport surowców. 5. deforestację i ekspansję przestrzeni rolnej, 6. konsekwencje ochrony przyrody, 7. programy redystrybucji ludności, 8. inne przyczyny. Szczególne kontrowersje budzić może zaliczanie do szerokiej kategorii przesiedleń związanych z rozwojem gospodarczym tych wywołanych ochroną przyrody, oraz redystrybucją ludności czy transferami populacyjnymi (procesy tego rodzaju są bowiem silnie uwikłane politycznie). W poniższym fragmencie pracy postaram się możliwie szczegółowo odnieść się do wszystkich spośród wspomnianych wyżej przyczyn wysiedleń. 1. Tworzenie tam, projektów irygacyjnych, sztucznych zbiorników wodnych i kanałów. W ostatnich latach obserwować możemy nieznaczny spadek ilości projektów tego rodzaju oddawanych do użytku w państwach azjatyckich i w Afryce. Pomimo tego faktu tworzenie tam w dalszym ciągu pozostaje największą ilościowo przyczyną wysiedleń inwestycyjnych na świecie. Zgodnie z pochodzącym z 2000 roku raportem końcowym Światowej Komisji do Spraw Tam (ang. World Commission on Dams) inwestycje tego rodzaju doprowadziły 87 Bogumił Termiński dotychczas do wysiedlenia od 40 do 80 milionów osób. Opracowany przez Bank Światowy dokument “Bankwide Review of Projects Involving Involuntary Resettlement” (1993 r.) wskazywał, że tworzenie tam było przyczyną około 26,6 procent przesiedleń inwestycyjnych na świecie. Szczególna skala tego procesu cechuje największe ludnościowo kraje azjatyckie- Chiny i Indie. To właśnie w oparciu o analizy wysiedleń towarzyszących powstaniu wielkich zapór wodnych tworzone były dokumenty Banku Światowego dotyczące standardów planowania i realizacji przesiedleń ludności. Możemy zatem powiedzieć, że współczesna percepcja wysiedleń inwestycyjnych w przeważającym stopniu bazuje właśnie na społecznych konsekwencjach wielkich projektów inżynierii wodnej. Jak zauważają Taneja and Thakkur (2000) jedynie po uzyskaniu niepodległości przez Indie projekty tego rodzaju doprowadzić mogły do wysiedlenia od 21 do 40 milionów obywateli tego państwa. Wśród oddanych w tym kraju do użytku zapór wodnych, wiążących się z największą skalą wysiedleń, wymienić możemy tamy Pong, Hirakud, Balimela, Tehri czy Sardar Sarovar. Szacuje się, że w następstwie powstania ostatniego z wymienionych projektów wysiedlonych zostało około 320 tysięcy osób (40 tysięcy rodzin). Osią sporu stał się zwłaszcza główny element projektu- konstrukcja liczącej 136 metrów zapory Sardar Sarovar. Akcje protestacyjne prowadzone przez ruch Narmada Bachao Andolan (NBA) doprowadziły do zwrócenia globalnej uwagi na wywołaną rozwojem Indii postępującą marginalizację najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Konsekwencją zakończonej w 2006 roku budowy zapory Tehri stało się wysiedlenie około 100 tysięcy okolicznych mieszkańców. Chiny są obok Indii krajem w największym stopniu obciążonym wysiedleniami wywołanymi tworzeniem zapór wodnych. Zgodnie z szacunkami National Research Center for Resettlement inwestycje realizowane w Chinach pomiędzy 1950 a 2000 rokiem doprowadziły do przymusowej relokacji przynajmniej 45 milionów osób. Inne źródła wspominają nawet o 60 milionach osób zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania w następstwie różnego rodzaju projektów inwestycyjnych. Szacuje się, że tworzenie zbiorników wodnych stało się przyczyną wysiedlenia przynajmniej 10 milionów osób. Pierwszym okresem intensyfikacji tego problemu stała się realizowana w końcu lat pięćdziesiątych polityka wielkiego skoku. Aż sześć zapór wodnych oddanych do użytku w Chinach pomiędzy 1958 a 1962 rokiem wiązało się z przesiedleniem ponad 100 tysięcy okolicznych mieszkańców. Były to zapory: Ertan (278 tyś. przesiedlonych), Miyun (200 tyś. przesiedlonych), Shuikou (410 tyś. przesiedlonych), Xinanjiang (280 tyś. przesiedlonych), Sanmenxia (320 tyś. przesiedlonych), oraz Zhaxi (141 tyś. przesiedlonych)3/105. Kolejny okres intensyfikacji wysiedleń związany jest z obserwowaną w ostatnich latach emergencją Chin jako globalnego aktora ekonomicznego. Obecna skala wysiedleń w Chinach kształtowana jest zwłaszcza przez następstwa urbanizacji i re-urbanizacji, oraz rosnące potrzeby energetyczne i surowcowe. Zainicjowana w 1994 roku budowa Zapory Trzech Przełomów na rzece Jangcy jest dzisiaj niekwestionowanym symbolem wysiedleń inwestycyjnych na świecie. Obszar zalany w wyniku spiętrzenia zbiornika objął wysiedlone uprzednio terytoria 17 dużych miast, 126 miasteczek i ponad 2000 wsi. Konsekwencją inwestycji stało 105 [3/4-6] Podane statystyki mają wyłącznie przybliżony charakter. B. Termiński, Przesiedlenia inwestycyjne: Nowa kategoria migracji przymusowych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012. 88 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny się wysiedlenie ponad 1,26 mln osób4/106. Wśród innych państw azjatyckich, cechujących się dużą skalą problemu, wymienić należy Tajlandię, Bangladesz, Pakistan, Nepal, Filipiny, Malezję, Sri Lankę, Laos i Wietnam, a z bliższych nam geograficznie krajów także Turcję. Afryka wydaje się drugim obok Azji regionem o największej skali wysiedleń związanych z tworzeniem zapór wodnych. Inwestycje tego rodzaju doprowadziły do powstania aż trzech spośród czterech największych sztucznych rezerwuarów wodnych świata: zbiorników Wolta, Kariba i Nasera. To właśnie w oparciu o prowadzone przy ich powstaniu badania socjoantropologiczne rozwinęły się współczesne studia nad przesiedleniami inwestycyjnymi. Konsekwencją powstania realizowanej pomiędzy 1960 a 1971 rokiem Wysokiej Tamy Asuańskiej stało się wysiedlenie około 100-120 tysięcy osób (w tym 50 tysięcy po egipskiej stronie zbiornika). Inną znaczącą inwestycją lat sześćdziesiątych stało się powstanie zapory Akosombo w Ghanie. Spiętrzenie zbiornika stało się przyczyną zalania aż 3.6 procent powierzchni tego kraju i wysiedlenia około 82 tysięcy okolicznych mieszkańców (ponad 1 procent ówczesnej populacji tego państwa). Realizowana pomiędzy 1955 a 1959 rokiem budowa zapory Kariba na Zambezi była jednym z pierwszych projektów tego rodzaju finansowanych przez Bank Światowy. Bezpośrednią konsekwencją projektu stało się wysiedlenie około 57 tysięcy członków społeczności Gwembe Tonga. Wśród innych przykładów inwestycji wodnych, prowadzących do istotnej skali wysiedleń, wymienić należy: powstanie zapory Cabora Bassa w Mozambiku (25 tyś. wysiedlonych), Kainji w Nigerii (ponad 42 tyś. wysiedlonych), Merowe w Sudanie (55 tyś-70 tyś przesiedlonych), oraz projekt Lesotho Highland Water Project (25 tyś. wysiedlonych). Zapory wodne tworzone w Ameryce Łacińskiej w niezwykle silny sposób oddziałują na pogorszenie sytuacji ludności tubylczej. Nic zatem dziwnego, że wspomniany region świata jest obok Indii ośrodkiem najsilniejszego oporu przeciwko projektom tego rodzaju. Niezwykle dynamicznie powstają tu ruchy protestacyjne i różnego szczebla organizacje pozarządowe kontestujące tworzenie dużych tam lub stawiające sobie za cel wsparcie dotkniętych tym problemem osób. Realizowana pomiędzy 1983 a 1994 rokiem konstrukcja zapory Yacyretá na pograniczu Argentyny i Paragwaju doprowadziła łącznie do przesiedlenia około 68 tysięcy osób (37 tyś. po stronie Argentyny, oraz 31 tyś. po stronie Paragwaju). Znacząca skala wysiedleń towarzyszyła także powstaniu zapory Itaipu (10 tyś. przesiedlonych rodzin), Sobradinho w Brazylii (65 tyś. przesiedlonych), Paulo Alfonso I-IV w Brazylii (52 tyś. wysiedlonych), oraz Itaparica w Brazylii (49,5 tyś. przesiedlonych). Rosnące potrzeby energetyczne Brazylii doprowadzić mogą do znaczącego wzrostu liczby średniej wielkości elektrowni wodnych w tym państwie. Szczególnie kontrowersje społeczne 106 [4/4-6] Spośród ogromnej literatury przedmiotu poświęconej powstaniu Zapory Trzech Przełomów warto zwrócić uwagę na następujące pozycje G. Heggelund, "Resettlement Programmes and Environmental Capacity in the Three Gorges Dam Project", Development and Change, vol. 37, no. 1, January 2006, s. 179-199; P. K. Gellert, "Mega Projects and Displacements", International Social Science Journal, vol. 55, no. 175, March 2003, s. 15-25; J. Xi, Sean-Shong Hwang, X. Feng, X. Qiao, Y. Cao, "Perceived Risks and Benefits of the Three Gorges Project", Sociological Perspectives, vol. 50, no. 2, Summer 2007, s. 323-337; L.P. Kite, Building the Three Gorges Dam, Heinemann/Raintree, 2011; M. Kammerer, The Three Gorges Dam (Der Drei Schluchten-Damm), GRIN Verlag, 2009; D. Quing, The river dragon has come!: the three gorges dam and the fate of China's Yangtze River and it's people, M.E. Sharpe, 1998. 89 Bogumił Termiński wzbudziła planowana w ostatnich latach budowa zapory La Parota w Meksyku. Prawie dziesięcioletnie protesty lokalnych społeczności doprowadziły ostatecznie do decyzji o anulowaniu wspomnianej inwestycji w sierpniu 2012 roku. Europa i Stany Zjednoczone są w ostatnich latach wolne od masowych relokacji ludności wywołanych tworzeniem zbiorników wodnych. Charakterystyczna dla kręgu zachodu tradycja indywidualizmu, oraz rozwinięte standardy ochrony prawnej, nie stwarzają zresztą możliwości dla realizacji tego rodzaju projektów. Dywersyfikacja źródeł energii i niski poziom przyrostu demograficznego powoduje, że inwestycje tego rodzaju nie wydają się konieczne z ekonomicznego punktu widzenia. Pamiętajmy jednak, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu nawet w Stanach Zjednoczonych zrealizowano kilka inwestycji prowadzących do masowych (jak na amerykańskie standardy) relokacji ludności. Jak zauważa Thayer Scudder największą inwestycją tego rodzaju na terytorium USA była przypadająca na lata 1933-1936 konstrukcja zapory Norris w stanie Tenneessee. Jej konsekwencją stało się przesiedlenie około 14 tysięcy okolicznych mieszkańców. Powstanie zapory Grand Coulee na rzece Colombia w stanie Waszyngton doprowadziło do przesiedlenia 5-6 tysięcy okolicznych mieszkańców. Dużo bardziej kosztowne społecznie okazały się projekty inżynierii wodnej realizowane w Związku Radzieckim. Realizowany przez prawie czterdzieści lat projekt budowy jedenastu zapór wodnych na Wołdze doprowadził do wysiedlenia ponad 643 tysięcy osób. Bazujące na centralnym planowaniu projekty gospodarcze Związku Radzieckiego cechowała nie tylko inwestycyjna megalomania lecz także wątpliwa racjonalność ekonomiczna. Projektem tego rodzaju był choćby realizowany w ramach pierwszego planu pięcioletniego Kanał Białomorsko-Bałtycki. Istotna skala wysiedleń towarzyszyła także realizowanemu przez kilkadziesiąt lat projektowi stworzenia sześciu zalewów na Dnieprze. Inwestycje tego rodzaju na mniejszą skalę wdrażano także w innych krajach socjalistycznych rządzonych na modłę autorytarną- w Albanii i Rumunii (co ukazuje, że jedynie kraje o wysoce niedemokratycznym modelu rządów mogły pozwolić sobie na kosztowne społecznie inwestycje). Tworzenie zbiorników wodnych okazuje się przyczyną wysiedleń inwestycyjnych o zdecydowanie najbardziej nieodwracalnym charakterze. Brak możliwości powrotu w miejsce dotychczasowego zamieszkania może być czynnikiem ułatwiającym adaptację w nowym środowisku. Z drugiej jednak strony niezwykle często potęguje problemy w rodzaju dezintegracji społecznej czy trudności ekonomicznych. Istotne by przesiedlenia tego rodzaju nie prowadziły do rozbicia dotychczasowego poziomu spójności i więzów społecznych w obrębie wspólnot. Najlepszym narzędziem osiągnięcia tego stanu rzeczy wydaje się przesiedlanie całych wspólnot na obszary których model gospodarczy umożliwia kontynuowanie dotychczas wykonywanych zajęć i płynną integrację z zamieszkującymi tam społecznościami. 2. Urbanizacja i przeobrażenia przestrzeni miejskiej. Konsekwencje przeobrażeń miast są aktualnie drugą największą przyczyną przesiedleń inwestycyjnych na świecie. Biorąc pod uwagę rozwój demograficzny azjatyckich metropolii ich dynamika w najbliższych latach może jednak znacząco wzrosnąć. Wśród procesów urbanizacyjnych prowadzących do szczególnie znaczącej skali wysiedleń wymienić należy: 1. ekspansję przestrzeni miejskiej na nowe obszary, 2. przeobrażenia istniejących dystryktów miejskich (zwłaszcza 90 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny wyburzanie dzielnic biedy w rodzaju slumsów i faveli), 3. rozwój sieci transportu publicznego (w szczególności budowę metra), 4. rozwój infrastruktury sanitarnej, 5. odbudowę miast z powojennych zniszczeń, 6. projekty redystrybucji populacji. Szczególnie duża skala wysiedleń staje się konsekwencją przeobrażeń wielkich metropolii Azji i Ameryki Łacińskiej. Jak zauważa Michael M. Cernea “w miastach takich jak Sao Paulo, Lagos, Douala Rabat, Szanghaj czy Mexico City masowe inwestycje w przestrzeni infrastruktury mieszkaniowej, transportowej, sanitarnej i innych usług publicznej, są coraz bardziej potrzebne, a ich skala będzie wzrastała w związku z dążeniem do podniesienia standardu życia. Projekty realizowane w przestrzeni miejskiej będą wiązały się ze zmniejszaniem przestrzeni życiowej (zwłaszcza najbiedniejszych grup mieszkańców- przyp. mój) oraz wymuszonymi wysiedleniami”5/107. Szczególnie widoczną przyczyną wysiedleń w metropoliach Globalnego Południa jest w ostatnich latach rozwój infrastruktury sanitarnej (kanalizacji). Jak zauważa Jason Stanley projekt tego rodzaju zrealizowany w ostatnich latach w indyjskim Hajderabadzie (Hyderabad Water Supply Project) doprowadził do wysiedlenia około 50 tysięcy osób6/108. Rozwój infrastruktury sanitarnej w stolicy Bangladeszu Dhace (Dhaka Water Supply and Sanitation Project) stał się przyczyną relokacji około 40 tysięcy mieszkańców. Konsekwencją finansowanego przez Bank Światowy projektu rozwoju infrastruktury sanitarnej Dżakarty stała się relokacja około 15 tysięcy mieszkańców miasta. Także w aglomeracjach Afryki wielkie projekty publiczne są przyczyną rosnącej skali wysiedleń. Wspomnijmy tu choćby o trzecim etapie projektu rozwoju infrastruktury sanitarnej i wodociągów w Nairobi, prowadzącym do przesiedlenia około 10 tysięcy mieszkańców7/109. Wspomniane tu inwestycje dotykają najczęściej mieszkańców najuboższych dzielnic i przedmieść wielkich aglomeracji. Poprawa usług publicznych kształtującej się klasy średniej realizowana jest zatem kosztem marginalizacji biedoty. Wysiedlenia w przestrzeni miejskiej cechują się bardziej selektywnym charakterem aniżeli te będące konsekwencją powstawania sztucznych zbiorników wodnych. Łączy je jednak szczególnie negatywne oddziaływanie na sytuację najbiedniejszych warstw społeczeństwa, i tak już silnie dyskryminowanych ekonomicznie i prawnie. Także rozwój transportu publicznego generuje w ostatnich latach znaczącą skalę przesiedleń ludności w przestrzeni miejskiej. Współfinansowany przez Bank Światowy projekt rozwoju transportu miejskiego w Bombaju (ang. Mumbai Urban Transport Project- MUTP) stał się przyczyną relokacji około 100 tysięcy mieszkańców miasta. Istotnym czynnikiem wysiedleń jest także budowa obwodnic miejskich. Wspomnijmy tu choćby inwestycjach tego rodzaju w okolicach Dżakarty (ang. Jabotabek Development Project- ponad 40 tyś. wysiedlonych) czy na przedmieściach Bostonu (tzw. Big dig- prowadzący do 107 [5/4-6] M. M. Cernea, African Involuntary Population Resettlement in a Global Context, World Bank, Washington DC, 2000. 108 [6/4-6] J. Stanley, Development-Induced Displacement and Resettlement, Working Paper, Oxford Refugee Centre, 2004, dostępne na stronie: http://www.forcedmigration.org/researchresources/expert-guides/development-induced-displacement-and-resettlement/fmo022.pdf 109 [7/4-6] Większość danych statystycznych zawartych w tym opacowaniu pochodzi z jednej z moich publikacji anglojęzycznych. Por. B. Termiński, Development-induced diplacement and resettlement: Theoretical frameworks and current challenges, CEDEM Working Paper, University of Liege, 2013. 91 Bogumił Termiński wysiedlenia około 10 tysięcy osób). Jak zatem widzimy projekty tego rodzaju mogą dotykać także krajów wysoko rozwiniętych. Ostatnią przyczyną na jaką pragnę zwrócić uwagę są konsekwencje przeobrażeń przestrzeni mieszkalnej. Rozbudowa osiedli czy obszarów usługowych w krajach Afryki i Azji niezwykle często wiąże się z wyburzaniem dotychczasowych dzielnic biedy. Zjawiska tego rodzaju przybrały charakter masowy między innymi w Indiach, Kambodży, Brazylii, Zimbabwe, i Kenii. Częstą praktykę w Chinach stanowi wyburzanie całych dystryktów miejskich w celu ich późniejszej re-urbanizacji na potrzeby mieszkaniowe i usługowe rozwijającej się klasy średniej. Coraz większym problemem okazują się także masowe eksmisje mieszkańców nie posiadających sformalizowanych praw do zajmowanej przestrzeni. Jak podaje W. Courtland Robinson jedynie w 1998 działania zakładu gospodarki publicznej w Bombaju (ang. Brihanmumbai Municipal Corporation) w zakresie porządkowania miasta doprowadziły do eksmisji 168 tysięcy osób. Konsekwencją autorytarnych rządów w Birmie stały się masowe eksmisje ludności ze stolicy tego kraju na przedmieścia i poza jej bezpośrednie okolice. Jak podaje Departament Stanu USA pomiędzy 1988 a 1994 rokiem eksmisje tego rodzaju dotknęły aż 500 tysięcy mieszkańców Rangun. Jak wskazywał UN-Habitat jedynie pomiędzy 1989 a 1990 rokiem na zlecenie birmańskich władz przesiedlonych zostało około 1,5 miliona obywateli tego kraju8/110. Akcja “oczyszczania” dzielnic biedy, realizowana kilka lat temu w Zimbabwe, stała się przyczyną przymusowej relokacji przynajmniej kilkuset tysięcy osób. Według szacunków ONZ wspomniany projekt (ang. Operation Murambatsvina) stał się powodem przesiedlenia ponad 700 tysięcy osób i poważnych problemów dla około 2,4 mln osób. Przymusowe eksmisje na dużą skalę obserwowano także w Republice Dominikany pomiędzy 1986 a 1992 rokiem. Szacuje się, że w następstwie realizowanego wówczas projektu przeobrażenia stolicy kraju Santo Domingo eksmitowanych zostało ponad 30 tysięcy rodzin9/111. Podobnie jak w kontekście innych analizowanych wyżej problemów rozwój gospodarczy staje się narzędziem realizacji interesów dominujących aktorów ekonomiczno-społecznych kosztem postępującej marginalizacji najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Także w Azerbejdżanie obserwujemy w ostatnim czasie zjawisko przymusowych eksmisji związanych z przeobrażeniami stolicy tego kraju- Baku. 3. Rozwój sieci połączeń komunikacyjnych (dróg, autostrad, sieci kolejowych). Ekspansja sieci transportu jest przyczyną wysiedleń często analizowaną w kontekście urbanizacji. Z uwagi na kilka charakterystycznych elementów zasadne wydaje się jednak omówienie tego problemu osobno. Według pochodzącego z 1994 roku raportu Banku Światowego rozwój transportu stanowił aż 24,6 % wszystkich projektów finansowanych ze środków instytucji wiążących się z przesiedleniem ludności10/112. Nie wydaje się jednak by udział tego problemu w ramach globalnej skali wysiedleń inwestycyjnych rzeczywiście był aż tak znaczący. Inwestycje tego rodzaju celowo realizowane są bowiem na terenach nisko zaludnionych. Dlatego właśnie najbardziej 110 [8/4-6] W. Courtland Robinson, Risks and Rights: The Causes, Consequences and Challenges of Development-Induced Displacement, Brookings Institution, 2002. 111 [9/4-6] Ibidem, p. 19. 112 [10/4-6] Wspomniane szacunki odnoszą się do projektów finansowanych bądź współfinansowanych przez Bank Światowy w latach 1986-1993, por. Bankwide Review of Projects Involving Involuntary Resettlement (1986-1993). 92 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny zagrożone wysiedleniami tego rodzaju są gęsto zaludnione obszary Chin, Indii i Bangladeszu. Specyfikę ostatniego spośród wspomnianych państw stanowi duża skala wysiedleń wywołanych konstrukcją mostów. Dwa najbardziej znane projekty tego rodzaju- powstanie mostów Jamuna i Padma wiązało się z przesiedleniem kilkudziesięciu tysięcy osób. Także Kambodża charakteryzuje się wzrastającą skalą relokacji wywołanych rozwojem transportu. Istotnym problemem, dostrzeżonym już między innymi przez Azjatycki Bank Rozwoju (ang. Asian Development Bank- ADB), stały się przesiedlenia ludności związane z rozbudową trakcji kolejowej. 4. Wydobycie i transport surowców mineralnych. Zgodnie z wydanymi w ostatnich latach opracowaniami eksploatacja i transport surowców prowadzić może do przymusowych wysiedleń nawet miliona osób rocznie. Wspomniana tu kategoria przyczyn wydaje się na tyle zróżnicowana, że zasadne okazuje się wprowadzenie bardziej szczegółowych klasyfikacji roboczych. Najbardziej właściwy okazuje się podział problemu na wysiedlenia związane z tworzeniem bądź ekspansją kopalni odkrywkowych (ang. Mining-induced displacement and resettlement – MIDR), oraz tych wywołanych wydobyciem i transportem ropy naftowej (ang. oil-induced displacement, oil development-induced displacement). W przypadku pierwszej ze wspomnianych kategorii wysiedlenia ludności są bezpośrednią konsekwencją ingerencji człowieka w środowisko geograficzne. Czynnikiem kształtującym skalę tego procesu jest zatem tworzenie nowych kopalni, bądź ekspansja tych już istniejących. Górnictwo odkrywkowe prowadzi ponadto do określonych konsekwencji środowiskowych, które także oddziaływać mogą na dynamikę przymusowych migracji w późniejszym czasie. Ograniczona skala wysiedleń okazać się może wreszcie rezultatem konfliktu o kontrolę nad terenami wydobywczymi czy podział profitów z wydobycia. Z nieco odmienną specyfiką czynników sprawczych mamy do czynienia w kontekście wysiedleń wywołanych wydobyciem ropy naftowej. Uwarunkowania technologiczne powodują, że sam proces wydobycia nie wiąże się ze znaczącą skalą wysiedleń. Przyczyną znaczącej skali tego problemu okazuje się wysiedlanie ludności z bezpośredniego sąsiedztwa ropociągów. Transport ropy naftowej może zatem prowadzić do większej skali wysiedleń aniżeli jej fizyczne wydobycie. Równie istotnym czynnikiem przymusowych migracji okazać się mogą negatywne konsekwencje środowiskowe procesów wydobywczych (obserwowane np. w Delcie Nigru). Poniżej postaram się w skrótowy sposób przedstawić przynajmniej najbardziej spektakularne przykłady wysiedleń towarzyszących wydobyciu i transportowi surowców. Szczególnie duża skala przesiedleń ludności cechuje wydobycie surowców w Indiach i Chinach. Zdaniem dr Waltera Fernandesa pomiędzy 1950 a 1990 rokiem rozwój indyjskiego górnictwa stał się przyczyną wysiedlenia 2,55 miliona mieszkańców tego kraju (zwłaszcza w regionie Jharkhand). Pomiędzy dekadą lat sześćdziesiątych a końcem lat osiemdziesiątych średnia powierzchnia kopalni odkrywkowych w tym kraju zwiększyła się aż sześciokrotnie. Nie dziwi zatem, że rozwój górnictwa postrzegany jest w tym państwie jako kolejny czynnik marginalizacji słabszych w imię realizacji interesów większości. Także w Chinach wydobycie surowców wydaje się istotną przyczyną relokacji ludności. Brak nawet bardzo ogólnych danych w tym zakresie utrudnia wysuwanie jakichkolwiek wniosków na temat społecznych konsekwencji górnictwa w tym państwie. Bangladesz nie jest obecnie krajem w którym górnictwo jest przyczyną znaczącej skali wysiedleń ludności. Sytuacja ta może 93 Bogumił Termiński jednak ulec zmianie za sprawą zapowiedzianych już w 2011 roku planów powstania kopalni odkrywkowej Phulbari. Zgodnie z opiniami niektórych struktur eksperckich (International Accountability Project) inwestycja ta stać się może przyczyną wysiedlenia około 220 tysięcy osób, oraz nieodwracalnej dewastacji lokalnego ekosystemu. Znacząca skala wysiedleń stała się konsekwencją rozwoju kopalni odkrywkowych złota na wyspie Papua oraz górnictwa na Filipinach. Także Afryka jest obszarem silnie obciążonym analizowanym problemem. Szacuje się, że rozwój odkrywkowego górnictwa złota w regionie Tarkwa w Ghanie doprowadził do wysiedlenia około 30 tysięcy osób pomiędzy 1990 a 1998 rokiem. Górnictwo złota w dwóch największych regionach wydobywczych Mali (Sadiola i Syama) stało się przyczyną wysiedlenia przynajmniej kilkunastu tysięcy okolicznych mieszkańców. Przedmiotem uwagi Human Rights Watch stały się przesiedlenia ludności w związku z rozwojem górnictwa w Mozambiku (szacuje się, że następstwem ekspansji kopalni Moatize stało się przesiedlenie przynajmniej 1200 gospodarstw domowych). Znacząca skala problemu cechuje ponadto Demokratyczną Republikę Konga, Namibię, Botswanę, Mozambik, RPA, oraz Zimbabwe. Ograniczony charakter wspomniane zjawisko przyjmuje ponadto w krajach Ameryki Południowej. Nawet tam jesteśmy jednak w stanie wymienić przynajmniej ograniczone ilościowo przykłady wysiedleń, związane z rozwojem górnictwa w Chile, Boliwii, Peru, Wenezueli, Gujanie, Argentynie, Surinamie i Hondurasie11/113. Zdecydowanie bardziej wielowymiarowa okazuje się specyfika wysiedleń związanych z wydobyciem i transportem ropy naftowej. Najbardziej kluczową przyczyną tego rodzaju wysiedleń okazują się dążenia do uzyskania bądź wzmocnienia kontroli nad terenami wydobycia surowca. Działania tego rodzaju prowadzą do nieuniknionego konfliktu interesów pomiędzy różnymi aktorami politycznymi bądź władzami a ludnością lokalną. Eskalacja przemocy związana z konfliktami wokół wydobycia ropy naftowej jest zagadnieniem dobrze omówionym w piśmiennictwie naukowym. Amerykański specjalista geografii i studiów rozwojowych Michael J. Watts dla jego określenia posługuje się wiele mówiącym terminem “petro-przemoc” (ang. petro-violence)12/114. Zjawisko to występuje wyłącznie w krajach upadłych, rządzonych w sposób totalitarny bądź autorytarny, jak również tych cechujących się wewnętrznymi konfliktami zbrojnymi i eskalacją przemocy etnicznej. Zaistnienie zjawiska “petro-przemocy” jak również brutalnych wysiedleń ludności wymaga zatem spełnienia dość podobnych warunków. Najbardziej znanym przykładem wysiedleń związanych z wydobyciem ropy naftowej okazują następstwa eksploatacji tego surowca w Sudanie. Realizowane w kooperacji z zachodnimi firmami wydobycie ropy naftowej w tym państwie (tzw. koncesja Block 5A) stała się przyczyną brutalnego wysiedlenia przynajmniej 160 tysięcy mieszkańców południowej części ówczesnego Sudanu. Szczególne natężenie walk o kontrolę nad obszarami wydobycia i transportu ropy naftowej obserwowano pomiędzy 1999 a 113 [11/4-6] B. Termiński, Przesiedlenia inwestycyjne: Nowa kategoria przymusowych migracji, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012; B. Termiński, Oil-induced displacement and resettlement: Social problem and human rights issue, Research Paper, Simon Fraser University, Vancouver, March 2012; B. Termiński, Mining-induced displacement and resettlement: Social problem and human rights issue, unpublished research paper, Geneva, September 2012. 114 [12/4-6] M. J. Watts, "Petro-Violence: Community, Extraction, and Political Ecology of a Mythic Commodity" [w] M. L. Peluso, M. J. Watts (red.), Violent Environments: Essays on the Metaphysics of Human Persons, Cornell University Press, Ithaca, 2001, s. 189. 94 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny 2003 rokiem w stanie Unity (ang. Western Upper Nile, zwłaszcza w dystrykcie Rubkoma). Wysiedlenia mieszkańców Delty Nigru stały się konsekwencją protestów społeczności autochtonicznych przeciwko rosnącej dewastacji środowiskowej tego obszaru. Protesty ludności Ogoni stały się przyczyną pokazowych procesów i skazania na śmierć przywódców ruchu (MOSOP), protestującego przeciwko niekontrolowanym konsekwencjom środowiskowym wydobycia ropy w Delcie Nigru. Szczególna eskalacja tego konfliktu, obserwowana około 1994 roku, przypada na okres militaryzacji rządów w Nigerii. Udowadnia zatem prezentowane przeze mnie założenie, że brutalne wysiedlenia wywołane eskalacją konfliktów o zasoby obserwujemy wyłącznie w krajach o całkowicie niedemokratycznej formie rządów. Wysiedlenia związane z rozwojem sektora naftowego na bardzo ograniczoną skalę obserwowano także w Kolumbii i Ekwadorze. W ostatnim spośród tych państw były one raczej konsekwencją skażenia środowiska wywołanego oszczędnościami w wydobyciu. Także w rządzonej przez autorytarny reżim Birmie eksploatacja surowców stała się przyczyną wielu patologii w rodzaju pracy przymusowej czy ograniczonej skali eksmisji z bezpośredniego sąsiedztwa gazociągów. Powstanie gazociągów z obszarów wydobywczych Yadana i Yetagun wiązało się z licznymi przykładami bezpłatnej pracy przymusowej całych wiosek przy ich konstrukcji. Pamiętajmy wreszcie o licznych przypadkach przymusowych de facto migracji, podjętych w następstwie negatywnych konsekwencji ekonomicznych i środowiskowych wydobycia ropy naftowej. 