MAYO-2013 Revista electrónica [www.eumed.net/historia] y en

Komentarze

Transkrypt

MAYO-2013 Revista electrónica [www.eumed.net/historia] y en
NÚMERO 6
MAYO-2013
Revista electrónica [www.eumed.net/rev/historia] y en papel
Offpints – Separatas – Tiré à part
Versión completa impresa en papel del no 6 (mayo 2013)
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
La Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social es una
publicación de periodicidad semestral, que incorpora el sistema de proceso anónimo de
revisión por pares para la edición de los artículos. Dicho criterio no se aplica a la sección de
recensiones, bajo el control del director, el jefe de redacción o la vicesecretaria de redacción.
Las lenguas de publicación son el español, inglés, francés, italiano, alemán, polaco, portugués,
holandés, catalán, rumano, húngaro, croata, búlgaro y sueco. Asimismo, se acompañarán
resúmenes y palabras claves en dos lenguas de las anteriormente indicadas. Las indicaciones
sobre el modo de envío de artículos y recensiones están precisadas en Normas de publicación.
La revista recensionará aquellas publicaciones aparecidas en los últimos cuatro años en curso
anteriores al número correspondiente de la revista que le sea remitido un ejemplar bien a
Manuel J. Peláez, Calle Palmeras del Limonar, nº 12. 29016 Málaga (España) o bien a Lisette
Villamizar, eumed.net, Economía Política y Hacienda Pública, Facultad de Derecho, Campus
de Teatinos, s/n, Universidad de Málaga, 29071 Málaga (España). También puede hacerse eco
del contenido de revistas de las que les sea remitido un ejemplar.
Los artículos y las recensiones habrán de versar sobre las materias específicas de la revista
(Historia de las Relaciones Laborales, Historia de la Política Social, Historia Social del Trabajo,
Historia del Derecho del Trabajo, Historia de la Protección Social, Historia del Trabajo Social,
Historia de la Psicología Social, Historia del Pensamiento Social, Historia de los Sindicatos,
Historia de las Revoluciones Sociales, Historia de los Derechos Sociales, Historia de la
Sanidad Pública y Terminología social y traducción en el Derecho comparado), entendiéndose
que el marco cronológico abarca desde los Derechos de la antigüedad hasta 1975 respecto a
España, 1990 en relación con Alemania, 1974 en torno a Francia, 1969 para los Estados
Unidos de América, 1974 para Portugal, Gran Bretaña hasta 1979, Italia hasta 1992, Canadá
hasta 1992, y para los países de democracia popular de la antigua Europa del Este hasta 1990.
Estas indicaciones de marco cronológico pueden dar una idea aproximada para el resto de
países y, en cualquier caso, son flexibles, ahora bien, puede no aceptarse el artículo si no se
observan.
La Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social es
una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumed●net de la
Universidad de Málaga.
EQUIPO TÉCNICO DE EDICIÓN
EDICIÓN EJECUTIVA
Juan Carlos Martínez Coll
RESPONSABLE DE EDICIÓN
Lisette Villamizar
MAQUETACIÓN EDICIÓN ELECTRÓNICA
Lisette Villamizar
ISSN 2173-0822
© Los autores de los artículos y las recensiones
© eumed.net
© Maquetación y diseño: Lisette Villamizar
© Diseño de portada: María del Mar España García-Hidalgo
© Lewis Hine, 1920. Power house mechanic working on steam pump. Fotografía
utilizada en el diseño de portada.
CONSEJO DE REDACCIÓN
GÁBOR HAMZA
Catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Romano. Universidad Eötvös Loránd.
Budapest (Hungría)
GÉRARD A. GUYON
Profesor emérito de Historia del Derecho, de las Instituciones y de los hechos sociales y
económicos. Universidad Montesquieu. Burdeos IV (Francia)
LEONARD ŁUKASZUK
Catedrático de Derecho Internacional Público. Universidad de Varsovia. Fue Vicepresidente del
Tribunal Constitucional de la República de Polonia (Polonia)
STAMATIOS TZITZIS
Director de Investigaciones del Centro Nacional de la Investigación Científica. Director adjunto
del Instituto de Criminología. Universidad Panthéon Assas. París II (Francia)
ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI
Catedrático de Derecho del Trabajo y Política Social. Universidad Jagellónica de Cracovia
(Polonia)
SVEN HESSLE
Catedrático de Trabajo Social. Universidad de Estocolmo (Suecia)
BJARNE MELKEVIK
Catedrático de Metodología Jurídica y Filosofía del Derecho. Universidad Laval. Québec
(Canadá)
JEAN-LUC CHABOT
Catedrático emérito de Ciencia Política. Universidad Pierre-Mendes-France de Grenoble
(Francia)
THOMAS GERGEN
Catedrático de la Universidad Europea de Economía y Gestión de Luxemburgo (Luxemburgo)
TADEUSZ WASILEWSKI
Catedrático de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Administración.
Universidad Nicolás Copérnico. Toruń (Polonia)
JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada
(España)
GLORIA CORPAS PASTOR
Catedrática de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga (España) y de
Tecnologías de la Traducción de la Universidad de Wolverhampton (Inglaterra)
HORST DIPPEL
Catedrático de Historia de Inglaterra y de los Estados Unidos de América. Universidad de
Kassel (Alemania)
ANTONIO JORDÁ FERNÁNDEZ
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona (España)
JEAN-LOUIS CLÉMENT
Profesor del Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Estrasburgo (Francia)
TÜNDE MIKES JANI
Profesora acreditada como Titular. Docente de Historia de las Constituciones y de la
Codificación y de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Gerona (España)
GEORGY PENCHEV
Catedrático de Derecho Administrativo y del Medio ambiente. Facultad de Derecho.
Universidad de Plovdiv (Bulgaria)
HARRY E. VANDEN
Catedrático de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad del Sur de Florida,
Tampa (Estados Unidos)
HENRI R. PALLARD
Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho. Universidad Laurentiana. Sudbury, Ontario
(Canadá)
MANUEL J. PELÁEZ
Catedrático de Universidad. Docente de Historia de las Relaciones Laborales. Universidad de
Málaga (España). Director
JERÓNIMO MOLINA CANO
Profesor Titular de Política Social de la Universidad de Murcia (España). Jefe de redacción
JORGE JESÚS LEIVA ROJO
Profesor Titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). Supervisor
de redacción y Responsable deontológico y árbitro único de conflictos
PATRICIA ZAMBRANA MORAL
Profesora Titular. Docente de Historia de las Relaciones Laborales. Universidad de Málaga
(España). Secretaria de redacción
CARMEN ORTÍN GARCÍA
Profesora contratada doctora de Derecho Romano. Universidad de Málaga (España). Adjunta a
la Secretaria de redacción
MÍRIAM SEGHIRI DOMÍNGUEZ
Profesora Titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España).
Vicesecretaria
MARÍA ESTHER DOMÍNGUEZ LÓPEZ
Profesora Titular de Derecho Romano. Universidad de Málaga (España). Jefa de redacción
adjunta
ÍNDICE DE CONTENIDOS
ARTÍCULOS
Miedzynarodowa ochrona pracowników migrujacych: Wspólczesne debaty
prawne i perspektywy na przyszlosc [Texto en polaco]
Bogumił Termiński ..................................................................................................................... 1
“Europa en las aulas”. Cultural ad Humanist Heritage of Europe [Texto en
alemán]
Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein .................................................................................... 43
Genèse des lois de la famille en France 1954-2013. Traduccion del francés al
castellano de la Ley belga del matrimonio homosexual y de la Carta abierta
dirigida a los senadores y senadoras de la República francesa por 170
catedráticos y profesores titulares de Derecho de las universidades francesas
[Texto en francés y en castellano]
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista .................................. 59
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny [Texto
en polaco]
Bogumił Termiński ..................................................................................................................... 79
RECENSIONES
A.A. V.V., Essais de philosophie pénale et de criminologie [Texto en castellano]
Marina Lagos Muñoz ................................................................................................................. 119
A.A. V.V., Essais de philosophie pénale et criminologie, Déviances et
délinquances: Approches psycho-sociales et pénales [Texto en castellano]
Yasmina Kharrazi....................................................................................................................... 123
Francisco Javier Conde, El hombre, animal político [Texto en castellano]
Andrés Felipe Tobón Villada .................................................................................................... 127
José Martín Pinto y Enrique González Matas, Andalucía y las reducciones
jesuíticas de los guaraníes en el Paraguay [Texto en castellano]
María Encarnación Gómez Rojo ............................................................................................ 129
Jerónimo Molina, Nada en las manos [Texto en italiano]
Carlo Gambescia ....................................................................................................................... 132
Max Weber, Política y ciencia y otros ensayos de sociología [Texto en
castellano]
Guillermo Hierrezuelo Conde................................................................................................... 134
Antonio Sánchez-Bayón, Humanismo iberoamericano: Una guía para transitar
la globalización [Texto en castellano]
Alba Pérez Martínez .................................................................................................................. 139
Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones
públicas, nº 4, Homenaje a Alfredo Rodríguez García, filósofo del Derecho y de
la Política, profesor universitario y ciudadano de la República de las Letras y de
las Ciencias Sociales [Texto en castellano]
Manuel J. Peláez ....................................................................................................................... 144
MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRACOWNIKÓW
MIGRUJĄCYCH: WSPÓŁCZESNE DEBATY PRAWNE I
PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ
Bogumił TERMIŃSKI
Bogumił Termiński (2013): “Międzynarodowa ochrona pracowników
migrujących: Współczesne debaty prawne i perspektywy na przyszłość”, en
Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social,
nº 6 (mayo 2013). En línea: www.eumed.net/rev/historia/international-labourlaw.html.
SUMMARY: Adjusting the legal status, and support policies for migrant workers is
an issue on the agenda of international institutions for nearly a hundred years.
The first efforts to protect foreign workers have been taken during the first
session of the International Labour Conference in 1919. In the following
decades ILO activities has led to the preparation of three international
documents concerning this issue (non-binding ILO Convention No. 66 in 1939,
and Convention No. 97 of 1949, and No. 143 of 1975). For many decades, the
problem of the protection of migrant workers’ rights was considered as a narrow
issue of international labor law. Codification efforts, undertaken during
seventies, have led to the adaptation of the UN document (International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members
of Their Families) in 1990, and inclusion this issue into more general area of
international human rights law. Despite this fact, and the existence of several
categories of documents concerning migrant workers within Council of Europe,
the European Union, and even ASEAN, the protection of migrant workers has
never been effectively functioning system. The aim of this article is the analysis
of the codification of that issue, and the main obstacles to consensus on the
protection of migrant workers’ rights. The state parties of the UN Convention
contain primarily countries of origin of migrants (such as Mexico, Morocco and
the Philippines). It seems, therefore, that despite 46 ratifications the, UN
convention does not have a global character, and activities of its monitoring
body (Committee on Migrant Workers ‒ CMW) reflects primarily demands of
sending countries. The article closely examines particularly controversial
provisions of the ILO and UN documents from the point of view of current labour
migrations and policies of sending and host countries.
KEYWORDS: International labour law, Employment, International migration law,
Migrant workers, Labour migration, Public international law, Human rights law,
International migration, United Nations, Committee on Migrant Workers (CMW),
Illegal migration, Undocumented migration.
STRESZCZENIE: Regulacja statusu prawnego, oraz zasad wsparcia pracowników
migrujących, jest zagadnieniem podejmowanym na forach instytucji
międzynarodowych od niemal stu lat. Pierwsze wysiłki na rzecz ochrony
imigrantów zarobkowych podjęto już podczas pierwszej sesji Międzynarodowej
Konferencji Pracy w 1919 roku. Aktywność MOP w kolejnych dekadach
doprowadziła do przygotowania aż trzech dokumentów poświęconych temu
1
Bogumił Termiński
zagadnieniu (nieobowiązującej konwencji MOP nr 66 z 1939 r., oraz konwencji
Nr 97 z 1949 roku i Nr 143 z 1975 r.). Przez wiele dekad problem ochrony
imigrantów
zarobkowych
był
uznawany
za
wąskie
zagadnienie
międzynarodowego prawa pracy. Podjęte w latach siedemdziesiątych prace
kodyfikacyjne doprowadziły do przyjęcia w 1990 roku dokumentu ONZ
(Międzynarodowa Konwencja Dotycząca Ochrony Praw Wszystkich
Pracowników Migrujących i Członków Ich Rodzin), oraz włączenia tego
zagadnienia do bardziej ogólnej przestrzeni praw człowieka. Pomimo
wspomnianego faktu, a także istnienia różnych kategorii dokumentów
poświęconych migracjom zarobkowym w ramach Rady Europy, Unii
Europejskiej, Organizacji Państwa Amerykańskich (OPA), Ligi Państw
Arabskich a nawet ASEAN, ochrona pracowników migrujących nigdy nie stała
się efektywnie funkcjonującym systemem pomocy i wsparcia wspomnianej tu
kategorii cudzoziemców. Przedmiot wspomnianego artykułu stanowi analiza
kodyfikacji zagadnienia, oraz podstawowych przeszkód utrudniających szeroki
konsensus w zakresie ochrony pracowników migrujących. Sygnatariuszami
konwencji ONZ są obecnie prawie wyłącznie kraje globalnego południa.
Oczywiste wydaje się zatem, że pomimo 46 ratyfikacji dokument ten nie ma
globalnego charakteru, a działalność komitetu monitorującego jego
implementację (CMW) odzwierciedla wyłącznie postulaty krajów eksportujących
tanią siłę roboczą. Prezentowany artykuł dokładnie analizuje szczególnie
kontrowersyjne zapisy dokumentów MOP i ONZ z perspektywy obecnej
specyfiki migracji zarobkowych na świecie, oraz wewnętrznych polityk
migracyjnych krajów eksportujących i przyjmujących migrantów.
SŁOWA
KLUCZOWE:
Międzynarodowe
prawo
pracy,
Zatrudnienie,
Międzynarodowe prawo migracyjne, Pracownicy migrujący, Migracje
zarobkowe, Prawo międzynarodowe publiczne, Migracje międzynarodowe,
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komitet do Spraw Pracowników
Migrujących (CMW), Migracja nielegalna, Migracja nieudokumentowana.
1. Wstęp
Od przynajmniej kilku stuleci migracje ekonomiczne coraz rzadziej
utożsamiane są z wolną i nieskrępowaną ograniczeniami natury prawnej
mobilnością w celu polepszenia dotychczasowych warunków życia.
Ekonomiczne czynniki wypychające migrantów (ang. push factors) zderzają się
bowiem z ograniczeniami natury prawnej i innymi bardziej pośrednimi
mechanizmami kontroli imigracji. Globalny system migracyjny jest sumą
transnarodowych interakcji socjoekonomicznych i regulacji prawnych różnego
szczebla, kształtujących mobilność migrantów i członków ich rodzin w obrębie
poszczególnych regionów czy kontynentów. Opiera się on na krajowych
rozwiązaniach politycznych i prawnych, uzupełnionych o subsydiarne znaczenie
dokumentów migracyjnych szczebla regionalnego i globalnego. Przyjęte
dotychczas ogólne i szczegółowe dokumenty praw człowieka odgrywają
całkowicie marginalne znaczenie w kreowaniu społecznego wymiaru ruchów
migracyjnych. Dzieje się tak z bardzo prostej przyczyny. Konsekwencją
wyrażonej choćby w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wolności istoty
ludzkiej jest rozszerzona percepcja przysługujących nam praw społecznych i
2
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
ekonomicznych. Wspomniane tu założenie wydaje się trudne do pogodzenia z
przyświecającym kluczowym aktorom globalnego systemu migracji
ekonomicznych (państwom przyjmującym) zawężającym spojrzeniem na prawa
ekonomiczne i społeczne migrantów zewnętrznych. Spory łatwe do pogodzenia
w perspektywie regionalnych korzyści ekonomicznych okazują się dużo
trudniejsze do przezwyciężenia na płaszczyźnie globalnej. Prezentowany
artykuł traktuje zatem przede wszystkim o sporach i zróżnicowanych interesach
krajów pozostających na różnym poziomie rozwoju gospodarczego, które w
znaczącej mierze przekładają się na formalną przynajmniej przestrzeń ochrony
prawnej pracowników migrujących.