5. Deforestacja i ekspansja przestrzeni rolnych. Z uwagi na niski poziom zaludnienia terenów leśnych deforestacja nie stanowi obecnie przyczyny znaczącej skali wysiedleń. W niektórych regionach świata prowadzi jednak do znaczących problemów ekonomicznych. W Indiach (a także wielu obszarach Ameryki Łacińskiej i Afryki) lasy są podstawowym zapleczem ekonomicznym dla wspólnot lokalnych. Społeczności łowiecko-zbierackie (ang. huntergatherer), bądź te oparte na bardziej trwałym związku z ziemią (ang. landbased economy) traktują las jako źródło żywności, drewna opałowego, czy tradycyjnie potrzebnych im ziół. Utrata dostępu do lasów wymusza zatem modyfikację modelu gospodarczego. Powoduje także obserwowane na przykład w Indiach obniżenie aktywności ekonomicznej kobiet w ramach rodziny. Proces deforestacji jest zazwyczaj etapem wstępnym dalej idących przeobrażeń środowiska lokalnego. Mam tu na myśli w szczególności ekspansję terenów rolnych. Rolnictwo jest przyczyną rosnącej skali wysiedleń ludności. Jego odmianą, prowadzącą do szczególnie niebezpiecznych konsekwencji społecznych i środowiskowych, jest tworzenie wielkich monokulturowych plantacji. Obserwowane choćby na Borneo wycinanie lasu deszczowego i tworzenie w jego miejscu monokulturowych plantacji oleju palmowego stało się przyczyną znaczących kontrowersji społecznych. Wysiedlenia wywołane ekspansją plantacji palm oleistych na ograniczoną skalę obserwowano także w Kolumbii. Przyczyną wysiedleń ludności okazują się także bazujące zazwyczaj na centralnym planowaniu projekty rozwoju rolnictwa. Mam tu na myśli choćby stosowaną w wielu krajach Afryki i Azji politykę powrotu na wieś (villagization). Problem ten szczegółowo omówiony zostanie we fragmencie artykułu dotyczącym schematów redystrybucji populacji. 6. Ochrona przyrody (tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, i innych przestrzeni ochrony biosfery). Ochrona przyrody jest de facto procesem 95 Bogumił Termiński głęboko opozycyjnym wobec wspomnianych wyżej płaszczyzn rozwoju ekonomicznego. Jej celem jest bowiem nie rozwój gospodarczy lecz minimalizacja i powstrzymywanie jego szczególnie negatywnych konsekwencji. Pomimo wspomnianego faktu specjaliści tematu uznają relokacje związane z tworzeniem bądź ekspansją obszarów ochrony przyrody za element szerszego kontekstu wysiedleń inwestycyjnych. Według pochodzących z ostatnich lat szacunków IUCN po 1900 roku utworzono na świecie ponad 110 tysięcy obszarów przyrody chronionej (ang. protected areas). Powstanie wielu z nich wiązało się z relokacją zamieszkującej tam ludności tubylczej, a zatem rozerwaniem ekonomicznych, społecznych i kulturalnych zależności łączących ich z zamieszkiwaną i użytkowaną od pokoleń przestrzenią. Zdaniem przedstawicieli ortodoksyjnego nurtu ochrony przyrody tereny chronione powinny objąć przynajmniej 10 % procent światowych powierzchni leśnych. Problem wysiedleń wywołanych ochroną środowiska (ang. conservationinduced displacement) i liczba dotkniętych nimi osób (określanych często nie do końca zasadnie terminem “conservation refugees”) ma zatem szanse na istotny wzrost13/115. Zjawisko to dotyka wyłącznie przedstawicieli ludności tubylczej (ang. indigenous people, tribal people) z nisko rozwiniętych obszarów świata. Dlatego właśnie zainteresowania tym problemem, nawet w ramach ośrodków akademickich, ma obecnie znikomy charakter. Wysiedlenia wywołane ochroną przyrody już dzisiaj są poważnym problemem Indii i wielu regionów Afryki. Warto zatem zwrócić uwagę na szczególnie spektakularne przykłady tego zjawiska w poszczególnych częściach świata. Wysiedlenia związane z ochroną przyrody realizowane były już w końcu XIX stulecia w związku z utworzeniem Parku Narodowego Krugera w Południowej Afryce. Jak zauważa Charles Geisler, socjolog rozwoju z Cornell University, nawet próba określenia zbliżonej skali tego problemu w Afryce jest obecnie bardzo trudna, bądź wręcz niemożliwa. Tworzenie przestrzeni ochrony przyrody (ang. protected areas) w Afryce mogło jego zdaniem doprowadzić dotychczas do wysiedlenia pomiędzy 900 tyś a 14,4 miliona osób. Przypadające na lata dziewięćdziesiąte utworzenie Parku Narodowy Kibale w Ugandzie stało się przyczyną wysiedlenia ponad 35 tysięcy osób. Około 19 tysięcy z nich wysiedlonych zostało na tereny oddalone o ponad 150 mil od miejsca pochodzenia. Powstanie Parku Narodowego Serengeti w północnej części Tanzanii doprowadziło do przesiedlenia około 50 tysięcy członków plemienia Masajów. Łączną liczbę członków tego plemienia wysiedlonych w następstwie ochrony przyrody szacuje się dzisiaj na około 100 tysięcy. Problem wysiedleń wywołanych ochroną przyrody coraz szerzej występuje także w krajach azjatyckich. Według raportu przygotowanego na potrzeby indyjskiego rządu ochrony przyrody doprowadziła dotychczas w tym państwie do wysiedlenia około 1,6 miliona osób. 7. Projekty redystrybucji populacji (ang. population redistribution schemes). Celowe przesiedlenia ludności bądź transfery populacyjne pomiędzy dwoma obszarami były praktykowane na masową skalę już w czasach starożytnych. Ich celem była wówczas unifikacja danego terytorium, ukaranie ludności podbitych ośrodków władzy, bądź spełnienie innego rodzaju celów politycznych14/116. Już 115 [13/4-6] M. Dowie, Conservation Refugees: The Hundred-year Conflict Between Global Conservation and Native People, MIT Press, 2009. 116 [14/4-6] Także współcześnie wymienić możemy przykłady uwarunkowanych politycznie programów redystrybucji ludności. Wspomnijmy tu choćby o relokacjach związanych z 96 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny w epoce hellenizmu i Imperium Romanum realizowane były przesiedlenia ludności mające za zadanie zwiększenie potencjału ekonomicznego i demograficznego miast. W początkowym okresie ekspansji kolonialnej przesiedlenia ludności służyły centralizacji podbitych obszarów, oraz zapewnieniu imigrantom z Europy najbardziej optymalnej przestrzeni życiowej. Stabilizacja obszarów kolonialnych zaowocowała pierwszymi próbami ich demograficznej regulacji w celu maksymalizacji wydajności ekonomicznej. Jednym z najbardziej znanych projektów tego rodzaju był program transmigracji (ang. transmigration, ind. transmigrasi) w Indonezji, zapoczątkowany już w XIX stuleciu przez holenderskie władze kolonialne. Celem wspomnianego projektu, kontynuowanego później przez administrację Suharto, stało się dążenie do tworzenia bardziej zbalansowanego układu demograficznego poprzez relokację osób z najwyżej zaludnionych regionów kraju (Java, Bali, Madura) na obszary peryferyjne. Szacuje się, że pomiędzy 1979 a 1984 rokiem w następstwie programu przesiedlono aż 2,5 miliona osób (około 535,000 rodzin) na słabiej zaludnione obszary Indonezji. Innym krajem charakteryzującym się długotrwałą tradycją centralnie sterowanych relokacji ludności jest Etiopia. Już w końcu dziewiętnastego stulecia stały się one odpowiedzią na przeludnienie niektórych części kraju i związane z tym problemy żywnościowe. Zwrot znacznej części obszarów trzeciego świata w kierunku socjalizmu doprowadził tam do mniej lub bardziej kontrowersyjnych relokacji na obszary wiejskie (ang. politics of villagization), często związanych także z próbą recepcji wzorców kolektywizacji. Obserwowana pomiędzy 1974 a 1988 rokiem szczególnie duża skala wspomnianego procesu w Etiopii stała się konsekwencją wojskowych rządów w tym kraju. Etiopia jest krajem stosującym politykę relokacji aż do czasów obecnych. Niezwykle trudno zatem określić nawet przybliżoną liczbę osób wysiedlonych w następstwie tego rodzaju procesów. Niektóre spośród zrealizowanych tam programów redystrybucji ludności należy uznać za racjonalne ekonomicznie i usprawiedliwione społecznie. Trudno także dziwić się dążeniom tego rodzaju państw (których potencjał żywnościowy jest nieproporcjonalnie mały w stosunku do potrzeb mieszkańców) do rozwiązywania problemu braku żywności za pomocą odgórnie narzuconych programów relokacji. Politykę masowej redystrybucji populacji stosowała także Tanzania w okresie prezydentury Juliusa Nyerere. Program relokacji był elementem ustanowionej w tym państwie tzw. polityki Ujamaa (ang. Ujamaa development policy). Zapoczątkowana jako dobrowolna kampania przesiedleń w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych miała już charakter przymusowy (tzw. operacja Vijiji). Szacuje się, że następstwem polityki Ujamaa stały się przymusowe wysiedlenia od 7 do 9 milionów mieszkańców Tanzanii. Zapoczątkowana w 1994 roku polityka przesiedleń ludności w Rwandzie związana była z powrotem do tego państwa ponad 2,5 miliona uchodźców zmuszonych do ucieczki w następstwie wcześniejszej eskalacji przemocy etnicznej. Przesiedlenia ludności z miast na obszary wiejskie wiązały się także ze stabilizacją władzy socjalistycznej w Kampuczy i Wietnamie. Szczególnie brutalna i tragiczna humanitarnie okazała się polityka wysiedleń realizowana w pierwszym ze wspomnianych tu państw. Szacuje się, że w okresie dyktatury tworzeniem bantustanów w związku z polityką apartheidu w RPA. Szacuje się, że w latach 1960-1980 przesiedlono do nich aż 3,5 miliona osób. 97 Bogumił Termiński Czerwonych Khmerów aż cztery miliony mieszkańców Kampuczy zostało wysiedlonych z największych miast tego kraju. 8. Inne przyczyny. Wraz z ewolucją form rozwoju gospodarczego zmianom ulega charakter towarzyszących im wysiedleń ludności. Spośród najważniejszych kategorii wysiedleń ludności to właśnie te związane z rozwojem gospodarczym i ochroną przyrody najpóźniej przyjęły charakter masowy. Poza wymienionymi już przyczynami warto zwrócić uwagę na kilka innych. Przyczyną rosnącej skali przesiedleń staje się tworzenie dużych obiektów infrastruktury transportowej w rodzaju portów i lotnisk. Z uwagi na ich lokalizację w sąsiedztwie wysoko zaludnionych obszarów miejskich tworzeniu obiektów tego rodzaju może towarzyszyć wzmożona skala przesiedleń. Przesiedlenia i mobilność o podłożu środowiskowym towarzyszy również powstawaniu olbrzymich wysypisk śmieci w Ghanie. W erze globalizacji zrównoważone warunki środowiskowe są nie tyle prawem społecznym lecz przywilejem najbogatszych grup społeczeństwa. Jeszcze kilkadziesiąt late temu ludność tubylcza krajów rozwijających zamieszkiwała zazwyczaj w nieskażonym i cechującym się dobrymi warunkami środowiskowymi otoczeniu. Obserwowane obecnie polepszanie standardu życia dominujących warstw społecznych coraz częściej odbywa się kosztem minimalizacji poziomu bezpieczeństwa środowiskowego najbiedniejszych kategorii ludności. Przesiedlenia inwestycyjne w silny sposób przenikają się także z innymi kategoriami wysiedleń wewnętrznych i ruchów migracyjnych. Przeobrażenia środowiska okazują się zarówno przyczyną jak i konsekwencją przesiedleń inwestycyjnych. Obserwowane w Etiopii przypadki długoletniej suszy i głodu stały się przyczyną decyzji o masowych programach relokacji ludności, w celu uzyskania bardziej zbilansowanego rozkładu demograficznego i poprawy dostępu do żywności. Konsekwencje negatywnych zmian środowiskowych są także najważniejszą przyczyną powstawania i ekspansji obszarów przyrody chronionej. Działania tego rodzaju prowadzą corocznie do przymusowego wysiedlenia wielu tysięcy osób. Środowiskowe konsekwencje projektów inwestycyjnych są także przyczynami migracji wtórnych o wielotysięcznej skali. Wiele spośród zrealizowanych projektów, nieuwzględniających szerszego kontekstu ekosystemowego, stało się przyczyną poważnych problemów ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych, w najbliższych i bardziej odległych obszarach. Wyjątkowym następstwem powstania Zapory Trzech Przełomów w Chinach stały się zagrożenia o podłożu sejsmicznym. Ich konsekwencją stać się może przymusowe wysiedlenie kolejnych 100 tysięcy osób. Interesujący nas problem jest ponadto silnie zespolony z wysiedleniami wywołanymi eskalacją przemocy zbrojnej. Państwa rządzone przez wąską elitę władzy i silnie zmilitaryzowane cechują się brutalnymi metodami realizacji wysiedleń inwestycyjnych. Wysiedlenia tego rodzaju często wiążą się jednak z zadawnionymi konfliktami o podłożu etnicznym. Eskalacja przemocy zbrojnej spowodowała raczej, że osoby wysiedlone w następstwie inwestycji w Sudanie, Nigerii czy Kolumbii możemy postrzegać w kategoriach „conflict-induced displaced people”. Duże projekty inwestycyjne generują nie tylko przymusowe wysiedlenia ludności, lecz także dużą skalę migracji ekonomicznych. Już w początku lat dziewięćdziesiątych norweska politolog Asti Suhrke zwróciła uwagę na wspomniany problem w kontekście degradacji środowiska. Zauważyła ona, że 98 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny przeobrażenia cywilizacyjne okazują się zarówno czynnikiem generującym (ang. push factor) przymusowe migracje środowiskowe, jak i czynnikiem przyciągającym (ang. pull factor) migrantów o charakterze ekonomicznym. Również rekompensaty otrzymywane przez wysiedlonych stać się mogą czynnikiem dobrowolnej migracji ekonomicznej w inne miejsce. W przypadku rekompensat otrzymywanych wyłącznie w gotówce trudno zatem mówić o klasycznie rozumianym przesiedleniu. Wysiedlenia z obszaru dotychczasowego zamieszkania staje się raczej początkiem dobrowolnej migracji gdzie indziej. W literaturze przedmiotu coraz częściej zwraca się uwagę na ekonomiczny potencjał rekompensat w gotówce jako czynnika sprawczego transnarodowych migracji (np. z Bangladeszu czy Pakistanu do Wielkiej Brytanii). 3. Teoretyczna konceptualizacja problemu Już w pierwszych dekadach ubiegłego stulecia zaczęto zwracać uwagę na sytuację osób przesiedlonych w następstwie rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Wspomniane analizy miały jednak wyrywkowy charakter i nie pretendowały do daleko idącej konceptualizacji tematu. Początek zaawansowanych studiów na temat przesiedleń ludności wiązać należy z prowadzonymi w latach pięćdziesiątych badaniami terenowymi amerykańskich socjologów i antropologów społecznych. Współczesna percepcja przesiedleń inwestycyjnych bazuje przede wszystkim na dorobku badań terenowych prowadzonych wśród społeczności dotkniętych trzema wielkimi projektami tamtego okresu. Mam tutaj na myśli powstanie zapory Kariba, Wysokiej Tamy na Jeziorze Nasera, oraz zapory Akosombo na zbiorniku Wolta w Ghanie. Zdecydowanie słabiej rozwijały się analizy społecznych konsekwencji relokacji w krajach wysoko rozwiniętych. Warto jednak wspomnieć o prowadzonych już w początku lat sześćdziesiątych przez Huberta Gansa badaniach socjologicznych na temat relokacji miejskich w Bostonie. Na 1952 rok datować możemy początek badań antropologicznych poświęconych ludności Gwembe Tonga, objętej przesiedleniami związanymi z powstaniem zapory Kariba na rzece Zambezi (pogranicze Zimbabwe i Zambii). Ponad sześćdziesięcioletnie badania plemienia Gwembe Tonga umożliwiły pogłębioną analizę ciągłości i zmiany społecznej w ramach dużej wspólnoty objętej przesiedleniem. Przedmiotem analiz zespołu stało się oddziaływanie przesiedlenia na ewolucję modelu ekonomicznego, więzi społecznych, a nawet środowiskowe i zdrowotne konsekwencje powstania zapory Kariba dla okolicznych społeczności. Publikacje Elizabeth Colson poświęcone społecznym kosztom powstania zapory Kariba okazują się dzisiaj nie tylko fundamentalnym tekstem antropologii stosowanej, lecz także studiów nad wysiedleniami wewnętrznymi15/117. Analizy podjęte przez Elizabeth Colson i Thayera Scuddera nie ograniczały się do wąskich studiów terenowych. Zasługą wspomnianych autorów dla ogólnej teorii studiów nad przesiedleniami jest między innymi sformułowanie tak zwanego czterostopniowego modelu przesiedlenia (ang. four-stage model of resettlement), przedstawionego w pochodzącej z 1982 roku publikacji16/118. Wyróżnili oni następujące etapy procesu przesiedlenia: 1. 117 [15/4-6] E. Colson, The Social Consequences of Resettlement: The Impact of the Kariba Resettlement upon the Gwembe Tonga, Manchester University Press, 1971. 118 [16/4-6] T. Scudder, E. Colson, "From welfare to development: a conceptual framework for the analysis of dislocated people" W: A. Hansen, A. Oliver-Smith (red.), In-voluntary migration 99 Bogumił Termiński planowanie, 2. okres przejściowy, 3. rozwój, 4. integrację. Etap planowania obejmuje zapadające na wyższych szczeblach ogólne decyzje w zakresie implementacji projektu i towarzyszących przesiedleń. Drugi etap obejmuje przygotowanie, oraz fizyczną relokację dotkniętych przesiedleniem społeczności. Etap rozwoju wiąże się ze stopniową odbudową warunków życia, oraz adaptacji dotychczasowych standardów funkcjonowania do sytuacji w nowym miejscu zamieszkania. Ostatni ze wspomnianych etapów dotyka problemu długotrwałej adaptacji w nowym miejscu przez osoby przesiedlone i ich potomków. Zgodnie z zamysłem twórców wspomniany model miał pierwotnie znajdować zastosowanie wyłącznie w analizie przesiedleń o charakterze dobrowolnym. Jego ogólny charakter umożliwia także bardziej szczegółowe analizy na gruncie przesiedleń przymusowych. Istotne znaczenie dla rozwoju teoretycznych studiów przesiedleń wiązać należy z późniejszymi książkami T. Scuddera poświęconymi przyszłości wielkich tam, oraz oddziaływaniu malejącej liczby zasobów na problem biedy w krajach rozwijających15/119. Obok studiów ludności Gwembe Tonga warto zwrócić uwagę na rezultaty prac terenowych prowadzonych w trzech innych regionach. Ukończona w 1965 roku budowa zapory Akosombo doprowadziła do powstania jednego z największych na świecie sztucznych rezerwuarów wodnych i przymusowej relokacji około 82 tysięcy osób. Badania towarzyszących inwestycji przesiedleń, podjęte na gruncie nauk społecznych przez G.W. Amarteifio, D.A.P. Butchera, R. Chambersa i D. Whithama, stały się niezwykle cennym asumptem w procesie formowania podstaw studiów wysiedleń inwestycyjnych. Na lata sześćdziesiąte datujemy także wstępne badania socjologiczne dotyczące przesiedleń ludności nubijskiej związanych z powstaniem Wysokiej Tamy Asuańskiej. Celem wspomnianego projektu, finansowanego przez Fundację Forda, było przygotowanie socjologicznej analizy problemów dotykających przesiedlonych na użytek egipskiego ministerstwa spraw społecznych. Jak zauważa T. Scudder i wielu specjalistów studiów rozwojowych, powstanie zapory w Asuanie było jednym z nielicznych przykładów tego typu inwestycji w których negatywne koszty społeczne okazały się całkowicie znikome wobec późniejszych korzyści ekonomicznych. Początek badań antropologicznych dotyczących wysiedleń ludności wywołanych konstrukcją zapór wodnych w Ameryce Łacińskiej datować możemy na wczesne lata siedemdziesiąte. W pochodzącym z 1973 roku studium Barabas i Bartolomé podjęli temat wysiedlenia około 10 tysięcy Indian Mazatec, towarzyszącego powstaniu zapory Miguel Aleman Dam w Meksyku. Już w latach sześćdziesiątych obserwujemy pierwsze próby tworzenia ogólnych konceptów teoretycznych, pomocnych w analizie socjoekonomicznych konsekwencji przesiedleń. Wspomnijmy tu choćby o zaproponowanym w 1969 roku przez Roberta Chambersa trzystopniowym modelu przesiedleń, bazującym na analizach dobrowolnych relokacji w Kenii i Ghanie16/120. W początku and resettlement, Westview Press, Boulder CO, 1982. 119 [15/4-6] T. Scudder, The Future of Large Dams: Dealing with Social, Environmental, Institutional and Political Costs, Earthscan, London, 2005; T. Scudder, Global Threats, Global Futures: Living with Declining Living Standards, Edward Elgar Publishing, 2010. 120 [16/4-6] T. Scudder, The Future of Large Dams: Dealing with Social, Environmental, Institutional and Political Costs, Earthscan, London, 2005, s. 33. 100 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny następnej dekady wspomniany model poddany został analizie w treści kilku innych publikacji naukowych. Lata siedemdziesiąte okazały się początkiem niezwykle dynamicznego rozwoju studiów nad wysiedleniami inwestycyjnymi. Od 1974 roku datować możemy stałą współpracę Banku Światowego z socjologami zajmującymi się problemem przymusowych wysiedleń (M.M. Cernea). Rozpoczęte wówczas analizy odegrały decydujący wpływ na powstanie i ewolucję standardów planowania realizacji i monitorowania przesiedleń wywołanych wielkimi inwestycjami. Przed wspomnianym okresem uwaga środowisk naukowych koncentrowała się raczej na socjoekonomicznych kosztach wysiedlenia. Dokumenty przyjęte po 1980 roku w ramach Banku Światowego zwróciły uwagę na zagadnienia minimalizacji wysiedleń, rekompensat, oraz właściwego wsparcia przesiedlonych w nowym miejscu. Dopiero od tego okresu możemy zatem mówić o rozwiniętych studiach przesiedleń, rozumianych jako zaplanowany proces fizycznej relokacji, uzupełniany o rekompensaty za utracone dobra, oraz mechanizmy wsparcia społecznego w nowym miejscu zamieszkania. Wśród wydanych w latach osiemdziesiątych publikacji warto zwrócić uwagę na opracowanie Putting People First: Sociological Variables in Rural Development (Bank Światowy, 1985), oraz raport Development, displacement, and rehabilitation: Issues for a national debate (W. Fernandes, E. Ganguly Thukral, Indian Social Institute, New Delhi, 1989). Silny rozwój badań naukowych nad wysiedleniami inwestycyjnymi obserwujemy od końca lat osiemdziesiątych w związku z intensyfikacją wzrostu gospodarczego Indii i Chin. Obserwujemy ponadto rosnące upolitycznienie zagadnienia, oraz wzrost zainteresowania badaniami w tym zakresie ze strony przedstawicieli innych dyscyplin wiedzy. Konsekwencją zaangażowania Banku Światowego stały się dokumenty poświęcone wysiedleniom przyjmowane w ramach regionalnych banków rozwoju (African Development Bank, Asian Development Bank, Inter-American Development Bank). Pomimo wspomnianych wysiłków przesiedlenia inwestycyjne w dalszym ciągu nie stały się przedmiotem zainteresowania instytucji międzyrządowych zaangażowanych w przestrzeni ruchów migracyjnych, praw człowieka czy aktywności humanitarnej. Szczególne miejsce pośród rozwijanych w latach dziewięćdziesiątych konceptów teoretycznych zajmuje Impoverishment Risks and Reconstruction (IRR) Model17/121. Zgodnie z samą nazwą model koncentruje się na trzech zagadnieniach: kreowanym przez wysiedlenie podważeniu ekonomicznych podstaw funkcjonowania, zagrożeniach dotykających przesiedlonych w nowym miejscu, oraz perspektywach przywrócenia właściwego standardu ich funkcjonowania. Zgodnie z zamierzeniem twórcy modelu (M.M. Cernea) ma on pełnić cztery podstawowe funkcje: 1. prognostyczną (ang. predicative), 2. diagnostyczną (ang. diagnostic), 3. w zakresie rozwiązywania problemów (ang. problem-resolution) oraz 4. badawczą (ang. research). Podstawowym zadaniem modelu jest określenie zagrożeń dotykających przesiedlonych w trakcie i po relokacji w celu właściwej analizy ryzyka i minimalizacji potencjalnych problemów. Autor wymienia aż osiem kluczowych zagrożeń dotykających przesiedlone osoby i społeczności. Zalicza do nich: 1) brak ziemi (ang. landlessness); 2) bezrobocie (ang. joblessness); 3) bezdomność (ang. 121 [17/4-6] Por zwłaszcza: M. M. Cernea, "The risks and reconstruction model for resettling displaced populations", World Development, vol. 25, no. 10, October 1997, s. 1569-1587. 101 Bogumił Termiński homelessness); 4) marginalizację (ang. marginalization); 5) zagrożenia żywnościowe (ang. food insecurity); 6) problemy zdrowotne i wzrastającą śmiertelność (ang. increased morbidity and mortality); 7) utratę dostępu do wspólnych zasobów (ang. loss of access to common property resources), oraz 8) dezintegrację wspólnot lokalnych (ang. community disarticulation). Jak zauważa sam autor przedstawiony powyżej katalog zagrożeń nie ma charakteru wyczerpującego. Niektórzy specjaliści sugerowali uzupełnienie modelu o inne zagrożenia dotykające wysiedlonych w rodzaju utraty dostępu do świadczeń publicznych (Mathur 1998, 1999), utratę praw obywatelskich (Downing, 1996), oraz utrudniony dostęp do edukacji (Mahapatra, 1999)18/122. Niedocenionymi w ramach modelu zagrożeniami wydają się ponadto kulturowe następstwa przesiedleń, oraz te związane z ekonomiczną i społeczną marginalizacją kobiet. Rosnącym na znaczeniu tematem badań jest opór lokalnych społeczności przeciwko przesiedleniom inwestycyjnym. Szczególnie silne tradycje protestu w tym zakresie obserwować możemy w Indiach i krajach Ameryki Łacińskiej. Historia zorganizowanego protestu przeciwko tworzeniu zapór wodnych w Indiach sięga pierwszych dekad ubiegłego stulecia. Szczególne natężenie protestów w ostatnich latach wiązało się z dwoma znaczącymi inwestycjami: powstaniem zapory Sardar Sarovar na rzece Narmada, oraz zapory Tehri. Protesty obserwowane w Ameryce Łacińskiej wiążą się z rosnącym upodmiotowieniem społeczności pierwotnych (ang. indigenous people) jako suwerennego aktora politycznego, ekonomicznego i społecznego, decydującego o kierunku własnego rozwoju gospodarczego. Zorganizowane protesty lokalnych społeczności w ostatnich latach wiązały się między innymi z planami powstania wielkich zapór wodnych (Belo Monte, La Parota), oraz zakusami administracji i prywatnego biznesu związanymi z wydobyciem surowców. Anthony Oliver Smith wymienia trzy płaszczyzny oporu przeciwko kontrowersyjnym społecznie projektom: a) działania demokracji oddolnej (ang. grassroots movements), aktywność stowarzyszeń pozarządowych (NGOs) i c) działania stowarzyszeń i platform współpracy wyższego szczebla (konfederacje stowarzyszeń pozarządowych, międzynarodowe platformy protestu, itp). W czasach rozwoju technologicznego ważnym medium promocji interesów ruchów protestu i szerszej mobilizacji ich członków staje się internet. Zapewnia on możliwość wyjścia z postulatami ruchu poza wąską grupę jego członków i osób bezpośrednio dotkniętych negatywnymi konsekwencjami projektów inwestycyjnych. Badania przesiedleń inwestycyjnych narodziły się na gruncie antropologii stosowanej, socjologii i różnych płaszczyzn studiów rozwojowych. To właśnie na gruncie wspomnianych dyscyplin wytworzeniu uległy szczegółowe modele badawcze, pomocne w analizie potencjalnych konsekwencji wysiedleń (IRR Model, czterostopniowy model przesiedleń autorstwa E. Colson i T. Scuddera, trzystopniowy model przesiedleń autorstwa R. Chambersa). Coraz częściej obserwujemy jednak próby zastosowania w ich analizie bardziej ogólnych konceptów teoretycznych w rodzaju podejścia etycznego, praw człowieka, dorobku ekonomii politycznej, a nawet koncepcji bezpieczeństwa ludzkiego i rozwoju ludzkiego. Wszystkie ze wspomnianych tu ujęć badawczych nie mają państwocentrycznego i jednoznacznie politycznego charakteru. Umożliwiają 122 [18/4-6] M. M. Cernea, "Risks, safeguards and reconstruction: a model for population displacement and resettlement" w: M. M. Cernea, C. McDowell (red.), Risks and reconstruction: experiences of resettlers and refugees, The World Bank, Washington D. C., 2000, s. 53. 102 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny zatem wyciąganie daleko idących wniosków na temat wywołanych wysiedleniami zagrożeń indywidualnych i wspólnotowych. Rozwijane przez specjalistów kanadyjskich podejście etyczne koncentruje się na analizie przesłanek zasadności projektów rozwojowych. Biorąc pod uwagę kategorie etyczne inwestycje służące realizacji interesu społecznego wydają się dużo bardziej uzasadnione aniżeli te zwiększające jedynie profity prywatnego biznesu. Konsekwencją powstania zapory wodnej staje się zwiększenie ilości i spadek cen energii, a także rozwój sektora rolnego i zyski z turystyki. Pomijając chwilowo negatywne konsekwencje takich projektów możemy stwierdzić, że krąg ich potencjalnych beneficjentów jest bardzo rozległy. W przypadku projektów komercyjnych, w rodzaju ekspansji górnictwa odkrywkowego czy tworzenia monokulturowych plantacji palm oleistych, wydaje się on już zdecydowanie węższy. Nie oznacza to bynajmniej, że wyłącznie projekty publiczne przyczyniają się do poszerzania przestrzeni dobrobytu w krajach Globalnego Południa. Wspomniane tu założenia stanowią dla specjalistów studiów rozwojowych punkt odniesienia dla bardziej szczegółowych dyskusji. Słabo rozwiniętym obszarem badań okazuje się analiza konsekwencji przesiedleń ludności na gruncie praw człowieka. Istnieje co prawda wiele dokumentów w bezpośredni sposób odwołujących się do sytuacji osób wysiedlonych tudzież negatywnych konsekwencji rozwoju gospodarczego. Słabość rozwiązań prawnych w objętych tym problemem krajach powoduje, że mają one de facto marginalne znaczenie. Jak już wiemy problem wysiedleń inwestycyjnych dotyka prawie wyłącznie wspólnot o marginalnej już pozycji ekonomicznej i społecznej. Działaniom na rzecz kształtowania właściwych standardów przesiedleń powinno towarzyszyć wzmocnienie pozycji prawnej dyskryminowanych kategorii ludności. Konieczne wydaje się także większe niż dotychczas zainteresowanie problemem na gruncie międzynarodowych instytucji praw człowieka. Szczegółowe omówienie problemu w kontekście regulacji międzynarodowej ochrony praw człowieka zawarte zostało w jednej z poniższych części artykułu. Użytecznym narzędziem analizy społecznych konsekwencji przesiedleń okazują się także popularne po zakończeniu zimnej wojny miękkie koncepcje bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza koncept bezpieczeństwa ludzkiego (ang. human security). Katalog siedmiu podstawowych obszarów bezpieczeństwa ludzkiego, zawarty w przygotowanym przez UNDP w 1994 roku Human Development Report wykazuje wiele elementów wspólnych z klasyfikacją zagrożeń dotykających przesiedlonych, znaną nam choćby z IRR Model. Za najważniejsze filary bezpieczeństwa ludzkiego uznano w nim: bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo środowiskowe, bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo wspólnotowe, oraz bezpieczeństwo polityczne. Także elementy charakterystyczne konceptu bezpieczeństwa ludzkiego w dobry sposób przystają do analiz globalnych problemów społecznych, dotykających zarówno pojedyncze osoby jak i szersze wspólnoty19/123. Właśnie z uwagi na wspomniane czynniki klasyfikacja najważniejszych płaszczyzn bezpieczeństwa 123 [19/4-6] Wśród elementów charakterystycznych konceptu bezpieczeństwa ludzkiego wymienia się: koncentrację na problemach jednostek i grup społecznych, wielosektorowość, wszechstronność, duży nacisk na kontekst zagrożeń dla bezpieczeństwa, oraz ukierunkowanie na prewencję zagrożeń (ang. people-centered, multi-sectoral, comprehensive, context-specific, and prevention-oriented). 103 Bogumił Termiński ludzkiego stanie się punktem wyjścia dla bardziej szczegółowej analizy konsekwencji wysiedleń inwestycyjnych w dalszej części pracy. Kolejnym słabo zdefiniowanym podejściem badawczym, szczególnie popularnym w pierwszym okresie po zakończeniu zimnej wojny, jest koncept rozwoju ludzkiego (ang. human development). Szczególne znaczenie dla ewolucji wspomnianej kategorii u progu lat dziewięćdziesiątych odegrali Mahbub ul Haq i Amartya Sen. Pomimo znaczącej przydatności badawczej koncept rozwoju ludzkiego jedynie w ograniczonym stopniu służyć może analizom społecznych konsekwencji wysiedleń inwestycyjnych. Koncentruje się on bowiem na maksymalizacji dobrobytu wszystkich obywateli, co rzadko ma miejsce w kontekście sytuacji wysiedlonych w następstwie projektów rozwojowych. Osoby tego rodzaju stanowią raczej ofiary selektywnie rozumianej polityki ekonomicznej, oderwanej od pryncypiów zrównoważonego rozwoju i maksymalizacji dobrobytu wszystkich członków społeczeństwa. Jak zauważają autorzy wspomnianego konceptu rozwój ludzki jest możliwy wyłącznie w warunkach wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Duża część realizowanych projektów rozwojowych prowadzi do konsekwentnego spadku wszystkich kategorii bezpieczeństwa ludzkiego. Progresywna marginalizacja społeczności wysiedlonych (DPs) i dotkniętych negatywnymi konsekwencjami inwestycji (PAPs) stoi zatem w sprzeczności z wyrażanymi w ramach konceptu rozwoju ludzkiego postulatami maksymalizacji dobrobytu (welfare, well-being), kapitału czy poszerzania przestrzeni wolności. Opracowane przez Bank Światowy standardy realizacji przesiedleń podkreślają co prawda konieczność odbudowy utraconej pozycji ekonomicznej, oraz długofalowej maksymalizacji dobrobytu przez wysiedlonych. Jedynie niewielka część spośród zrealizowanych dotychczas przesiedleń doprowadziła do tak pozytywnych rezultatów długookresowych. Zazwyczaj wysiedlenia ludności postrzegane są jako trudne do uniknięcia koszty podniesienia dobrobytu dominujących warstw społecznych. 4. Analiza konsekwencji wysiedleń inwestycyjnych w kontekście konceptu bezpieczeństwa ludzkiego Powstanie konceptu bezpieczeństwa ludzkiego stało się odpowiedzią na pozimnowojenne nadzieje większego uspołecznienia stosunków międzynarodowych, i częściowej przynajmniej ewolucji państwocentrycznego układu globalnego w kierunku wzrostu znaczenia aktorów społecznych. Założenia te, powodowane także nadzieją rewitalizacji znaczenia ONZ i zmniejszenia ilości wojen, już w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych przeszły jednak miażdżącą weryfikację za sprawą brutalnych konfliktów etnicznych w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, oraz na Półwyspie Bałkańskim. Już w drugiej połowie lat osiemdziesiątych specjaliści stosunków międzynarodowych rozwijali badania w zakresie tzw. miękkich aspektów bezpieczeństwa, w tym koncepcji bezpieczeństwa środowiskowego (ang. environmental security). Zainteresowanie konceptem bezpieczeństwa ludzkiego na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat przyjmowało różną skalę. Obecnie staje się on narzędziem interpretacji wielu globalnych problemów społecznych o mniej politycznym charakterze. Pierwsze badania dotyczące związków wysiedleń wewnętrznych i problematyki bezpieczeństwa prowadzono już w końcu lat osiemdziesiątych i 104 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny początku następnej dekady. Szczególnie dynamicznie rozwijały się analizy poświęcone wpływowi degradacji środowiska i kurczących się zasobów na eskalację przemocy, oraz wywołane tym wysiedlenia ludności. Do grona autorów poświęcających uwagę wspomnianemu zagadnieniu u progu lat dziewięćdziesiątych zaliczyć należy Astri Suhrke, Arthura H. Westinga, czy T. Homer-Dixona. Zdecydowanie słabiej rozwijały się badania na temat związków bezpieczeństwa z problematyką wysiedleń inwestycyjnych. Problem ten do niedawna analizowany był w ramach marginalnej ilości opracowań naukowych (G. Bharali 2006; G Caspary 2007; B. Terminski 2012). Biorąc pod uwagę szeroki i oderwany od prymatu polityki charakter wspomnianego konceptu, wydaje się on dobrym narzędziem analiz globalnych problemów społecznych w rodzaju wysiedleń związanych z rozwojem gospodarczym. Punktem wyjścia dla dalszych rozważań stanie się prezentowana już klasyfikacja siedmiu najważniejszych obszarów bezpieczeństwa ludzkiego, zawarta w UNDP Human Development Report z 1994 roku. Na potrzeby własne uzupełniłem ją o dwa istotne elementy: zagrożenia o charakterze kulturalnym (ang. cultural security), oraz te związane z dyskryminacją i spadkiem pozycji ekonomicznej kobiet (ang. gender insecurity). Konsekwencją dużej części przesiedleń jest zdecydowane obniżenie wszystkich wspomnianych tu kategorii bezpieczeństwa ludzkiego. W odróżnieniu od innych kategorii wysiedleń wewnętrznych (zwłaszcza conflict-induced displacement i disaster-induced displacement) spadek poziomu human security jest zazwyczaj nie przyczyna a skutkiem przesiedlenia. Twórcy konceptu bezpieczeństwa ludzkiego podkreślali, że w czasie pokoju kluczowym regulatorem funkcjonowania jednostek jest stabilny poziom bezpieczeństwa ekonomicznego. Także w przypadku wysiedleń inwestycyjnych spadek poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego w oczywisty sposób oddziałuje na dotykające przesiedlonych w dalszej kolejności zagrożenia. Wspomniane tu dziewięć kategorii stanie się dla mnie podstawą dla ukazania podstawowych zagrożeń dotykających przesiedlonych. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Zdecydowana większość przesiedleń w obszarze państw Globalnego Południa prowadzi do znaczącego pogorszenia sytuacji ekonomicznej w porównaniu z okresem przed relokacją. Fakt ten wiąże się z wywołaną przesiedleniem utratą bądź ograniczeniem zasobów, od których zależą społeczności. Szczególnie dużym problemem okazuje się utrata ziemi, oraz dostępu do zasobów wspólnych w rodzaju lasów, wspólnej ziemi uprawnej, pastwisk czy rzek. Utrata ziemi jest częstą konsekwencją przyjętego w toku przesiedleń niewłaściwego modelu rekompensat (wypłacania ich w gotówce członkom społeczności opierających model gospodarczy na ziemi). Spadek poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego jest najczęściej procesem trudnym do zatrzymania i może przerodzić się w wielopokoleniową marginalizację. Silnie oddziałuje ponadto na zdecydowaną większość innych zagrożeń. Bezpieczeństwo żywnościowe. Spadek poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego wywołany jest najczęściej konsekwencjami utraty dostępu do ziemi i zasobów wspólnotowych. Na obniżenie jego poziomu wpływa także wywołany inwestycją spadek dotychczasowej wydolności ekonomicznej ekosystemu. Także niewłaściwe zrealizowane wysiedlenia staja się powodem spadku ilości żywności. Przesiedlenie często prowadzi do dezintegracji dotychczasowych więzów ekonomicznych (na przykład sąsiedzkiej wymiany żywności). Osoby odpowiedzialne za realizację projektów nie uwzględniają 105 Bogumił Termiński socjoekonomicznej specyfiki przesiedlanych społeczności. Przesiedlani do miast mieszkańcy obszarów wiejskich nie mają zazwyczaj szans kontynuacji dotychczasowego modelu żywnościowego, opartego na silnym związku z ziemią. Badania prowadzone w indyjskim regionie Assam ukazały szczególnie silne oddziaływanie przesiedleń na pogorszenie sytuacji żywnościowej kobiety i dzieci. Bezpieczeństwo zdrowotne. Na poziom zdrowotności przesiedlonych bądź dotkniętych inwestycją wspólnot w silny sposób oddziałują ich konsekwencje środowiskowe. Wiele projektów inwestycyjnych, realizowanych w krajach rozwijających, wiązało się ze spustoszeniem lokalnego ekosystemu, bądź przynajmniej zachwianiem dotychczasowej równowagi środowiskowej. Wywołane budową zapory wodnej skażenie rzek w oczywisty sposób oddziałuje na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego całych społeczności. Wśród najbardziej znanych inwestycji prowadzących do ogromnych konsekwencji zdrowotnych wymienić możemy eksploatację złóż ropy naftowej w Delcie Nigru (Nigeria) i Ekwadorze. Spadek bezpieczeństwa zdrowotnego, okazuje się także konsekwencją niedożywienia. Przesiedlenia ludności są także źródłem problemów adaptacyjnych, poczucia traumy i innych negatywnych zmian o podłożu psychicznym (wspomnijmy także o wywołanych wysiedleniami patologiach w rodzaju alkoholizmu). Bezpieczeństwo środowiskowe. Spadek wspomnianego obszaru bezpieczeństwa jest konsekwencją pogorszenia warunków w dotychczasowy miejscu zamieszkania bądź przesiedlenia na dużo gorsze pod względem środowiskowym obszary. Ludność tubylcza i najbiedniejsze warstwy społeczeństwa są obecnie szczególnie zagrożone pogarszającymi się warunkami środowiska w ich bezpośrednim otoczeniu. Maksymalizacja bezpieczeństwa środowiskowego dominujących grup społecznych często odbywa się kosztem ich coraz większej pauperyzacji w zdegradowanym ekosystemie. Wywołana inwestycją degradacja ekosystemu często staje się przyczyną masowych migracji wtórnych o podłożu środowiskowym (ang. environmentally-induced displacement). Bezpieczeństwo osobiste. Współczesne paradygmaty rozwoju gospodarczego zwracają uwagę na znaczenie jednostki jako jego centralnego beneficjenta. Osoby wysiedlone są przeważnie kategorią ponoszącą jego największe koszty. Szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa osobistego są konsekwencje dezintegracji większych struktur społecznych. Rozpad i erozja ekonomicznej funkcji wspólnot jest bowiem podstawowym czynnikiem późniejszej marginalizacji. Bezpieczeństwo wspólnotowe. Przesiedlenia inwestycyjne w wielu krajach rozwijających są przede wszystkim fenomenem wspólnotowym. Fizycznej relokacji towarzyszą bowiem trudności w kontynuacji dotychczasowych więzi społecznych. Poważnej erozji ulegają także lokalne więzi ekonomiczne. Wywołany relokacją spadek poziomu bezpieczeństwa wspólnotowego zależy od: 1. dotychczasowego poziomu spójności grupy, 2. specyfiki przesiedlenia (relokacja całej grupy na nowy obszar, bądź wywołana wysiedleniem atomizacja), 3. gospodarczych i społecznych podobieństw miejsca nowego zamieszkania w stosunku do tych uprzednio opuszczonych, 4. możliwości adaptacyjnych w ramach nowego terytorium i integracji z jego mieszkańcami. W krajach wyżej rozwiniętych wysiedlenia są raczej zindywidualizowanym 106 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny fenomenem dotykającym jednostki bądź mniejsze komórki społeczne (np. rodziny, nie zaś struktury plemienne). Bezpieczeństwo polityczne. Przesiedlenia inwestycyjne są fenomenem w niezwykle silnym stopniu uwarunkowanym politycznie. Na najbardziej ogólnym poziomie ich dynamika kształtowana jest przez wzorce i tempo krajowego rozwoju gospodarczego. Przykłady z krajów niedemokratycznych ukazują nam jednak, że ekonomiczna racjonalność projektów ma często drugorzędne znaczenie wobec dążenia do osiągnięcia specyficznych korzyści ekonomicznych czy propagandowych. Specyfikę krajów rządzonych w autorytarny bądź totalitarny sposób (Nigeria, Sudan, Gwatemala) stanowiło bądź stanowi niezwykle silne przenikanie się dwóch przyczyn wysiedleń: lokalnej eskalacji przemocy, oraz realizacji dużych inwestycji. Realizacja projektów rozwojowych staje się tam kolejnym czynnikiem zaogniania konfliktów etnicznych i związanych z tym wysiedleń. W wielu przypadkach trudno zatem mówić o jakiejkolwiek różnicy pomiędzy przywoływanymi w piśmiennictwie anglojęzycznym kategoriami “conflict-induced displacement” i “developmentinduced displacement”. Zagrożenia dla bezpieczeństwa kobiet. Dzieci i kobiety są kategoriami ponoszącymi największe jednostkowe koszty wysiedleń. Częstą konsekwencją wysiedleń w Indiach staje się obniżenie aktywności ekonomicznej kobiet, i ich coraz większe uzależnienie od zarobków mężów. Przesiedlenia utrwalają zatem tradycyjnie upośledzoną pozycję kobiet w społeczeństwach wielu krajów rozwijających. Kobiety cechuje ponadto dużo niższa niż w przypadku mężczyzn elastyczność zawodowa, co w sytuacji przesiedlenia na obszary cechujące się innym niż dotychczasowy modelem ekonomicznym powoduje ich przymusowe bezrobocie. Utrata dostępu do edukacji i usług publicznych. Osoby odpowiedzialne za realizację przesiedleń niezwykle często zapominają o długotrwałych mechanizmach wsparcia. Równie powszechnym problemem okazują się dużo gorsze warunki mieszkaniowe i infrastrukturalne (drogi, wodociągi, transport publiczny) w nowym miejscu zamieszkania. Przesiedleni w nowym miejscu pobytu mają często utrudniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. 5. Aktywność instytucji międzynarodowych W odróżnieniu od innych kategorii wysiedleń wewnętrznych, centralnymi aktorami instytucjonalnymi zaangażowanymi w problematykę DIDR nie są instytucje aktywne w przestrzeni przymusowych migracji czy pomocy humanitarnej, lecz międzynarodowe agencje finansowe i organizacje ekonomiczne w rodzaju Banku Światowego, regionalnych banków rozwoju i OECD. Bank Światowy od ponad czterdziestu lat odgrywa istotne znaczenie w zakresie finansowania projektów rozwojowych i kreowania standardów realizacji towarzyszących im wysiedleń. Aktywność tego rodzaju stała się odpowiedzią na zarzuty skrajnego upolitycznienia świadczonej przez bank pomocy rozwojowej, oraz braku kontroli nad konsekwencjami inwestycji realizowanych ze środków instytucji. Szczególnie nagłośnionym przypadkiem porażki pryncypiów wsparcia rozwojowego Banku Światowego stały się konsekwencje powstania zapory Chixoy w Gwatemali. Bank Światowy jest pierwszą instytucją międzynarodową w ramach której przyjęto zestaw standardów dotyczących planowania, realizacji i minimalizacji 107 Bogumił Termiński społecznych konsekwencji przesiedleń. W lutym 1980 roku instytucja przyjęła tzw. Instrukcję Obsługi Operacyjnej (ang. Operational Manual Statement- OMS 2.33). W 1990 roku dokument ten został zrewidowany jako tzw. Dyrektywa Operacyjna 4.30 (ang. Operational Directive 4.30- OD 4.30). Jej podstawowe założenia i cele operacyjne znaleźć możemy w artykule 3 dokumentu. Zgodnie z nim (a) Gdy to możliwe powinno dążyć się do uniknięcia bądź jak największej minimalizacji liczby przesiedlonych, (b) Gdy przesiedlenie jest nie do uniknięcia proces ten powinien być dobrze zaplanowany, (c) Powinno dążyć się do jak największej partycypacji wspólnot lokalnych na etapie planowania i realizacji przesiedleń, (d) Osoby przesiedlone powinny otrzymać wsparcie w procesie społecznej i ekonomicznej integracji w nowym miejscu zamieszkania, (e) Ziemia, mieszkania, wsparcie infrastrukturalne, bądź inne formy kompensaty, powinny być otrzymywane także przez szczególnie silnie dotknięte przesiedleniami grupy, (ludność tubylczą, mniejszości etniczne, społeczności nomadyczne), które mogą nie posiadać formalnych praw do terytorium i zasobów zajętych w trakcie realizacji projektu. W grudniu 2001 roku w ramach Banku Światowego przyjęta została Polityka Operacyjna w zakresie Niedobrowolnych Przesiedleń (ang. Operational Policy on Involuntary Resettlement, OP4.12.). Dokument ten w szczególnym stopniu koncentruje się na problemach i potrzebach grup odczuwających największe koszty przesiedlenia, w rodzaju "społeczności żyjących poniżej granicy nędzy, nie posiadających ziemi, osób starszych, kobiet, dzieci, ludności pierwotnej, mniejszości etnicznych, oraz osób marginalizowanych przez system prawny w związku z brakiem formalnego tytułu do ziemi"20/124. W przypadku grup silnie związanych z ziemią (ang. land-based economy) najbardziej zasadną formą rekompensaty wydaje się przesiedlanie ich na nieodległe tereny o podobnym modelu gospodarczym. Dokument Banku Światowego podkreśla ponadto wiążącą moc zwyczajowych praw do ziemi, zwracając także uwagę na podstawowe prawa przysługujące przesiedlonych. Osoby przesiedlone powinny: 1. być informowane o wynikających z przesiedlenia możliwościach, oraz przysługujących im prawach, 2. zostać zaznajomione z rozwiązaniami alternatywnymi w kwestii przesiedleń, 3. otrzymać niezwłoczną i efektywną rekompensatę z tytułu utraconych dóbr bądź możliwości. W związku z brakiem rzeczywistej aktywności systemu NZ, Bank Światowy jest obecnie najważniejszym aktorem instytucjonalnym zaangażowanym w problem wysiedleń ludności wywołanych rozwojem gospodarczym. Obok finansowania projektów w istotny sposób wpływa także na standardy realizacji towarzyszących im przesiedleń. Jako donator projektów rozwojowych Bank Światowy bezpośrednio odpowiada za kreowanie skali przesiedleń w różnych częściach świata. Równocześnie jednak aktywność badawcza, oraz dokumenty przyjęte w ramach instytucji, odgrywają istotne znaczenie w minimalizacji zagrożeń dotykających przesiedlonych i większej humanitaryzacji tego procesu. Konsekwencją podjętej w jego ramach aktywności stały się późniejsze działania na płaszczyźnie regionalnych banków rozwoju (ang. Regional Development Banks – RDB). Pamiętajmy jednak, że z uwagi na ograniczenia finansowe, aktywność wspomnianych tu instytucji nie jest obecnie znacząca. Niewiele ponad trzy procent spośród powstających obecnie zapór wodnych opiera się na wsparciu finansowym Banku Światowego. Większe znaczenie instytucja 124 [20/4-6] OP 4.12 on Involuntary INTFORESTS/ Resources/ OP412. Resettlement 108 http://siteresources.worldbank.org/ Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny odgrywa w zakresie finansowania rozwoju sieci komunikacji w niektórych państwach Afryki i Azji. Aktywność finansowa regionalnych banków rozwoju okazuje się jeszcze mniejsza. Azjatycki Bank Rozwoju (ang. Asian Development Bank ADB) przyjął katalog wytycznych dotyczących przymusowych przesiedleń w listopadzie 1995 roku. Jak zauważono w dokumencie planowanie i realizacja przesiedleń jest integralną częścią procesu inwestycyjnego. Osoby odpowiedzialne za realizację projektów finansowanych ze środków ADB powinny dążyć do całkowitej eliminacji przesiedleń, bądź przynajmniej minimalizacji ich skali. Jednostki i wspólnoty dotknięte tym procesem powinny zostać poinformowane o socjoekonomicznych konsekwencjach projektu, proponowanych formach rekompensat, bądź rozwiązaniach alternatywnych. Program przesiedleń powinien koncentrować się na perspektywach ekonomicznej i społecznej integracji wysiedlonych w nowym miejscu zamieszkania. Podobnie jak w innych dokumentach podkreślone zostało, że brak sformalizowanych praw do zajmowanego terytorium bądź użytkowanych zasobów wspólnych nie może stanowić przesłanki braku rekompensaty dla wysiedlonych. Przyjęte przez ADB procedury implementacji zasad przesiedleń obejmują następujące etapy: a) Initial Social Assessment (ISA), b) Resettlement Plan, c) Responsibility for Resettlement, d) Project Processing, e) Project Implementation, f) Application of Policy, g) Monitoring and Reporting, h) Resource Implications. W 2000 roku ADB publikował studium poświęcone ewaluacji finansowanych ze środków instytucji projektów prowadzących do przymusowych przesiedleń ludności (dotyczyło ono lat 1994-1999). Zgodnie ze wspomnianym dokumentem 80 realizowanych w tym okresie projektów doprowadziło do przesiedlenia 40 tysięcy osób i znaczących konsekwencji dla kolejnych 80 tysięcy w dwunastu państwach regionu21/125. Początek zaangażowania Afrykańskiego Banku Rozwoju (ang. African Development Bank- AfDB) na rzecz regulacji standardów przesiedleń związanych z finansowanymi przez instytucję projektami datować możemy na pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych. Pierwszym dokumentem przyjętym w ramach instytucji były pochodzące z 1995 roku Wytyczne Dotyczące Przymusowych Wysiedleń i Przesiedleń Towarzyszących Projektom Rozwojowym (ang. Guidelines on Involuntary Displacement and Resettlement in Development Projects- IDRP). W listopadzie 2003 roku doszło do przyjęcia polityki AfDB dotyczącej przymusowych przesiedleń związanych z projektami rozwojowymi22/126. Podstawowym celem dokumentu stało się zapewnienie, że “wszystkie osoby wysiedlone powinny być traktowane w sposób równy, oraz mieć dostęp do korzyści związanych z realizacją projektu prowadzącego do ich wysiedlenia”. Wśród głównych założeń operacyjnych dokumentu wymienić należy: 1. dążenie do całkowitej eliminacji liczby wysiedlonych, bądź, gdy jest to niemożliwe, jak największej minimalizacji tego problemu, 2. zapewnienie przesiedlonym wsparcia w trakcie fizycznej relokacji, co umożliwić powinno szybkie odbudowanie ich dotychczasowego standardu życia, 3. określenie wytycznych i warunków jakie powinny być spełnione przez kredytobiorców w celu jak największej eliminacji społecznych konsekwencji przesiedleń, 4. wprowadzenie mechanizmu monitoringu społecznych konsekwencji 125 [21/4-6] Special Evaluation Study on The Policy Impact of Involuntary Resettlement, Asian Development Bank, Spetember 2000. 126 [22/4-6] "Involuntary Resettlement Policy", African Development Bank, November 2003, available at: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/PolicyDocuments. 109 Bogumił Termiński towarzyszących projektom realizowanym ze środków AfDB23/127. Także aktywność Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju (ang. Inter-American Development Bank- IADB) na rzecz minimalizacji przesiedleń podjęta została już w początku lat dziewięćdziesiątych. W 1991 roku instytucja przyjęła pierwsze wytyczne operacyjne dotyczące przesiedleń ludności. Polityka Operacyjna Dotycząca Przymusowych Przesiedleń (ang. The Operational Policy on Involuntary Resettlement OP-710) przyjęta została w 1998 roku. Dokument ten w silny sposób skoncentrowany jest na analizie i minimalizacji zagrożeń marginalizowanych kategorii ludności w rodzaju społeczności tubylczych i wspólnot bez sformalizowanych praw do zajmowanego terytorium. W pochodzącym z 1998 raporcie poglądowym IADB zauważono, że przynajmniej 120 projektów finansowanych bądź współfinansowanych przez instytucję pomiędzy 1970 a 1998 rokiem doprowadziło do łącznego przesiedlenia przynajmniej 650 tysięcy osób24/128. Aktywność OECD na rzecz promowania właściwych standardów przesiedleń związana jest z przyjętymi w początku lat dziewięćdziesiątych dokumentami w tym zakresie, jak również praktyczną działalnością operacyjną Komitetu Wspierania Rozwoju (ang. Development Assistance Committee -DAC). W grudniu 1991 roku ministrowie środowiska i współpracy rozwojowej państw OECD przyjęli “Wytyczne agencji pomocowych w zakresie przymusowych wysiedleń i przesiedleń towarzyszących projektom rozwojowym” (ang. “Guidelines for Aid Agencies on Involuntary Displacement and Resettlement in Development Projects)25/129. Jak zauważono w dokumencie podstawowym celem osób odpowiedzialnych za planowanie relokacji powinna być eliminacja bądź minimalizacja skali przesiedleń poprzez poszukiwanie rozwiązań alternatywnych. Efektywne przygotowanie i realizacja przesiedleń powinny opierać się na poniższym schemacie: a) identyfikacja projektu przesiedleń, b) przygotowanie projektu przesiedleń, c) ocena zasadności projektu i negocjacje społeczne, d) realizacja i nadzór projektu, e) ocena ex-post. Przesiedlenia inwestycyjne są ponadto przestrzenią ograniczonej aktywności ze strony innych instytucji międzynarodowych. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature – IUCN) coraz częściej zwraca uwagę na przymusowe wysiedlenia ludności związane z tworzeniem parków narodowych i innych przestrzeni ochrony biosfery. Z uwagi na standardy realizacji, oraz ograniczone możliwości adaptacyjne ludności pierwotnej, wysiedlenia związane z ochroną przyrody są przyczyną szczególnie silnych zagrożeń o charakterze humanitarnym. Przesiedlenia inwestycyjne są ponadto przedmiotem refleksji instytucji systemu NZ. Przymusowe eksmisje związane z transformacjami przestrzeni miejskiej są zagadnieniem często analizowanym w raportach UNDP i UN-HABITAT. Studiom tego rodzaju nie towarzyszy jednak bardziej zaawansowana aktywność praktyczna. Podobną sytuację obserwujemy w kontekście zainteresowania problemem ze strony Światowego Programu Żywnościowego (ang. World Food Programme- WFP), oraz działającej w 127 [23/4-6] Ibidem. [24/4-6] "Involuntary Resettlement Operational Policy and Background Paper", IADB, Washington D.C., 1998, available at: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx? docnum=2032100. 129 [25/4-6] Na spotkaniu ministrów środowiska OECD z grudnia 1991 roku przyjęto także trzy inne dokumenty: 1. Good Practices for Environmental Impact Assessment of Development Projects, 2. Good Practices for Country Environmental Surveys and Strategies; and, 3. Guidelines for Aid Agencies on Global Environmental Problems. 