Konsekwencją coraz większego zróżnicowania form mobilności człowieka
staje się ewolucja mechanizmów regulacyjnych i kontrolnych międzynarodowej
mobilności zarobkowej. Najwcześniejszy system kontroli imigracji wiązał się
oczywiście z ustanowieniem granic państwowych i ich ochroną za pomocą
sformalizowanych mechanizmów przymusu (wojsko). Już w czasach
starożytnych granice były nie tylko sferą odniesienia etniczno-kulturowego, lecz
także narzędziem przeciwdziałania niekontrolowanej mobilności. Upadek
Imperium Romanum ukazał, że sprawna kontrola granic przed niekontrowanymi
ruchami migracyjnymi okazuje się jednym z najbardziej fundamentalnych
elementów bezpieczeństwa państwowego. System kontroli granic spowodował
ponadto wytworzenie innych zależności ekonomicznych (np. instytucji cła). Już
w późnośredniowiecznej Europie obserwujemy pierwsze mechanizmy prawnej
regulacji mobilności ekonomicznej, znajdującej wyraz w przeciwdziałaniu bądź
promowaniu osadnictwa różnych grup etnicznych na terytorium poszczególnych
państw. Początek intensyfikacji kontroli imigracji wiązać należy z
kształtowaniem się nowoczesnych zasad przekraczania granic (system
paszportowo-wizowy) w drugiej połowie XIX stulecia. Przekroczenie granicy w
coraz większym stopniu zostało wówczas uzależnione od spełnienia wymogów
formalnych. Ustanowione w tym samym okresie mechanizmy kontroli imigracji
(np. kwoty imigracyjne) stały się przesłanką jawnej bądź zawoalowanej
segregacji imigracyjnej w późniejszych dekadach.
Intensyfikacja mechanizmów regulacyjnych nie ograniczyła bynajmniej
znaczenia migracji pracowniczych dla gospodarki i demografii wielu obszarów
świata. Powojenne przeobrażenia polityczne (dekolonizacja, narastająca
rywalizacja międzyblokowa) wzmocniły selektywne spojrzenie na migracje
zarobkowe. Ruchy migracyjne w Europie czy migracje transatlantyckie coraz
silniej oparte zostały na tradycyjnych więzach regionalnych. Już w latach
siedemdziesiątych coraz większym problemem okazała się wzrastająca skala
ruchów migracyjnych o nielegalnym bądź nieudokumentowanym charakterze.
Istotnym następstwem tego procesu stało się coraz większe zróżnicowanie
statusu prawnego imigrantów, i związana z tym marginalizacja grup
wykluczonych. Prawodawstwo wysoko rozwiniętych krajów przyjmujących
migrantów od samego początku w wyraźny sposób rozgraniczało status (a
zatem prawa ekonomiczne i środki wsparcia społecznego) migrantów legalnych
od tych o charakterze nieudokumentowanym. Postawienie znaku równości
między tymi procesami stanowiłoby bowiem (w ocenie administracji krajów
przyjmujących) oczywistą zachętę do łamania prawa. To właśnie wspomnianym
faktem tłumaczyć możemy niechęć krajów wysoko rozwiniętych do
przyjmowania kontrowersyjnych, z ich punktu widzenia, rozwiązań konwencji
uchwalonych w ramach MOP i ONZ.
3
Bogumił Termiński
Według pochodzących z 2010 roku szacunków Międzynarodowej
Organizacji do Spraw Migracji (ang. International Organization for MigrationIOM) globalna liczba migrantów międzynarodowych szacowana była na
poziomie 214 milionów osób. Ówczesna skala migracji nieudokumentowanych
szacowana była w przedziale 25.5 do 32.1 miliona osób. Zdecydowaną
większość populacji migrantów stanowili zatem pracownicy migrujący
przebywający na terytorium innego państwa w zgodzie z jego prawodawstwem.
Także wspomniana kategoria osób wykazuje olbrzymie zróżnicowanie globalne
pod względem statusu prawnego. Status pracowników migrujących w ramach
UE regulowany jest na przynajmniej kilku płaszczyznach. Mam tu na myśli
zarówno normy prawodawstwa krajowego, jak i konsekwencje zasady
swobodnego przepływu osób w ramach UE, czy wreszcie zapisy dokumentów
praw człowieka Rady Europy. Wielopłaszczyznowa regulacja migracji
zarobkowych w ramach jednolitego rynku ma jednak mało wspólnego z realiami
obserwowanymi w innych regionach świata. W krajach Ameryki Łacińskiej,
Afryki i Azji podstawowym punktem odniesienia dla sytuacji imigrantów
zarobkowych są normy prawa krajowego, bądź o wiele rzadsze umowy
bilateralne. Konwencje ONZ i MOP, marginalne z euroatlantyckiego punktu
widzenia, okazują się zatem istotnym punktem odniesienia dla dużej części
krajów eksportujących siłę roboczą.
Temat ochrony pracowników migrujących podjęty zostały już podczas
pierwszej sesji międzynarodowej konferencji pracy w 1919 roku. Termin
„pracownicy migrujący” (ang. migrant workers) spotykamy jednak po raz
pierwszy dopiero w tekście Konwencji nr 66 MOP z 1939 roku1. Aktywność na
rzecz kodyfikacji zagadnienia od samego początku naznaczona została
dynamicznymi sporami pomiędzy liberalnie nastawionymi (i wysyłającymi
migrantów) krajami Europy, a wprowadzającymi restrykcje imigracyjne Stanami
Zjednoczonymi. Pierwsze lata po zakończeniu pierwszej wojny światowej stały
się okresem natężenia imigracji zarobkowej z Europy do USA, zablokowanej
następnie przez amerykańskie prawodawstwo imigracyjne z 1921 i 1924 roku2.
Regulacje proponowane na forum MOP w dekadzie lat dwudziestych i
trzydziestych odnosić się miały przede wszystkim do dominujących w
ówczesnym układzie międzynarodowym migracji z Europy do USA. Fakt
amerykańskiego izolacjonizmu i nieobecności tego kraju wśród członków MOP
stawiał pod dużym znakiem zapytania zasadność jakichkolwiek prac w tym
zakresie. Mimo niesprzyjających okoliczności w 1939 roku doszło jednak do
przyjęcia konwencji MOP Nr 66, której tekst stał się podstawą podpisanej w
dziesięć lat później Konwencji Nr 97 dotyczącej migracji zarobkowych. W
zmienionej sytuacji geopolitycznej zapisy dokumentu okazały się jednak
rozwiązaniami głęboko anachronicznymi. Dekolonizacja zapoczątkowała
bowiem ruchy migracyjne na innych kierunkach, a rozwój gospodarek Europy
Zachodniej i następstwa ustanowienia żelaznej kurtyny ograniczyły skalę
tradycyjnych migracji z Europy do USA. Zakończenie globalnego konfliktu
1
[1/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza, instytucje,
oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwerystetu Warszawskiego, Warszawa, 2011.
2
[2/1-6] G. Battistella, "Migration and human rights: the uneasy but essential relationship" In: R.
Cholewinski, A. Pecoud, (eds.), Migration and Human Rights: The United Nations Convention
on Migrant Workers’ Rights, Cambridge University Press, UNESCO Publishing, 2009, s. 48; B.
Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje,
oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011.
4
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
zbrojnego i proces dekolonizacji przewartościowały zatem najważniejsze
płaszczyzny sporów w tym zakresie. Najbardziej zainteresowane rozwojem
systemu ochrony prawnej migrantów okazały się wkraczające na drogę
politycznej niezależności kraje rozwijające. Bazujące początkowo na imigracji
zarobkowej gospodarki Europy Zachodniej stopniowo zbliżały się do
konserwatywnego i restrykcyjnego stanowiska USA. Ich niechęć do rozwijania
międzynarodowych standardów ochrony migrantów potęgowało także
postępujące w kolejnych dekadach zjawisko migracji nielegalnej. Na
interesujące nas zagadnienie w decydującym stopniu oddziaływały zatem
przewartościowania globalnych kierunków migracji zarobkowych. Rywalizacja
międzyblokowa także okazała się znaczącym czynnikiem uniemożliwiającym
(bądź stawiającym pod znakiem zapytania sens) podjęcia daleko idących
wysiłków kodyfikacyjnych w ramach MOP czy ONZ.
Wspomniane wyżej czynniki zmuszają nas do szerszej analizy problemu w
kontekście zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych i geopolitycznych.
Analiza proponowanych bądź wiążących zapisów konwencji międzynarodowych
w oderwaniu od politycznego i ekonomicznego kontekstu ich powstania wydaje
się bowiem dalece niewystarczająca. Debat wokół zapisów konwencji
proponowanych w latach trzydziestych nie możemy analizować w kontekście
współczesnej dynamiki ruchów migracyjnych. Pomimo silnego zróżnicowania
dyskusji nad problemem kilka elementów pozostaje jednak wspólnych. Proces
kodyfikacji zagadnienia, począwszy od pierwszych sesji Międzynarodowej
Konferencji Pracy, był całkowicie zdeterminowany sporami pomiędzy krajami
wysyłającymi imigrantów zarobkowych a państwami docelowymi ich emigracji
zarobkowej. To właśnie niemożliwe do rozwiązania konflikty interesów
doprowadziły ostatecznie do marginalizacji ochrony pracowników migrujących
na gruncie międzynarodowego prawa pracy i międzynarodowej ochrony praw
człowieka. Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących jest dzisiaj
jedną z płaszczyzn prawa międzynarodowego o zdecydowanie najmniejszym
poziomie globalnej akceptacji, w której obszarze szczególnie uwidaczniają się
spory pomiędzy państwami wysoko rozwiniętymi a obszarem Globalnego
Południa.
Prezentowany artykuł ma na celu spełnienie kilku podstawowych funkcji.
Pierwszą z nich jest zwrócenie uwagi na prawną odrębność i podmiotowość
pracowników migrujących jako specyficznej kategorii cudzoziemców. Przyjęte
dotychczas dokumenty prawa międzynarodowego publicznego wspominają o
kilku najważniejszych kategoriach cudzoziemców, zróżnicowanych pod
względem motywacji opuszczenia miejsca zamieszkania i wcześniejszego,
bądź oczekiwanego w nowym państwie, statusu prawnego. Wśród
najważniejszych z nich wymienić należy: uchodźców, bezpaństwowców, osoby
ubiegające się o azyl, pracowników migrujących, oraz ogólnie rozumianych
cudzoziemców3. W ramach niektórych z powyższych kategorii istnieją jeszcze
specyficzne klasyfikacje wewnętrzne, w rodzaju podziału na migrantów
legalnych i nieudokumentowanych (nielegalnych, nieregularnych)4. Konieczna
3
[3/1-6] W prawie międzynarodowym publicznym istnieją także zapisy adresowane wobec
bardziej specyficznych kategorii cudzoziemców w rodzaju dyplomatów i funkcjonariuszy
organizacji międzynarodowych. Z punktu widzenia interesującego nas zagadnienia odgrywają
one jednak całkowicie marginalne znaczenie.
4
[4/1-6] Por. zwłaszcza: B. Termiński, "Realizing the Right to Health of Undocumented
th
Immigrants in Europe: Legal and Social Challenges", Proceedings of the 13 World Congress
5
Bogumił Termiński
wydaje się zatem analiza specyfiki pracowników migrujących na tle innych
wspomnianych wyżej kategorii cudzoziemców. Drugim zagadnieniem na jakie
pragnę zwrócić uwagę jest analiza problemów i potencjalnych zagrożeń praw
pracowników migrujących w państwie ich pobytu i zatrudnienia.
Fundamentalnym czynnikiem kształtującym sytuację migrantów jest legalność
pobytu i zatrudnienia. Problemy i zagrożenia dotykające migrantów
nieudokumentowanych mają z oczywistych względów dużo silniejszy charakter
aniżeli w przypadku migrantów przebywających w kraju pobytu w zgodzie z jego
przepisami. Szczególnie istotnym fragmentem pracy jest analiza kształtowania
się norm prawa międzynarodowego publicznego dotyczących ochrony
pracowników migrujących. Temat ten początkowo był jedynie wąskim i z rzadka
podejmowanym zagadnieniem międzynarodowego prawa pracy. Od połowy lat
siedemdziesiątych obserwować możemy proces powolnego i mało efektywnego
włączania tego problemu do bardziej ogólnej przestrzeni ochrony praw
człowieka. Ostatni fragment artykułu poświęcony został perspektywom
wzmocnienia efektywności ochrony imigrantów zarobkowych w ramach
przestrzeni polityki imigracyjnej i międzynarodowej ochrony praw człowieka.
Liczba pracowników migrujących przynajmniej ośmiokrotnie przekracza obecną
skalę problemu uchodźstwa międzynarodowego. Uchodźcy są oczywiście
grupą cudzoziemców w większym stopniu obciążoną bezpośrednimi
zagrożeniami dla praw człowieka. Pamiętajmy jednak, że duży odsetek
uchodźców to przedstawiciele drugiego i trzeciego pokolenia, względnie dobrze
zaadaptowani w kraju pobytu i wolni od zagrożeń dla fundamentalnych praw
człowieka. W krajach Globalnego Południa pracownicy migrujący są kategorią
cudzoziemców bardzo silnie obciążoną różnymi zagrożeniami dla praw
człowieka. Na fakt ten w silnym stopniu oddziałują nie tylko krajowe
uwarunkowania ekonomiczne, lecz także słabość porozumień dwustronnych i
regionalnych dokumentów ochrony imigrantów zarobkowych.
2. Pracownicy migrujący jako autonomiczna kategoria cudzoziemców
Pracownicy migrujący i pozostający na ich utrzymaniu członkowie rodzin są
obecnie największą kategorią cudzoziemców przebywających poza krajem
pochodzenia. Poza cechującymi ich wspólnymi elementami (w rodzaju
ekonomicznych motywacji podjęcia migracji) są także niezwykle silnie
zróżnicowaną kategorią cudzoziemców. Wśród najistotniejszych czynników,
kształtujących ich sytuację w kraju pobytu i zatrudnienia, wymienić należy 1.
status prawny pobytu i zatrudnienia, 2. czas trwania migracji, 3. charakter
związków z państwem pochodzenia i zakres integracji w nowym kraju, 4.
właściwości krajowej polityki migracyjnej i stopień społecznej otwartości na
imigrantów zarobkowych5. Przebywanie w danym państwie w zgodzie z jego
przepisami w znaczący sposób zwiększa zakres posiadanych praw i
przywilejów. Przekroczenia granicy bądź złamanie regulacji dotyczących pobytu
uniemożliwia zazwyczaj legalne podjęcia pracy i korzystanie ze związanych z
tym przywilejów społecznych. Legalność pobytu i zatrudnienia stanowi istotny
czynnik dostępu do służby zdrowia, jak i korzystania z rozwiniętego katalogu
on Public Health, Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469.
5
[5/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje,
oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011.
6
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
środków wsparcia społecznego6. Migranci nieudokumentowani nie są
najczęściej objęci rozwiniętymi gwarancjami społecznymi. Z oczywistych
względów nie mają także możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia. Istotnym
czynnikiem kształtującym sytuację społeczną migrantów jest także czas pobytu
poza krajem pochodzenia, oraz charakter związków z państwem
dotychczasowego zamieszkania. Za migrację długookresową przyjmuje się
najczęściej pozostawanie poza państwem pochodzenia przez okres ponad 12
miesięcy. Długookresowy charakter migracji i związana z tym adaptacja w
nowym miejscu jest ważnym czynnikiem wzmocnienia bezpieczeństwa i spadku
znaczących zagrożeń dla praw człowieka. W przypadku migrantów legalnych
długotrwały charakter migracji prowadzi zazwyczaj do wzmocnienia ich pozycji
społecznej. Zależność pomiędzy długością pobytu za granicą a wzmocnieniem
poziomu bezpieczeństwa jest już zdecydowanie mniej oczywista w przypadku
migracji nieudokumentowanej. Przeszkody natury prawnej i bardziej ogólne
poczucie braku stabilizacji powodują, że nielegalni migranci nie mają zazwyczaj
szans znaczącego wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa. Nawet ich silne
zakorzenienie w ramach diaspory nie prowadzi zatem do eliminacji
dotykających ich potencjalnych zagrożeń.
Warto zastanowić się teraz nad czynnikami kształtującymi zróżnicowaną
sytuację socjoekonomiczną imigrantów zarobkowych w różnych częściach
świata. Podstawowe znaczenie odgrywa w tym względzie poziom rozwoju
gospodarczego państwa imigracji, a także obowiązujące w nim standardy
ochrony prawnej i wsparcia społecznego imigrantów. Sytuacja osób
podejmujących migracje zarobkowe w przestrzeni Globalnego Południa wydaje
się dużo gorsza od tych, których obszarem docelowym są kraje wysoko
rozwinięte. Pamiętajmy jednak, że nawet w ramach wspomnianej tu zależności
zdarzają się wyjątki. Kraje Półwyspu Arabskiego cechują się co prawda
wysokim poziomem rozwoju gospodarczego. Równocześnie jednak
obserwujemy tam relatywny niedorozwój instrumentarium ochrony prawnej
pracowników migrujących, co przekłada się na ich znaczące problemy
społeczne tamże. Jak wskazują analizy IOM sytuacja imigrantów nielegalnych
w krajach wysoko rozwiniętych jest często lepsza od osób legalnie
zatrudnionych w państwach o niższym poziomie rozwoju gospodarczego.
Podstawowym kierunkiem współczesnych migracji zarobkowych jest oczywiście
międzynarodowa mobilność mieszkańców krajów rozwijających do tych
cechujących się wyższym poziomem ekonomicznym i standardem życia.