128 110 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny ramach OCHA komórki analitycznej do spraw wysiedleń wewnętrznych (ang. Internal Displacement Unit). UNHCR nie wykazuje obecnie jakiejkolwiek aktywności studyjnej bądź praktycznej w omawianym zagadnieniu. Już w latach siedemdziesiątych, pomimo braku formalnego mandatu w tym zakresie, agencja świadczyła ograniczone wsparcie osobom wysiedlonym wewnętrznie w następstwie eskalacji przemocy i klęsk żywiołowych. Bardziej zaplanowane kategorie wysiedleń, wiążące się z mniejszym poziomem bezpośrednich zagrożeń humanitarnych nie stały się dotychczas przedmiotem zainteresowania UNHCR. Poza konferencją dotyczącą oddziaływania zmian środowiska na dynamikę migracji przymusowych, współorganizowaną przez agencję w połowie lat dziewięćdziesiątych, trudno wymienić nawet przykłady stricte teoretycznej refleksji w omawianym zagadnieniu. Trudno zresztą określić jak miałoby wyglądać zaangażowanie UNHCR w omawianym zagadnieniu. Braku działań agencji w tym zakresie nie powinniśmy zatem postrzegać jednoznacznie negatywnie. Szczegółowe analiza aktywności wspomnianych instytucji została przedstawiona w przygotowanym na potrzeby Brookings Institution raporcie W. Courtlanda Robinsona Risks and rights: The causes, consequences, and challenges of development-induced displacement (2003). Analiza związków przesiedleń inwestycyjnych z problematyką praw człowieka omówiona zostanie dalszym fragmencie artykułu. 6. Przestrzeń praw człowieka Analizy wysiedleń inwestycyjnych na gruncie prawa międzynarodowego publicznego nie mogą być redukowane wyłącznie do kontekstu ochrony IDPs. Analizując prawa, oraz metody wsparcia osób wysiedlonych w następstwie rozwoju gospodarczego, musimy brać pod uwagę zapisy ogólnych dokumentów praw człowieka, jak również przyjętych w ostatnim czasie specyficznych instrumentów o wiążącym i niewiążącym charakterze. Początek szczegółowej refleksji na temat minimalizacji negatywnych konsekwencji rozwoju gospodarczego datować możemy na późne lata siedemdziesiąte i początek następnej dekady. Przyjęte wcześniej dokumenty ogólne (Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka) i bardziej szczegółowe (Pakty Praw Człowieka) nie zawierały jakichkolwiek odniesień do sytuacji osób wysiedlonych wewnętrznie we własnym kraju. Już w tekście UDHR (art. 17, art. 25), oraz ICESCR (zwłaszcza art. 6 i 11) znaleźć możemy zapisy o istotnym znaczeniu pośrednim z punktu widzenia interesującego nas problemu. Także w przyjętych później konwencjach szczegółowych znaleźć możemy postanowienia związane z zakazem dyskryminacji czy specyficznymi standardami realizacji przesiedleń w krajach rozwijających. Wspomnijmy tu choćby o artykule 5 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (CERD) dotyczącym zakazu dyskryminacji w kwestii praw rzeczowych i wolności zmiany miejsca pobytu. Szczególnie istotne z punktu widzenia interesującego nas zagadnienia okazują się zapisy artykułu 16 pochodzącej z 1989 roku Konwencji MOP dotyczącej ludności tubylczej i plemiennej w krajach niezależnych (Konwencja nr 169). Zapisy Konwencji Genewskiej z 1951 roku są przede wszystkim produktem zimnowojennego myślenia politycznego. Kategoria uchodźstwa znajduje jednak zastosowanie wyłącznie w kontekście międzynarodowych migracji przymusowych związanych z działalnością człowieka. Jak zauważają Stojanov i Novosak istnieje dzisiaj ogromna przestrzeń procesów migracyjnych nie do 111 Bogumił Termiński końca rozumianych przez wyspecjalizowane instytucje współpracy międzynarodowej w rodzaju UNHCR czy IOM. Prawo międzynarodowe już dawno przestało nadążać za zmieniającym się obliczem przymusowych migracji26/130. Uchwalone w lutym 1998 roku Przewodnie Zasady Przesiedleń Wewnętrznych (ang. Guiding Principles of Internal Displacement), pomimo niewiążącego charakteru, stanowią obecnie najbardziej znany dokument międzynarodowy podejmujący problem wysiedleń wewnętrznych27/131. Zgodnie z zawartą w artykule 2 definicją za osoby wysiedlone wewnętrznie (ang. internally displaced persons, IDPs) uznaje się „osobę, bądź grupę osób zmuszoną do opuszczenia swoich domów bądź miejsc zamieszkania, zwłaszcza w efekcie konfliktów zbrojnych, przemocy, łamania praw człowieka a także wywołanych przez naturę bądź aktywność człowieka klęsk żywiołowych, nie przekraczających jednak uznanych międzynarodowo granic 28/132 państwowych” . W cytowanej definicji wyraźnie brakuje zatem odniesienia do inwestycji jako kategorii działań wpływającej na dynamikę przymusowych migracji, co z punktu widzenia prezentowanego tu zagadnienia znacznie obniża jej analityczną przydatność. Uznawanie wielkich inwestycji za fragment kategorii wywołanych przez człowieka klęsk naturalnych wydaje się bowiem niezwykle trudne w akceptacji. Pomimo wspomnianego faktu w treści dokumentu znaleźć możemy bezpośrednie odniesienia do sytuacji osób przesiedlonych w następstwie wielkich inwestycji. W sekcji drugiej dokumentu (zasada 6) zawarty został zakaz wysiedlania ludności, jeżeli realizowany projekt nie służy interesom publicznym29/133. Istotne znaczenie odgrywają ponadto zapisane w pkt. 3 gwarancje świadczone uchodźcom wewnętrznym (por. paragraf 7, c)30/134. Istotne znaczenie dla ochrony i wsparcia IDPs w Afryce mają zapisy przyjętych dotychczas wiążących i niewiążących dokumentów. Pierwszym z nich był podpisany w grudniu 2006 roku przez przedstawicieli 11 krajów regionu tzw. Pakt Wielkich Jezior (Pakt Dotyczący Bezpieczeństwa, Stabilności i Rozwoju w Regionie Wielkich Jezior, ang. Pact on Security, Stability and Development in the Great Lakes Region). Przyjęta w październiku 2009 roku Konwencja Unii Afrykańskiej w sprawie Pomocy i Wsparcia Osób Przesiedlonych Wewnętrznie (ang. African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa, Kampala Convention) jest pierwszym wiążącym państwa regionalnym instrumentem ochrony osób przesiedlonych wewnętrznie31/135. W zdecydowanie 130 [26/4-6] R. Stojanov, J. Novosak, „Environmental Migration in China”, Geographica, vol. 39, 2006, s. 65-82. 131 [27/4-6] Więcej na temat dokumentu w kontekście problemu przesiedleń inwestycyjnych por. zwłaszcza: K. Luopajarvi, „Is there an Obligation on States to Accept International Humanitarian Assistance to Internally Displaced Persons under International Law?”, International Journal of Refugee Law, vol. 15, no. 4, 2003, s. 678-714. 132 [28/4-6] Tekst dokumentu w języku angielskim dostępny na stronie: http://daccessdds.ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/G98/104/93/PDF/G9810493.pdf 133 [29/4-6] Oryginalny kontekst angielski: “The prohibition of arbitrary displacement includes displacement: (c) In cases of large-scale development projects, which are not justified by compelling and overriding public interests”. 134 [30/4-6] M. Barutciski, “International Law and Development Induced Displacement and Resettlement” [w] C. J. De Wet (red.), Development-induced displacement: Problems, policies, and people, Berghahn Books, 2006, s. 72-73. 135 [31/4-6] Więcej na temat dokumentu por. zwłaszcza: L. Groth, “Engendering Protection: an Analysis of the 2009 Kampala Convention and its Provisions for Internally Displaced Women”, International Journal of Refugee Law, vol. 23, no. 2, 2011, s. 221-251; S. Ojeda, “The Kampala 112 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny szerszym stopniu odnosi się także od sytuacji osób przesiedlonych w następstwie projektów inwestycyjnych. W artykule 10 dokumentu, zatytułowanym „Displacement Induced by Projects” zawarte zostały najważniejsze zasady w oparciu o które przebiegać powinna realizacja kosztownych społecznie projektów i towarzyszących im przesiedleń ludności32/136. Zgodnie z pkt. 1 sygnatariusze dokumentu powinni dołożyć wszelkich starań w celu eliminacji przesiedleń ludności wywołanych przez duże inwestycje (prowadzone w ramach sektora publicznego i prywatnego). Biorąc pod uwagę wymogi rozwoju gospodarczego i pozytywne następstwa industrializacji wspomniany zapis wydaje się jednak aż nazbyt restrykcyjny. Instytucje odpowiedzialne za realizację projektów dążyć powinny do poszukiwania najmniej kosztownych społecznie alternatyw a także prowadzić rozwinięte konsultacje z przedstawicielami społeczności lokalnych (pkt. 2). Organy władzy państwowej powinny poddać dokładnej analizie społeczne i ekonomiczne konsekwencje projektu przed udzieleniem zgody na jego realizację (pkt. 3). Istotną przeszkodą w urzeczywistnieniu zawartych w dokumencie zasad okazać się może niski poziom akceptacji dla jego postanowień szczegółowych33/137. Prawa przesiedlonych możemy rozpatrywać także w oparciu o dwa inne obszary praw człowieka: prawa ludności tubylczej (ang. indigenous people's rights) i koncept prawa do rozwoju (ang. human right to development). Punktem odniesienia dla analizy problemów wysiedlonych są zapisy Deklaracji Praw Ludów Tubylczych (ang. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), uchwalonej latem 2006 roku na pierwszym posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie, a następnie przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2007 roku. Dokument ten w szczegółowy sposób odnosi się do problemu przesiedleń ludności tubylczej z zamieszkiwanej bądź użytkowanej przez nich ziemi. Zgodnie z artykułem 8 dokumentu państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań na rzecz przeciwdziałania (b) aktywności mającej na celu pozbawienia społeczności tubylczych ich ziem, terytoriów i zasobów (d) wszelkim formom transferów populacyjnych, których celem lub skutkiem jest naruszenie lub podważenie któregokolwiek z praw rdzennych społeczności. Jak zauważono w artykule 10 rdzenne społeczności nie powinny być usuwane siłą z zajmowanych i użytkowanych ziem. Żadne przesiedlenie nie może być realizowane bez dobrowolnej wcześniejszej zgody społeczności pierwotnych. Przesiedleniu ludności powinno towarzyszyć sprawiedliwe odszkodowanie, oraz regulacje dotyczące możliwości powrotu na opuszczone terytorium w przyszłości. Prawo rdzennych społeczności do zajmowanych ziem i zasobów znalazło umocnienie w artykule 28 dokumentu dotyczącym rekompensat z tytułu użytkowania Convention on Internally Displaced Persons: Some International Humanitarian Law Aspects”, Refugee Survey Quarterly, vol. 29, no. 3, 2010, s. 58-66. 136 [32/4-6] Warto zauważyć, że w treści dokumentu posłużono się dużo mniej utrwalonym w piśmiennictwie terminem „displacement induced by projects”. 137 [33/4-6] Porównując zawartość konwencji z tekstem dokumentu z 1998 roku podkreślić należy daleko idące uszczegółowienie warstwy merytorycznej. Istotną wadę dokumentu stanowi jednak całkowite oderwanie jego warstwy tekstualnej od regionalnego kontekstu przesiedleń przymusowych w Afryce, por. zwłaszcza: F. Z. Giustiniani, “New Hopes and Challenges for the Protection of IDPs in Africa: The Kampala Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa”, Denver Journal of International Law and Policy, Spring 2011. 113 Bogumił Termiński terytoriów zajętych bez ich zgody. Dokument z 2007 roku prezentuje poszerzoną koncepcję praw indywidualnych i wspólnotowych. Podkreśla także znaczenie samostanowienia i upodmiotowienia ludności rdzennej. Czynniki te już w chwili powstania dokumentu stały się przedmiotem krytyki ze strony Australii, Nowej Zelandii i Kanady. Z punktu widzenia interesującego nas problemu zapisy dokumentu oceniać należy jak najbardziej pozytywnie. Podstawowymi dokumentami formułującymi zapisy z zakresu prawa człowieka do rozwoju są: Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (art. 22), Deklaracja o Prawie do Rozwoju uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1986, oraz zapisy Deklaracji Wiedeńskiej i Programu Działań z 1993 roku. Istotne wydają się także zapisy Deklaracji z Rio dotyczącej Środowiska i Rozwoju (1992 r.). Zgodnie z artykułem 1 dokumentu z 1986 roku prawo do rozwoju adresowane jest wobec wszystkich członków społeczeństwa i silnie związane z realizacją przez jednostkę najbardziej fundamentalnych wolności. Prawo do rozwoju zostało ponadto silnie powiązane z prawem do samostanowienia, oraz pełną suwerennością nad posiadanymi zasobami. Zgodnie z artykułem 2 dokumentu to nie państwo czy określone grupy społeczne, lecz jednostki, są centralnymi aktorami i najważniejszymi beneficjentami rozwoju gospodarczego. Celem formułowanych na poziomie krajowym polityk rozwoju gospodarczego winno być poszerzanie dobrobytu wszystkich członków populacji. Biorąc pod uwagę wspomniane zastrzeżenie niedopuszczalne wydaje się opieranie rozwoju gospodarczego na interesach większości kosztem marginalizacji najbiedniejszych grup społecznych34/138. 7. Krajowa przestrzeń prawna i aktywność instytucji społeczeństwa obywatelskiego Dokumenty ochrony praw człowieka i formułowane w ramach Banku Światowego standardy realizacji przesiedleń odgrywają obecnie marginalne znaczenie w regulacji tego problemu na płaszczyźnie krajowej. Podstawowymi elementami kształtującymi ten proces okazują się zapisy prawodawstwa krajowego, oraz długotrwale utrwalone wzorce realizacji przesiedleń. Jedynie w niewielu państwach przyjęte zostały wewnętrzne regulacje prawne dotyczące realizacji przesiedleń. Podstawowe znaczenie odgrywają zatem unormowania w zakresie praw rzeczowych i wywłaszczenia. W wielu krajach Globalnego Południa obserwować możemy różnorodne formy marginalizacji prawnej osób szczególnie obciążonych kosztami przesiedleń (rdzennych społeczności, osób bez sformalizowanych praw własności, kobiet i dzieci) w ramach zapisów krajowych. Pierwszym problemem na który pragnę zwrócić uwagę są ograniczenia dotyczące partycypacji lokalnych społeczności w ekonomicznych zyskach z tytułu realizacji inwestycji. Duża część światowych zasobów surowcowych zalega na słabo zaludnionych obszarach zamieszkiwanych przez rdzenne społeczności. Naturalne, nie tylko w kontekście etyki, lecz także prawa własności, wydają się prawa zamieszkujących tam społeczności do czerpania profitów z tytułu ich wydobycia. Tymczasem jednak prawodawstwo wielu krajów rozwijających różnymi sposobami ogranicza prawa ekonomiczne tego rodzaju społeczności. 138 [34/4-6] N.J. Udombana, “The Third World and the Right to Development: Agenda for the Next Millennium”, Human Rights Quarterly, vol. 22, no. 3, August 2000, s. 753-787. 114 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny Drugim znaczącym problemem okazują się utrudnienia w otrzymywaniu rekompensat przez społeczności nie posiadające sformalizowanych praw do zajmowanego czy użytkowanego terytorium. Dokumenty Banku Światowego podkreślają co prawda obowiązujące znaczenie tradycyjnych form władania ziemią. Często jednak otrzymywane w tym przypadku rekompensaty są nieadekwatne do ekonomicznej i społecznej wartości utraconej przestrzeni. Znaczącym problemem okazują się także prawne mechanizmy marginalizacji pozycji ekonomicznej kobiet. W przynajmniej kilku krajach jedynie mężczyźni są podmiotami uprawnionymi do otrzymania rekompensaty z tytułu przesiedlenia. Protesty lokalnych społeczności przeciwko społecznym i środowiskowym konsekwencjom inwestycji są zagadnieniem dobrze omówionym w literaturze przedmiotu35/139. Wiele z historycznych przykładów tego rodzaju protestów miało charakter zbrojny. Wspomnijmy tu choćby o walce Indian z terytorium USA przeciwko ograniczaniu ich przestrzeni życiowej w XIX wieku. W kolejnym stuleciu protesty tego rodzaju przyjmowały już zdecydowanie bardziej pokojowy charakter. Regionami świata o szczególnie silnej tradycji lokalnego oporu przeciwko dużym projektom są Indie i kraje Ameryki Łacińskiej. Przyczyną zdecydowanej większości protestów nie jest wcale problem przymusowych wysiedleń lecz negatywnych konsekwencji środowiskowych inwestycji. Kategorią inwestycji prowadzącą od lat do największej ilości protestów jest tworzenie zapór wodnych. W największym stopniu naruszają one bowiem spójność wspólnot lokalnych, prowadząc do silnej marginalizacji ekonomicznej w długotrwałej perspektywie. A Oliver-Smith wymienia trzy najważniejsze płaszczyzny społecznego oporu przeciwko projektom inwestycyjnym. Zalicza do nich a) nisko sformalizowane działania demokracji oddolnej (ang. grassroots movements), b) aktywność stowarzyszeń pozarządowych (NGO), oraz c) działalność szerszych platform współpracy. Wspomnianą klasyfikację na potrzeby dalszej analizy warto uzupełnić o jeszcze jedną istotną płaszczyznę- promocję interesów grup protestu i mobilizację ich członków w przestrzeni wirtualnej. a) Działania niesformalizowanych grup lokalnych. Aktywność tego rodzaju praktycznie zawsze ogranicza się do kontestacji pojedynczej inwestycji. Zazwyczaj przyjmują one formę akcji protestacyjnych, blokowania dróg bądź siedzib podmiotów odpowiedzialnych za wysiedlenia, pikiet przed sądami, strajków głodowych, itp. Ich uczestnikami są zazwyczaj tylko i wyłącznie osoby w bezpośredni sposób dotknięte konsekwencjami realizacji inwestycji. Oddolne formy protestu wyróżnia zatem duża determinacja i prawdziwe zaangażowanie uczestników. Problemem pozostaje jednak nagłośnienie aktywności tego rodzaju w mediach i wyjście z postulatami ruchu poza wąską społeczność, w bezpośredni sposób obciążoną konsekwencjami projektu. Dlatego właśnie wiele spośród oddolnych grup protestu formalizuje swoje działania tworząc lokalne stowarzyszenia pozarządowe. b) Lokalne stowarzyszenia pozarządowe. Podobnie jak w przypadku niesformalizowanych działań lokalnych mają one ograniczony przestrzennie zasięg, kontestując zazwyczaj pojedyncze projekty inwestycyjne. Instytucjonalizacja niektórych działań (zatrudnienie adwokatów, administracji biurowej) powoduje, że nie wszyscy członkowie stowarzyszenia są osobami w 139 [35/4-6] A. Oliver-Smith, Displacement, Resistance and the Critique of Development: From the grass-roots to the global, RSC Working Paper No. 9, Refugee Studies Centre, University of Oxford, November 2002. 115 Bogumił Termiński bezpośredni sposób obciążonymi projektem. W bardzo wyraźny sposób widać także podział na członków i sympatyków stowarzyszenia. Narzędziem promocji interesów stowarzyszeń jest ich integracja z podobnymi strukturami w ramach konfederacji i grup współpracy o zasięgu regionalnym, krajowym, czy międzynarodowym. Grupy demokracji oddolnej czy lokalne stowarzyszenia pozarządowe nie wysuwają przeważnie postulatów politycznych o charakterze ogólnym. Wśród przykładów stowarzyszeń pozarządowych szczebla lokalnego wymienić możemy meksykański CECOP (Council of Communal Land Owners and Communities Against Construction of La Parota Dam). c) Platformy protestu o szerszym zasięgu. W przeważające części przypadków stanowią one płaszczyzny integracji i promocji interesów stowarzyszeń lokalnych. Wspomniane formy współpracy są szczególnie popularne na płaszczyźnie regionalnej w krajach Ameryki Łacińskiej. Wśród ich przykładów wymienić możemy choćby aktywną w Brazylii Regionalną Komisję Przeciwko Dużym Tamom (ang. Regional Commission Against Large DamsCRAB), powstałą w początku lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy drobnych farmerów, obciążonych konsekwencjami powstawania tam. Wiele platform tego rodzaju pochwalić się może znaczącymi sukcesami, z powstrzymaniem budowy szczególnie inwazyjnych projektów włącznie. Działalności struktur tego rodzaju często zaczynają towarzyszyć bardziej ogólne postulaty ekonomiczne i polityczne. Istnieją także struktury reprezentujące interesy tego rodzaju grup w przestrzeni międzynarodowej. d) Internet. Przestrzeń wirtualna jest obecnie niezwykle ważnym medium popularyzacji interesów grup protestu, mobilizacji ich członków, oraz integracji z podobnymi organizacjami z innych obszarów. 8. Uwagi końcowe Jedynie w obszarze państw rozwijających przesiedlenia ludności prowadzą do daleko idących konsekwencji społecznych. Dlatego właśnie wspomniany problem jest zagadnieniem rzadko analizowanym w ramach europejskich ośrodków akademickich. Postrzeganie fenomenu wysiedleń wewnętrznych wyłącznie przez pryzmat konsekwencji konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych wydaje się jednak mocno nieuprawnione. Rozwój gospodarczy jest przyczyną wysiedleń o trudno odwracalnym charakterze. Palestyńscy uchodźcy czy osoby krótkotrwale wysiedlone w następstwie klęsk żywiołowych zazwyczaj mają nadzieję na powrót do swoich domów, bądź przynajmniej w ich nieodległe sąsiedztwo. Powstanie wielkich zapór wodnych wiąże się z nieodwracalną ingerencją człowieka w przestrzeń geograficzną i odległymi często wysiedleniami. To właśnie świadomość nieodwracalnego charakteru relokacji, połączona z marginalizacją ekonomiczną i dezintegracją dotychczasowych wspólnot, jest wstępem do bardziej szczegółowych problemów dotykających przesiedlonych. Zdecydowana większość wysiedleń inwestycyjnych na świecie dotyka wyłącznie marginalizowanych ekonomicznie wspólnot o bardzo słabym znaczeniu politycznym i społecznym. Tworzenie parków narodowych czy zapór wodnych to przykłady projektów, których ofiarą pada praktycznie wyłącznie ludność tubylcza. Konsekwencje przeobrażeń przestrzeni miejskiej najsilniej odczuwane są przez mieszkańców dzielnic nędzy. Teoretycznym celem rozwoju gospodarczego winno być dążenie do podniesienia poziomu dobrobytu 116 Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny wszystkich członków społeczeństwa. Zazwyczaj jednak grupy pozostające na marginesie interakcji politycznych nie są spostrzegane jako pełnoprawni aktorzy społeczni. Niejako odgórnie wyłącza się ich także z grona potencjalnych beneficjentów rozwoju gospodarczego. Nawet rozwinięte standardy realizacji przesiedleń okazują się mało znaczące w sytuacji uwarunkowanej tradycją i legitymizowanej aktami wewnętrznymi marginalizacji dużych grup ludności. Ekonomicznemu rozwojowi najbiedniejszych grup społeczeństwa powinno zatem towarzyszyć wzmocnienie ich pozycji prawnej. Działania na rzecz politycznego upodmiotowienia ludności tubylczej bądź najbiedniejszych warstw społecznych zostały już podjęte w kilku krajach Ameryki Łacińskiej. Dużo trudniejsze wydaje się zerwanie z uwarunkowanymi tradycją podziałami społecznymi. Przykład Indii ukazuje jak bardzo długotrwały i rzadko efektywny jest to proces. Nawet inwestycje pożytku publicznego służą zatem przede wszystkim interesom wąskich elit politycznych, bądź dominujących grup społeczeństwa. Konieczne jednak by ich realizacji nie wiązała się z wielopokoleniową pułapką marginalizacji, grup i tak od dawna pozostających już na obrzeżach interakcji ekonomicznych i społecznych. Wypracowane przez instytucje finansowe standardy realizacji przesiedleń są dokumentami mało znanymi, nawet wśród specjalistów zajmujących się rozwojem gospodarczym czy wysiedleniami wewnętrznymi. Instytucje rozwojowe powinny położyć większy nacisk w kierunku ustanowienia nieformalnych nawet mechanizmów monitoringu i kontroli standardów realizacji przesiedleń. Dokumenty tego rodzaju powinny w większym zakresie akcentować konieczność wsparcia przesiedlonych w nowym miejscu zamieszkania. Wyraźnie niedocenianymi zagrożeniami są te związane z kulturowymi następstwami przesiedleń, erozją pozycji kobiet, wywołaną przesiedleniem utratą dostępu do usług publicznych i edukacji, czy następstwami ekonomicznej marginalizacji wysiedlonych wspólnot (konieczność podejmowania pracy przez młodszą młodzież, bezdomność, patologie w rodzaju alkoholizmu i problemów psychicznych). Przyjęte dokumenty w zbyt małym stopniu koncentrują się zatem na budowie mechanizmów długotrwałej poprawy sytuacji przesiedlonych. Masowe wysiedlenia towarzyszące budowie zapór wodnych czy przeobrażeniom przestrzeni miejskiej mają charakter wspólnotowy. W krajach rozwijających to duże wspólnoty (plemiona, społeczności wiejskie, wielopokoleniowe rodziny) okazują się centralnymi kategoriami odniesienia dla badań prowadzonych na gruncie antropologii i innych studiów społecznych. Relokacje w krajach wysoko rozwiniętych mają dużo bardziej selektywny i zindywidualizowany charakter, i prawie nigdy nie naruszają spójności dużych wspólnot. Dlatego właśnie w krajach wyżej rozwiniętych to jednostki i najmniejsze komórki społeczne (rodziny) są centralnymi kategoriami obciążonymi materialnymi i niematerialnymi kosztami przesiedleń. Pamiętajmy jednak, że różne formy niedobrowolnych przesiedleń ludności obserwować możemy także w Europie. Szczególnie duże natężenie procesów tego rodzaju przypadało na czasy istnienia Związku Radzieckiego i innych państw demokracji ludowej w Europie Wschodniej. Relokacje ludności związane z eksploatacją węgla brunatnego (RFN), powstawaniem zapór wodnych (USA), czy rozwojem komunikacji (Europa, USA), praktykowane były także w wielu krajach szeroko pojętego zachodu Problematyki przesiedleń ludności nie możemy zatem ograniczać do krajów Globalnego Południa, czy 117 Bogumił Termiński maksymalizujących swój potencjał ekonomiczny azjatyckich potęg. Jedynie analiza globalnego zróżnicowania i zmienności tego procesu doprowadzić może do wytworzenia się bardziej całościowego podejścia teoretycznego. Dalece niesprawiedliwe wydają się wszelkiego rodzaju generalizujące opinie dotyczące standardów realizacji przesiedleń w poszczególnych częściach świata. W wielu krajach Globalnego Południa (np. w Brazylii) standardy ich realizacji znacząco wzrosły. Właściwa realizacja przesiedleń cechuje zwłaszcza inwestycje mniejsze, wiążące się z ograniczoną skalą relokacji. Globalny obieg informacji i rozwój haseł etycznej odpowiedzialności biznesu powoduje, że również sektorowi prywatnemu zależy na właściwych standardach relokacji ludności. References De Wet, Chris (ed.), Development-Induced Displacement: Problems, Policies and People, Berghahn Books, London, 2005. McDowell, Chris (ed.), Understanding Impoverishment: The Consequences of Development-Induced Displacement, Berghahn Books, 1996. Scudder, Thayer, The Future of Large Dams: Dealing with Social, Environmental, Institutional and. Political Costs, Earthscan, London and Sterling, 2005. Termiński, Bogumił, Przesiedlenia inwestycyjne: Nowa kategoria przymusowych migracji, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012. Termiński, Bogumił, Oil-induced displacement and resettlement: Social problem and human rights issue, Research Paper, Simon Fraser University, School for International Studies, March 2012. Termiński, Bogumił, Development-induced displacement and resettlement: Theoretical frameworks and current challenges, CEDEM Research Paper, University of Liege, 2013. Termiński, Bogumił, Environmentally-induced displacement: Theoretical frameworks and Current Challenges, CEDEM Research Paper, University of Liege, 2012. Termiński, Bogumił, Mining-induced displacement and resettlement: Social problem and human rights issue, unpublished research paper, Geneva, 2012. [Recibido el 19 de mayo de 2013. Aceptado, el 23 de mayo de 2013] 118 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones A.A. V.V., Essais de philosophie pénale et de criminologie, volumen 9 (2010), Peine, Dangerosité. Quelles certitudes?, Institut de criminologie de Paris, Dalloz, Paris, 398 págs. RESUMEN: La obra que se comenta en la presente recensión está dividida en dos partes. En conjunto, estos ensayos vuelven a reflexionar sobre materias criminológicas, con tanto o mayor acierto que en ocasiones precedentes. Cada parte se divide en numerosos apartados, que razonan la composición de los temas asumidos en los artículos. La primera parte está compuesta por una serie de artículos que versan sobre la pena y su ejecución. La segunda parte diserta sobre la peligrosidad. En este apartado se describe al hombre criminal, se exponen las teorías de Cesare Lombroso y Enrico Ferri y cómo ha evolucionado este concepto a lo largo del tiempo. También hay una introducción histórica sobre la peligrosidad en el Derecho romano clásico y en el Derecho penal desde sus orígenes hasta finales del siglo XIX. Se plantea igualmente la peligrosidad social en relación al comunitarismo y la inseguridad de las políticas públicas en materia penal. Este número de “Essais de philosophie pénale et de criminologie” es quizás el más conseguido y logrado hasta ahora de los llevados a cabo por ese grandísimo estudioso de la Filosofía penal que es el griego Stamatios Tzitzis. PALABRAS CLAVE: Pena, Código Penal francés, Punición, Peligrosidad, Derecho Penal, Delito, Personalidad Criminal, Mujer delincuente, Stamatios Tzitzis, Philippe Conte. En su estructura la revista consta de dos partes, cada una de las partes está dividida en tres subapartados. Dentro de cada subapartado encontramos distintos trabajos formando un total de 30 comunicaciones en el sentido francófono de la palabra, que incluye también las ponencias. Se trata de un encuentro científico internacional organizado por el Instituto de Criminología de París. Bajo el nombre de La punition encontramos la primera parte de esta revista. El primer subapartado llamado Les évolutions récentes du droit pénal: vicissitudes et incertitudes está compuesto por cuatro artículos de distintos autores aunque todos ellos tratan el mismo tema: el castigo dentro del Código penal francés de 1992. El primer artículo que compone este primer subapartado está recogido bajo el nombre de La querelle de l’«ancien» et tu «nouveau» code pénal, escrito por el profesor Michel Véron. El segundo de ellos ha salido de la pluma de Jacques-Henri Robert y responde al título de Le livre V du Code Pénal: du désir au reset. Esta comunicación a su vez está dividida en varios apartados, aunque realmente no llegue a conclusiones importantes. El siguiente es La Dépénalisation: Réalité ou mirage? L’exemple de l’élément moral des infractions d’affaires, corriendo a cargo de Philippe Conte, catedrático de la Universidad de París II y director del Instituto de Criminología, organizador del encuentro científico. Finalmente, dentro de este apartado, encontramos la comunicación que lleva por título Les Très riches heures de la garde à vue dans «droit pénal». En la segunda parte denominada La certitude de la peine, condition de son efficacité, observamos la existencia de tres comunicaciones que reflexionan sobre los tipos de pena/condena que se deben imponer dependiendo de la 119 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones gravedad del delito. La primera comunicación que aparece es Choix et exécution de la peine, quelles certitudes?, escrito por Bernard Bontoc, haciendo una introducción histórica desde 1791 hasta la Ley de 10 de marzo de 2010. En este primer artículo el autor habla de la pena que se debe aplicar dependiendo del tipo de infracción cometida, ya que tal y como dice Bontoc, no merece el mismo castigo el que roba un huevo que el que roba un buey. Es decir no es lo mismo una persona que copia o plagia 143 páginas de un proyecto docente ajeno, que otra que plagia tan solo dos párrafos de un artículo sin citar al autor, aunque a esta última el “desafuero” le cueste seis mil euros, y el otro se oculte disimulando su villanía plagística. De ello informa con pulcritud intelectual Guillermo Hierrezuelo Conde, en su paradigmático artículo “Sobre el Imperio Plantagenêt y el Derecho común”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, abril 2009, fácilmente consultable en la red. La siguiente colaboración que encontramos ha sido escrita por Fulvio Pastore, Une peine vraiment sûre? Les dysfonctionements de la justice en Italie. Aquí se argumenta, no sabemos si con demasiado acierto, sobre la crisis del proceso penal en Italia y la crisis de la Justicia en general. Se proponen algunos posibles remedios contra esta crisis. La Securité de la peine: obstacles et alternatives, por Cristina Mauro, es el artículo de este segundo bloque temático. Se trata de un tema que provoca y ha suscitado un gran debate en Italia, que no puede ser otro, como menciona la autora, que «la certitude de la peine». El último apartado de los tres que componen la primera parte se titula La neutralisation du delinquant fonction ambiguë de la peine. La primera comunicación habla de que mendigos, alcohólicos, prostitutas, etc., deben ser tratados de manera distinta, no a todos por igual. Encontramos lo anteriormente expuesto de manera mucho más extensa, en la colaboración que responde al título de La Relégné de dangereux, nouvelle figure de la reforme pénitentiaire après 1945. Le siguen Les situations à risque au regard de la criminologie de Jean-Claude Monier. El último trabajo de esta primera parte de los dos que comportan la revista se titula La neutralisation sélective, une arme contre la criminalité? Xavier Bébin hace una serie de reflexiones, sin aportar en realidad nada nuevo que no sea conocido, sobre la funcionalidad de la pena, lo que supone, lo que representa, lo que es capaz de alcanzar. La segunda parte de esta revista se denomina La dangerosité. Al igual que la primera parte está dividida en tres secciones, las cuales se exponen a continuación. El primer apartado gira en torno a L’homme criminel avant et après l’école positiviste italienne y está formado por siete comunicaciones. Las reflexiones y digresiones de que tratan constituyen los elementos y contenidos propios del positivismo jurídico criminológico cuyo representante más significativo fue Cesare Lombroso, cuyas teorías fueron apoyadas por Enrico Ferri, de quien también se habla en este primer trabajo. Las comunicaciones consagradas a Lombroso son L’«homme criminel» avant Lombroso escrita por André Laingui, profesor emérito de la Universidad de París II, Oublier Cesare Lombroso?, de Jean-Christophe Coffin y Cultures positivistes et question criminelle en Italie (de Lombroso à La comission Ferri) por Jean-Yves Frétigné. En el siguiente apartado, titulado La sociologie criminelle d’Enrico Ferri, el autor de esta comunicación comienza haciéndonos una pequeña presentación de Ferri, una gran figura del positivismo italiano, tal y como menciona Pierre Darbéda, y autor de La Sociología criminal. 120 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones Las reflexiones de Ferri sobre socialismo y criminalidad, nuevos horizontes de la sociología relacionada con los delitos y los crímenes más aborrecibles y el estudio que hace psicopatológico y psicológico del homicida han hecho del mismo un referente extraordinario en el campo de la Medicina legal, del Derecho penal, del Derecho procesal penal y de la Estadística antropológica. La comunicación salida de la pluma de Isabelle Fortel, La vision du médecin légiste sur Cesare Lombroso, se ocupa de resaltarnos que Lombroso siempre ha intentado comprender el comportamiento criminal a través de sus estudios de Medicina legal. Nacido en la emblemática Verona en 1835, de formación médica, sus primeros estudios están dedicados a estudiar el cretinismo, luego derivando hacia trabajos importantes sobre el delincuente en relación a la Antropología y al Derecho penitenciario. Cuando falleció en Turín en 1909 Lombroso se había consagrado como el máximo especialista en Antropología criminal en Europa y América de todos los tiempos. Es el autor más significativo en el estudio del hombre criminal y de la mujer criminal y, particularmente, de la prostituta. Estas obras se pueden considerar como el punto de partida de una reflexión sobre el fenómeno criminológico. En cualquier caso Lombroso es superior científicamente a Ferri o a Von Hamel. Se nos habla igualmente de los métodos utilizados por Lombroso para estudiar estos comportamientos y lo que ha aportado a las ciencias criminales. Las últimas comunicaciones de este apartado son La politique pénale actuelle, fille de Lombroso?, por Bernard Bouloc y Lombroso et les enjeux de l’humanitarisme pénal postmoderne, escrita por Stamatios Tzitzis, que vuelven a reflexionar sobre cómo han influido estas teorías de Lombroso en el humanitarismo penal y en la antropología criminal a lo largo del siglo XX y de los dos primeros lustros del siglo XXI. El subapartado segundo, bajo el rótulo de La dangerosité: du concept au droit positif, está formado por un total de cinco comunicaciones. La primera de ellas, escrita por Anne Vial-Logeay, habla de la peligrosidad, en la Roma clásica. La comunicación está formada por dos apartados y comienza realizando una breve descripción; ésta se titula De la dangerosité dans la Rome Antique? Quelques remarques sur une absence. El siguiente capítulo habla de la evolución de este concepto en el Derecho penal, desde sus comienzos hasta finales del siglo XIX. La comunicación escrita por Emmanuelle Burgaud recibe el título de La variabilité du concept de dangerosité en droit pénal des origines à la fin du XIXe siècle. Sylvain Jacopin ha titulado su colaboración La dangerosité saisie par le droit pénal, que aparece dividida en tres apartados que son las medidas preventivas, las infracciones preventivas y la inscripción preventiva. La comunicación sobre la Dangerosité et sanctions penales es un estudio conceptual de la peligrosidad según el Derecho penal, y también según la Criminología y la Psiquiatría, sobre la peligrosidad y la responsabilidad penal, sobre las penas y medidas de seguridad y sobre la función de la peligrosidad dentro del Derecho criminal. El último subapartado de esta segunda parte es el que se titula La dangerosité, une notion à la croisée des sciences. Está compuesto por siete comunicaciones. La primera de ellas, La dangerosité criminologique: un concept à la mode, por Michèle Agrapart, que se inicia con una breve introducción en la cual nos dice que la peligrosidad siempre ha estado relacionada con la psiquiatría y la criminología incluso antes de que estas ciencias apareciesen, pero fue Jean Pinatel quien vinculó la peligrosidad con la personalidad criminal. La comunicación escrita por Bernard Cordier gira 121 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones en torno a La Dangerosité vue par le psychiatre y es, sin duda, una colaboración elemental que no dice nada e impropia de un congreso de nivel elevado como es el que recogen las actas que estamos recensionando. La siguiente comunicación que encontramos ha sido escrita por Xavier Lameyre, Les dangers de la notion de dangerosité. Señala que la peligrosidad no puede ser considerada como un concepto científico ya que no define un fenómeno experimental estrictamente determinado. Facing dangerousness or creating new dangers community and informal social control in the debate on restorative Justice es la tercera comunicación que compone el presente apartado. Ha sido escrita por Federico Reggio de la Universidad de Padua. El objetivo de la colaboración de Jean-Marc Joubert es lo que denomina La pensée dangereuse. En el texto el autor retoma la tesis racionalista y utiliza una referencia de Maimónides. En un segundo punto expone una serie de patologías del pensamiento racional y finalmente diserta sobre los peligros del racionalismo. Por otro lado, en el trabajo titulado La dangerosité sociale du communautarisme?, escrito por Guillaume Bernard, el autor nos presenta las características esenciales de la filosofía comunitarista. La última parte de esta revista está compuesta de dos comunicaciones, una escrita por Pierre Tcherkessoff, llamada De l’insécurité des politiques publiques en matière pénale, y la otra elaborada por Christian Hervé, titulada Quels fondements à une éthique de la biologie? Estos dos trabajos cierran una publicación periódica que ha adquirido en los últimos años notabilísimo relieve en el mundo internacional. No podemos, por último, dejar de tener un recuerdo y una mención a la tarea que durante más de veinticinco años está llevando a cabo en París el director adjunto del Instituto de Criminología, ese gran pensador griego y filósofo del Derecho que es Stamatios Tzitzis, sin duda uno de los más relevantes iusfilósofos con que contamos actualmente en Europa y que en tan elevado concepto tiene a tres juristas de Málaga: Alfredo Rodríguez García, Manuel J. Peláez y Patricia Zambrana Moral. [El presente estudio ha sido realizado totalmente en el seno del proyecto I+D+i “Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores” (nº de referencia FFI2012-38881), bajo la dirección, el presente trabajo, de Manuel J. Peláez, miembro del proyecto, y de Emilio Ortega Arjonilla, director del departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga]. [Recibida el 10 de mayo de 2013]. Marina Lagos Muñoz A.A. V.V., Essais de philosophie pénale et criminologie, Déviances et délinquances: Approches psycho-sociales et pénales, volumen 8 (2009), Institut de Criminologie de Paris, Dalloz, Paris, 383 págs. RESUMEN: De nuevo Stamatios Tzitzis en escena, uno de los más brillantes filósofos del Derecho penal con que contamos en estos momentos en Francia, que promueve otro seminario de Filosofía penal, desde el Instituto de Criminología de París II Panthéon-Assas, y nos deja a todos sobrecogidos por la calidad técnica del evento y el debate sobre parentalidad, paternalidad y homoparentalidad. La aprobación de la ley sobre el matrimonio homosexual es claramente posterior a la publicación de este libro, que lógicamente ha 122 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones quedado si no desfasado, sí marcado con un carácter preferencialmente histórico en algunos de sus contenidos. PALABRAS CLAVE: Cesare Lombroso, Marie Bénédicte Guillet, Didier Guérin, Guilles Lucazeau, Jean-Henri Robert, Jean-Baptiste Falduto, Pierre Tcherkessoff, Jean Pradel, Elisabeth Montfort, Stamatios Tzitzis, Paternidad, Parentalidad. Este octavo volumen de Essais de Philosophie Pénale et Criminologie aporta el resultado de una serie de investigaciones llevadas a cabo en el Instituto de Criminología de París (Universidad de París II Panthéon-Assas) durante el año académico 2008-2009. El seminario de Filosofía penal se centró en un temática entonces de actualidad que es el paso necesario de volver a examinar algunas cuestiones sociales y jurídicas como: ¿hay un cambio de la noción de parentesco y de la de "paternidad"?, y si es así, ¿cuál es su significado? Con base en el análisis de las ciencias sociales (sociología, historia, ciencia política), este tema también se discute en términos de la regulación que se lleva a cabo por el Derecho civil y el Derecho penal: ¿la desviación social está necesariamente vinculada a la delincuencia criminal? Para profundizar en la cuestión deben plantearse aquí enfoques temáticos basados en la medicina, la antropología y el psicoanálisis. Con motivo del centenario de la muerte de Cesare Lombroso (1835-1909), varios artículos se dedican al pensamiento y valoración crítica de la obra del famoso criminólogo italiano. A ello preceden análisis, ilustrados con numerosos casos clínicos, con las aportaciones del psicoanálisis en la criminología (sobre todo en los fenómenos de la delincuencia narcisista y la pedofilia). La tercera parte se centra en las noticias y en los acontecimientos recientes judiciales, policiales y penitenciarios. Después de lidiar con la delincuencia y la protección de los menores y proponer un punto de vista del informe presentado por la Comisión Varinard, la obra refleja una mesa redonda sobre la conveniencia de la abolición del juez de instrucción durante la publicación del informe preliminar (Didier Guérin, Guilles Lucazeau, Jean-Henri Robert y Jean Pradel). El artículo De la parenté à la parentalité: Nouveaux termes, nouvelles familles hace una reflexión sobre la familia, pone de manifiesto el concepto de familia tradicional vs las “nuevas” estructuras familiares. En estas últimas décadas se han experimentado mutaciones en este ámbito y en la necesidad de establecer lazos paterno-filiales. Las familias que “conocíamos” antes han experimentado cambios considerables. El concepto de la familia tradicional compuesta de una pareja casada con hijos fruto del matrimonio se ha ido dislocando y nos encontramos ahora ante estructuras familiares completamente diferentes como pueden ser familias monoparentales, es decir, con un solo pariente, familias en que la figura “dominante” son los suegros o los abuelos, familias formadas por parejas del mismo sexo, etc. A este respecto, el de las familias en que el grupo paterno-maternal está formado por personas del mismo sexo, habla Elisabeth Montfort; más adelante lo retomaremos. Somos conscientes de que cada vez existen más familias desestructuradas y, por lo tanto, hay más variedad de configuraciones. Los abuelos son cada vez más jóvenes debido a que las mujeres deciden experimentar la maternidad a 123 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones una edad más temprana (en Francia, no así en España) y se forman más familias o no (ya que podemos recurrir a las reproducciones asistidas) aunque a raíz de esto se están produciendo más separaciones y divorcios. Se recogen distintos puntos de vista sobre la parentalité un novedoso término francés relativo a los parientes y/o progenitores. Según la profesora Krulic designa no sólo un vínculo de filiación entre individuos sino que también se refiere a la legislación que “crea” las familias por un conjunto de reglas y normas. En esta época de la democracia ya no se ven tantas realidades sociales “antiguas” que establecían que el padre era la figura “dominante”, siempre superior a la esposa. En el siglo XXI, el concepto de la familia está generando una revolución social y política que da mucho que hablar y diversos autores estudian minuciosamente, en el ámbito sociológico y antropológico, estos cambios y evoluciones en las costumbres: la autoridad del padre, la estructura familiar, la democracia de los nuevos tiempos, las obligaciones, las abdicaciones de los padres, etc. Eric Vial viene a hablarnos de los vínculos familiares, en Des enfants trouvés au clonage généralisé, la parentalité au miroir des imaginaires, mientras que Marie-Bénédicte Guillet nos aclara que el apellido es, junto con el nombre, el principal elemento de identificación de un individuo; el apellido establece una relación, un vínculo con una familia, o sea, muestra una relación de parentesco. Tradicionalmente, tras el nacimiento de un hijo, éste tomaba el apellido del padre de forma casi automática pero esto cambió en Francia con la Ley de 2 de diciembre de 1985 que disponía la posibilidad de que los hijos, al cumplir la mayoría de edad, pudieran incluir el apellido del otro progenitor si así lo deseaban o no. Por ello, asegura Marie Bénédicte Guillet, en su artículo l’Enfant et le nom de famille, que la igualdad entre el padre y la madre sólo existe si los padres están de acuerdo en la elección del apellido del hijo; sin embargo, esta igualdad puede suponer un obstáculo si ambos no se ponen de acuerdo en la adjudicación y transmisión de un apellido u otro. También venimos a referirnos en todo este ámbito, a través de Jean-Baptiste Falduto, a las adopciones pero igualmente existe otro método de ejercer la paternidad-maternidad como es el caso de los embarazos por encargo, en que una mujer pone su útero a disposición de otros para engendrar hijos, a través de la inseminación artificial o cualquier otro medio; su artículo Les enjeux de la maternité pour autrui pone de manifiesto esa necesidad de tener descendencia, sobre todo las mujeres. Esta práctica en numerosos países se considera un acto ilícito e intolerable, sujeto a sanciones, no obstante, en la actualidad se lucha por establecer una ley o norma reguladora de esta práctica. Como apuntaba en líneas precedentes, la política francesa Elisabeth Montfort escribe sobre Les enjeux de l’homoparentalité (traducido literalmente como las cuestiones de la homoparentalidad). Presenta un término novedoso, un neologismo: homoparentalidad. Se trata de parejas homosexuales que tienen a su cargo un hijo y ejercen ambos como padres y madres. Se busca establecer una vía para el reconocimiento legal de dichas familias. Defiende que no sólo el matrimonio entre una mujer y un hombre crea una familia, sino que todas las combinaciones son posibles, no es necesario que exista un lazo biológico entre los miembros para formar una familia. Un ejemplo de ello es, incluso, la adopción entre parejas heterosexuales, la importancia radica en la unión que se crea y no tanto en los vínculos biológicos. Por lo tanto, las parejas homosexuales iban en continua búsqueda del reconocimiento de esa filiación 124 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones cuando se publicó el presente trabajo. Años después, con la controvertida Ley nº 2013-404, de 17 de mayo de 2013, ya lo consiguieron. Pierre Tcherkessoff y su De la puissance paternelle à la défaillance parentale nos hace ver que anteriormente los padres tenían todo el poder y autoridad, pero con el avance de la civilización adoptan nuevas leyes que lo modifican y que prestan más apoyo y protección a los menores; dichas leyes promueven unas mejoras en la educación de los padres y en los derechos reconocidos a los niños La segunda parte de la revista se centra en el psicoanálisis y la criminalidad, concretamente alude a las ideas del famoso jurista y criminólogo italiano Cesare Lombroso y sus teorías sobre el delincuente. Sus ideas fueron muy controvertidas y muy criticadas por abogados y juristas, las teorías que desarrollaba han sido consideradas con grandes defectos por algunos, pero debe reconocerse que él desempeñó un papel importante en la separación del estudio de los criminales de los problemas de tipo moral. Para Lombroso, el factor determinante era el biológico y fisiológico, su objetivo estaba marcado: el estudio sistemático de las características psíquicas y físicas del delincuente puesto que él determinaba que «el delincuente no es plenamente responsable de sus actos, ya que está determinado por su estructura física y la herencia genética y congénita». Psychanalyse et criminologie: recherches antérieures et actuelles de France Paramelle analiza la criminología a través del psicoanálisis y se propone la búsqueda de los lazos entre ambos y sus presupuestos epistemológicos. Aún sigue el interrogante de si el psicoanálisis puede considerarse una ciencia, y si lo fuera ¿sería humana, clínica o artística? Siguiendo en la misma línea, Stamatios Tzitzis propone una cuestión fundamental en sus investigaciones en torno a la criminología y explica los sentidos que revisten los actos criminales en las diferentes culturas, en especial en la griega. Asimismo comenta cuáles son las reacciones de estas culturas ante dichos actos y sus autores en relación con los sentidos primordiales para una cultura dada. Por otro lado, el artículo de Vassiliki-Piyi Christopoulou, Histoire des relations entre criminologie et psychanalyse, sigue en la misma línea, tratando de establecer una relación entre ambas “ciencias” y toma como punto de referencia a Sigmund Freud. En Fascination du crime, aliénation de l’homme délinquant Stamatios Tzitzis deja claro que Platón no se encuentra entre los precursores de una antropología criminal que investiga las causas del crimen en el estado patológico del malhechor, cosa que sí se da en Cesare Lombroso, debutante en este sentido, el cual determina que el delincuente padece una deficiencia mental congénita y hereditaria; este científico italiano admite que los criminales actúan conforme a los caracteres de sus ancestros, es decir, la herencia biológica de sus parientes, como acabamos de advertir. El artículo Les femmes criminelles de Michèle Agrapart-Delmas diserta sobre las mujeres que cometen crímenes. Antiguamente no se conocían estos casos, bien porque se ocultaban o por ignorancia, pero lo que sí es sabido hoy en día es que cada vez hay más estudios que se centran en la distinción de delitos cometidos por hombres o por mujeres. En la actualidad, el porcentaje de mujeres criminales es bastante más elevado que antaño; no obstante, el porcentaje de hombres criminales es mayor, pero ese crecimiento en el número 125 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones de los delitos cometidos por las féminas es debido a la evolución del papel de la mujer en la sociedad. Claude Balier y Christine Condamin explican, en su comunicación Le recours a l’acte criminel: transformer la déréliction infantile en omnipotence narcissique, que quizás una infancia vivida con sentimientos encontrados produzca esa repentina necesidad de delinquir y cometer actos criminales. En relación a lo anterior, Denise Bouchet-Kervella en Abord psychanalytique des auteurs de conduites pédophiliques trata el asunto de los pedófilos que se desarrolla en una evolución clínica “profunda” y hace una distinción entre la conducta pedófila y la personalidad perversa. Pues una cosa no requiere la otra, es decir, un pedófilo no necesariamente padece una personalidad perversa. Sobre este asunto también habla Claude Racamier, el cual distingue varias nociones de perversión sexual. Incluso estudia los aspectos terapéuticos que intervienen en estos procesos de análisis del paciente pedófilo. Estos problemas del comportamiento sexual poco tienen que ver con los problemas de sexualidad propiamente dichos y menos aún con un exceso congénito de la libido como se piensa, en ocasiones, comúnmente. La justicia juega un papel muy importante en la prevención de la delincuencia. Así lo hace ver Éric Meillan, director del Servicio de Inspección General de la Policía Nacional, en La prévention de la délinquance et de la récidive par l’action administrative, donde deja clara constancia de que los funcionarios policías deben intervenir expresamente para evitar actos delictivos. Todo ello viene regulado y establecido por diferentes códigos y textos normativos al respecto. Este tema suscita un debate muy interesante que además sitúa la delincuencia entre los menores en el punto de mira. Y es que la problemática de los menores que cometen crímenes aumenta a pasos agigantados. Pierre Pédron hace una denuncia pública en este sentido en Mineur victime, mineur délinquant: aspects pratiques du rapport de la commission Varinard, lo cual supone que deben adoptarse reformas en la justicia penal de menores, ya que los procedimientos y las prácticas educativas vigentes hasta el momento parecen ser inadecuadas en la evolución de la sociedad y de la delincuencia. De esta evolución también se hace eco Fanny Fournier (l’Adaptation de la protection judiciaire de la jeunesse à l’évolution du droit pénal des mineurs). Las últimas páginas de este ensayo están dedicadas a la recolección de textos breves de Francesca Zanusio, profesora en la Universidad de Verona, en su discurso Les avantages de la justice réparatrice et la sagesse du tribunal de l’Héliée que centra su atención en el actual debate sobre una nueva justicia penal basada en la mediación y por ello presenta una serie de ventajas relativos al tema que nos ocupa. Por otra parte, para concluir contamos con el ensayo de Jean-Marc Joubert, doctor en filosofía, quien escribe unas líneas en esta miscelánea, apoyándose en Alain Robbe-Grillet y su fiel pasión por la temática erótica en aras de ejemplificar todo lo comentado a lo largo de estas páginas. [El presente trabajo ha sido realizado totalmente en el seno del proyecto I+D+i “Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores” (nº de referencia FFI2012-38881), bajo la dirección de Manuel J. Peláez, miembro del proyecto, y de Emilio Ortega Arjonilla, director del departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga]. [Recibida el 27 de mayo de 2013]. Yasmina Kharrazi 126 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones Francisco Javier Conde, El hombre, animal político, edición y estudio preliminar de Jerónimo Molina, Madrid, Ediciones Encuentro, 2011, 149 pp. RESUMEN: Francisco Javier Conde, catedrático de Derecho político, ha desarrollado, aunque de manera fragmentaria, una ontología de lo político. La parte más importante de la misma se recoge en las páginas de El hombre, animal político. A partir del concepto griego de la política, que analiza según las categorías de la filosofía de Xabier Zubiri, llega a la conclusión de que el hombre, ciertamente, es un animal político, como se sabe desde hace más de dos milenios; sin embargo, lo determinante no es que sea político, sino que “tiene que ser político”, forzosamente. No puede ser otra cosa. PALABRAS CLAVE: Francisco Javier Conde, Filosofía política, Xabier Zubiri, Ontología política, Instituto de Estudios Políticos. La figura de Francisco Javier Conde es, sin duda alguna, una de las más admirables en el campo la filosofía política española del siglo XX. Su papel como pensador político no