Restrykcyjna polityka imigracyjna powoduje jednak, że kraje Europy Zachodniej
i Ameryki Północnej nie są obecnie tak dominującymi statystycznie państwami
przyjmującymi migrantów jak było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Coraz
istotniejsze znaczenie odgrywają choćby międzyregionalne migracje zarobkowe
w obszarze Azji. Mam tu na myśli zwłaszcza migracje mieszkańców krajów
południowej części kontynentu (np. Filipin) do państw Bliskiego Wschodu. Erozji
znaczenia USA jako państwa przyjmującego imigrantów towarzyszy zatem
wzrastająca mobilność międzyregionalna w obszarze poszczególnych
kontynentów. Położenie i standardy ochrony migrantów zarobkowych w krajach
azjatyckich są jednak zdecydowanie niższe od mechanizmów ochrony prawnej
osób podejmujących zatrudnienie w szeroko pojętej przestrzeni euro6
[6-1/6] B. Termiński, "Realizing the Right to Health of Undocumented Immigrants in Europe:
th
Legal and Social Challenges", Proceedings of the 13 World Congress on Public Health,
Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469.
7
Bogumił Termiński
atlantyckiej. Szczególnie duże problemy dotykają obecnie pochodzących z Azji
Południowej pracowników migrujących, zatrudnionych w krajach Bliskiego
Wschodu. Konieczne wydaje się zatem ukazanie specyfiki wspomnianej
kategorii osób na tle innych grup cudzoziemców.
Pamiętajmy jednak, że dynamika migracji zarobkowych jest przede
wszystkim pochodną krajowego i regionalnego poziomu rozwoju
gospodarczego. Afryka i wybrane kraje Ameryki Łacińskie, cechujące się nisko
zaawansowanym modelem rozwoju gospodarczego, charakteryzują się także
niską dynamiką migracji zarobkowych w obrębie kontynentu. Czynnikiem
kreującym skalę migracji zarobkowych są zatem znaczące dysproporcje i
różnice w standardzie życia pomiędzy sąsiadującymi krajami. Zdecydowana
większość państw Afryki i Ameryki Łacińskiej cechuje się podobnym poziomem
warunków życia. Dlatego właśnie, poza nielicznymi wyjątkami, dynamika
migracji wewnętrznych w obrębie tych regionów jest obecnie bardzo
ograniczona. Na fakt ten wpływa także, obserwowany w Azji, Ameryce
Łacińskiej i Afryce brak regionalnych porozumień i mechanizmów dotyczących
migracji zarobkowych.
Jak już wspominałem przyjęte dotychczas dokumenty prawa
międzynarodowego publicznego wyodrębniają i odnoszą się zazwyczaj do
pięciu kategorii cudzoziemców: uchodźców (ang. refugees), osób ubiegających
się o azyl (ang. asylum seekers), bezpaństwowców (ang. stateless people),
pracowników migrujących (ang. migrant workers) i ogólnie charakteryzowanych
cudzoziemców (ang. individuals who are not nationals of the country in which
they live). Pierwsze trzy spośród wspomnianych tu kategorii cudzoziemców są
podmiotem aktywności i wsparcia UNHCR, oraz adresatem przyjętych w
ubiegłych dekadach dokumentów międzynarodowych. Są ponadto adresatami
znaczącego wsparcia humanitarnego ze strony instytucji systemu Narodów
Zjednoczonych i organizacji pozarządowych. Uchodźcy są obecnie drugą (po
międzynarodowych imigrantach zarobkowych i członkach ich rodzin) największą
ilościowo kategorią cudzoziemców na świecie. Według pochodzących z 2011
roku szacunków UNHCR globalna populacja uchodźców wynosiła ponad 15,2
mln. osób, z czego ponad 80 % stanowiły kobiety i dzieci. Obecnie liczba ta
uległa dość znaczącemu wzrostowi za sprawą katastrofy humanitarnej w Syrii.
Globalna skala uchodźstwa międzynarodowego okazuje się zatem ponad
dziesięciokrotnie niższa aniżeli uwarunkowane socjoekonomiczne migracje
pracowników i członków ich rodzin. W cechujących się niską dynamiką migracji
zarobkowych krajach Afryki liczba uchodźców jest jednak zdecydowanie
wyższa aniżeli imigrantów zarobkowych. Z problemem uchodźstwa silnie wiążą
się dwie inne kategorie cudzoziemców- osoby ubiegające się o azyl (ang.
asylum seekers), oraz bezpaństwowcy (ang. stateless people). Wspomniane
już statystki UNHCR z 2011 roku wskazywały na 895 tysięcy osób ubiegających
się o azyl w 2011 roku. Liczba bezpaństwowców nie przekraczała z kolei 12
milionów osób (jedynie niewielka część z nich podejmuje mobilność o
charakterze transnarodowym). Widzimy zatem, jak ogromny i dominujący
okazuje się udział imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin w ramach
globalnej populacji cudzoziemców.
Podstawowym elementem odróżniającym pracowników migrujących od
innych wspomnianych wyżej kategorii cudzoziemców są oczywiście
indywidualne motywacje przyświecające pobytowi poza krajem pochodzenia. W
przypadku imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin są one warunkowane
8
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
przede wszystkim przez czynniki socjoekonomiczne (zarobki, dostępność
zatrudnienia i świadczeń społecznych, dysproporcje pomiędzy poziomem
rozwoju ekonomiczno-społecznego kraju pochodzenia a państwa zatrudnienia,
motywowane ekonomicznie indywidualne aspiracje i dążenia). Wahania
koniunktury ekonomicznej powodują, że migracje zarobkowe okazują się
obecnie fenomenem zdecydowanie bardziej dynamicznym, aniżeli długotrwałe z
reguły i statyczne terytorialnie uchodźstwo. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu duża
część globalnych migracji zarobkowych miała charakter długotrwały.
Wspomnijmy tu choćby o specyfice imigracji do Stanów Zjednoczonych. Istotne
znaczenie odgrywały także międzynarodowe migracje o charakterze
sezonowym (w niektórych regionach Europy i świata praktykowane od wielu
stuleci). Dynamika procesów ekonomicznych, połączona z rozwojem
komunikacji, spowodowała w ostatnich latach wytworzenie i rozwój nowych
form migracji w rodzaju migracji cyrkulacyjnych czy wahadłowych. Pracownicy
migrujący są obecnie zdecydowanie bardziej mobilną kategorią cudzoziemców
aniżeli uchodźcy, bezpaństwowcy czy osoby ubiegające się o azyl7. W wielu
regionach świata mobilność o charakterze zarobkowym nie napotyka bowiem
na obiektywne przeszkody natury prawnej. Mobilność uchodźców,
bezpaństwowców i osób ubiegających się o azyl podlega już zdecydowanie
większym restrykcjom. Wspomniane wyżej kategorie cudzoziemców napotykają
zazwyczaj istotne przeszkody prawne w podjęciu zatrudnienia na terytorium
państwa pobytu. Imigracja zarobkowa jest zatem przede wszystkim fenomenem
dobrowolnym, odwracalnym i uzależnionym od zindywidualizowanych decyzji
życiowych. Uchodźstwo okazuje się procesem zdecydowanie bardziej
kolektywnym, nieodwracalnym i coraz częściej także wielopokoleniowym.
Migracje zarobkowe postrzegać możemy raczej jako czasowe narzędzie
poprawy statusu materialnego, lub wstęp do procesu integracji i często
związanej z tym naturalizacji w nowym państwie. Uchodźstwo i
bezpaństwowość są niezależnymi od indywidualnej woli procesami,
kształtującymi specyficzne położenie społeczne i sytuację prawną. Posługując
się niewielkim uproszczeniem możemy powiedzieć, że skala migracji
zarobkowych kształtowana jest przez ekonomię a skala uchodźstwa przez
prawo.
Kolejnym czynnikiem kształtujących podmiotową odrębność poszczególnych
kategorii cudzoziemców są zapisy prawa międzynarodowego publicznego.
Osoby zmuszone do opuszczenia państwa pochodzenia, ubiegające się o azyl,
bądź nieposiadające żadnego obywatelstwa okazują się zdecydowanie bardziej
podatne na różnorodne formy dyskryminacji i zagrożenia dla praw człowieka.
Dokumenty prawa międzynarodowego, przyjęte w celu ich ochrony, odgrywają
zatem zdecydowanie większe znaczenie praktyczne aniżeli te dotyczące
migrantów ekonomicznych o charakterze dobrowolnym. Pierwsze konwencje
międzynarodowe dotyczące ochrony uchodźców przyjęto w ramach Ligi
Narodów już w 1933 i 1938 roku. Międzynarodowa ochrona pracowników
migrujących, oraz działania na rzecz ochrony i wsparcia cudzoziemców na
gruncie prawa międzynarodowego publicznego mają zatem porównywalnie
długą historię. Już w 1939 w ramach MOP wypracowany został tekst konwencji
Nr 66 dotyczącej pracowników migrujących. Powojennym działaniom na rzecz
uniwersalizacji i rozwoju standardów ochrony uchodźców czy bezpaństwowców
7
[7/1-6] Czynnikiem utrudniającym mobilność wspomnianych tu kategorii są przede wszystkim
czynniki natury prawnej.
9
Bogumił Termiński
nie towarzyszyła jednak równie dynamiczna aktywność kodyfikacyjna dotycząca
pracowników migrujących. Zawarte w 1947 roku porozumienie pomiędzy ONZ i
MOP dokonywało separacji kompetencji w zakresie kodyfikacji standardów
ochrony cudzoziemców. Działania ONZ w zakresie ochrony i wsparcia
uchodźców już w kilka lat później doprowadziły do przyjęcia wiążącej i
powszechnie akceptowanej konwencji międzynarodowej, uzupełnionej
efektywnymi działaniami powołanego w 1950 roku UNHCR. Pomimo dość
szybkiego przyjęcia Konwencji Nr 97 MOP, ochrona pracowników
międzynarodowych przez kolejne trzy dekady stała się mało znaczącym
zagadnieniem międzynarodowego prawa pracy, pozbawionym szerszego
wymiaru praktycznego. Utrzymanemu przez cały okres zimnej wojny
konsensusowi na temat standardów ochrony uchodźców towarzyszył brak
porozumienia w kwestii ochrony pracowników migrujących. W następstwie
procesu dekolonizacji kraje rozwijające wzmocniły swą przewagę na forum
ONZ8. Konsekwencją tego faktu stała się podjęta już w pierwszej połowie lat
siedemdziesiątych kodyfikacja zagadnienia ochrony pracowników migrujących.
Przyjęta w 1990 roku konwencja okazała się jednak mało efektywna nawet jako
fragment szerszego kontekstu ochrony praw człowieka. Różnice interesów
socjoekonomicznych pomiędzy krajami wysyłającymi a przyjmującymi
imigrantów zarobkowych z roku na rok stawały się bowiem coraz większe.
Konwencje międzynarodowe regulujące status i środki wsparcia uchodźców
mają zatem zdecydowanie większą moc sprawczą niż przyjęte dotychczas
instrumenty dotyczące ochrony pracowników migrujących. Fakt ten z
przynajmniej kilku powodów wydaje się jednak uzasadniony. Migracje
zarobkowe są procesem dobrowolnym, zamkniętym w ramach ściśle
określonych unormowań dotyczących zatrudnienia cudzoziemców, swobody
przekraczania granic i osiedlenia. Zazwyczaj nie wiążą się także z
bezpośrednimi zagrożeniami dla najbardziej fundamentalnych praw człowieka.
Środki ochrony, oraz przysługujące imigrantom zarobkowym prawa, mają
ponadto zdecydowanie bardziej zróżnicowany charakter. Legalni bądź
nieudokumentowani pracownicy migrujący korzystają są co prawda z wielu
uprawnień fundamentalnych, regulowanych w ramach ogólnych i
szczegółowych dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka.
Szczegółowa sytuacja prawna imigrantów zarobkowych w dużym stopniu jest
jednak odbiciem stopnia otwartości konkretnego państwa, oraz dyrektyw jego
polityki imigracyjnej. Państwa tradycyjnie otwarte na imigrantów (tzw. kraje
przyjmujące) charakteryzują się zazwyczaj szerszym katalogiem przywilejów i
uprawnień przyznawanych cudzoziemcom. Niektóre spośród krajów
przyjmujących stosują jednak dość selektywną politykę imigracyjną, co znajduje
wyraz w promowaniu osadnictwa wybranych kategorii cudzoziemców i
ułatwieniach dla nich (kraje takie dyskryminują de facto pewne kategorie
cudzoziemców kosztem innych, na przykład w oparciu o kryteria zawodowe czy
poziom zamożności). Sytuacja prawna imigrantów przebywających i
zatrudnionych na terytorium danego państwa w zgodzie z jego przepisami w
oczywisty sposób odbiega od położenia różnych kategorii imigrantów
nieudokumentowanych.
8
[8/1-6] Pozycja krajów rozwijających w ramach MOP była wówczas zdecydowanie gorsza.
Dlatego właśnie zależało im, by nowa konwencja dotycząca ochrony pracowników migrujących
została przyjęta w ramach ONZ.
10
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
Imigranci zarobkowi okazują się zatem zdecydowanie bardziej zróżnicowaną
kategorią cudzoziemców aniżeli uchodźcy czy osoby ubiegające się o azyl.
Wspólnotowy charakter fenomenu uchodźstwa, wraz z funkcjonującymi
standardami ochrony prawnej wspomnianej kategorii cudzoziemców, powoduje,
że położenie społeczne członków analizowanej społeczności jest zazwyczaj
podobne. Sytuacja uchodźców w dużo większym stopniu aniżeli pracowników
migrujących uzależniona jest od standardów prawnych. Przynależność do
kategorii uchodźców warunkuje bowiem nie tyle fizyczne opuszczenie kraju
dotychczasowego zamieszkania, lecz przede wszystkim uzyskanie statusu
uchodźcy. Uchodźstwo okazuje się zatem fenomenem generowanym i
organicznie zespolonym z adekwatnymi standardami prawa międzynarodowego
publicznego (tzw. Konwencja Genewska z 1951 roku i tzw. Protokół Nowojorski
z 1967 roku). Według niektórych specjalistów prawa międzynarodowego
publicznego czynnikiem kreującym problem i skalę uchodźstwa na świecie są
nie tyle konflikty zbrojne czy procesy demograficzne w obrębie długotrwałych
diaspor uchodźców (np. drugiego i trzeciego pokolenia uchodźców
palestyńskich, zamieszkujących w krajach Bliskiego Wschodu), lecz przede
wszystkim
zapisy
Konwencji
Genewskiej
i
innych
dokumentów
międzynarodowej ochrony uchodźców. Zmieniając, bądź selektywnie
interpretując, międzynarodowe prawo uchodźcze, możemy zatem zaniżać bądź
zawyżać skalę tego problemu na świecie9. Czynnikiem kształtującym fenomen
migracji zarobkowych są nie tyle rozwiązania prawne lecz dysproporcje
pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów bądź
naszymi zindywidualizowanymi aspiracjami a możliwościami ich realizacji w
kraju pobytu (prawo pełni jedynie funkcję subsydiarną: kontrolną i regulacyjną).
Migracje zarobkowe są zjawiskiem dobrowolnym, generowanym przede
wszystkim przez czynniki ekonomiczne. Przynależność do kategorii imigrantów
zarobkowych jest zatem wynikiem podjęcia zatrudnienia w kraju innym aniżeli
państwo pochodzenia. Brak powszechnie przyjętych regulacji prawnych
dotyczących pracowników migrujących powoduje, że stanowią oni kategorię
cudzoziemców cechującą się niskim stopniem spójności.
Silne zróżnicowanie imigrantów zarobkowych na tle innych kategorii
cudzoziemców znajduje wyraz choćby w istotnych pod względem prawnym
klasyfikacjach. Najważniejszą płaszczyzną podziału wspomnianej kategorii
cudzoziemców okazuje się rozgraniczenie imigrantów legalnych od tych o
charakterze nielegalnym (nieregularnym, nieudokumentowanym). Zauważmy w
tym miejscu, że jedynie część spośród przyjętych dotychczas standardów
ochrony pracowników migrujących odnosi się do motywowanej ekonomicznie
mobilności o nieudokumentowanym charakterze10. Istotnym czynnikiem
zróżnicowanej sytuacji prawnej jest nie tylko udokumentowany pobyt, lecz także
legalność podejmowania zatrudnienia. Środki ochrony prawnej migrantów
9
[9/1-6] Prawo międzynarodowe publiczne jest zatem decydującym czynnikiem kształtowania
katalogu przyczyn i skali uchodźstwa na świecie.
10
[10/1-6] Pierwszym wiążącym dokumentem, regulującym ten problem na gruncie prawa
międzynarodowego publicznego, stała się przyjęta w 1975 roku w ramach MOP Konwencja Nr
143 Dotycząca Migracji w Niewłaściwych Warunkach oraz Promocji Równości Szans i
Traktowania Pracowników Migrujących (ang. Convention concerning Migrations in Abusive
Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers).
Dokument ten wszedł w życie 9 Grudnia 1978 roku. Por. zwłaszcza: B. Termiński,
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza instytucje, oddziaływanie,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011.