queda relegado a la mera apreciación filosófica de los clásicos por él leídos y los problemas de su tiempo. Conde va hacia adelante y hacia atrás en la línea temporal del pensamiento filosófico político. Cabalga sobre su gran envergadura intelectual a través de las múltiples líneas temporales, acaso burlándose de aquellos que permanecen estáticos en su habitar académico. Quienes se acercan una vez a la obra de Conde, mentirían al asegurar no querer volver a ella. Este español del siglo pasado nos obliga a leerlo y releerlo, a pensar en otros de sus textos, a reconstruir esa telaraña, a veces infinita, con la que nos encontramos al leer un par de sus escritos. Esa es precisamente la naturaleza del libro que hace las veces de excusa para la elaboración de esta reseña. El hombre, animal político de Francisco Javier Conde, publicado por primera vez en 1957, y presentado nuevamente en 2011 con la edición y prólogo del profesor Jerónimo Molina Cano, es una obra monumental, solo digna de la genialidad del propio Conde. Con todo, debo señalar que mi primer acercamiento a Conde tuvo lugar en un breve estudio que hice de la Revista de Estudios Políticos. Tras leer muchos artículos, procurar entender la dinámica que se entretejía en clave de pensamiento político en el seno del Instituto de Estudios Políticos y, por supuesto, en la España del siglo XX, me encontré con un nuevo director de la Revista, heredero de las direcciones formadoras de Alfonso García-Valdecasas y Fernando María Castiella Maiz, que habían dado lugar a una interesante serie de discusiones acerca del papel político de la sociedad. Este nuevo director, que no es otro que Francisco Javier Conde y que dirigiría la revista entre 1948 y 1956, lograría un sutil giro con el que transformaría la Revista, sin obviar la tradición de los anteriores colegas. Conde, respetuoso del anterior trabajo, introdujo tenues cambios que dieron lugar a la conformación de una revista de estudios políticos centrada en dos temáticas bastante innovadoras para el momento en el que se inscribe, a saber: Teoría del Estado y Ciencia política. La dirección de Conde continuó la línea teórica mantenida por Castiella, por ejemplo, sin dejar atrás la impronta española que García Valdecasas había introducido como primer director de la revista. De este modo, Conde consintió la unión de ambas preocupaciones, 127 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones desde las dos temáticas mencionadas líneas arriba, permitiéndose la pregunta por el cómo, el qué y el por qué de la formación del Estado español. Así dicho, Conde logró integrar una preocupación teórica que se encargara de inscribir su campo de estudio en la realidad que le era más cercana, tanto al Instituto como a la Revista de Estudios Políticos, a saber: España. El filósofo español, como puede percatarse cualquiera que vuelque su mirada en esa publicación periódica, marcaría la pauta de los siguientes directores, entre los que se cuentan Emilio Lamo de Espinosa y Enríquez de Navarra (1956-1960), Manuel Fraga Iribarne (1961-1962) y Jesús Fueyo (1962-1968). Después de Conde, la primera etapa de la revista mantuvo su campo de estudio en una doble línea que entretejiera los asuntos de la ciencia política con los de la filosofía política, en un campo profundamente interesante como el de la teoría del Estado. Es menester señalar que si bien el presente escrito pretende mostrar a los lectores el libro de Conde como toda una obra digna de ser ubicada en los anales de la filosofía política, el propio autor insiste en intentar convencernos de que lo suyo no es un libro, sino ‒más bien‒ unas cuantas anotaciones dispersas, fragmentadas, sin ningún tipo de orden, que ha tomado a bien reunir para abrir una breve discusión acerca de la condición política del ser humano. Sin embargo, contra Conde, no puede obviarse que la reconstrucción magistral que hace del pensamiento aristotélico, para luego enmarcar la necesidad de entender el fenómeno de lo político como necesariamente humano, y a este último como un ser necesariamente político, no obedece simplemente a unos fragmentos desorganizados, a unos cuantos apuntes que bien pueden quedarse en la incoherencia. Todo lo contrario, su trabajo es una reconstrucción acaso necesaria para la nueva modernidad que explica que, en la significación del ser humano, esto es, en lo que este es, se encuentra concretamente la condición de lo político. Para Conde no es válido indicar que la realización del hombre se encuentra en la política como acción, pues esto nos llevaría a pensar en la política como una actividad ajena al hombre, es decir, como algo que éste realiza fuera de sí. El filósofo señala que el entendimiento de la vinculación del hombre con la política no está completamente claro en la expresión aristotélica «el hombre es una animal político», pues esta categorización del hombre solo permite identificar actividades que de este se desprendan. Para solventar este problema, Conde agrega una palabra más a la expresión, quedando de la siguiente manera «el hombre es, necesariamente, un animal político». Así, la política no se entiende solo como una actividad posible del ser humano, esto es, como una que puede desecharse a pesar de la no consecución de la realización humana. La política es, con Conde, esencia necesaria del ser humano en su condición de ser moral. Justamente, lo político en el hombre es tanto potencia como posibilidad de su realización como ser humano. La ontología política que explica Conde, y que el profesor Molina recoge con amplio entusiasmo, es una muestra clara de la pertinencia con que el autor se permitía inscribir en el ambiente temático de la época. En esta línea, conviene recordar que sería Hannah Arendt, curiosamente un año después de la publicación de El hombre, animal político de Conde quien escribiera La condición humana. En este libro, Arendt concibe la política como condición de humanidad, esto es: se es humano en tanto se tiene lugar en la vida política, la cual solo es posible bajo la condición de estar juntos. Esta condición es 128 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones determinante a la hora de entender el mundo griego y, por tanto, a la hora de entender la concepción que Arendt tiene de la política. Sin intención alguna de malograr la afirmación de una relación directa entre ambos libros y autores, es interesante que la discusión que tenga lugar en ambos esté sujeta a similitudes dadas en función de la pregunta por la ontología política del hombre. Tal escenario indica, más bien, que las discusiones acerca de la condición del hombre en el mundo, desde escenarios metafísicos dirigidos a la política, estaban cobrando importancia. Conde, cabalgando sobre las líneas temporales del pensamiento, también habitó tal discusión. Sin el ánimo de resumir el libro para que el lector no vaya a este, sino con la intención de obligar su visita, baste con que las palabras dichas hasta el momento hayan servido como escenario de construcción de intriga, curiosidad y, por qué no, de confianza en la genialidad del trabajo del pensador español. [Recibida el 28 de mayo de 2013]. Andrés Felipe Tobón Villada José Martín Pinto y Enrique González Matas, Andalucía y las reducciones jesuíticas de los guaraníes en el Paraguay. Una utopía hecha realidad, Editorial Arguval, Málaga, 2013, 190 págs. RESUMEN: Volumen dedicado a hacer destacar la importante labor de los jesuitas en el origen y desarrollo del sistema de reducciones en tierras del Paraguay, destacando específicamente la labor protectora de los indios llevada a cabo a través de la legislación social contenida en la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias de 1680. PALABRAS CLAVE: José Martín Pinto, Enrique González Matas, Reducciones, Jesuitas, Paraguay, Indias, Leyes de Burgos de 1512, Leyes Nuevas de 1542, Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias de 1680. Fruto de una incansable tarea de investigación, nos presentan en esta ocasión los A. un volumen de título sugerente y contenido de enorme trascendencia histórica por sus implicaciones en diversos campos de las ciencias sociales y jurídicas, como es el caso de las reducciones jesuíticas en Paraguay. Después del "Prólogo" firmado por Joaquín María Domínguez, archivero de la provincia jesuita de Andalucía y Canarias, y de la exposición de los objetivos y de la estructura del libro, los A. se adentran, a lo largo de sus casi doscientas páginas, en temáticas como la importancia de Andalucía en el descubrimiento y colonización de América –mencionan instituciones como la Casa de Contratación, donde quizás hubieran podido profundizar algo más, o el Consulado de Mercaderes, llamado también Casa de la Lonja o Bolsa–, los orígenes de la provincia jesuítica del Paraguay o el estudio del papel de los jesuitas andaluces en las reducciones paraguayas, analizando Martín Pinto y González Matas las características peculiares de la provincia jesuítica de Andalucía y Canarias y el Oficio de Indias, entre otras cuestiones. 129 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones Especial interés tiene en una publicación de las presentes características y de contenido histórico laboral como ésta, el entramado jurídico que los A. van desgranando en el capítulo segundo del volumen que recensiono, centrado en las instituciones para el gobierno de las Indias –Consejo, Patronato, virreinatos, audiencias, gobernadores y cabildos– y, sobre todo, en la legislación social de los indios de carácter protector ya que, desde comienzos del siglo XVI, se alzaron voces en España denunciando los abusos que sufrían. De hecho, y tratando de paliar esta situación, Fernando el Católico promulgó en 1512 las denominadas Leyes de Burgos, que intentaron conciliar el derecho a conquistar América con la prevención de los abusos mediante la creación de la encomienda que, entre otros objetivos y siguiendo las indicaciones de la reina Isabel, según escriben los A., trataban de imponer la condición de súbditos libres del rey de España de los indios si bien, aunque el propósito era bueno, el resultado no lo fue, pues únicamente sirvieron para legalizar una situación ya existente en la que el indio estaba obligado al trabajo forzado. Martín Pinto y González Matas inciden también en la aprobación en 1542, durante el reinado de Carlos I de España, de las Leyes Nuevas que denotan la influencia directa que en el monarca tuvieron las ideas del franciscano Toribio de Benavente y, sobre todo, las del fraile dominico Bartolomé de las Casas vertidas en su Brevísima Relación de la destrucción de las Indias. El propósito de Las Casas era abolir la encomienda, puesto que consideraba que se estaba degradando a los indios, forzándoles a abandonar su medio natural. Estas influencias de carácter socio-religioso quedan vertidas en el mencionado conjunto legislativo promulgado el 20 de noviembre de 1542, en cuyo contenido se recordaba solemnemente la prohibición de esclavizar a los indios, al tiempo que quedaban abolidas las encomiendas, que dejaron de ser hereditarias disponiéndose, entre otras medidas protectoras, que el repartimiento dado a los primeros conquistadores cesara totalmente a la muerte de ellos y los indios fueran puestos bajo la Real Corona, sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio. Especial hincapié hacen los A. en la normativa social contenida en la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias publicadas bajo el reinado de Carlos II en 1680 considerada la base del nacimiento material del Derecho obrero o al menos de la legislación social contemporánea y que incluye los dos cuerpos normativos a los que ya se ha hecho referencia (Leyes de Burgos y Leyes Nuevas) y las Ordenanzas de Francisco Alfaro Ortiz (c. 1551-1644). En esta Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias (Leyes de Indias) se contiene legislación que bien pudiera estructurarse en cuatro grupos diferenciados según tipología. En concreto, normas para la disciplina del trabajo libre prestado en régimen contractual (se incluían prohibiciones sobre el pago del jornal en especie, se limitaba la jornada de trabajo, se implantaban horarios prohibiendo el trabajo nocturno y, sobre todo, se regulaba y protegía especialmente el trabajo de mujeres y menores de forma desconocida en la época incluyendo su actuación como servidores domésticos, reconociéndose expresamente el descanso dominical y en otras festividades fijadas con gran amplitud especialmente pensando en el carácter religioso y evangelizador de la conquista), leyes para la regulación del trabajo en las minas y en las plantaciones de coca, medidas de seguridad e higiene, y un cuarto grupo, que incluiría normas reconociendo la dignidad y personalidad del trabajo del indio. 130 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones El resto del volumen aparece centrado en la historia de las reducciones del Paraguay y en el importante papel que los jesuitas tuvieron en su origen y desarrollo, hasta la desafortunada expulsión de los miembros de dicha Orden del territorio de España y de los reinos de Ultramar por el mezquino decreto de Carlos III de 1767, que ocasionaría finalmente la decadencia de esta experiencia cristiana de carácter tan original. El poeta y el erudito, es decir, González Matas y Martín Pinto, realizan una síntesis en este volumen que trata de hacer patente que el hecho más importante de la normación jurídica del trabajo en Indias fue la promulgación de diversas disposiciones destinadas a regular las prestaciones de trabajo y sus instituciones complementarias, no solo por su contenido técnico, sino por su significación y trascendencia ya que en dicha legislación fueron proclamados los derechos individuales del indígena, al tiempo que en orden a la relación entre la metrópoli y los nuevos pueblos, se afirmó la igualdad jurídica de las razas y la misión tutelar de los colonizadores como obligación y mandato de las razas superiores y civilizadas. Al concretarse esta doble corriente surge la obra de política social basada en el principio de la espiritualización del trabajo y en el régimen de seguros sociales, y es precisamente en estos aspectos donde se materializa la política asistencial llevada a cabo a través de las reducciones que trataban de reagrupar a indios dispersos para establecerlos en poblados con cesión gratuita de tierras en propiedad. Los A. inciden en que las reducciones eran núcleos de población en las que se debían reasentar los indios en la América española, separados de las ciudades donde vivían los españoles. El carácter evangelizador del Estado castellano, que fundaba sus derechos sobre las tierras y personas de las Indias, con el encargo papal de evangelizar a los indígenas, le hizo organizar los esfuerzos necesarios para facilitar el trabajo de los misioneros, para lo que era imprescindible la concentración de los indígenas en pueblos y ciudades al estilo castellano, si bien separados de los españoles. Al mismo tiempo, para que la Corona pudiese ofrecer a los indios protección y servicios, era preciso que la recaudación de los impuestos fuese eficaz, lo que no se podría realizar si la población vivía dispersa. De esta forma, puede deducirse que el sistema de reducciones no sólo tenía propósitos misioneros y evangelizadores, sino que también tuvo unos fines de carácter demográfico, económico y político. En cada reducción de indios debía haber una iglesia, atendida por un cura doctrinero (para adoctrinar a los indios en la religión católica; he aquí el propósito evangelizador). El sostenimiento del sacerdote corría a cuenta de los tributos que los indios estaban obligados a pagar (y aquí el propósito político y tributario). El régimen de vida en las reducciones era comunitario y los bienes de las reducciones (incluidas las tierras) pertenecían a la reducción, sin que pudiesen ser enajenados y es aquí quizás donde Martín Pinto y González Matas se muestran más originales al poner en relación la experiencia práctica de las reducciones jesuíticas en Paraguay con las ideas vertidas en sus escritos por Campanella o Tomás Moro, culminando el volumen con un índice de notas y otro bibliográfico en el que se encuentran títulos básicos del tema americano junto a otros más específicos del objeto central de la investigación que da título al libro. Desde esta sede felicitamos a los autores y les animo a seguir deleitándonos con sus conocimientos tan bien estructurados y expuestos que constituye una auténtica delicia leerlos por su carácter ameno a la par que científico, unión verdaderamente poco frecuente en otros. 131 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones [El presente trabajo ha sido realizado (parcialmente) en el seno del proyecto I+D+i “Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores” (nº de referencia FFI2012-38881)]. [Recibida el 12 de mayo de 2013]. María Encarnación Gómez Rojo Jerónimo Molina, Nada en las manos, Murcia, Los Papeles del Sitio, 2013, pp. 160. SOMMARIO: “Nada en las manos” è un piccolo lessico politico nello stile di Eugenio d’Ors Rovira (1881-1954). Il suo autore, Jerónimo Molina, è associato di Politica sociale presso l’Università di Murcia, disciplina alla quale egli ha dedicato due volumi, nonché studioso del realismo politico. Approccio quest’ultimo che costituisce la spina dorsale di quest’ultima sua fatica. PAROLE Pareto. CHIAVE: Jerónimo Molina Cano, Carl Schmitt, Raymond Aron, Vilfredo Il realismo politico, capacità ‒come la definisce l’autore‒ di immaginare il disastro, conferisce al volume un’ aria malinconica ma non rassegnata: atteggiamento condiviso da altri scrittori appartenenti alla medesima corrente di pensiero: da Kautilya e Ibn Khaldun a Raymond Aron e Carl Schmitt, autori la cui vita e pensiero sono commentati nel libro con grande finezza. Talvolta dispiace non conoscere nelle sue più ricche sfumature una lingua straniera. Per ragioni di lavoro si legge di tutto nei più diversi idiomi in modo vorace... Fin quando ci si imbatte in un libro che toglie il fiato, da cui separarsi è difficile, perché si vorrebbe rileggerlo per apprezzarne, sciogliendoli, anche i più sottili nodi linguistici. Ecco la sensazione provata, una volta letto e chiuso, Nada en las manos (Los Papeles del Sitio), di Jerónimo Molina, associato di Politica sociale presso l’Università di Murcia in Spagna, già noto agli amici del nostro blog. Parliamo di uno studioso del “realismo politico”, con una sua precisa fisionomia, che merita grande attenzione. Ma anche di un filone di studi e pensiero, cui di recente, proprio in Italia, è stato dedicato un convegno http://www.istitutodipolitica.it/ wordpress/wp-content/uploads/2013/06/il-realismo-politico). Il piccolo, solo in apparenza, volume di Molina rientra classicamente nell’ eccellente tradizione del diario, anche epistolare, di viaggio intellettuale (con un modernissimo pendant, se non sbagliamo, di tipo "blogghista"): la stessa antica e severa tradizione, per intendersi, di Machiavelli, Tocqueville, Pareto, Schmitt. Nomi che possono costituire i gradini finali di una scala dorata verso le vette della scienza politica. Un percorso, come dire, ascensionale e soprattutto "augurale", al quale Molina, conoscendone l’umiltà, opporrà il più disincantato dei suoi sorrisi. Il titolo coglie plasticamente lo sforzo sisifico di uno scienziato politico assolutamente consapevole di asserire, al contempo, troppo e troppo poco, soprattutto dinanzi all’infuocato divenire delle cose umane. Perché cosciente, come si legge, che la via del realismo politico ‒e qui Molina cita il nostro Giuseppe Ferrari‒ è la via del dolore, o se si preferisce la via dell’imperfezione. Detto altrimenti: di una scienza guardiana dei fatti, che però si vede costretta a 132 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones parlare a un mondo imperfetto, composto di esseri che non ascoltano se non quello che ritengono più opportuno. Di qui, sotto gli umanissimi colpi del caso e della necessità, il poco che si fa troppo e il troppo che diviene poco, anche dall'alto di una cattedra immacolata. Ciò spiega perché il realista è poco amato e peggio giudicato. Non potrebbe essere diversamente: la verità dei fatti non è buona pagatrice, almeno nel presente. Soprattutto quando si afferma, con Freund, che il potere non è reazionario né rivoluzionario, ma solo uguale a se stesso. E che di conseguenza il rivoluzionario può trasformarsi in conservatore e il conservatore in rivoluzionario… Ferrari, Freund, Aron, Maritain, Schmitt, Simmel, Ortega sono solo alcuni fra i tanti pensatori, inclusi altri, numerosi, acutissimi studiosi spagnoli, si pensi solo a Eugenio d’Ors, vero maestro della sintassi diaristica, puntualmente evocati da Molina. In qualche misura siamo davanti a una piccola enciclopedia ragionata capace di proiettare benefici fasci di luce sull’aspro cammino del realismo politico: da Kautyla e Tucidide a Dalmacio Negro e Günter Maschke. Nada en las manos ruota intorno al triennio 2011-2103, anni difficili per la Spagna e per il mondo intero. E vi sono raccolti, senza mai perdere di vista la realtà, incontri, spunti interpretativi, riflessioni, note di lettura e traduzione, libri ritrovati, commemorazioni, aforismi e versi. Come nei suggestivi giochi di piazza di un tempo, il lettore si trova a osservare, e con partecipazione, un pensiero in equilibrio tra i microeventi della vita familiare e i macroeventi della vita sociale. Cade, non cade, cade? Non cade. Molina, da perfetto equilibrista dello spirito, si tiene in piedi sulla fune, posta tra le torri degli eventi privati e pubblici, grazie ai contrappesi che puntellano i punti d’appoggio della sua asta. E così si mette in salvo. Parliamo, fuor di metafora, delle costanti del politico (o “metapolitiche”, come ci piace chiamarle): quel che si ripete, con regolarità, nell’universo politico. Ecco i contrappesi cognitivi della politica, anche la più burrascosa: senza i quali resta difficilissimo abbassarne o alzarne il baricentro. Pertanto Molina non passeggia elegantemente tra le rovine come l’ultimo Schmitt, né si compiace di osservare le efferatezze della politica come Pareto, né celebra troppo gli antichi per opporli ai moderni come Machiavelli, né infine certifica, pur di controvoglia, processi storici dotati di forza propria, come Tocqueville. La sua scienza politica è scienza dei limiti e dei cicli, a un tempo antica, moderna, postmoderna. Per quale ragione? Perché capace di metabolizzare, in chiave atemporale, l’esperienza politica alla luce del sic transit gloria mundi di cui sono imbevute le sue costanti. Anche sul piano personale. E qui il cerchio si chiude. Parliamo, insomma, di uno studioso sobrio, che non scrive (relativamente) molto, ma legge e pensa tantissimo. Cosicché, quando prende la penna in mano, lascia sempre il segno. Grazie anche alla qualità della scrittura che consente a Molina di risalire, in poche dense battute, dal particolare (magari privato) all’universale (sempre politico). E qui, come dicevano all’inizio, il nostro dispiacere di non poter cogliere anche la più piccola sfumatura di uno stile sinuoso che avvolge e accompagna il lettore, indicando sempre il pro e il contro: la vitalità della lotta politica e la caducità dell’esistenza; la forza del pensiero interpretante e la fragilità degli esseri umani; la bellezza di uno sguardo fermo e disinteressato sul mondo e il 133 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones senso del tempo che passa e che tutto cancella, inesorabilmente. Eccetto le costanti del politico... Insomma, un libro prezioso. Da tradurre súbito. [Recibida el 30 de mayo de 2013]. Carlo Gambescia Max Weber, Política y ciencia y otros ensayos de sociología. Traducción de Carlos Correa. Revisión, edición y Estudio preliminar titulado "Modernidad y racionalización del poder y del Derecho. La crítica de la razón instrumental en Max Weber" a cargo de José Luis Monereo Pérez, Comares, Granada, 2013, 206 págs. ABSTRACT: A lo largo de su vida Max Weber estableció una correlación entre modernidad y espíritu del capitalismo y entre organización del poder político y racionalidad jurídica en el Estado moderno. Defendió una forma de Estado nacionalista de signo imperialista, que no se enmarcaba en el nacionalismo postmoderno. De hecho, llegó a elaborar su propia teoría de la modernidad, en la que no faltaba una crítica hacia ella. Entendía la modernización como una racionalización social y jurídica, y que el Estado contemporáneo tenía que ser un Estado Social Nacional, fruto de la unificación social de la nación. Además, pensaba que el fenómeno del poder en la sociedad debía mantenerse, en cuanto que el conflicto se presentaba como algo inherente a las relaciones humanas, aunque tuviera una faceta diabólica. De hecho, la política en todo momento ambicionaba el poder, y el Estado se presentaba como una forma de someter a la autoridad a otros. Pero esta forma de poder necesitaba una administración continuada en donde los funcionarios públicos ocupaban un lugar importante. Otra de las cuestiones a las que se ha referido Max Weber ha sido la ciencia como profesión, diferenciando entre el sistema de carrera de profesión científica en Alemania y Estados Unidos. La salida a todos los males de la universidad la encontraría Max Weber en la especialización, como único camino para el trabajador científico y como única vía para sentir con pasión la ciencia. Entendía que no era posible una neutralidad frente a los valores, ya que sería difícil que el profesorado se abstuviera de las valoraciones, pero en caso de hacerlas debería explicitarlas ante los estudiantes. Abogaba por la supresión de las dinastías, que representaban un peligro de guerra civil. Por ello, proponía la aceptación de la república, que se presentaba como la forma más adecuada para la solución del problema pangermánico. Propuso también que el Kaiser pudiera ser sustituido por una persona elegida por el pueblo o por el parlamento del Reich, de forma que se estableciera una república federativa, buscando una solución pangermánica. Pensaba que la única vía para alcanzar la democracia y acabar con los autoritarismos era la revolución, al tiempo que animaba a la burguesía a su adhesión al partido democrático republicano. También rechazó las tesis fundamentales del Manifiesto Comunista de Marx y Engels (1847), ya que consideraba la revolución como la peor opción posible para el socialismo, incluso aunque triunfase. PALABRAS CLAVE: Max Weber, Carlos Marx, José Luis Monereo, Política, Pensamiento social, Manifiesto comunista, Socialdemocracia. 