11
Bogumił Termiński
zależą także od długości trwania migracji zarobkowej. Długotrwały bądź stały
wyjazd zarobkowy prowadzi często do postępujących równolegle z integracją
działań na rzecz prawnej naturalizacji w kraju pobytu. Migranci o charakterze
krótkookresowym (cyrkulacyjnym, wahadłowym, sezonowym) korzystają
zazwyczaj ze standardowych rozwiązań prawnych, oraz regionalnych i
uniwersalnych unormowań o subsydiarnym charakterze. Zróżnicowanie sytuacji
społecznej i prawnej migrantów zarobkowych ma zatem charakter odmienny od
tego charakteryzującego uchodźców. Podstawowym elementem zróżnicowania
sytuacji uchodźców jest podział na uchodźstwo krótkotrwale, oraz to o
wieloletnim bądź nawet wielopokoleniowym charakterze.
Zagrożenia dotykające pracowników migrujących mają całkowicie odmienny
charakter od problemów cechujących uchodźców czy bezpaństwowców. W
przypadku większości kategorii uchodźców sam fakt przekroczenia granicy
państwowej prowadzi do minimalizacji dotykających ich zagrożeń i polepszenia
sytuacji prawnej. W następstwie przekroczenia granicy i uzyskania statusu
uchodźcy imigrant staje się podmiotem nowego systemu ochrony prawnej, a
także adresatem określonych działań pomocowych i podmiotem wsparcia
świadczonego przez międzynarodowe instytucje humanitarne. Dla większości
kategorii pracowników migrujących opuszczenie kraju pochodzenia wiąże się z
pogorszeniem ich sytuacji prawnej. Konsekwencją emigracji na obszar innego
państwa staje się nieobowiązywanie tam praw wynikających z obywatelstwa.
Erozja pozycji prawnej okazuje się zatem jednym z kosztów na drodze
polepszenia statusu materialnego. Podstawowym celem zmiany miejsca
zamieszkania, zarówno w przypadku uchodźstwa jak i migracji zarobkowej, jest
podwyższenie poziomu różnych kategorii bezpieczeństwa ludzkiego (ang.
human security). Kluczowym elementem migracji zarobkowej jest
maksymalizacja poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego ponad ten możliwy
do osiągnięcia w kraju pochodzenia bądź wcześniejszego zamieszkania.
Kosztem wspomnianego procesu staje się jednak erozja różnych płaszczyzn
bezpieczeństwa wspólnotowego (alienacja w nowym kraju, oderwanie od
rodziny i dotychczasowych struktur społecznych), politycznego i relatywne
pogorszenie pozycji prawnej jednostki (o ile państwo z którego przyszło jej
emigrować ekonomicznie nie jest krajem upadłym, bądź stosującym celową
politykę dyskryminacji dużych grup społecznych). Migrantom ekonomicznym
coraz częściej przyświecają ponadto zindywidualizowane motywacje społeczne
(rodzinne, związane ze standardem życia, karierą czy prestiżem). Współczesny
obraz imigracji zarobkowej trudno zatem redukować do znanej choćby z
dziewiętnastowiecznej publikacji G.E. Ravensteina mobilności służącej
wyłącznie poprawie ekonomicznych standardów życia. Zupełnie inne
zagrożenia dla bezpieczeństwa obserwujemy w kontekście indywidualnej
sytuacji uchodźców. W przypadku uchodźstwa wzrostowi poziomu
bezpieczeństwa indywidualnego (wolności od fundamentalnych zagrożeń dla
życia i bezpieczeństwa) towarzyszy zazwyczaj spadek bezpieczeństwa
ekonomicznego. W następstwie konfliktów zbrojnych uchodźcy zmuszeni są
bowiem do opuszczenia swych domów i wyboru dość niepewnej przyszłości w
nowym kraju. Znane choćby z Azji i Afryki obozy dla uchodźców generują i
podtrzymują długotrwałą biedę przy braku możliwości zmiany wspomnianego
stanu rzeczy (z podobną sytuacją mamy zresztą do czynienia w przypadku
obozów dla osób wysiedlonych wewnętrznie- ang. Internally displaced personsIDPs).
12
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
Celem migracji zarobkowych jest przede wszystkim podniesienie poziomu
bezpieczeństwa ekonomicznego ponad ten doświadczany na terytorium kraju
pochodzenia czy uprzedniego pobytu. Konsekwencją zdecydowanej większości
migracji zarobkowych okazuje się zatem polepszenie sytuacji materialnej
migrantów (oraz przebywających z nimi, bądź pozostających w kraju, członków
rodzin). Dążeniom do maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego
często towarzyszy jednak spadek bezpieczeństwa politycznego (brak
przywilejów związanych z posiadaniem obywatelstwa państwa pobytu) i
społecznego (socjoekonomiczne konsekwencje oderwania od rodziny i
większych grup społecznych w kraju pochodzenia). Przyczyną zdecydowanej
większości migracji przymusowych jest przede wszystkim maksymalizacja
fundamentalnych aspektów bezpieczeństwa ludzkiego. W odróżnieniu od
migrantów zarobkowych nie mają oni zazwyczaj jakichkolwiek możliwości
maksymalizacji wspomnianych kategorii human security w uprzednim miejscu
zamieszkania. W przypadku uchodźstwa maksymalizacji fundamentalnych,
politycznych i społecznych aspektów bezpieczeństwa towarzyszy przeważnie
erozja poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego (a zatem odwrotnie aniżeli w
przypadku i imigrantów zarobkowych), oraz społecznego (analogicznie do
dobrowolnych migrantów ekonomicznych).
Możemy zatem stwierdzić, że pracowników migrujących już na starcie
cechuje lepsza sytuacja społeczna niż w przypadku cudzoziemców
zmuszonych do opuszczenia kraju dotychczasowego zamieszkania w
następstwie czynników politycznych. Dlatego zatem regulacja ich sytuacji na
płaszczyźnie prawa międzynarodowego publicznego nie wydaje się aż tak
istotnym zagadnieniem jak analogiczne działania w przestrzeni ochrony
uchodźców. Zagrożenia dotykające imigrantów zarobkowych przyjmują
zazwyczaj charakter ekonomiczny i społeczny. W związku z ich słabszą pozycją
socjoekonomiczną to właśnie na wspomnianej kategorii osób w największym
stopniu odbijają się wahania koniunktury gospodarczej. Podobnie jak w
przypadku osób przesiedlonych wewnętrznie, także imigranci ekonomiczni
stanowią grupę "ostatnią w kolejce" w kontekście dystrybucji zasobów
ekonomicznych (np. stałego zatrudnienia w sytuacji pogarszających się
wskaźników ekonomicznych, mieszkań, dostępu do świadczeń socjalnych, itp.).
Innym zagrożeniem dotykającym pracowników migrujących są różnorodne
formy dyskryminacji prawnej i społecznej. Poziom otwartości na imigrantów
zależy oczywiście od krajowych potrzeb ekonomicznych, czynników
demograficznych, czy tradycyjnych uwarunkowań historyczno-społecznych.
Nawet w tradycyjnie imigracyjnych krajach zachodu obserwować możemy
różne formy niezamierzonej dyskryminacji imigrantów na płaszczyźnie prawnej,
bądź przynajmniej przykłady selektywnego podejścia do wspomnianej kategorii
cudzoziemców. Zdecydowana większość dotykających imigrantów przykładów
dyskryminacji nie ma jednak charakteru prawnego, lecz socjoekonomiczny.
Dyskryminacja pracowników migrujących w zakresie zarobków i zatrudnienia
jest zagadnieniem dobrze omówionym w literaturze. Wśród jej najczęstszych
form wymienić należy naruszenie zasady równej płacy za równą pracę (ang.
equal pay for equal work), utrudniony dostęp do zatrudnienia w określonych
profesjach, dyskryminację w zakresie dostępu do świadczeń społecznych,
wykorzystywanie przez pracodawcę przewagi z tytułu nielegalnego
zatrudnienia, oraz pracę w trudnych warunkach. Zdecydowana większość
pracowników migrujących wykonuje zazwyczaj zatrudnienie niechętnie
13
Bogumił Termiński
podejmowane przez obywateli ich państwa pobytu (tzw. 3Ds work- dirty,
dangerous and demeaning). Za dyskryminację imigrantów w zakresie
zatrudnienia uznać należy każdą niedozwoloną prawnie sytuację, w której
otrzymanie i zapłata za wykonaną pracę oderwane jest od czynników
obiektywnych w rodzaju wykształcenia, doświadczenia czy nakładu pracy.
Pamiętajmy jednak, że możliwości legalnego zatrudnienia w danym państwie
zależą przede wszystkim od krajowych unormowań prawnych. Dostęp
dobrowolnych migrantów do zatrudnienia poza krajem pochodzenia jest i tak
znacząco większy aniżeli w przypadku uchodźców, osób ubiegających się o
azyl, czy bezpaństwowców. Jedynie w niewielkiej części państw osoby
posiadające status uchodźcy mają możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia.
Również osoby ubiegające się o azyl napotykają często różne formy
przejściowych bądź długotrwałych restrykcji w zakresie zatrudnienia. Podjęcie
pracy przez bezpaństwowców często utrudnione jest z racji nieposiadania przez
nich stosowanych dokumentów, co w znaczący sposób utrudnia także
transnarodową mobilność wspomnianej kategorii osób.
3. Najważniejsze płaszczyzny zagrożeń dla praw człowieka pracowników
migrujących
Zakres praw przysługujących pracownikom migrujących stanowi pochodną
legalności pobytu i zatrudnienia, wewnętrznych unormowań krajowych
dotyczących przywilejów i zasad wsparcia imigrantów, a także ratyfikowanych
przez kraj dokumentów o charakterze uniwersalnym i regionalnym. Na sytuację
imigrantów oddziałuje ponadto poziom rozwoju ekonomicznego kraju, oraz
obowiązujący w nim model rządów i związane z tym następstwa (np. poziom
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego). Kluczowym czynnikiem kształtującym
sytuację socjoekonomiczną pracowników migrujących i członków ich rodzin
okazuje się jednak przebywanie na terytorium państwa w zgodzie z jego
przepisami. Legalne przekroczenie granicy stanowi akt pociągający za sobą
konkretne obowiązki ze strony państwa pobytu. Kolejnym czynnikiem
rozszerzenia ekonomicznych i socjalnych praw i obowiązków staje się podjęcie
pracy. Konsekwencją aktywności zawodowej imigrantów w kraju pobytu staje
się rozszerzenie katalogu przysługujących im praw. Całkowicie odmienną
sytuację
obserwujemy
w
przypadku
różnych
form
migracji
nieudokumentowanych. Brak legalizacji pobytu powoduje, że imigranci tego
rodzaju nie stają się adresatami zobowiązań prawnych i przywilejów ze strony
władz państwowych. Ich sytuacja na terytorium państwa pobytu w całości
determinowana jest przez konflikt z prawodawstwem wewnętrznych.
Konsekwencją wspomnianego faktu staje się spirala socjoekonomicznej
marginalizacji, prowadząca do naruszenia najbardziej fundamentalnych praw
społecznych i ekonomicznych. Problemy imigrantów nielegalnych w znaczący
sposób odbiegają od osób przebywających i zatrudnionych legalnie w kraju
pobytu. Konieczne staje zatem rozgraniczenie w ramach dalszych rozważań
analizy zagrożeń dotykających legalnie zatrudnionych pracowników
migrujących
od
tych
cechujących
różne
kategorie
migrantów
nieudokumentowanych.
Przeważająca większość zagrożeń dla praw człowieka pracowników
migrujących ma charakter ekonomiczny i społeczny. Migracje pracownicze nie
wiążą się zazwyczaj z naruszeniem fundamentalnych praw człowieka. Z uwagi
14
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
na przebywanie poza obszarem pochodzenia trudno także mówić o znaczącym
poziomie naruszenia praw obywatelskich11. Kluczowe okazują się zatem
problemy związane z zatrudnieniem, oraz zasadami i standardami
funkcjonowania na terytorium państwa pobytu. Podstawowym obszarem
dalszych rozważań stanie się zatem przestrzeń praw ekonomicznych i
społecznych pracowników migrujących, wynikających zarówno z ogólnych
dokumentów ochrony praw człowieka, jak i szczegółowych rozwiązań
przyjętych w ramach regionalnych i uniwersalnych instytucji międzynarodowych.
Jedynie w ograniczonym zakresie odniosę się do przykładów zagrożeń dla sfery
praw fundamentalnych. Naruszenia fundamentalnych praw człowieka
pracowników migrujących obserwujemy prawie wyłącznie w krajach
rozwijających, cechujących się niskim poziomem rozwoju i dyskryminacyjnym
charakterem prawodawstwa, bądź praktykami zorganizowanej dyskryminacji,
skierowanej przeciwko określonym kategoriom mniejszości.
Dyskryminacja w zakresie zatrudnienia i dostępu do świadczeń społecznych
to kluczowe czynniki utrudniające właściwą adaptację pracowników migrujących
i członków ich rodzin na terytorium państwa pobytu. W zdecydowanej
większości krajów zakres dostępu imigrantów do wewnętrznego rynku
zatrudnienia zależy tylko i wyłącznie od norm prawodawstwa krajowego.
Jedynie niewielka grupa państw związana jest także porozumieniami o
charakterze regionalnym (np. wspólny rynek UE), bądź dwustronnymi umowami
w zakresie zatrudnienia. Selektywna interpretacja wspomnianych unormowań
przez pracodawców prowadzi jednak do wielu obserwowanych patologii.
Jednym z najczęstszych problemów dotykających migrantów jest dyskryminacja
w zakresie otrzymywanych zarobków. Według pochodzących z ostatnich lat
szacunków IOM i MOP różne formy dyskryminacji zarobkowej dotykają od
kilkunastu do kilkudziesięciu procent wszystkich pracowników migrujących na
świecie. Fakt ten stanowi oczywiste naruszenie fundamentalnej dla MOP
zasady równej pracy za równą płacę. W niektórych krajach azjatyckich różnice
pomiędzy zarobkami obywateli a imigrantów zarobkowych sięgają nawet
osiemdziesięciu procent. Częstym zjawiskiem okazują się także różnorodne
formy dyskryminacji w zatrudnieniu związane z czynnikami narodowymi,
etnicznymi, religijnymi czy językowymi. Problemy tego rodzaju dotykają choćby
imigrantów arabskiego pochodzenia na terytorium Hiszpanii i Francji. W krajach
azjatyckich szczególnie zagrożone różnorodnymi formami dyskryminacji są
podejmujące zatrudnienie kobiety. Dyskryminacja zarobkowa pracowników
migrujących jest przyczyną obniżenia większości kategorii bezpieczeństwa
socjalnego.
Dostęp do podstawowych przynajmniej świadczeń zdrowotnych jest jednym
z najważniejszych praw społecznych. Zobowiązania w tym zakresie znaleźć
możemy w treści aż sześciu wiążących dokumentów międzynarodowej ochrony
praw człowieka szczebla uniwersalnego (UDHR, ICESCR, CEDAW, ICERD,
CRC, ICRMW)12. Pomimo wspomnianego faktu nawet legalnie zatrudnieni
11
[11/1-6] Pamiętajmy, że w wielu regionach świata opieka dyplomatyczna i konsularna kraju
pochodzenia nad pracownikami migrującymi okazuje się niezwykle trudna.
12
[12/1-6] Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art. 25 &1), Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art. 12), Konwencja w sprawie Likwidacji wszelkich
Form Dyskryminacji Kobiet (art. 12), Międzynarodowa Konwencja w sprawie Eliminacji
Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (art. 5 e), Konwencja o Prawach Dziecka (art. 24),
Międzynarodowa Konwencja Dotycząca Ochrony Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i
Członków Ich Rodzin art. 28).
15
Bogumił Termiński
imigranci zarobkowi doświadczają problemów w dostępie do służby zdrowia.
Problemy tego rodzaju obserwowane są zwłaszcza w krajach azjatyckich.
Wspomnijmy tu choćby o praktykowanej przez niektóre kraje Bliskiego
Wschodu dyskryminacji wobec pracowników migrujących zagrożonych wirusem
HIV, włącznie z ich deportacją do kraju pochodzenia. W zdecydowanej
większości krajów pozaueuropejskich imigranci zarobkowi doświadczają
utrudnionego dostępu do bardziej zaawansowanych terapii medycznych.
Możliwość korzystania z bardziej zaawansowanych usług medycznych często
warunkowana jest długością zatrudnienia na terytorium państwa i czasem
opłacania podatków. Zdecydowanie mniejszy zakres dostępu do instytucji
opieki zdrowotnej cechuje migrantów nieudokumentowanych13. Według
sporządzonego w ostatnich latach raportu w aż sześciu spośród 10 branych
pod uwagę krajów członkowskich członkowskich UE migranci nieregularni nie
mieli wolnego dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem
przypadków zagrożenia życia14. Stosunek krajów przyjmujących do zakresu
świadczeń społecznych przyznawanych imigrantom nieudokumentowanym jest
jednym z podstawowych czynników przesądzających o niskim poziomie
akceptacji dla zapisów konwencji ONZ z 1990 roku.
Kolejną płaszczyzną naruszenia praw socjoekonomicznych pracowników
migrujących jest ich utrudniony dostęp do świadczeń socjalnych i tych
związanych z wykonywanym zatrudnieniem. Problemem wielu krajów jest brak
regulacji dotyczących zasad nabywania świadczeń emerytalnych przez legalnie
zatrudnionych cudzoziemców. Pracowników migrujących często nie obowiązują
także postanowienia zbiorowych układów pracy. Problemem okazuje się także
brak świadczeń pomocowych w sytuacji przymusowego zwolnienia czy
utrudniony dostęp do środków wsparcia społecznego. Za formę dyskryminacji
pracowników migrujących uznać należy także nieuregulowany w dalszym ciągu
przez wiele państw problem podwójnego opodatkowania. Wspomniane wyżej
czynniki przesądzają o tym, że pracownicy migrujący są kategorią osób
szczególnie silnie zagrożoną wahaniami koniunktury na rynku pracy.
Przeszkody natury prawnej są czynnikiem utrudnionego dostępu migrantów
do właściwych warunków mieszkaniowych. Wspomnijmy tu o cechującym
prawodawstwo wewnętrzne wielu krajów braku adekwatnych regulacji
dotyczących zasad wynajmu i nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
Stałe zameldowanie jest jednym z istotnych czynników ułatwiających podjęcie
zatrudnienia. Odpowiednie warunki mieszkaniowe w istotny sposób wpływają
także na poziom adaptacji imigrantów zarodkowych i członków ich rodzin w
nowym kraju, oraz realizację innych kategorii praw człowieka. Utrudniony
dostęp imigrantów do właściwych warunków mieszkaniowych to nie tylko
następstwo prawodawstwa lecz także czynników ekonomicznych i społecznych.
Dyskryminacja w zakresie zarobków powoduje, że pracownicy migrujący nie
posiadają często wystarczających środków na wynajem mieszkania (co zmusza
ich do zamieszkiwania w wieloosobowych lokalach o obniżonym standardzie
sanitarnym). Częstą praktykę stanowi także dyskryminacja cudzoziemców
przez osoby wynajmujące mieszkania.
13
[13/1-6] Czynnikiem utrudniającym dostęp imigrantów do instytucji opieki zdrowotnej jest
także bariera językowa.
14
[14/1-6] B. Termiński, "Realizing the Right to Health of Undocumented Immigrants in Europe:
th
Legal and Social Challenges", Proceedings of the 13 World Congress on Public Health,
Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469.
16
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
Konsekwencją migracji nielegalnych staje się silne wykluczenie
podejmujących je osób poza nawias zobowiązań prawnych kraju pobytu, oraz
dostępne środki pomocy konsularnej i dyplomatycznej świadczone przez
państwo pochodzenia. Brak informacji o pobycie obywateli poza krajem
pochodzenia utrudnia podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu
poprawę ich sytuacji i pomoc w sytuacji zagrożenia. Także kraj pobytu
nielegalnych imigrantów nie może zagwarantować im daleko rozszerzonych
środków wsparcia (co stanowiłoby zachęcanie do łamania prawa). Sytuacja
imigrantów nieudokumentowanych jest zatem znacząco gorsza od położenia
osób legalnie zatrudnionych na terytorium państwa, bądź przynajmniej
przebywających w nim zgodnie z podstawowymi regulacjami prawnymi.
Imigracja nieudokumentowana obejmuje zróżnicowany katalog zachowań
migracyjnych o charakterze transgranicznym. Wśród najważniejszych z nich
wymienić możemy nielegalne przekroczenie granicy, oraz pozostawanie na
terytorium państwa pobytu niezgodnie z jego prawodawstwem (np. po upływie
ważności standardowej wizy turystycznej). Problem nieudokumentowanej
imigracji dotyczyć może także urodzonych na terytorium kraju pobytu dzieci
imigrantów. Konsekwencją wspomnianych wyżej sytuacji staje się brak
możliwości legalizacji zatrudnienia, oraz innych działań, istotnych z punktu
widzenia codziennej aktywności społecznej. Wsparcie udzielane imigrantom
nieudokumentowanym ogranicza się zatem do zobowiązań wynikających z
dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka o uniwersalnym
zastosowaniu. Odpowiedź na ograniczone możliwości wsparcia prawnego i
ekonomicznego imigrantów nieudokumentowanych stanowi aktywność instytucji
międzynarodowych (np. IOM- pomagającej imigrantom w powrocie do kraju
pochodzenia), oraz różnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego
(organizujących na przykład wsparcie prawne, czy finansujących dostęp
imigrantów nieudokumentowanych do pomocy zdrowotnej). Zgodnie z
pochodzącymi z 2010 roku szacunkami IOM migranci nieudokumentowani
stanowili aż 25,5 do 32,1 mln. (10-15 %) spośród wszystkich osób 214 milionów
osób zamieszkałych poza państwem pochodzenia.
Najważniejszym problemem migrantów nieudokumentowanych okazują się
zagrożenia dla fundamentalnych praw człowieka. Nielegalne przekroczenie
granicy, bądź niezgody z przepisami pobyt na terytorium państwa, uniemożliwia
sprawowanie kontroli nad sytuacją imigrantów. Ofiary przemytu czy handlu
ludźmi wydają się kategoriami migrantów szczególnie silnie odczuwającymi
fundamentalne zagrożenia dla praw człowieka. Ich sytuacja całkowicie zależy
bowiem od osób trzecich, często związanych z kręgami przestępczości
zorganizowanej. Silna asymetria możliwości i zależność od woli osób trzecich
cechuje także położenie innych kategorii migrantów nieudokumentowanych, na
przykład osób podejmujących nielegalne zatrudnienie. Brak możliwości
zalegalizowania pobytu powoduje nie tylko brak dostępu do podstawowych
świadczeń społecznych, lecz również ciągły konflikt z prawem.
Konsekwencją nieudokumentowanego pobytu staje się brak możliwości
podjęcia legalnego zatrudnienia. Fakt ten staje się przyczyną wielomilionowej
szarej strefy zatrudnienia (np. USA) i braku możliwości rozciągnięcia nad nią
jakichkolwiek środków kontroli. Jak wskazują analizy z krajów azjatyckich
praktyki zatrudnienia nielegalnych imigrantów noszą często wszelkie znamiona
pracy przymusowej. Pracodawcy wykorzystują bowiem swoją uprzywilejowaną
pozycję ekonomiczna i społeczną, zmuszając imigrantów do pracy w złych
17
Bogumił Termiński
warunkach, za zarobki znikome w stosunku do legalnego zatrudnienia.
Świadomość całkowitej zależności od pracodawcy, oraz lęk przed deportacją,
sprawia, że wspomniane tu patologie przyjmują w wielu regionach świata
powszechny charakter. Konsekwencją nieudokumentowanego pobytu i
nielegalnego zatrudnienia jest brak dostępu imigrantów do bardziej
zaawansowanych świadczeń opieki zdrowotnej, oraz mechanizmów wsparcia
społecznego. Wzrost skali imigracji nielegalnej, połączony z typowymi dla
recesji gospodarczej cięciami budżetowymi, powoduje, że nawet w krajach UE
nielegalni migranci maja utrudniony dostęp do podstawowych świadczeń
zdrowotnych. Utrudniony dostęp nielegalnych imigrantów (zwłaszcza kobiet w
ciąży) do podstawowych świadczeń zdrowotnych stał się w ostatnich latach
poważnym problemem socjoekonomicznym w dotkniętej kryzysem
gospodarczym Grecji. Nielegalni imigranci cechują się także dużo gorszymi niż
w przypadku pracowników migrujących warunkami mieszkaniowymi, oraz
dostępem do edukacji. W przypadku legalnie zatrudnionych pracowników
migrujących (i członków ich rodzin) długotrwałe przebywanie na terytorium kraju
pobytu prowadzi zazwyczaj do wzrostu posiadanych praw i przywilejów
socjalnych. W przypadku imigrantów nielegalnych długotrwałe przebywanie ma
terytorium kraju pobytu prowadzi zazwyczaj do maksymalizacji obszarów
konfliktu z prawem. Sytuacja wspomnianych tu kategorii wydaje się zatem
całkowicie odmienna i trudna do precyzyjnej kodyfikacji w ramach jednego,
spójnego instrumentu prawa międzynarodowego publicznego. Być może
właśnie wspomniany fakt przesądza o niskim poziomie akceptacji krajów
przyjmujących imigrantów dla uniwersalnych dokumentów ochrony
wspomnianej kategorii cudzoziemców. Badania prowadzone w niektórych
państwach wskazują, że nielegalni migranci zdecydowanie częściej od legalnie
zatrudnionych
pracowników
migrujących
dopuszczają
się
działań
przestępczych, bądź w inny sposób popadają w konflikt z prawem. Regulacja
pobytu i zatrudnienia imigrantów okazuje się istotnym narzędziem
maksymalizacji bezpieczeństwa wewnętrznego i zmniejszenia skali
przestępczości.
4. Ewolucja ochrony pracowników migrujących w ramach instytucji
międzynarodowych
Dokumenty ochrony pracowników migrujących, podobnie jak wszystkie
standardy prawa międzynarodowego publicznego, są przede wszystkim
produktem epoki, w jakiej przyszło im powstać. Z wyjątkiem Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka trudno bowiem wymienić dokument budzący
względny konsensus w wiele dekad po jego przyjęciu. Międzynarodowe prawo
pracy nie stanowi być może najbardziej dynamicznej płaszczyzny prawa
międzynarodowego publicznego. Pamiętajmy jednak, że globalny obraz
zatrudnienia i stosunków pracy jest obecnie diametralnie odmienny od tego,
obserwowanego kilka dekad wstecz. Współczesne międzynarodowe prawo
pracy w coraz mniejszym stopniu odzwierciedla aktualny obraz stosunków
zatrudnienia, także w kontekście sytuacji pracowników migrujących. Konieczna
staje się zatem analiza dokumentów ochrony migrantów w kontekście
panoramy mobilności międzynarodowej i standardów zatrudnienia czasów w
jakich przyszło im powstawać. Międzynarodowa ochrona pracowników
migrujących jest zagadnieniem analizowanym na forum instytucji
18
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
międzynarodowych od niemal stu lat. Wiek refleksji nad problematyką ochrony
migrantów cechowała nie tylko zmiana form zatrudnienia i charakteru imigracji
zarobkowych, lecz także ogromne przewartościowania działalności instytucji
międzynarodowych. Do wielu pomysłów postulowanych już w pierwszych
dekadach ubiegłego stulecia powrócono dopiero w kilkadziesiąt lat później. Już
w początku lat dwudziestych sugerowano przykładowo, by ochrona
zagranicznych pracowników stała się nie tylko przedmiotem aktywności MOP,
lecz także obszarem bardziej ogólnej refleksji Ligi Narodów. Dopiero prawie pół
wieku później podjęta została próba "inkorporacji" wspomnianego zagadnienia
do ogólnej przestrzeni aktywności ONZ15. Fakt ten motywowany był jednak nie
wzrostem znaczenia tego zagadnienia, lecz silną pozycją krajów wysyłających
na forum ONZ w porównaniu z ich znaczeniem w ramach MOP. Równie długa
tradycja cechuje debaty na temat perspektyw regionalizacji wspomnianego
zagadnienia. Już w latach trzydziestych kraje Ameryki Łacińskiej dążyły do
podjęcia regionalnej refleksji nad uwarunkowaniami migracji zarobkowych.
Odzwierciedleniem wspomnianego faktu stała się zwołana w Santiago de Chile
(2-14 stycznia 1936 r.) konferencja latynoamerykańskich członków MOP.
Punktem wyjścia dla rozważań w dalszej części artykułu stanie się zatem nie
tylko analiza zapisów wybranych dokumentów międzynarodowych, lecz także
socjopolitycznego kontekstu ich przyjęcia.
Początek działań na rzeczy ochrony pracowników migrujących i członków
ich rodzin w bezpośredni sposób wiąże się z powstaniem MOP w 1919 roku.
Pierwsze zapisy w tym zakresie znaleźć możemy już w statucie
Międzynarodowej Organizacji Pracy, stanowiącym część XIII Traktatu
Wersalskiego. Szczególne znaczenie przypisać należy art. 427 (8) Traktatu
Wersalskiego, zgodnie z którym "standardy zatrudnienia ustanowione w
każdym państwie powinny dążyć do równego traktowania ekonomicznego
wszystkich pracowników rezydujących tam zgodnie z prawem" (ang. the
standard set by law in each country with respect to the conditions of labour
should have due regard to the equitable economic treatment of all workers
lawfully resident therein)16. Temat zatrudniania cudzoziemców stał się również
jednym z przedmiotów zwołanej w Waszyngtonie pierwszej sesji
Międzynarodowej Konferencji Pracy (październik 1919 r.)17. Pierwsze działania
na rzecz ochrony imigrantów zarobkowych przypadają zatem w okresie
krótkotrwałego spadku imigracji zarobkowej z Europy do Stanów
Zjednoczonych. Wzrastająca w pierwszych latach po wojnie skala imigracji
została szybko ograniczona przez amerykańskie ustawy imigracyjne z 1921 i
1924 roku. Początek lat trzydziestych okazał się okresem ograniczonej skali
migracji do USA, oraz wzrostu mobilności zarobkowej z południowej do
północnej części Europy.
15
[15/1-6] Wiele informacji dotyczących genezy i ewolucji ochrony pracowników migrujących w
ramach organizacji międzynarodowych znaleźć można w pochodzącym z 1991 roku numerze
periodyku International Migration Review (Vol. 25, No. 4), wydanym w związku z przyjęciem
konwencji ONZ w 1990 roku.
16
[16/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza,
instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 83;
R. B. Lillich, The Human Rights of Aliens in Contemporary International Law, Manchester
University Press, Manchester, 1984, s. 69.
17
[17/1-6] M. Hasenau, "ILO Standards on Migrant Workers: The Fundamentals of the UN
Convention and Their Genesis", International Migration Review, Vol. 25, No. 4, Winter 1991, s.
687-698.
19
Bogumił Termiński
Przyjęte w latach dwudziestych międzynarodowe standardy pracy
(konwencje i rekomendacje MOP) zawierają wiele zapisów istotnych z punktu
widzenia wspomnianego zagadnienia. Już w pochodzącej z 1919 roku
konwencji dotyczącej bezrobocia (Konwencja nr 2 MOP) zwrócono uwagę na
konieczność zawierania porozumień regulujących zakres świadczeń socjalnych
i metody wsparcia pozostających bez pracy imigrantów. Podczas czwartej sesji
Międzynarodowej Konferencji Pracy przyjęte zostało Zalecenie Nr. 19
dotyczące statystyk migracji (ang. ILO Recommendation No. 19 concerning
Communication to the International Labour Office of Statistical and Other
Information Regarding Emigration, Immigration and the Repatriation and Transit
of Emigrants). Znaczące okazały się także zapisy Konwencji nr 19 MOP (1925
r.) w sprawie zadośćuczynienia za wypadki poniesione w czasie pracy, oraz
Konwencji nr 21 MOP (1926 r.) dotyczącej uproszczenia inspekcji emigrantów
na pokładzie statku. W 1925 roku powstał w ramach MOP Stały Komitet do
Spraw Migracji (ang. Permanent Committee on Migration).
Aktywności MOP towarzyszyła pogłębiona pogłębiona refleksja nad
migracjami zarobkowymi w ramach Ligi Narodów. Już w połowie lat
dwudziestych organizacja ta podjęła szereg inicjatyw mających na celu analizę
problemów cudzoziemców. Dyskusje nad kodyfikacją międzynarodowych norm
w tej dziedzinie prowadzono między innymi na forum organizowanych przy
współudziale Ligi Narodów międzynarodowych konferencji na temat migracji.
Ważniejsze konferencje dotyczące międzynarodowych aspektów mobilności
zarobkowej odbyły się między innymi w 1923 r. w Paryżu, oraz w 1924 r. w
Pradze. Zgromadziły one przedstawicieli państw dla których problem migracji
stał się ważną kwestią polityczną w okresie po zakończeniu pierwszej wojny
światowej. Podobna konferencja miała miejsce w Londynie w 1926 r. Pierwsza
Międzynarodowa Konferencja o Emigracji i Imigracji odbyła się w pomiędzy 15
a 31 maja 1924 roku w Rzymie. Na konferencję przybyli delegaci z 57 państw,
liczni eksperci, oraz funkcjonariusze poszczególnych organów Ligi Narodów i
Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podejmowane na konferencji dyskusje
koncentrowały się wokół problemów definicyjnych i statystycznych, a także
środków zabezpieczenia społecznego migrantów. Pośród postanowień
końcowych konferencji znalazła się tak zwana "Karta Emigranta",
odzwierciedlająca dość liberalną percepcję wspomnianego procesu. Jej zapisy
uznawały swobodę wyboru miejsca podejmowania pracy zarobkowej.
Dokument podkreślał, że państwa zatrudniające migrantów mogą stosować
prawne ograniczenia w ich przyjmowaniu, dyktowane problemami natury
ekonomicznej i społecznej. Druga Międzynarodowa Konferencja o Emigracji i
Imigracji odbyła się w Hawanie pomiędzy 31 marca a 17 kwietnia 1928 r.