134 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones Comienza esta recopilación con el Estudio preliminar, que rubrica José Luis Monereo Pérez, en el que destaca que Max Weber (1864-1920) estableció una correlación entre modernidad y espíritu del capitalismo, organización del poder político y racionalidad jurídica en el Estado moderno, y que presentaba el Derecho formal como el mecanismo organizativo del Estado y de la propia economía moderna (p. IX). Defensor de una forma de Estado nacionalista de signo imperialista que en modo alguno podía catalogarse dentro del pensamiento "postmoderno", sino más bien como un crítico de la modernidad, ya que «su análisis y crítica de los presupuestos de la modernidad liberal no le convierte en un teórico anticipador del postmodernismo ni de su legado crítico» (p. XXVIII). Percibió la crisis del Estado liberal del Derecho y de la ideología del liberalismo radical y la tendencia al predominio absoluto de los bienes materiales sobre los valores humanos, llegando a la conclusión de que el capitalismo carecía de cualquier ética, y que únicamente pretendía imponer la dominación. También han criticado el sistema político de la modernidad otros autores como Durkheim, Tönnies, Simmel, Sombart, Thorstein Veblen y Walter Benjamin. En todo momento destaca Monereo que «para estos pensadores, más allá de sus marcadas diferencias teóricas e ideológicas, la modernidad no era lineal sino ambivalente, presentaba ya en sus comienzos esa ambivalencia que sería destacada por ellos mismos» (p. XI). Tanto Weber como Benjamin elaboraron una teoría de la modernidad, pero también una crítica hacia ella, intentando responder a las exigencias que en su tiempo se les plantearon. En la visión un tanto negativa de la modernidad de Benjamin influyeron pensadores como Friedrich Nietzsche (1844-1900) y Max Weber. Monereo Pérez destaca que «Weber contemplaba el desarrollo de la modernización capitalista como un proceso valorable con la historia del fracaso de la razón ilustrada y su ideafuerza liberadora del individuo» (p. XXI). José Luis Monereo también critica la racionalización de valores en la concepción histórica de Weber, en la medida en que no habría sido capaz de resolver las cuestiones planteadas en presente. De hecho, Monereo considera que «el capitalismo flexible y mundializado ha desestandarizado la lógica racionalizadora que había previsto Weber» (p. XXIV), y propuso un modelo de globalización con limitaciones –lo que Weber llamaría "armazón de hierro" o "jaula de hierro"–, que respetase los márgenes de decisión de las democracias nacionales, así como las reglas que se pudieran consensuar a nivel internacional (p. XXV). Pero, en este proceso, el Estado nacional no quedaría disuelto, sino integrado en una organización política compleja. Asimismo, nos recuerda Monereo que Max Weber en ningún momento nos ofreció una visión negativa de la burocracia pública en el Estado moderno, entendido como Estado Nacional, sino siempre desde unas dimensiones éticas, políticas y discursivas. De hecho, en algunos aspectos Weber establecía una afinidad entre burocracia y democracia, ya que las demandas políticas únicamente podían satisfacerse a través de una administración burocrática a gran escala. Por otro lado «el Entzauberung del mundo acompaña a la evolución de la racionalidad religiosa» (p. XXVIII). En las sociedades capitalistas contemporáneas la tendencia ha sido la juridización o juridificación, ya que se ha producido un incremento del Derecho formal escrito. Max Weber entendió la modernización como racionalización social y jurídica (p. XXXIV). Por ello, critica Monereo que la tesis de Weber se haya limitado a 135 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones «la racionalidad (exclusivamente) formal del Derecho», pero desatendiendo, por otro lado, la racionalidad sustancial, ya que no ofrecería una respuesta real a la complejidad de la legalidad en el Estado constitucional de Derecho (p. XXXVI). Pero Monereo reseña que, en la actualidad, se ha producido una crisis de racionalidad, que ha dado lugar a un problema de autogobierno y autorreflexibilidad, que ha podido ocasionar una verdadera crisis de legitimidad. En concreto, manifiesta José Luis Monereo que «en el momento presente se ha producido una pérdida de racionalidad funcional (una crisis de racionalidad vertical) del Estado Social tanto respecto a la organización de la dinámica del mercado, como en relación a la expansión del gasto público y su incidencia sobre la actividad económica general» (p. LI). Para Weber el Estado contemporáneo tendría que ser un Estado Social Nacional, fruto de la necesaria unificación social de la nación. Por otro lado, para Max Weber el fenómeno del poder en la sociedad debía mantenerse, pues el conflicto era algo inherente a las relaciones humanas, aunque tuviera su faceta diabólica. De hecho, concebía el conflicto como inherente a toda sociedad compleja. Destaca Monereo que «una de las principales aportaciones de Weber a la sociología política fue la de realzar la relevancia de la formación del Estado moderno para el desarrollo del capitalismo occidental» (p. LVII). En el ensayo sobre la política como profesión (pp. 1-38) Weber destacaba que la política en todo momento ambicionaría el poder, y que el Estado representaba una relación de dominio de unos hombres sobre otros, de forma que los dominados se sometieran a la autoridad (legitimación). Pero esta organización de dominio necesitaría una administración continuada: el equipo del personal administrativo (funcionarios) y los medios materiales de administración. En realidad, el Estado moderno habría conseguido monopolizar, en un territorio determinado, la violencia física legítima como medio de dominio (p. 5). Diferenciaba entre los políticos profesionales y los ocasionales, hasta el punto de que con estos últimos se podría identificar cualquier persona en el momento de depositar el voto o cuando discutimos en una reunión política. Por el contrario, el político profesional ha vivido de la política y podría ser un simple prebendado o un funcionario asalariado. Con el transcurso del tiempo, se ha producido la división de los funcionarios públicos en dos categorías diferentes: los funcionarios profesionales y los funcionarios políticos. Con independencia de su denominación, el verdadero funcionario, incluyendo el funcionario político, no debía hacer política sólo sino administrar imparcialmente. Las tres principales cualidades del político serían la pasión, el sentido de la responsabilidad y el sentido de las proporciones. En cuanto a la ciencia como profesión (pp. 39-58) Weber se refería a la Alemania de su época para indicar que un joven iniciaba su carrera científica profesional con la función de Privatdozent, sin recibir un salario, sino sólo la retribución de la matrícula como estudiante, pero sin apenas dar clases; mientras que en Estados Unidos la carrera académica comenzaba con el nombramiento como ayudante, recibiendo un salario desde el comienzo, aunque bajo, pero con una gran carga docente (p. 39). Pero Weber ha encontrado cierto paralelismo entre ambos sistemas ya que «últimamente es posible advertir cómo las recientes reformas universitarias en Alemania siguen el modelo norteamericano» (p. 40). Lógicamente las cosas han cambiado mucho en las Universidades alemanas desde que Max Weber escribiera estas líneas. La salida a todos los males de la Universidad la encontraba Max Weber, en su momento, en la especialización, 136 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones única salida para el trabajador científico. El propio autor señalaba que en esa época la obra importante y perdurable era obra de especialistas, y únicamente el especialista podía sentir la "vivencia" de la ciencia y la "pasión" (pp. 42-43). Pero esta "pasión" sin un trabajo muy exigente y sin horarios en raras ocasiones iba a dar sus frutos, aunque existieran excepciones. Pero también era posible ser un trabajador excepcional y, sin embargo, no tener ideas valiosas ya que la inspiración científica en realidad dependía de ciertas dotes (p. 44). El tercero de los ensayos hace referencia al sentido de la "neutralidad valorativa" de las ciencias sociológicas y económicas (pp. 59-95). Según Max Weber a esta consideración no se podría ofrecer una solución desde un punto de vista científico, pues dependería de las valoraciones prácticas –entre ellas las éticas– y, por lo tanto, era imposible resolverla de manera concluyente (p. 59). En muchas ocasiones desde la cátedra se hacían formulaciones de valoraciones que se alejaban de lo justo, criticando lo público en base a juicios de valor erróneos. Por tanto, no era posible una "neutralidad frente a los valores". Es evidente que se presentaba un tanto difícil que un profesor se abstuviera de hacer valoraciones, máxime cuando «las caras de sus alumnos se iluminan y se vuelven más atentas cuando comienza a exponer su profesión de fe personal, y que la concurrencia a sus clases resulta muy beneficiada con la expectativa de que lo haga» (p. 65). Pero en caso de que el profesor considerase que debía formular valoraciones prácticas, tendría que explicitarlas ante los estudiantes. El investigador debía separar de forma clara los hechos empíricos y sus propias valoraciones teóricas y prácticas (p. 67). Weber se opuso en todo momento a una ciencia "realista" de lo ético, esto es, a demostrar cuáles debieran ser las convicciones éticas prevalentes en un grupo determinado. De hecho, consideraba que la "justicia" no era una cuestión que pudiera ser decidida unívocamente por una ética. Además, había problemas que la ética no podía resolver con sus propias premisas, como la medida en que un fin justifica los medios indispensables para alcanzar un objetivo concreto y determinado. En consecuencia, no hay procedimiento científico (racional o empírico) que hiciera posible tomar una decisión (p. 72). Max Weber matizaba en este escrito que «un progreso de la racionalización subjetiva de la acción no implica de manera objetiva un 'progreso' en cuanto a la orientación en el sentido de una acción racionalmente 'correcta'. La magia, por ejemplo, ha experimentado una 'racionalización' tan sistemática como la física» (p. 84). Weber consideraba que en ocasiones la destrucción deliberada de bienes de consumo cuyo precio hubiera descendido por debajo del costo de producción, sería objetivamente correcta desde el punto de vista económico. El cuarto de los trabajos de Max Weber se refería a la futura forma institucional de Alemania heredada de Bismarck (pp. 97-128). El Parlamento había quedado desacreditado, y disminuido su poder, reducido a un bajo nivel. No se podía fundamentar el régimen federal de Alemania en la legitimidad histórica. Pero ello implicaba un nuevo ordenamiento (p. 100), que suprimiera las dinastías que representaban un grave peligro de guerra civil. Por ello, Max Weber proponía «una constituyente libre, y con ella la aceptación de la república» (p. 101). En efecto, consideraba la república como la forma institucional más adecuada para la solución del problema pangermánico, reuniendo en una federación al mayor número posible de alemanes. Propuso una renuncia a los sueños imperialistas, adoptando un ideal nacional rigurosamente autonomista, es decir, que todas las regiones alemanas 137 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones tomasen la autodecisión por la unión en un estado independiente de forma pacífica, con la única finalidad de crear la Liga de las naciones. Para alcanzar este objetivo se planteaba como necesaria la eliminación de la estructura hegemónica panprusiana del Reich. Esta nueva situación llevaría a la creación de una república federativa, buscando una solución pangermánica. Asimismo propuso que el Kaiser pudiera ser sustituido por una persona elegida por el pueblo o por el parlamento del Reich. Este presidente elegido mediante sufragio por plebiscito debería dar cuentas en el Bundesrat. El pilar central en el que se basaba el pensamiento de Weber era que «frente al poder central los diversos estados se encuentren en la misma relación en que se hallan los diferentes estados canadienses o australianos» (p. 122). Repecto al quinto de los trabajos, allí hace mención a la nueva Alemania (pp. 129-132), que recoge el discurso electoral pronunciado por Weber en Fráncfort del Meno con fecha 1 de diciembre de 1918, en favor del Partido Democrático alemán. En el mismo abogaba por la revolución como única vía para alcanzar la democracia y acabar con los autoritarismos. Además, señalaba que «hasta hoy, el único resultado político-social del período revolucionario digno de ser destacado consiste en el acuerdo establecido entre los sindicatos y las organizaciones empresariales con la exclusión de los traidores de clase» (p. 131). Finalmente animó a la burguesía a su adhesión al partido democrático republicano. En otro artículo publicado el 25 de febrero de 1919 analiza la figura del presidente del Reich (pp. 133-136), publicado el mismo día que se eligió al jefe de la socialdemocracia germana Friedrich Ebert (1871-1925), como presidente del Reich. Proponía en su discurso que el próximo presidente fuera elegido directamente por el pueblo, ya que sólo un presidente del Reich apoyado por millones de votos tendría la autoridad necesaria para encauzar la socialización. En caso de que el mismo pretendiese incumplir las leyes, o gobernar como un autócrata, el pueblo le exigiría responsabilidad política. Pero sólo la elección del presidente del Reich por parte del pueblo podía activar una selección de los líderes y una reorganización del partido para superar el sistema entonces vigente. Pensaba Weber que la perpetuación de este sistema supondría la desaparición de la democracia progresista (económica y política), y que sólo con su elección por el pueblo podría cumplir su papel. Por ello, concluía que «un presidente electo por el pueblo que sea el jefe del poder ejecutivo, del aparato de control administrativo y que posea el derecho a un eventual veto suspensivo y el poder de disolver el parlamento, además de estar autorizado a convocar a un plebiscito, representa el baluarte de la auténtica democracia» (p. 136). En séptimo lugar se recoge la conferencia de Max Weber sobre el socialismo (pp. 137-163), que expuso en julio de 1918. Todos los partidos socialistas se han caracterizado por ser partidos democráticos. Partía de la idea de que la democracia podía llevarse a cabo de dos formas: administrada honoríficamente y con poco gasto por personas capacitadas, o bien ser administrada por personas que la ejercieran a cambio de una retribución en calidad de funcionarios de planta. Lo opuesto al socialismo sería una organización económica privada, es decir, una situación en la cual el abastecimiento de las necesidades económicas estuviera en manos de empresarios privados. En todos los tiempos y en todos los países han existido socialismos de la más diversa especie, mientras que el socialismo moderno habría nacido de la disciplina de trabajo de la fábrica (p. 146). Los actuales partidos socialistas de 138 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones masas han seguido la corriente ideológica de los partidos socialdemócratas recogida en el Manifiesto Comunista (1847), si bien Weber rechazaba sus tesis fundamentales, ya que en este manifiesto no se establecía cómo se llevaría a cabo la "asociación de individuos" que se presentaba como la fase final del socialismo, si bien quedaba patente que la sociedad capitalista –y con ella la burguesía– estaba condenada a desaparecer, en cuanto que no se podía garantizar la supervivencia del obrero en la medida en que el único fin era la disminución de costos (Unterbieten). Pero resaltaba Weber que esta «teoría de la pauperización creciente» no se ha cumplido. Por otro lado, vislumbraba que la peor opción posible para el socialismo sería una revolución, aunque lograse triunfar, ya que la guerra no conduciría a una sociedad socialista, sino a lo más a una forma de desarrollo superior de la sociedad burguesa (p. 162). El último de los trabajos se titula "Introducción metodológica a las investigaciones de la Asociación de Política social sobre «selección y adaptación de los trabajadores de la gran industria cerrada»" (pp. 165-206). En realidad, las cualidades de los trabajadores estarían vinculadas a la capacidad de rendimiento de la gran industria. De forma que existiría entre obreros "cualificados", que habrían realizado algún tipo de aprendizaje de las máquinas, de los "semi-cualificados", que eran puestos de manera inmediata a manejar en la fábrica máquinas que iban a seguir utilizando continuamente. Por otro lado, la crisis siempre habría repercutido en las oportunidades de ingreso de los trabajadores, al igual que cuando el obrero disminuía el rendimiento, también descendía su salario, si éste era a destajo. Cuando se trataba de trabajadores jóvenes y solteros preferían el cambio para ampliar su cualificación para valorar su trabajo. Pero era evidente que los motivos concomitantes de cada trabajador eran complejos y cada uno reaccionaba de forma distinta, hasta el punto de que los hábitos alimenticios, el sexo o el grado de interés económico influían en la capacidad de rendimiento del trabajador. Las diferencias salariales entre los jefes, los capataces, los compañeros de equipo de trabajo a destajo, etc., influían directamente en las relaciones personales. De este mismo autor, Max Weber, hemos recensionado su obra Sociología del Derecho en la Revista de Estudios Políticos, 125 (2004), pp. 377-381, y su libro sobre Rudolf Stammler et le matérialisme historique (traducción del alemán al francés por Michel Coutu, Dominique Leydet, Guy Rocher y Elke Winter, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2001), publicando el comentario en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, de la Escuela de Derecho, Universidad Católica de Valparaíso, XXIV (2002), pp. 471-473. [Recibida el 25 de abril de 2013]. Guillermo Hierrezuelo Conde Antonio Sánchez-Bayón, Humanismo iberoamericano: Una guía para transitar la globalización, Cara Parens, Guatemala, 2012, 115 págs. RESUMEN: En este breve pero intenso ensayo se analizan los problemas que está provocando la Globalización, así como los antecedentes de los mismos, y nos da las claves para poder hacerles frente, para sustituir el Síndrome de Frankenstein que padecemos por el del Fénix. Con este fin se propone el autor 139 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones la reformulación del humanismo hispánico en uno de alcance iberoamericano, y se recogen sus opositores, sus leyendas negras, sus retos, sus valores, su pertinencia y su acuciante necesidad en unos tiempos vacíos por saturación. Todo ello, en definitiva, para resistir el envite del neobarbarismo nórdico ante el que hemos sucumbido y que nos anula por completo. El autor, partiendo de la confianza en el ser humano, anima a la reflexión crítica y apunta el papel que le ha quedado a la Universidad como mero lugar de producción de "futuros técnicos pagadores de impuestos" así como la marginación en la que se encuentran las Humanidades y las Ciencias Sociales. Citando al propio autor "se trata de una proposición ‒no de una imposición‒ con vocación de guía", una obra que, leyéndola con detenimiento y prestando atención a todos los detalles, bien puede convertirse fácilmente en un DAFO humanista para Iberoamérica. PALABRAS CLAVE: Globalización, Iberoamérica, Glocal, Humanismo Hispánico y Reflexión. Como hombre de mundo que es, el autor de este ensayo se convierte en un Guía de Viaje de excepción. Realiza un recorrido multidisciplinar que va desde la filosofía pura hasta la geografía política, pasando por la literatura, la mitología, la politología, la sociología, la teología y la historia. Para poder seguir su ritmo, precisaremos de un léxico rico y variado y, por si acaso, de una buena enciclopedia. En el capítulo 1º el autor nos invita a conocer y a revitalizar el humanismo hispánico a través de su cultura universal, con sus problemas y con sus ventajas; pero pasando necesariamente, por la reformulación del mismo, en forma esta vez de iberoamericano, a consecuencia de la globalización. Apunta la relegación que ha sufrido el ensayo moderno tras la II Guerra Mundial, por ser poco objetivo. Pero debe tenerse en cuenta, que en las Ciencias Sociales y las Humanidades la auténtica objetividad es la sinceridad, dónde se exponen desde el principio unos planteamientos y se procura ser coherente con ellos. Reta al lector, empatizando con él y se adelanta a sus pensamientos con acierto en la página 4, proponiendo un pensamiento glocal (pensar globalmente y actuar localmente) y adoptando un compromiso vital con este proyecto intelectual descifrando (y en muchas casos descubriendo) para el lector una serie de términos y nociones clave: bucle melancólico, no-lugar, alienación personal, malestar social, parusía y entropía. Valiente al definirse como disidente (poco a poco comparativista) el autor, nos anima a ser escépticos, a preguntarnos, y a liberarnos de los tabúes, la autocensura y la sobresaturación informativa. Bajo estas premisas, y siempre a través del cuestionamiento, se pretende aflorar el significado y el alcance de Iberoamérica y su Humanismo. Un somero recorrido histórico por las ideologías dominantes nos ayuda a ver que actualmente la ideología dominante es que no hay ideología, el poder se oculta y se evitan responsabilidades. Todo ello desde un pretendido y conseguido tono dialogado (autor-lector) y alegórico (de sugestión simbólica) que deja de forma intencionadamente incompleto, por deferencia con el lector y partiendo de su confianza en él, ya que desarrollará lo que más le interese y se estimulará la reflexión y el afloramiento de ideas como consecuencia de lo 140 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones anterior. Dicha confianza es un pilar básico del humanismo que el autor, como no podía ser menos, practica en su obra. Además añade, a esa falta de ideología, unos problemas innegables para la mayoría, todos ellos producto de la globalización. Problemas tales como: fin del estado-nación, comienzo de la expansión y confrontación, consolidación de una aldea global donde se suceden y aceleran las crisis, y surgimiento de temas necesarios de abordar como consecuencia inmediata de lo anteriormente señalado: identidad, normatividad, su capital simbólico y su comunicación. Para hacer frente a todo esto, el autor se apoya y se remite a la mitología iberoamericana para así comprender nuestro tiempo, además de la gestión social. En el capítulo 2º, el más extenso y revelador, el autor realiza un análisis comprometido de la actualidad, desde dentro de la sociedad y desde la humildad de ser parte de la misma. Se parte de que el Ser Humano se agrupa para prosperar, pero actualmente hemos caído en la alienación ya que el hombre ha transferido lo mejor de sí. Por ello se encuentra cada vez más diluido y debilitado, así como siente un gran vacío al no identificarse con el mundo, que a su vez está dominado por un sistema que se auto-protege eliminando a los librepensadores. Se trata de una dolencia compartida, de la cual recoge los sentimientos, sensaciones y conductas, así como las causas y efectos (que están interconectados y son interdependientes), que la caracterizan y en la que, la gran mayoría de la población, se sentirá identificada. Si anteriormente nos mostró la mitología iberoamericana para comprender nuestro tiempo y la gestión social, ahora el autor (muy convenientemente) nos propone una nueva. Aquí el autor nos presenta de un modo claro y conciso los mitos: identidad, generaciones, renacimiento del iberoamericano como hombre glocal. Destacaría, dada la profusión del tema, la noción de hombre iberoamericano glocal: "odiseo que crece en la globalización y desea volver a casa". Se abordan e ilustran las diversas y distintas fórmulas en las que se ha manifestado la mitología iberoamericana. Pero, respecto de esa nueva mitología, cabe añadir que supone un verdadero salto cualitativo ya que ahora es una nueva: la de los globalizados, que se sirven de los mitos para trascender pero siempre apegados a la realidad. Nos presenta y resume El Manifiesto de esa nueva mitología que ya desarrolló el propio autor en otra sede, pero no es una tarea cómoda de sillón, sino que nos interpela y nos hace nuevamente plantearnos interrogantes que pueden resultar complejos pero que resultan imprescindibles y que pretenden una toma de conciencia y una actuación consecuente. El valor añadido que aporta el autor, se demuestra en que lo hace de una forma pragmática, siendo muy consciente de la precariedad que caracteriza a nuestra generación, en la cual podemos sentirnos perfectamente identificados la mayoría de los iberoamericanos, muy especialmente los españoles. El autor depura responsabilidades en el sentido de que contextualiza la situación de nuestros padres y sus máximas, de las que no somos responsables, tales como: liberación sexual, flexibilización laboral e idolatría de la inteligencia técnica y la ciencia neutralizadora. Señala el fracaso de esa troika o, al menos, de lo que ésta pretendía: libertad y bienestar. Tras esta "lectura de cartilla a nuestros padres" nos reta (a los odiseos) a superar el 141 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones legado y a «volver a la realidad, retejer las relaciones y velar por una sostenibilidad de producción y consumo». Para ello no hay una fórmula exacta, aunque sí unas medidas claras que conformarían esa hoja de ruta a la sociedad del conocimiento (página 40): desfetichización del sexo, del trabajo y de la ciencia, relanzamiento de la política, redescubrimiento de la religiosidad, reconciliación generacional, y reconocimiento y reconexión con la realidad. Y, por supuesto, en el camino, encontraremos escollos, amenazas y riesgos a los que tendremos que hacer frente. Se realiza un diagnóstico de Iberoamérica y se detecta una "tetrapatía curable": alienación personal, malestar social, crisis perenne y amenaza de la nada. Para la cual hay un único tratamiento que pasa por un escepticismo liberador a través de la esperanza humanista. El autor es intelectualmente valiente al proponer la revisión de cuestiones como la identidad, la normatividad y la comunicación que a su vez interactúan entre sí (ethos). Apunta que el ethos originario ha sido olvidado y, con ello, la subjetividad se ha reducido a una falsa objetividad. Nos insta a redescubrir y a actualizar el humanismo hispánico para alcanzar esa rehumanización y resocialización del mundo, desmontando el neobarbarismo de hibridación (amalgama de ideologías suplantadoras de la cultura), siguiendo unos pasos: primero rompiendo con el Estado-Nación, pasando a una verdadera Globalización y prestando atención en todo momento a lo espiritual. Finalmente, cierra este capítulo, resumiendo los dos caminos que nos encontramos en el actual punto de no retorno en el que nos situamos. Por un lado, tenemos el de los latinos e íberos fragmentados, con etiquetas falsas y ajenas que conducen a la entropía (colapso social) y a la parusía (conflicto guerra-civilista) y que se caracteriza, entre otros, por el Síndrome de Frankenstein (experimento a base de deshechos de otros). Y, por otra parte, está el de la sanación a través de los iberoamericanos glocales, con el Síndrome del Fénix (renacer de las cenizas, la esperanza de la emergencia iberoamericana), siguiendo el modelo humanista dentro de la cultura para la globalización. En el capítulo 3º se abordan los principales movimientos (picaduras) que demuestran que el humanismo hispánico no lo ha tenido históricamente fácil y que ha sido atacado, tanto desde fuera como desde dentro, dando lugar a una alienación neobárbara, la cual se aborda detallada y claramente a través de las siguientes corrientes: krausismo, estructuralismo y constructivismo. Todas ellas son fruto de una secularización extrema y, frente a esto, el autor nos propone reflexionar sobre el positivismo humanista hispánico, detallando sus características y argumentando porqué el positivismo nórdico estaría "fuera de juego". En la página 64 hace un repaso histórico al hombre intelectual desde el Antiguo Régimen hasta nuestros días, de un modo sistemático, conciso y esclarecedor, y que nos brinda una visión de conjunto "at a glance" que nos va a permitir entender mejor los síndromes que surgen y se heredan de unos intelectuales a sus sucesores, y que lacran la imagen (de la cual son corresponsables) de los latinoamericanos y mediterráneos: Quirón, Siracusa y Frankenstein, de los que ambos pueblos son corresponsables. Aquí se aborda el "rapto de la universidad" y aprovecho la oportunidad para pedir y animar al autor a que siga desarrollando este tema por su gran importancia y actualidad. Su dilatada experiencia como Profesor Doctor 142 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones Universitario, no sólo en España sino también en Latinoamérica y Estados Unidos, le dan