Głównym przedmiotem dyskusji były kwestie dotyczące pozapolitycznych
aspektów migracji pracowniczych. Zebrani zwrócili ponadto uwagę na
konieczność wprowadzania w prawodawstwie wewnętrznym państw
członkowskich unormowań sprzyjających podejmowaniu pracy za granicą i
chroniących prawa migrantów. Problematyka migracji zarobkowych stanowiła
także jeden z kluczowych obszarów podejmowanych w ramach
Międzynarodowej Konferencji Społecznej w Genewie (1927 r.). W końcu lat
dwudziestych w ramach Ligi Narodów planowano także uchwalenie konwencji
dotyczącej statusu prawnego i zasad traktowania cudzoziemców. Roboczy tekst
Konwencji w Sprawie Traktowania Cudzoziemców (ang. Draft Convention on
20
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
the Treatment of Foreigners) przygotowany został w 1928 roku18.
Zorganizowana w rok później Międzynarodowa Konferencja w Sprawie
Traktowania Obywateli Zagranicznych (ang. International Conference on the
Treatment of Foreign Nationals) zakończyła się jednak niepowodzeniem z
uwagi na niechęć niektórych członków organizacji do znaczącego rozszerzenia
katalogu uprawnień cudzoziemców19. Jak zauważył przewodniczący konferencji
"większość krajów wydaje się bardziej zainteresowana zachowaniem daleko
idącej wolności działania i nie akceptuje jakiegokolwiek ograniczenia ich pełnej
suwerenności"20.
Refleksja nad problematyką ochrony cudzoziemców, w tym pracowników
migrujących, rozwijała się w latach dwudziestych ze zmiennym szczęściem.
Decyzji o utworzeniu MOP przyświecały nadzieje na uniwersalizację
podstawowych przynajmniej zasad zatrudnienia, ochrony i wsparcia
pracowników migrujących. Nieobecność Stanów Zjednoczonych pośród
członków organizacji stawiała jednak pod dużym znakiem zapytania zasadność
prac nad konwencją o charakterze uniwersalnym. Pamiętajmy bowiem, że
imigracja do USA była w tym okresie dominującym kierunkiem mobilności
zarobkowej, a izolacjonizm polityczny i restrykcyjne przepisy imigracyjne
skutecznie zmniejszyły jej skalę. Dopiero w drugiej połowie lat dwudziestych
obserwujemy powolny wzrost zainteresowania problematyką ochrony
migrantów. Odzwierciedleniem wspomnianego faktu stało się przyjęcie
Konwencji Nr. 21 MOP, organizacja drugiej konferencji o emigracji i imigracji,
oraz podjęte w 1929 roku próby międzynarodowej regulacji statusu
cudzoziemców. Konsekwencją amerykańskiego krachu gospodarczego i
kryzysu ekonomicznego w Europie stała się kilkuletnia stagnacja wszelkiej
aktywności międzynarodowej we wspomnianym zagadnieniu. Dopiero
przystąpienie Stanów Zjednoczonych do MOP, oraz polepszenie sytuacji
gospodarczej w Europie stało się przyczyną podjęcia bardziej zaawansowanych
prac kodyfikacyjnych w drugiej połowie lat trzydziestych. Ograniczona liczba
państw członkowskich w pierwszych latach funkcjonowania organizacji stanowić
mogła czynnik ułatwiający przyjęcie wiążącego dokumentu międzynarodowego.
Pamiętajmy jednak, że nawet we wspomnianym okresie członków organizacji
cechowały przeciwstawne interesy dotyczące imigracji i zatrudnienia. Interesy
wysyłających migrantów krajów europejskich nie były bowiem tożsame z
ewolucją polityki migracyjnej państw Ameryki Łacińskiej, w rodzaju Argentyny
czy Brazylii. Pamiętajmy jednak, że dominującą formą regulacji ruchów
migracyjnych były w tamtych czasach umowy dwustronne.
Stabilizacja ekonomiczna połowy lat trzydziestych, oraz iluzoryczne
przynajmniej nadzieje wywołane akcesem Stanów Zjednoczonych do MOP
stały się czynnikiem ponownego wzrostu zainteresowania problemem ochrony
pracowników migrujących. W czerwcu 1935 roku przyjęta została Konwencja Nr
48 MOP dotycząca utrzymania zarobków pracowników migrujących (weszła w
życie w sierpniu 1938 roku). Obradująca w styczniu 1936 roku konferencja
18
[18/1-6] J.W. Cutler, "The Treatment of Foreigners: In Relation to the Draft Convention and
Conference of 1929", The American Journal of International Law, Vol. 27, No. 2, April 1933, s.
225-246.
19
[19/1-6] E. Borchard, "The Minimum Standard of The Treatment of Aliens", Michigan Law
Review, Vol. 38, No. 4, February 1940, s. 446-461.
20
[20/1-6] Work of the International Conference on the Treatment of Foreigners: Report by M.
th
Deveze, President of the Conference, Geneva, January 14 1930.
21
Bogumił Termiński
latynoamerykańskich członków MOP okazała się znaczącą historycznie próbą
decentralizacji i regionalizacji podejmowania niektórych decyzji w ramach
organizacji. Pośród 26 rezolucji przyjętych w ramach konferencji znalazł się
także dokument dotyczący imigracji. Podczas sesji Międzynarodowej
Konferencji Pracy w 1936 roku dyskutowano także o treści tak zwanego
"Zielonego Raportu", dotyczącego zasad rekrutacji i zatrudnienia pracowników
migrujących21. Wspomniane wyżej czynniki okazały się istotną przesłanką
podjęcia działań na rzecz przyjęcia dokumentu w całości odnoszącego się do
sytuacji prawnej imigrantów zarobkowych.
Rezultatem ponad trzyletnich prac kodyfikacyjnych stało się otwarcie do
ratyfikacji Konwencji Nr 66 Dotyczącej Rekrutacji, Pośrednictwa i Warunków
Pracy Pracowników Migrujących podczas 25 sesji Międzynarodowej Konferencji
Pracy w czerwcu 1939 roku22. Stanowi ona pierwszy dokument prawa
międzynarodowego publicznego posługujący się terminem "pracownik
migrujący" (ang migrant worker). Wydarzenia lat następnych, jak również
merytoryczne spory w warstwie interpretacji dokumentu spowodowały, iż do
1949 r. żaden kraj nie przystąpił do konwencji23. Jej postanowienia zostały
zrewidowane przez zapisy Konwencji nr 97 Międzynarodowej Organizacji
Pracy. W chwili wejścia w życie Konwencji nr 97, tj. 22 stycznia 1952 r.,
Konferencja MOP zamknęła możliwość ratyfikacji Konwencji nr 66 (niektóre
źródła podają, że decyzję taką podjęto już w 1949 roku). Decyzją 88 sesji
Międzynarodowej Konferencji Pracy z 30 maja 2000 r. dokonano ostatecznego
wycofania dokumentu z systemu konwencyjnego organizacji. Pomimo
niezwykle ograniczonego znaczenia praktycznego, zapisy Konwencji Nr 66
okazały się ważnym etapem refleksji nad ochroną pracowników migrujących.
Wydarzenia lat czterdziestych uniemożliwiły jednak urzeczywistnienie
większości zawartych w dokumencie postulatów. Przeważająca większość
tekstu dokumentu została zresztą powtórzona w przyjętej dziesięć lat później
konwencji MOP Nr 97. W chwili otwarcia dokumentu do ratyfikacji stanowił on
względnie dobrą odpowiedź na realia stosunków zatrudnienia i charakter
migracji zarobkowych tamtego okresu. Pewnym mankamentem Konwencji Nr
66 okazał się jednak brak w jej tekście ogólnej definicji pracowników
migrujących.
Lata
czterdzieste
okazały
się
czasem
szczególnie
istotnych
przewartościowań, wyznaczających kształt wielu późniejszych rozwiązań w
ramach MOP. Pomimo działań wojennych MOP nie zawiesiła refleksji nad
mechanizmami ochrony migrantów zarobkowych. Już w lutym 1940 roku Rada
Administracyjna MOP (ang. ILO Governing Body) odnowiła mandat Stałego
Komitetu do spraw Migracji (ang. Permanent Migration Committee). Oczywiste
21
[21/1-6] M. Hasenau, "ILO Standards on Migrant Workers: The Fundamentals of the UN
Convention and Their Genesis", International Migration Review, Vol. 25, Number 4, Winter
1991, s. 687-698; por. także B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących:
Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,
2011, s. 89.
22
[22/1-6] Convention concerning the Recruitment, Placing and Conditions of Labour of
th
Migrants for Employment, adopted in June 28 1939.
23
[23/1-6] W 1949 roku w ramach MOP podjęto decyzję o zablokowaniu możliwości ratyfikacji
Konwencji Nr 66 z 1939 roku. W 2000 roku dokument ten został oficjalnie wycofany z systemu
konwencyjnego Ligi Narodów. Na temat szczegółowych debat i decyzji w tym zakresie por: B.
Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje,
oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 92.
22
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
stało się bowiem, że regulacja zasad mobilności zarobkowej stanie się w
przyszłości jednym z pilniejszych wyzwań czasów powojennych. Aktywność
MOP w zakresie praw człowieka, polityki społecznej i międzynarodowego
planowania ekonomicznego została potwierdzona zapisami Deklaracji
Filadelfijskiej (ang. Declaration of Philadelphia) z 10 maja 1944 roku. Już
pierwsze lata powojenne całkowicie odmieniły jednak dotychczasową panoramę
migracji zarobkowych. Fakt ten okazał się, obok rosnącej rywalizacji
międzyblokowej, kluczową przyczyną marginalizacji zagadnienia w następnych
dekadach.
Druga połowa lat czterdziestych ugruntowała ostateczną separację
międzynarodowej ochrony pracowników migrujących od działań na rzecz
ochrony i wsparcia innych kategorii cudzoziemców24. W pierwszym okresie po
zakończeniu działań zbrojnych uwaga instytucji międzynarodowych
koncentrowała się przede wszystkim na powracających do domów uczestnikach
wojny (osobach deportowanych, więźniach obozów koncentracyjnych,
zdemobilizowanych żołnierzach, itp.). Odpowiedzią na wspomniane problemy
stało się powołanie Międzynarodowej Organizacji do Spraw Uchodźców (ang.
International Refugee Organization ‒ IRO), oraz krótkotrwały rozwój konceptu
osób wysiedlonych (ang. displaced persons ‒ DPs) na gruncie prawa
międzynarodowego. Zawarte w 1947 roku porozumienie pomiędzy MOP i ONZ
rozgraniczało kompetencje wspomnianych instytucji w zakresie ochrony
imigrantów zarobkowych. Aktywność MOP koncentrować się miała przede
wszystkim na pracowniczym wymiarze sytuacji imigrantów zarobkowych.
Działania ONZ dotykać miały sytuacji pracowników migrujących w kontekście
praw cudzoziemców. Dokonujący się podział kompetencyjny znalazł także
rozwinięcie na płaszczyźnie instytucjonalnej. Konsekwencją wzrastającej liczby
migrantów przymusowych stało się powołanie IRO, zastąpionej w 1950 roku
Urzędem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych Do Spraw
Uchodźców (UNHCR). W początku lat pięćdziesiątych powstały także inne
organizacje świadczące pomoc migrantom. Ich wczesna aktywność
wykazywała liczne elementy zbieżne ze strukturami utworzonymi w celu
pomocy uchodźcom. Dopiero w kolejnych dekadach ich aktywność w coraz
większym stopniu koncentrowała się na pomocy i wsparciu migrantów
dobrowolnych, oraz bardziej uniwersalnym kręgu działania. W grudniu 1951
roku utworzony został Tymczasowy Komitet Międzyrządowy do Spraw Ruchów
Migracyjnych z Europy (ang. Provisional Intergovernmental Committee for the
Movements of Migrants from Europe ‒ PICMME). Organizacja ta od 1952 roku
funkcjonowała jako Międzyrządowy Komitet do spraw Migracji w Europie (ang.
Intergovernmental Committee for European Migration ‒ ICEM). W następnych
dekadach rozszerzył on zakres działalności podejmując aktywność na
terytoriach Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Oceanii. Podkreślając uniwersalny
charakter komitetu w 1980 roku zmieniono jego nazwę na Międzyrządowy
Komitet do spraw Migracji (ang. Intergovernmental Committee for MigrationICM). W 1989 roku dokonano kolejnej zmiany powołując funkcjonującą do dnia
dzisiejszego Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (ang.
International Organization for Migration ‒ IOM).
24
[24/1-6] Problem separacji wspomnianych zagadnień został w doskonały sposób omówiony w
artykule R. Karatani, "How History Separated Refugee and Migrant Regimes: In Search of Their
Institutional Origins", International Journal of Refugee Law, Vol. 17, Issue 3, 2005, s. 517-541.
23
Bogumił Termiński
Przewartościowania polityczne końca lat czterdziestych stały się jednym z
podstawowych czynników niskiej efektywności ochrony pracowników
migrujących i marginalizacji wspomnianego zagadnienia w kolejnych dekadach.
Ustanowienie żelaznej kurtyny "od Szczecina po Triest" zahamowało
przynajmniej dwa spośród popularnych uprzednio kierunków mobilności
zarobkowej: sezonowe bądź trwałe migracje obywateli Europy Środkowej na
terytorium USA, oraz mniej popularną mobilność ekonomiczną ze wschodu na
zachód Europy. Konsekwencja bipolarnego podziału świata stało się fiasko
wszelkich inicjatyw zmierzających do rzeczywistej uniwersalizacji standardów
ochrony prawnej pracowników migrujących. Wspomnijmy tu choćby o fiasku
zorganizowanej w 1951 roku w Neapolu konferencji MOP na temat imigracji.
Konsekwencją silnego antagonizmu politycznego na linii wschód-zachód stało
się przewartościowanie charakteru ówczesnych migracji. Amerykańskie
wsparcie stało się przyczyną niezwykle dynamicznego rozwoju gospodarczego
państw Zachodniej Europy (tzw. golden age of capitalism), zahamowanego
dopiero w początku lat siedemdziesiątych przez tzw. kryzysy naftowe.
Następstwem rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej stała się wzmożona
skala migracji z południowej części kontynentu. Potrzebujące wzrastającej
liczby "rąk do pracy" kraje Europy Zachodniej cechowały się zatem dość
liberalną percepcją migracji zarobkowych. Konsekwencją trwającego
równolegle procesu dekolonizacji stał się ponadto napływ dużej liczby
imigrantów na terytorium dawnych metropolii. Lata sześćdziesiąte i
siedemdziesiąte zapoczątkowały wreszcie odczuwalny także dzisiaj problem
migracji nielegalnej. Dopiero kryzys gospodarczy lat siedemdziesiątych, oraz
wrastają skala migracji nielegalnej doprowadziły do zaostrzenia polityki
imigracyjnej przez najwyżej rozwinięte kraje Europy Zachodniej.
Już bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej podjęto w
ramach MOP działania na rzecz wznowienia procesu kodyfikacji zagadnienia
ochrony migrantów. Brak poparcia państw członkowskich dla Konwencji Nr. 66
stał się przyczyną aktywności mającej na celu przyjęcie nowego dokumentu
międzynarodowego. Prace Stałego Komitetu do Spraw Migracji doprowadziły
do przyjęcia w sierpniu 1946 roku raportu dotyczącego perspektyw migracji
zarobkowych na świecie. Stwierdzono w nim, że międzynarodowa współpraca
dotycząca instytucjonalnych aspektów migracji, stanowić może istotny element
rekonstrukcji i stabilizacji sytuacji politycznej w powojennym świecie. W
kontekście tym szczególną uwagę zwracano na wpływ rozwiązań dotyczących
migracji na sytuację polityczną w Grecji, Indiach, Włoszech, oraz krajach
Ameryki Łacińskiej.
Rezultatem trzyletnich debat stało się przyjęcie 8 czerwca 1949 roku
Konwencji Nr 97 MOP Dotyczącej Migracji Zarobkowej (ang. Migration for
Employment Convention, Revised). Przeważająca większość zapisów
dokumentu powtarza treść uchwalonej dokładnie dziesięć lat wcześniej
konwencji MOP Nr 66. Nowością na tle dokumentu z 1939 roku stała się
zawarta w artykule 11 konwencji definicja pracowników migrujących. Zgodnie z
wspomnianym artykułem pracownikiem migrującym jest każda „osoba
emigrująca z jednego kraju do innego w celu podjęcia pracy innej niż na własny
rachunek25. Pomimo ograniczonego znaczenia praktycznego dokument ten
25
[25/1-6] R. Cholewinski, Migrant Workers in International Human Rights Law: Their Protection
in Countries of Employment, Clarendon Press, Oxford, 1997, s. 101; B. Termiński,
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza, instytucje, oddziaływanie,
24
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
dość szybko spotkał się z akceptacją znacznej części państw członkowskich26.
Lista 49 sygnatariuszy konwencji wydaje się zdecydowanie bardziej
zróżnicowana aniżeli w przypadku przyjętej w 1990 roku konwencji ONZ. Obok
państw eksportujących siłę roboczą (Brazylia, Burkina Faso, Nigeria) konwencję
ratyfikowało także wiele wysoko rozwiniętych krajów europejskich (Niemcy,
Belgia, Holandia, Hiszpania, Francja)27. Pomimo wspomnianego faktu
dokument ten nie wydaje się obecnie znaczącym z praktycznego punktu
widzenia instrumentem ochrony pracowników migrujących. Dzieje się tak z kilku
przyczyn28.
Ograniczone znacznie przyjmowanych w ramach MOP instrumentów
ochrony migrantów jest przede wszystkim odbiciem kryzysu samej organizacji i
spadającego poziomu akceptacji dla standardów międzynarodowego prawa
pracy. Po zakończeniu II wojny światowej MOP nie odzyskała pozycji
charakterystycznej dla pierwszych trzech dekad jej funkcjonowania i jedynie
doraźnie odgrywała bardziej istotne znaczenie polityczne. Najbardziej
widocznym znakiem kryzysu MOP jest spadający z roku na rok poziom
ratyfikacji powstających w ramach instytucji międzynarodowych standardów
pracy. Pamiętajmy także, że już w chwili przyjęcia Konwencja Nr 97 MOP oraz
towarzyszące jej Zalecenie Nr 86, były dokumentami głęboko anachronicznymi.
Przewartościowaniu kierunków migracji zarobkowych towarzyszyły zmiany
problemów podejmujących je osób. Punktem odniesienia dla zapisów konwencji
z 1949 roku była przede wszystkim specyfika długotrwałych migracji z Europy
do USA. Dokument ten nie zawiera zatem jakichkolwiek odniesień do
popularnych w kolejnych dekadach migracji sezonowych, mobilności pomiędzy
obszarami postkolonialnymi a krajami rozwiniętymi, tudzież problemu migracji
nielegalnej. Tekst konwencji Nr 97 stanowi zatem odbicie charakterystycznej
dla lat trzydziestych europocentrycznej percepcji migracji zarobkowych.
Pamiętajmy także o kontekście politycznym w jakim przyszło powstawać
dokumentowi.
Dominujący
aktorzy
postzimnowojennego
ładu
międzynarodowego z oczywistych względów nie byli zainteresowani wzrostem
dynamiki migracji zarobkowych na osi wschód-zachód. Stany Zjednoczone i
Związek Radziecki nie postrzegały ponadto MOP jako znaczącej instytucji
międzynarodowej. Wchodzące na drogę suwerenności obszary postkolonialne
postrzegały międzynarodowe standardy pracy jako produkt myślenia
eurocentrycznego. Pamiętajmy wreszcie, że w chwili wejścia w życie Konwencji
nr 97 MOP stanowił zdecydowanie bardziej spójną pod względem państwczłonków instytucję, liczącą ponad trzykrotnie mniej państw członkowskich niż
w chwili obecnej.
Utrwalenie rywalizacji międzyblokowej i zahamowanie mobilności w
wymiarze wschód-zachod doprowadziło do stagnacji międzynarodowej ochrony
pracowników migrujących w ramach MOP. Działania podejmowane w latach
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 95-96.
26
[26/1-6] Konwencja Nr 97 MOP weszła w życie 22 stycznia 1952 roku. Wraz z dokumentem
przyjęto także Zalecenie Nr 86 dotyczące pracowników migrujących (zrewidowane).
27
[27/1-6] Pamiętajmy jednak, że MOP w drugiej połowie lat czterdziestych miała zdecydowanie
bardziej eurocentryczny charakter niż w chwili obecnej. Nawet teraz wiele spośród
przyjmowanych międzynarodowych standardów pracy traktowanych jest przez kraje rozwijające
jako "produkt Europejskiego myślenia i tradycyjnego porzadku prawnego".
28
[28/1-6] Jednym z mankamentów dokumentu z punktu widzenia praw człowieka jest brak
odniesienia do sytuacji rodzin pracowników migrujących. Sytuacja ta została do pewnego
stopnia naprawiona przyjęciem w 1990 roku konwencji ONZ.
25
Bogumił Termiński
pięćdziesiątych koncentrowały się przede wszystkim na problemach migrantów
w Europie i w krajach rozwijających. Podczas 38 sesji Międzynarodowej
Konferencji Pracy w 1955 roku przyjęte zostało Zalecenie Nr 100 Dotyczące
Ochrony Pracowników Migrujących w Krajach i na Terytoriach Rozwijających
(ang. Recommendation concerning the Protection of Migrant Workers in
Underdeveloped Countries and Territories). Przyjęty dokument odnosi się do
krajów i terytoriów podlegających ewolucji form gospodarowania, czego
wynikiem może stać się wzmożona dynamika mobilności zarobkowej. Zapisy
dokumentu można odnosić także do państw i terytoriów, przez które przebiega
tranzyt migrantów, oraz do terytoriów docelowych, do których osoby te
zmierzają w celu podjęcia zatrudnienia. Przyjęta w omawianym zaleceniu
definicja pracownika migrującego określa, że stanowi on osobę podejmującą
migrację z zamiarem podjęcia pracy lub będący wynikiem zakończenia
zatrudnienia powrót do kraju pochodzenia o charakterze czasowym bądź
stałym. Pomimo przyjęcia wspomnianego dokumentu działania na rzecz
ochrony i wsparcia pracowników migrujących rozwijały się w kolejnej dekadzie
bardzo słabo.
Lata siedemdziesiąte stały się okresem niezwykle dynamicznego rozwoju
aktywności na rzecz kodyfikacji zagadnienia pracowników migrujących. Fakt ten
wiązać należy z rosnącą dynamiką ruchów migracyjnych z państw
rozwijających, oraz wzrastającą skalą patologii w rodzaju przemytu i handlu
ludźmi czy problemu migracji nieudokumentowanych. Za najważniejsze
osiągnięcia wspomnianej dekady uznać należy przyjęcie i wejście w życie
Konwencji Nr 143 MOP, uchwalenie przez Radę Europy pierwszej wiążącej
konwencji dotyczącej pracowników migrujących, oraz rozpoczęcie działań
kodyfikacyjnych w ramach ONZ. Pomimo sporej aktywności w ramach instytucji
międzynarodowych temat ten w dalszym ciągu naznaczony był intensywnymi
sporami pomiędzy krajami eksportującymi i importującymi siłę roboczą.
Najlepszą ilustracją braku konsensusu w kwestiach szczegółowych okazuje się
niski poziom akceptacji międzynarodowej dla konwencji MOP z 1975 roku i
dokumentu Rady Europy z 1977 roku. Także debaty nad kodyfikacją konwencji
ONZ przypominały raczej ostrą polityczną batalię pomiędzy wspomnianymi
wyżej kategoriami państw.
W czerwcu 1971 r. doszło do przyjęcia na sesji Międzynarodowej
Konferencji Pracy rezolucji dotyczącej przeglądu przyjętych dotychczas
instrumentów ochrony migrantów. Stwierdzono wówczas konieczność podjęcia
prac redakcyjnych zmierzających do przyjęcia nowego dokumentu
międzynarodowego w tej dziedzinie. Rozpoczęte w rok później prace
redakcyjne nad tekstem nowej konwencji MOP dotyczyły między innymi
problemu nielegalnej migracji, w tym przemytu pracowników przez granicę
państw. Konsekwencją długotrwałych debat stało się bardzo szerokie
uwzględnienie problemu imigracji nielegalnej w tekście Konwencji nr 143
Międzynarodowej Organizacji Pracy Dotyczącej Migracji w Niewłaściwych
Warunkach, oraz Popierania Równości Szans i Traktowania Pracowników
Migrujących29. Przyjęcie wspomnianego dokumentu w 1975 roku zbiegło się w
czasie z pierwszym od kilkudziesięciu lat wielkim kryzysem gospodarczym,
zapoczątkowanym wojną Jon Kippur w październiku 1973 r. (tzw. pierwszy szok
naftowy). Jego bezpośredni skutek stanowił wzrost bezrobocia w państwach
29
[29/1-6] Szerokie odniesienie do problemu migracji nielegalnej stało się także przyczyną
niskiej akceptacji dla Konwencji Nr 143 MOP.
26
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
Europy Zachodniej, a zatem spadek obserwowanych jeszcze w początku lat
siedemdziesiątych migracji zarobkowych z południowej części kontynentu, bądź
innych części świata. Dawne metropolie i kraje docelowe emigracji
mieszkańców kolonii zaczęły stopniowo prawnie ograniczać możliwość migracji
na swoje terytoria (np. Francja od 1976 roku). Otwarcie konwencji do podpisu
nastąpiło zatem w wyjątkowo niesprzyjających dla jej potencjalnych
sygnatariuszy okolicznościach oraz w atmosferze ogólnego pesymizmu,
trwającego, z krótkimi przerwami, jeszcze przynajmniej przez kilka lat (na lata
1979–1980 przypada drugi kryzys naftowy). Sygnalizowane wyżej czynniki z
całą pewnością wywarły pewien wpływ na niechęć wysoko rozwiniętych państw
Europy Zachodniej do wiązania się wspomnianą konwencją.
Jak zauważono w preambule dokumentu ma ona charakter subsydiarnyrozwija zapisy Konwencji Nr 97 MOP oraz pochodzącej z 1958 roku Konwencji
Nr 111 dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania
zawodu. Pomimo autonomicznego charakteru konwencja rozwija zatem i
uzupełnia płaszczyzny ochrony migrantów zawarte już we wcześniejszych
dokumentach MOP. Przyjęcie dokumentu nastąpiło 24 czerwca 1975 roku,
podczas sześćdziesiątej sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (dokument
wszedł w życie 9 grudnia 1978 roku). Wraz z dokumentem przyjęto także
Zalecenie Nr 151 MOP. Zdecydowana większość spośród 23 sygnatariuszy
dokumentu to państwa małe, cechujące się ograniczonym potencjałem
migracyjnym. Lista sygnatariuszy obejmuje zarówno wysoko rozwinięte kraje
Europy Północnej (Szwecja, Norwegia) jak również liczne państwa rozwijające
regionu Afryki (Togo, Kamerun, Uganda, Benin, Burkina Faso). Konwencja w
rozszerzony sposób odnosi się do problematyki handlu ludźmi (art. 5), oraz
uprawnień przysługujących migrantom nieregularnym (nieudokumentowanym).
Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę sygnatariuszy, oraz niewielkie
oddziaływanie dokumentu na ewolucję międzynarodowej ochrony migrantów
możemy stwierdzić, że konwencja Nr 143 wydaje się jeszcze mniej znaczącym
instrumentem prawnym niż dokument MOP z 1949 roku. Dzieje się tak z kilku
przyczyn. Najważniejszą z nich jest bardzo rozszerzona percepcja uprawnień
przysługujących migrantom nieudokumentowanym. Uchwalenie konwencji Nr
143 zbiegło się w czasie z pracami na rzecz dokumentów ochrony migrantów w
ramach ONZ i Rady Europy30. Ponadto Podkomisja Organizacji Narodów
Zjednoczonych do Spraw Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości
równolegle opublikowała raport dotyczący przemytu migrantów i handlu
ludźmi31.
Lata siedemdziesiąte okazały się także początkiem ochrony pracowników
migrujących na płaszczyźnie organizacji regionalnych. Działania podjęte w tym
zakresie na forum Rady Europy stały się uzupełnieniem tworzonego już od lat
pięćdziesiątych przez wspomnianą organizację regionalnego systemu ochrony
praw człowieka. Pierwszym dokumentem organizacji w bezpośredni sposób
podejmującym zagadnienie ochrony migrantów jest pochodząca z 1961 r.
30
[30/1-6] Rozpoczęte w 1972 roku działania ONZ doprowadziły do przyjęcia Międzynarodowej
Konwencji Dotyczącej Ochrony Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków ich
Rodzin. Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących (ang. European
Convention on the Legal Status of Migrant Workers) została podpisana w Strasbourgu 24
listopada 1977 roku).
31
[31/1-6] S. Kneebone, J. Debeljak, Transnational Crime and Human Rights: Responses to
Human Trafficking in the Greater Mekong Subregion, Routledge, 2012, s. 39.
27
Bogumił Termiński
Europejska Karta Społeczna. W art. 19 dokumentu zawarte zostały szerokie
(jak na początek lat sześćdziesiątych XX w.) zobowiązania państw w zakresie
pomocy i opieki udzielanej migrantom. Warto zwrócić uwagę na przynajmniej
dwa elementy, wyróżniające zapisy artykułu 19 na tle wcześniejszych
dokumentów ochrony pracowników migrujących. W odróżnieniu od konwencji
Nr 97 MOP w dokumencie zwrócono uwagę na konieczność wsparcia
prawnego pracowników migrujących zatrudnionych na własny rachunek. Zapisy
artykułu zwracają ponadto uwagę na sytuację członków rodzin pracowników
migrujących, co upodabnia go do pochodzącej z 1990 roku konwencji ONZ.
Podstawowy
dokument
dotyczący
ochrony
prawnej
zatrudnionych
cudzoziemców stanowi wspomniana już uprzednio Europejska Konwencja o
Statusie Prawnym Pracowników Migrujących (ang. European Convention on the
Legal Status of Migrant Workers), ratyfikowana obecnie przez 11 państw
członkowskich organizacji32. Zgodnie z art. 1 dokumentu za pracownika
migrującego uznaje się "obywatela układającej się strony, której inna układająca
się strona zezwoliła na pobyt na jej terytorium w celu podjęcia tam pracy
najemnej". Strony konwencji zobowiązują się do zagwarantowania migrantom
prawa do wstępu na swoje terytorium, a także wyjazdu z niego na podstawie
przepisów prawa krajowego. Prawa te mogą podlegać ograniczeniom wyłącznie
z uwagi na wymogi bezpieczeństwa wewnętrznego. W ramach Rady Europy
przyjęto ponadto trzynaście zaleceń na temat różnorodnych aspektów praw
migrantów. Dokument o dużym znaczeniu stanowi przyjęte w 1984 r. Zalecenie
dotyczące Drugiego Pokolenia Migrantów (ang. Second Generation Migrants).
W dokumencie zwrócono uwagę na problem społecznego położenia osób,
których związki z krajem pochodzenia rodziny mają bardzo ograniczony
charakter. Zalecenie omawia formy jak najpełniejszej społecznej integracji
migrantów przy jednoczesnym zachowaniu związków z krajem pochodzenia. Do
problemu utrzymania więzi kulturowych z krajem rodzinnym (a zatem
zachowania narodowej, etnicznej bądź językowej tożsamości) nawiązuje także
przyjęte w tym samym roku Zalecenie nr 84/7.
Lata siedemdziesiąte stały się początkiem prac kodyfikacyjnych nad
konwencją ONZ dotyczącą pracowników migrujących. Wstępne działania w tym
zakresie ograniczyły się do kilkuletnich debat na temat zasadności przyjęcia
konwencji w ramach ONZ lub MOP. Przewagę zdobyło ostatecznie stanowisko
krajów wysyłających migrantów, posiadających relatywnie silniejszą pozycję na
forum Zgromadzenia Ogólnego i poszczególnych organów ONZ. Początek
szerokiej aktywności ONZ w kwestii ochrony praw migrantów przypada na 1972
rok. Rada Ekonomiczno-Społeczna w rezolucji 1706 (LIII) zwróciła wówczas
uwagę na rosnącą skalę nieudokumentowanych migracji z krajów afrykańskich
32
[32/1-6] Konwencja weszła w życie 1 maja 1983 roku. Więcej na temat zapisów
wspomnianego dokumentu por. zwłaszcza: R. Cholewinski, The legal status of migrants
admitted for employment: committee of experts on the legal status and rights of immigrants: a
comparative study of law and practice in selected European states, s. 13; R. Plender, Basic
Documents on International Migration Law, s. 317; P. Boeles, Fair immigration proceedings in
Europe, s. 351; E. Gulid, P. E. Minderhoud, Security of residence and expulsion. Protection of
aliens in Europe, s. 12; w kwestii zapisów dokumentu dotyczących nielegalnych migracji por.
także: B. Bogusz, R. Cholewinski, A. Cygan, Irregular migration and human rights. Theoretical,
European and International Perspectives, s. 303; B. Termiński, Międzynarodowa Ochrona
Pracowników Migrujących. Geneza, Instytucje, Oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 201.
28
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
do państw Europy Zachodniej33. W tym samym roku na forum Zgromadzenia
Ogólnego ONZ przyjęta została rezolucja 2920 (XXVII) dotycząca nielegalnego
zatrudnienia migrantów. Wezwano w niej zresztą państwa członkowskie ONZ
do ratyfikacji dokumentu MOP z 1949 roku. Kolejnym etapem refleksji nad
wspomnianym zagadnieniem stało się przyjęcie przez Podkomisję do Spraw
Zapobiegania Dyskryminacji oraz Ochrony Mniejszości raportu dotyczącego
sytuacji i najważniejszych problemów pracowników migrujących na świecie34.