sobrados argumentos, tanto de autoridad como de conocimiento de causa, para realizar un recorrido por la historia de las universidades y sus hitos, así como del papel decisivo que ha jugado la Iglesia en este ámbito, llegando así hasta la actualidad y al rapto que la universidad viene sufriendo al ver relegadas las disciplinas culturales y humanistas, que son el pegamento que permite el entrelazamiento de los conocimientos. Se retoma esa noción de alienación (página 75) como el fin que se persigue realmente, esto es, que ya no se busca la popularización del conocimiento (y el consiguiente poder que éste otorga). La universidad cualifica técnicamente a los futuros trabajadores, labor que deberían realizar las propias empresas, perdiéndose así la figura del estudiante, con tiempo y medios para la reflexión, etc. Cabe destacar en la página 77 las siguientes palabras: łsu fábrica de clientelismo, de futuros técnicos pagadores de impuestos, que no discutan ni pidan cuentas, y mucho menos que aspiren al poder». Por ello no es de extrañar que surjan iniciativas desde la propia sociedad civil para hacer frente a esto ya que, desde el establishment, no van a promover el cambio. No podemos pasar por alto las leyendas negras del humanismo hispánico, de muy heterogénea procedencia pero con un fin muy concreto: ningunearlo e incluso negarlo. El principal problema de dichas leyendas o visiones es la irracionalidad de la que parten, de la ausencia de diálogo esclarecedor al respecto (página 81). Esto nos lleva a caer en seis grandes falacias: temporal, espacial, material, institucional, personal y psicosocial. Éstas son las piezas del puzle que, junto con la predisposición española a caer en ellas, nos han hecho entrar en un nudo gordiano repleto de lo que podríamos calificar también como tópicos infundados sobre las Españas (página 85) y en un bucle melancólico que, paradójicamente, parte desde un obispo: Fray Bartolomé de las Casas. Cierra este penúltimo capítulo con una "desmitificación", breve y clara, de los bárbaros nórdicos alimentados por su leyenda rosa. En el capítulo 4º el autor anima a deconstruir los pensamientos típicos iberoamericanos, a sacudirse complejos infundados para alcanzar esa identidad propia iberoamericana no alienada. A esta tarea, sin duda, ayudará el mayor espíritu crítico y el peor autoconcepto de los iberoamericanos en comparación con los nórdicos, que se preocupan más por la imagen. El trasplante que se ha producido de la cultura iberoamericana nos hace hablar de ésta en plural, y buena muestra de ello es la transculturalidad iberoamericana real, aunque no reconocida, que puede ser una solución a los problemas actuales. Pero, para redescubrir el humanismo hispánico y definir el iberoamericano, ha de recurrirse a la reflexión crítica, aprender de la experiencia y recurrir a la auténtica ciencia. Para ilustrar este proceso se recogen una serie de pertinentes citas que van en la línea de lo que se busca y que datan desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX. Aborda la "impostura de la latinidad" en el sentido de que Latinoamérica existe, pero es una etiqueta ajena, interesada e instrumentalizada. Se ofrecen diversas citas y cabe destacar las dedicadas al llamado "mal latino" del que Francia se ha sabido aprovechar. Además, si tenemos en cuenta la meticulosidad que sin duda caracteriza al autor, no podía pasarse por alto la cuestión caribeña, eterna fuente de conflicto 143 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones entre América Latina y Caribe; dando lugar a una competición que no beneficia si no a franceses y estadounidenses en su estrategia de fragmentación. Por último cabe apuntar que esta recomendable e inspiradora obra se encuadra dentro de Colección temática de la Editorial Cara Parens de la Universidad Rafael Zaldívar, Serie Societatis, proyecto editorial propio, dedicado a la divulgación de temas de interés y actualidad sobre diversas áreas del conocimiento. [Recibida el 29 de mayo de 2013]. Alba Pérez Martínez Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 4, Homenaje a Alfredo Rodríguez García, filósofo del Derecho y de la Política, profesor universitario y ciudadano de la República de las Letras y de las Ciencias Sociales (diciembre 2012), Universidad de Málaga, eumed.net, 2012 [sed 2013], 113 págs. RESUMEN: Se recoge en la presente recensión una enumeración valorativa del homenaje que le fue tributado a Alfredo Rodríguez García en un breve acto académico y, sobre todo, al que una serie de profesores, de su Universidad, junto a otros extranjeros, han querido dedicarle, con diversas colaboraciones puestas por escrito. La Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas dedicó el nº 4 al solo homenaje a quien fue filósofo del Derecho, de la Moral y de la Política, a la vez que pensador social crítico con los poderosos y receptivo y generoso con los humildes. Alfredo Rodríguez ha sido un referente democrático y un docente claro y sugerente para los alumnos de Filosofía del Derecho y de Derecho natural durante mucho tiempo en la Universidad de Málaga. Su verdadero maestro fue Enrique Tierno Galván, maestro en la distancia. Rodríguez García estuvo al frente del área de conocimiento de Filosofía del Derecho, durante algunos años, como hombre equilibrado, no dogmático, paradigma de universitario responsable y persona de una gran conciencia social y preocupado profundamente por las desigualdades que generaba el liberalismo y los gobiernos conservadores con sus políticas contrarias al bien común y defensoras de los poderosos y de los plutócratas financieros. La presencia de Alfredo Rodríguez García ennobleció a su área de conocimiento en la Universidad malacitana durante cuatro lustros. PALABRAS CLAVE: Adelaida de la Calle, Juan José Hinojosa, Alfredo Rodríguez García, Juan Pérez Iruela, Carlos Rodríguez, Stamatios Tzitizis, Guillermina Martín Reyes, Bjarne Melkevik, José Manuel Cabra Apalategui, Gábor Hamza, Marek Jan Łukaszuk, Patricia Zambrana Moral, Martin Niemöller, Hans Welzel, Max Weber, Christian Thomasius, Robert Alexy, Enrique Tierno Galván, Carl Schmitt, Ludwig Wittgenstein, Antonio García Lizana, José Calvo González, José Céspedes Carballo, Karl Olivecrona, Hans Kelsen, Samuel Pufendorf, Huig de Groot, Rudolf Stammler y George Gurvitch. Se recoge en el presente nº 4 de la Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas un homenaje a quien fuera gran pensador social y político y profesor titular del área de conocimiento de Filosofía del Derecho, habiendo sido docente de Derecho natural, Filosofía del 144 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones Derecho y Sociología jurídica en la Universidad de Málaga, Alfredo Rodríguez García, fallecido en un caluroso agosto de 2012, en la Cala del Moral, acompañado de los suyos. Hombre de amplia formación filosófica, jurídica, pedagógica, psicológicoexperimental, teológica y política, se afanó en funciones de gestión durante varios periodos de su vida, lo que le restó tiempo para dedicarse a la investigación con una mayor atención. Ello no le impidió hacer una sólida tesis doctoral sobre Enrique Tierno Galván (1918-1986), aquel hombre de exquisitos modales, que fue alcalde de Madrid, y que como catedrático de Derecho Político tuvo ideas geniales y se opuso al régimen dictatorial existente en España, lo que le valió la expulsión de la Universidad en 1965, retomando la misma en 1976. El viernes 21 de diciembre de 2012 hubo un homenaje presencial a Alfredo Rodríguez en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, en el que participaron la rectora Adelaida de la Calle, recordando la etapa en la que, siendo ella vicerrectora de Investigación, Alfredo Rodríguez fue Secretario general. También lo hizo Juan Pérez Iruela, que fue delegado de Educación en Málaga en momentos difíciles, teniendo a Alfredo Rodríguez a su lado, con un propósito de ir cambiando las cosas en un proceso de lucha incansable contra los malos usos todavía muy arraigados en la ciudadanía fruto del franquismo sociológico y del conservadurismo recalcitrante. A Pérez Iruela le precedió en el uso de la palabra el hijo de Alfredo, Carlos Rodríguez, ostentando la representación de la familia, con la affectio pertinente, y seguro de que levis est fortuna, dejó claro que talis bonus pater talis bonus filius. El catedrático de Filosofía del Derecho José Calvo González precisó que Alfredo Rodríguez García fue «hombre discreto, raro, sin destemplanzas, sin artificios» (p. 5). Calvo prodigó elogios y críticas, innecesarias estas últimas en un acto oral in memoriam delante de la familia del finado. Por momentos parecía Orlando furioso, pero el discurso estaba controlado, pues resulta difícil encontrar en Málaga a alguien tan culto como Calvo, que es la antítesis de tanto pappone desilustrado como circula por ahí. A mayor abundamiento, la intervención de José Calvo fue la más preparada de las orales y en su vertiente literaria la más argumentada, aunque lógicamente nescit vox missa reverti. José Calvo es el Franz Sacher de la cultura iusfilosófica, y lo mismo que el segundo elaboraba ese riquísimo dulce de mermelada y albaricoque que agradaba a los estadistas centroeuropeos, Calvo logra vestir sus discursos de filigranas literarias de registro intelectual muy elevado. Y mucho cuidado, pues, como dice el adagio alemán, Wie man in den Wald schreit, so schreit wieder heraus. Le siguió el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, Juan José Hinojosa Torralvo, apartándose intencionadamente del “Museum Criticum”; éste se entretuvo en recuerdos personales de Alfredo y en resaltar su bonhomía, y lo hizo emocionado pero sin κροκοδείλου δάκρυα, sintiendo lo que decía con decencia y honestidad, pero igualmente sin la poesía de Calvo y sabiendo que fides veritatis verborum adminicula non desiderat. El aire clasicista del decano y su amor a la música, que nos recuerda a Fillamone, el hijo de Apolo y de una ninfa, que fue cantor de la Tracia, lo reservó para mejor ocasión. Lo hizo sin muceta, ni adornándose de un velo de oro como se recuerda de alguna profesora tan presumida como poco dialogante. 145 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones Las intervenciones orales tienen menos proyección a posteriori que las puestas por escrito, de los catedráticos de Economía Aplicada y amigos personales de Alfredo Rodríguez, los doctores Guillermina Martín Reyes y Antonio García Lizana, para quienes «sus principios éticos [los de Alfredo Rodríguez] le llevaron a adoptar posiciones profundamente críticas que no le beneficiaron; e, incluso, cuando ya sentía próximo su final, a romper su militancia política, por entenderla incompatible con la línea de conducta que siempre encarnó, al contemplar la deriva que había tomado en los últimos tiempos, y no querer morir sin adoptar una posición firme en este sentido» (p. 8). 146 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones María Encarnación Gómez Rojo, profesora titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Málaga, resaltó su «discreción» e incluso «timidez» que le permitía acercarse a todos, sin distinguir a los jerarcas de los villanos, pues Alfredo Rodríguez fue todo lo contrario de la falsedad, la ambigüedad y la ficción con que actúan algunos en el Alma mater. Stamatios Tzitzis, del Instituto de Criminología de la Universidad de París II, PanthéonAssas, tuvo ocasión de establecer un debate científico con Alfredo Rodríguez. El propio Tzitzis ha querido centrar puntos sólidos de la argumentación en el texto de la colaboración que envió al homenaje a Alfredo. Fue un debate muy elevado, que no todos podrán comprender. 147 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones Patricia Zambrana Moral, profesora titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Málaga, había publicado en 1997 un trabajo de denso contenido sobre tres grandes filósofos que tituló “Antonio Millán Puelles, Alfredo Rodríguez García y Leonardo Polo Barrena (Derecho, Ética y Moral)”, aparecido en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, nº 19-20 (diciembre 1996) [sed 1997], pp. 56295669. Ahora se ha acercado en solitario a la Filosofía moral de Alfredo Rodríguez y, sin duda, ha escrito lo mejor que puede leerse sobre el pensamiento ético del homenajeado. Y lo ha hecho con un aparato crítico impresionante que alcanza las 255 notas y más de seiscientas referencias bibliográficas. La autora es experta tanto en el pensamiento de Alfredo Rodríguez como en derecho marítimo. De hecho acaba de publicar dos muy valorados artículos en 2011 y 2012 en European Transport Law, referidos al estudio histórico de los contratos de Derecho marítimo, como también al estudio del Derecho del medio ambiente. Véase a este respecto su artículo “Introducció a la història del dret mediambiental català: la salubritat de les aigües en les fonts jurídiques de Barcelona i Tortosa a l’edat mitjana i a l’edat moderna”, en Revista de dret històric català, Institut d’Estudis Catalans, vol. 11 (2011-2012), pp. 55-95. José Manuel Cabra Apalategui es un discípulo de Alfredo Rodríguez que ha reconocido la deuda de gratitud con quien fuera su jefe y maestro. Para Cabra, «Alfredo Rodríguez García fue, antes que nada, un buen profesor. Siempre defendió la importancia de la labor docente del profesor universitario; consideraba que tan relevante como la adquisición del conocimiento es su transmisión, si es que aquel ha de servir como motor de progreso y transformación social. Hablaba para sus alumnos; les dedicaba tiempo y energías, intentando que superaran la inicial animadversión –más por temor que por desinterés– que las asignaturas filosóficas suelen generar en gran parte de los estudiantes de Derecho; e intentando, igualmente, inculcarles un espíritu crítico con el que abordar la realidad jurídica. Persona de firmes convicciones morales, contaba entre ellas un profundo y bien entendido sentido de la tolerancia, esto es, la virtud de hacer posible la convivencia en un contexto de pensamiento plural y divergente» (pp. 54-55). Cabra Apalategui, fiel a Alfredo Rodríguez en todo momento, cuando estaba en activo y cuando hubo de jubilarse por razones de salud, ha demostrado un comportamiento meritorio en un mundo como el de la Universidad lleno del travestismo ideológico, de escuela, político, posicionándose la gente casi siempre a la búsqueda del mayor beneficio. José Manuel Cabra ha estudiado en este caso las aportaciones de Alfredo Rodríguez a la Teoría del Derecho y a la Teoría de la Justicia. El catedrático de Filosofía del Derecho y de Metodología Jurídica de la Universidad Laval, Bjarne Melkevik, manifestó su inmediata buena disposición a colaborar en el homenaje a Alfredo Rodríguez García. Melkevik es uno de los referentes más sólidos y brillantes que existen en América del Norte en Filosofía del Derecho. Gábor Hamza, catedrático de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest con sorprendente velocidad mandó su artículo para el homenaje a Alfredo Rodríguez, y Marek Jan Łukaszuk, desde Varsovia, no dudó un momento en hacerlo. El organizador del homenaje en papel y en versión on line lo introdujo y le puso cierre. 148 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones Los autores y los títulos de los trabajos con sus correspondientes páginas, son los siguientes: 1) Manuel J. Peláez, Guillermina Martín Reyes, Antonio García Lizana, María Encarnación Gómez Rojo y Stamatios Tiztzis. “El homenaje al jurista, profesor universitario y ciudadano de la República de las Letras y de las Ciencias Sociales Alfredo Rodríguez García” (pp. 1-14); 2) Stamatios Tzitzis, “Le juge dans la cité à travers la philosophie politique d’Aristote” (pp. 15-30); 3) Patricia Zambrana Moral, “Ética y filosofía moral en el pensamiento de Alfredo Rodríguez García” (pp. 31-52); 4) José Manuel Cabra Apalategui, “Derecho y justicia. Notas sobre el pensamiento filosófico-jurídico de Alfredo Rodríguez García” (pp. 53-73); 5) Bjarne Melkevik, “Un poema convertido en el símbolo de combate contra el nazismo y la indiferencia” (pp. 75-85); 6) Gábor Hamza, “Az állam és az egyház(ak) kapcsolatának alakulása történeti áttekinteśben” (pp. 87-92); 7) Marek Jan Łukaszuk, “International law and human Rights: New developments in research from the European and general perspective (Selected issues)” (pp. 93-100) y 8) Manuel J. Peláez, “Un diagnóstico fugaz e incompleto del jurista Alfredo Rodríguez García y de su pensamiento ético, social y político” (pp. 101-113). No se ha reflejado en el homenaje el índice de impacto nacional e internacional de la producción científica de Alfredo Rodríguez García, que lo tuvo. Solo hemos podido localizar una pequeña cantidad del mismo. En la Revue internationale de Philosophie Pénale et de Criminologie de l’Acte, editada nada menos que en París-Nanterre, 9-10 (1996), pp. 258-259 aparecieron una serie de comentarios sobre su amplio artículo dedicado a Derecho y Moral. Pero veamos lo que dice el profesor Louis Degos sobre el monumental artículo de Rodríguez: «Alfredo Rodríguez García a entrepris une étude très complète d’une soixantaine de pages sur le droit et la morale. 149 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones L’auteur… développe avec intelligence et maîtrise les distinctions “classiques” du droit et de la morale à la lumière des courants de pensées actuels. En effet, partant tout d’abord de la différence de conception connue, opposant le Digeste et Saint Augustin au courant kelsénien, Alfredo Rodríguez García reconsidère la question dans les théories libéralistes modernes telles que celles de R. M. Dworkin et H. L. A. Hart. L’apport incontestable de cet article se situe donc audelà de la présentation historique et classique complète des positions positivistes et jusnaturalistes. Il s’agit ici d’une analyse fouillée et sérieuse qui nuance la démarcation de l’être et du devoir-être et qui étend la perception parfois trop rigide et limitée du droit naturel par des “vérités élémentaires” pour dégager l’élaboration d’un “concept de droit”. Les relations entre le droit et la morale sont donc envisagées non seulement d’un point de vue théorique bien sûr, mais surtout d’une façon pratique, voire pragmatique. La réflexion fructueuse de l’auteur n’est pas sans conséquence et permet alors de considérer des problèmes sociaux actuels qui se posent aux juristes de façon plus claire. Ainsi, Alfredo Rodríguez García expose dans son article d’excellents éléments de réponse, pour le juriste comme pour la philosophie, le mérite de cet essai lumineux étant principalement de ne pas verser dans un dogmatisme qui lierait le lecteur, mais de laisser ce dernier continuer sa réflexion en respectant sa vision subjective» (pp. 258-259). Es importante, pues a Rodríguez García se le ha valorado desde Nanterre, esa atalaya universitaria científica, progresista, avanzada y jacobina, no desde revistas de pensamiento reaccionario como Verbo o Razón Española. Alfredo Rodríguez García también fue recensionado o citado en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de Valparaíso en los nº XVIII (1996) y XIX (1997), y es importante recordarlo pues esa publicación científica es muy reconocida dentro del sector iushistórico y romanístico. Otros se hicieron eco del pensamiento de Rodríguez García en la Revista de Estudios Políticos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en su nº 87 (1995), pp. 412414, de la Nueva Época. También fue mencionado elogiosamente en Ἑυδίκια. Ἑπιθεώρηση τοῦ ∆ιεθνοῦς κέντρου Φιλοσοφίας καί Θεορίας τοῦ ∆ικαίου, prestigiosa revista de la Universidad de Atenas, en concreto de su Centro Internacional de Filosofía y Teoría del Derecho, nº 3-4 (1995), p. 227. El ya mencionado director adjunto del Instituto de Criminología de París, Stamatios Tzitzis, puso de relieve la incomensaurable labor científica de Alfredo Rodríguez en su libro Esthétique et violence, Presses Universitaires de France, París, 1997, pp. 117 y 124. Con ocasión del Homenaje a Francisco Tomás y Valiente, publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español, LXVII (1997), allí aparece citado Alfredo Rodríguez García y además se alude a tres trabajos de investigación suyos. María Encarnación Gómez Rojo mencionó a Alfredo Rodríguez tanto en su libro titulado El pensamiento político, económico y social de Manuel Reventós i Bordoy, Barcelona, 1993, pp. 16-17 y nota 24, como luego en su ulterior obra Historiografía Jurídica y Económica y pensamiento Jurídico-Público, Social y Económico de Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942), Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, Málaga, 2001, pp. 30-31, nota 112. Angelica B. Guckes se ocupó en alemán del pensamiento de Alfredo Rodríguez, en “Voträge über Rechtsphilosophie- Moral und Politik Gehalten in der Universität von Málaga (Kursus 1991-1992)”, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, nº 14 (1992), pp. 3273-3277, donde habla también 150 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones de otros filósofos del Derecho, de los que resaltamos, entre los varios, a Juan José Gil Cremades, Juan Ramón Capella y José Calvo González, y posteriormente en la misma sede en “Aktivitaten und Vorträge Bezüglich der Rechtsphilosophie- Moral und Politik, Organisiert und Durchgefürhrt an der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität von Málaga (Kursus 19911992), zweiter Teil”, nº 15-16 (1993), pp. 3673-3698, volviendo a comentar en lengua alemana varios trabajos científicos de Alfredo Rodríguez García, con elogiosa valoración de los mismos. Concluimos, aunque no lo hemos visto ni siquiera reflejado en este último artículo, que incluso lo indica en el título, que Alfredo Rodríguez García fue también un pensador social. Quizás habría que situarlo cerca de Max Weber, de Rudolf Stammler y de George Gurvitch en sus ideas, con un planteamiento socialdemócrata avanzado, muy lejano del iusnaturalismo dogmático de otros docentes que pasaron por el área de conocimiento de Filosofía del derecho. El asunto es importante, pues Rodríguez García, identificado con corrientes intelectuales progresistas y avanzadas, vivió durante muchos años, en su entourage plus prochain, atenazado ideológicamente (pero a la vez con libertad para pensar y en ocasiones de decir lo que quisiese) por una corriente dominante de iusnaturalismo recalcitrante e intransigente, más propio de seminarios tridentinos de diócesis menores como las de Ciudad Rodrigo o Calahorra-La Calzada que de Facultades de Derecho oxigenadas y democratizadas tras cuarenta años de una espeluznate dictadura. Solo José Calvo González pudo en dicha área ser completamente libre y navegar por otros canales, ríos y mares jurídicos (obstaculizándole, los iusnaturalistas de estricta observancia, no obstante, para que solo lo hiciera a remo, a vela o con pértiga), desde el principio, sin meter el pie en pestilentes charchas de rancio escolasticismo y, además en su caso, el de José Calvo, alcanzar cuotas elevadísimas de prestigio internacional, haciéndoselo todo él, sin apoyos, con su sola ciencia, con su máquina de escribir en horarios nocturnos inacabables y luego con medios no mecánicos sino informáticos dejando pasar las horas fundido entre los libros (no tanto de los clásicos, que se decía conocía en menor grado, como de los modernos, que eran sus lecturas preferidas, entendiendo por modernos desde la segunda mitad del XIX hastas nuestros días) y con agudeza interpretativa notable. Alfredo Rodríguez, sin embargo, citó al nazi Carl Schmitt pero con desafecto (a quien, por cierto, había mucha afición en la escuela sevillana de Elías de Tejada) y no a Harold J. Laski, como hubiera sido lo propio teniendo en cuenta las ideas de Rodríguez García. Alfredo hubiera disfrutado con La Gramática de la Política. El Estado moderno, de Laski, quien fue laborista y comunista, obra de la que contamos con una magnífica edición y presentación a cargo de José Luis Monereo Pérez, publicada en Granada en 2002. No obstante, Rodríguez García estaba completamente molesto por la edición y traducción del alemán al castellano de Legalidad y legitimidad de Schmitt, llevada a cabo en 2006 por Cristina Monereo Atienza, en colaboración con José Luis Monereo, partiendo de la 4ª edición alemana impresa en Berlín en 1988, de lo que desconozco a fondo las razones a pesar de que me habló en dos ocasiones de ello. Tampoco eran del agrado de Alfredo Rodríguez García las ideas de Francisco Javier Conde García (1908-1974), con sus tenebrosas frases defendiendo a los tres terroríficos dictadores que fueron Hitler, Mussolini y Franco, resaltando que «la auctoritas del Führer y la del Duce se asientan 151 Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013) Recensiones sobre el suelo metafísico del espíritu del pueblo» y luego escribiendo sobre la sincronía que se daba en Franco como Jefe del Estado y del Movimiento y Caudillo, en su Teoría del caudillaje, publicada en Madrid en 1941, que es un libro que da miedo solo tenerlo en las manos. Rodríguez García miraba, con distancia infinita a estos personajes peligrosos, como también a Julien Freund. Para Alfredo Rodríguez no existía otra Filosofía del derecho que no estuviera asentada en la Filosofía de la libertad, humanista y respetuosa con las Políticas sociales en el sentido de como han entendido dicha Política Social desde la Verein für Socialpolitik. Felicitamos, y agradecezco en particular, a quienes han tenido la buena idea de homenajear a un gran docente, que fue a la vez gestor universitario completamente entregado a su tarea, y una rara avis que sabía respetar y acoger a las personas con independencia de sus entorchados y de sus distinciones académicas. Hombre de pocas palabras, su silencio metafísico tiene mucho que ver con la sentencia clásica de que quien mucho habla, mucho se equivoca. Además, fue un buen hombre y el amigo de la concordia, partidario de la civilización del diálogo, dentro de su departamento y desde su silla de secretario general de la Universidad. Quienes hayan leído el librito de B. Franklin, La science du bonhomme Richard, París, 1830, creo que entenderán a qué me estoy refiriendo como autor de estas líneas. [El presente trabajo ha sido realizado (parcialmente) en el seno del proyecto I+D+i “Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores” (nº de referencia FFI2012-38881)], cuya responsable es Gloria Corpas Pastor. [Recibida el 20 de mayo de 2013]. Manuel J. Peláez 1) I glad to contact you to invite to participate in a new academic project. From our Department (History of Law and Institutions), with the journal REVISTA CRÍTICA DE HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LA POLÍTICA SOCIAL, nº 8 (September 2014) a miscellaneous about LABOUR RELATIONS, SOCIAL, SOCIOLOGICAL, POLITICAL THOUGHT in honor to three well-known GEORGES GURVITCH (1894-1965), MAX W EBER (1864-1920) and HAROLD JOSEPH LASKI (1893-1950). The issue will be published on September 2014. The submissions deadline for the first issue will be close on July 25, 2013. 2) L’extension sera plus de 5 000 caractères, inclus les notes, et inferieur à 200 000 caractères. L’article doit être accompagné de deux résumés et mots-clés dans deux langues différentes. 3) Die Sprachen, die veröffentlicht werden können, sind Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Katalanisch, Schwedisch, Portugiesisch, Polnisch und Bulgarisch. 4) Interdit d’utiliser des abréviations. Les titres seront écrits complètement puisqu’il s’agit d’un œuvre collectif international. 5) Las colaboraciones versarán sobre el intinerario intelectual de Georges Gurtvich, Max Weber o Harold Laski, o sobre su pensamiento social, laboral, político o sociológico. 6) For further information, please contact to Prof. Manuel J. Peláez: [email protected] 152