Przyjęta w 1977 roku Rezolucja ZO ONZ nr 32/120 zwracała uwagę na
konieczność równego traktowania migrantów w zakresie warunków pracy,
zabezpieczenia socjalnego, praw związkowych i kulturalnych, oraz wolności
indywidualnych i zbiorowych. Uchwalona w grudniu następnego roku Rezolucja
ZO ONZ nr 33/163 stanowiła efekt wstępnych analiz, mających na celu
zbadanie możliwości przyjęcia nowego międzynarodowego instrumentu
ochrony migrantów. Dokument ten zakładał współpracę z MOP w zakresie prac
zmierzających do zapoczątkowania procesu kodyfikacyjnego. Przyjęta 17
grudnia 1979 r. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 34/172 zakładała
utworzenie podczas 35 sesji zgromadzenia w 1980 r. specjalnej grupy roboczej
mającej zająć się pracami redakcyjnymi nad dokumentem.
Formalne prace redakcyjne nad tekstem konwencji rozpoczęte zostały 17
grudnia grudnia 1979 r. Zgodnie z Rezolucją 34/172 powołana została wówczas
grupa robocza mająca podjąć prace nad przygotowaniem projektu konwencji.
Dokładnie jedenaście lat później – 18 grudnia 1990 r. – ZO ONZ przyjęło tekst
dokumentu, co zapoczątkowało proces ratyfikacyjny. Działalność grupy
roboczej od samego początku przebiegała w atmosferze ostrych kontrowersji
pomiędzy krajami eksportującymi tanią siłę roboczą a państwami docelowymi
ich emigracji. Kluczowe znaczenie w toku prac redakcyjnych odegrały
stanowiska wypracowywane w ramach trzech grup interesów, zrzeszających: 1
kraje Europy Północnej i regionu śródziemnomorskiego (tzw. grupa MESCAang. Mediterranean and Scandinavian States), 2. słabo rozwinięte gospodarczo
państwa pozaueropejskie (kraje niezaangażowane, tzw. grupa 77, G-77), 3.
państwa demokracji ludowej. Kluczowe znaczenie w przygotowaniu tekstu
dokumentu odegrali jednak przedstawiciele państw MESCA (Finlandii, Grecji,
Włoch, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, oraz Szwecji)35. Pierwsze czytanie
roboczej wersji dokumentu miało miejsce już w 1981 roku. Aktywność MESCA
w toku prac redakcyjnych spotkała się z poparciem przedstawicieli wysyłających
siłę roboczą krajów rozwijających. Warto zwrócić uwagę, że członków MESCA
cechowało dążenie do znaczącego wzmocnienia pozycji prawnej legalnych i
nieudokumentowanych pracowników migrujących na tle przyjętych uprzednio
rozwiązań. Pamiętajmy jednak, że eurocentryczny charakter grupy nie
odzwierciedlał bynajmniej interesów najwyżej rozwiniętych krajów kontynentu.
Oficjalna rola MOP podczas prac redakcyjnych nad konwencją była niewielka.
Ograniczała się ona właściwie do uczestnictwa reprezentantów organizacji w
33
[33/1-6] Economic and Social Council resolution 1706 (LIII) of 28 July 1972 concerning illicit
trafficking in foreign labour.
34
[34/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza,
instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011.
35
[35/1-6] P. de Guchteneire, A. Pecoud, "Introduction: The UN Convention on Migrant Workers’
Rights" In: P. De Guchteneire, A. Pecoud, R. Cholewinski (eds.) Migration and Human Rights:
The United Nations Convention on Migrant Workers, Cambridge University Press, 2009, s. 7; B.
Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje,
oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 158.
29
Bogumił Termiński
posiedzeniach grupy roboczej. Warto jednak zauważyć, że współpraca
przedstawicieli MOP z członkami MESCA wniosła duży nieformalny wkład w
prace redakcyjne nad dokumentem36.
Konwencja przyjęta została Rezolucją ZO ONZ nr 45/158 z dnia 18 grudnia
1990 roku. Rezultatem długoletniej kampanii ratyfikacyjnej stało się wejście w
życie dokumentu 14 marca 2003 roku. Do chwili obecnej konwencja została
ratyfikowana przez 46 państw członkowskich organizacji, w przeważającej
większości należących do kręgu szeroko pojętego Globalnego Południa37.
Sygnatariuszami dokumentu są obecnie jedynie cztery kraje europejskie
(Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra), cechujące się
wzrastająca skalą migracji zarobkowych własnych obywateli na obszar UE.
Władze państw wysoko rozwiniętych, zwłaszcza obszaru Unii Europejskiej i
Stanów Zjednoczonych, wielokrotnie wyrażały swój negatywny stosunek,
zarówno wobec treści dokumentu, jak i perspektyw jego ratyfikacji. Największe
kontrowersje wśród przedstawicieli państw rozwiniętych budzą zapisy
dokumentu dotyczące migracji nielegalnej. Wiele państw Unii Europejskiej i
instytucje unijne uznaje postanowienia konwencji za sprzeczne z wizją
kształtowanej w ramach kontynentu wspólnej polityki migracyjnej. Opinie tego
rodzaju znalazły potwierdzenie między innymi podczas obrad unijnej Grupy
Wysokiego Szczebla do spraw Azylu i Imigracji w maju 2006 r. Temat
wspomnianego posiedzenia stanowiło przygotowanie wspólnego stanowiska na
organizowany w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ dialog na wysokim
szczeblu dotyczący migracji i rozwoju. Przedstawiciele ówczesnej prezydencji
austriackiej wraz z poparciem Komisji Europejskiej apelowali do wszystkich
państw członkowskich wspólnoty o wyrażenie konsekwentnego negatywnego
stanowiska w zakresie przystąpienia do konwencji ONZ. Pamiętajmy jednak, że
dla większości krajów eksportujących siłę roboczą zapisy konwencji okazują się
jednym z nielicznych narzędzi wsparcia własnych obywateli. Stosunek dużej
części państw pozostających poza systemem OECD do zapisów
wspomnianego dokumentu wydaje się zatem zdecydowanie mniej
jednostronny.
Dokument z 1990 roku odzwierciedla rozszerzoną wizję fundamentalnych i
socjoekonomicznych praw imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin, ze
szczególnym uwzględnieniem procesu migracji nielegalnej i sytuacji migrantów
nieregularnych. Na tle wcześniejszych unormowań MOP konwencję z 1990
roku uznać należy za dokument o zdecydowanie bardziej szczegółowym
charakterze. Nie do końca spełnionym założeniem dokumentu stała się
tranzycja ochrony migrantów z wąskiej przestrzeni międzynarodowego prawa
pracy w kierunku międzynarodowej ochrony praw człowieka. Tekst konwencji
podzielony został na dziewięć części: 1) zakres stosowania; 2)
niedyskryminacja; 3) prawa pracownika migrującego oraz członków jego
rodziny; 4) inne prawa pracowników migrujących i członków ich rodzin, którzy
są pozbawieni dokumentów bądź przebywają w sytuacji nieregularnej; 5)
dyspozycje nakładane w przypadku niektórych szczególnych kategorii
36
[36/1-6] Ibidem.
[37/1-6] Konwencja ONZ z 1990 roku (46 sygnatariuszy) jest chwili obecnej ratyfikowana
przez mniejszą liczbę państw aniżeli Konwencja Nr 97 MOP z 1949 roku (49 ratyfikacji).
Wspomniane dane odzwierciedlają stan prawny z końca czerwca 2013 roku, por także: B.
Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje,
oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 178.
37
30
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
pracowników migrujących i członków ich rodzin; 6) promocja zdrowych,
równych, godnych i legalnych warunków, w tym dotyczących migracji
pracowników i członków ich rodzin; 7) zastosowanie konwencji; 8) dyspozycje
generalne; 9) dyspozycje końcowe. Łącznie dokument składa się z 93
artykułów.
Zgodnie z zawartą w artykule drugim dokumentu definicją za pracowników
migrujących uznaje się "osobę w przyszłości, obecnie lub wcześniej
zaangażowaną w wykonywanie działalności zarobkowej na terytorium kraju,
którego on lub ona nie jest obywatelem"38. Wśród najważniejszych uprawnień,
przynależnych zarówno migrantom legalnym jak i tym o nieudokumentowanym
charakterze, dokument wymienia: prawo do życia (art. 9), zakaz nieludzkiego
bądź poniżającego traktowania, w tym tortur (art. 10), prawo do wolności
sumienia i wyznania, oraz wolności opinii i ich swobodnego wyrażania (art. 1213), zakaz samowolnego pozbawienia własności (art. 15), prawo do równego
traktowania przed sądem, oraz dostępu do opieki dyplomatycznej i konsularnej,
świadczonej przez państwo pochodzenia (art. 16-20, 23-24), zakaz
pozbawienia dokumentów tożsamości (art. 21), zakaz zbiorowego wydalenia i
prawo do towarzyszących wydaleniu przejrzystych procedur prawnych (art. 22),
prawo do równego traktowania w kontekście zatrudnienia, prawo do równego z
obywatelami państwa traktowania w zakresie warunków pracy i zabezpieczenia
społecznego (art. 25, 27), prawo do uczestnictwa w związkach zawodowych
(art. 26), prawo do opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłych (art. 28), prawo do
edukacji dla dzieci migrantów (art. 30), prawo do poszanowania tożsamości
kulturowej (art. 31), prawo do transferu zarobków poza granice kraju
zatrudnienia (art. 32), oraz prawo do dostępu do informacji o przysługujących
migrantom prawach (art. 33)39. Przedmiotem szczególnych kontrowersji ze
strony przyjmujących migrantów krajów wysoko rozwiniętych okazuje się
rozwinięty katalog praw socjalnych, oraz zapisy dokumentu poświęcone
migracji nieudokumentowanej. Zdaniem przedstawicieli wspomnianej grupy
państw przysługujący migrantom nieudokumentowanym daleko idący katalog
praw socjalnych stanowi oczywistą zachętę do łamania prawa. Wspomnijmy tu
choćby o kontrowersyjnych w tym kontekście zapisach art. 28, dotyczących
dostępu do pomocy medycznej40. Finansowanie świadczeń tego rodzaju w
sytuacji braku przejrzystego zróżnicowania statusu prawnego poszczególnych
kategorii migrantów może doprowadzić kraje cechujące się dużą skalą migracji
nielegalnym do rosnących kosztów, grożących katastrofą budżetową (np. w
przypadku Grecji). Obawy cechujące władze państw UE mają jednak zbyt
daleko idący charakter. Zdaniem niektórych państw członkowskich trudności w
rozgraniczeniu zakresu praw przysługujących poszczególnym kategoriom
migrantów stać się mogą czynnikiem wzrastającej mobilności nielegalnej na
terytorium EU. Z uwagi na efektywne mechanizmy powstrzymywania migracji
nielegalnych, oraz restrykcyjny charakter prawodawstwa imigracyjnego krajów
38
[38/1-6] The term "migrant worker" refers to a person who is to be engaged, is engaged or
has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.
39
[39/1-6] Prezentowana wyżej lista ma charakter selektywny, por. P. de Guchteneire, A.
Pecoud, "Introduction: The UN Convention on Migrant Workers’ Rights" In: P. De Guchteneire,
A. Pecoud, R. Cholewinski (eds.), Migration and Human Rights: The United Nations Convention
on Migrant Workers, Cambridge University Press, 2009, s. 9.
40
[40/1-6] B. Termiński, "Realizing the Right to Health of Undocumented Immigrants in Europe:
th
Legal and Social Challenges", Proceedings of the 13 World Congress on Public Health,
Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469.
31
Bogumił Termiński
członkowskich, zagrożenia tego rodzaju wydają się jednak mało
prawdopodobne.
Monitoringiem i implementacją przestrzegania konwencji zajmuje się
utworzony na mocy artykułu 72 dokumentu Komitet do Spraw Pracowników
Migrujących (ang. Committee on Migrant Workers- CMW). Od 2010 roku jest on
złożony z 14 niezależnych ekspertów, wybieranych przez państwa-strony
dokumentu. Aktywność powstałego w 2004 roku Komitetu do Spraw
Pracowników Migrujących nie przekłada się niestety na globalne zwiększenie
efektywności ochrony omawianej w artykule kategorii cudzoziemców.
Działalność komitetu odzwierciedla jednostronną wizję transnarodowej
mobilności zarobkowej, charakterystyczną dla eksportujących tanią siłę roboczą
krajów rozwijających. Konwencja ONZ jest zatem uniwersalnym dokumentem
ochrony praw człowieka całkowicie nieakceptowanym, bądź w najlepszym
wypadku marginalizowanym, przez zdecydowaną większość krajów wysoko
rozwiniętych41.
Konflikty interesów pomiędzy wspomnianymi wyżej grupami aktorów
znacząco hamują rozwój ochrony pracowników migrujących jako powszechnie
akceptowanego systemu wsparcia cudzoziemców o szerokim poparciu
międzynarodowym. Wydaje się, że panujący obecnie kryzys gospodarczy
wpłynie jedynie na usztywnienie stanowisk we wspomnianym zagadnieniu.
Obecne interesy państw eksportujących i importujących siłę roboczą wydają się
bowiem całkowicie odmienne. Spowolnienie gospodarcze zachodu powoduje,
że tradycyjnie imigracyjne państwa wprowadzają coraz większe restrykcje,
minimalizujące skalę długotrwałej mobilności zarobkowej. Stany Zjednoczone
odchodzą od swej tradycyjnie imigracyjnej przyszłości na rzecz coraz większych
restrykcji i walki z migracją nieudokumentowaną. Restrykcyjny stosunek wobec
migrantów wewnętrznych charakteryzuje także państwa członkowskie Unii
Europejskiej. Ich zainteresowanie koncentruje się przede wszystkim na
wewnętrznych migracjach zarobkowych w obszarze wspólnego rynku.
Rosnącym restrykcjom imigracyjnym towarzyszy zwiększenie skali
nieudokumentowanych migrantów (jedynie na terytorium Wielkiej Brytanii
przebywa ich prawdopodobnie ponad 500 tysięcy). Skala migracji
nieudokumentowanych stała się jednym z czynników pogorszenia sytuacji
ekonomicznej najbardziej dotkniętych tym problemem państw członkowskich
UE. Kraje eksportujące migrantów w rodzaju Filipin są z kolei zainteresowanie
maksymalizacją uprawnień, przysługujących ich obywatelom na terytorium
państwa zatrudnienia. Zapisy Konwencji ONZ są dla nich często jedynym
wiążącym instrumentem ochrony prawnej migrantów. Pamiętajmy bowiem, że
środki ochrony prawnej przysługujące imigrantom zarobkowym w obszarze
Europy mają zdecydowanie bardziej wielopłaszczyznowy wymiar aniżeli ich
status we wszystkich innych obszarach świata. Konwencja ONZ odgrywa zatem
pewne, symboliczne przynajmniej, znaczenie jako forma ochrony imigrantów
zarobkowych w obszarze pozaeuropejskim. Problemem wydaje się jednak, że
uniwersalny z założenia dokument okazuje się raczej odzwierciedleniem
partykularnych interesów obszaru szeroko pojętego Południa.
Analizując aktywność ONZ na rzecz ochrony cudzoziemców warto odnieść
się także do uchwalonej w 1985 roku Deklaracji Narodów Zjednoczonych o
prawach człowieka osób niebędących obywatelami kraju zamieszkania (ang.
41
[41/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza,
instytucje, oddziaływanie, Wadawnictwa Uniwerstyetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 187.
32
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
Declaration on the human rights of individuals who are not nationals of the
country in which they live)42. Istotne w kontekście podejmowania przez
cudzoziemców zatrudnienia okazują się postanowienia artykułu 8 dokumentu.
Dotyczy on prawa cudzoziemców do podejmowania pracy w kraju pobytu, oraz
środków ich zabezpieczenia społecznego tamże. Stanowi on o prawie każdego
cudzoziemca do pracy w bezpiecznych warunkach. Powtarza również zawarte
już wcześniej w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych prawo do równej
płacy za równą pracę (ang. equal pay for equal work). Zawiera zasadę równych
warunków pracy dla kobiet i mężczyzn. Obok zapewnienia cudzoziemcom
prawa do opieki zdrowotnej w kraju legalnego pobytu stwierdza, iż mają oni
prawo przynależeć do związku zawodowego w miejscu pracy. Nowością na tle
wcześniejszych dokumentów dotyczących ochrony pracowników migrujących
są zapisy zawarte w art. 10 Deklaracji. Zgodnie z nimi każdy cudzoziemiec w
celu ochrony swych interesów w kraju pobytu ma prawo do kontaktu z
przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa pochodzenia. Zapis ten,
przynajmniej w warstwie deklaratoryjnej, jest ważnym rozszerzeniem praw i
przywilejów zawartych w dotychczasowych dokumentach dotyczących ochrony
praw cudzoziemców. Wydaje się jednak nazbyt oczywisty z uwagi na rozwinięte
obecnie formy opieki dyplomatycznej i konsularnej.
Do sytuacji pracowników migrujących nawiązują jeszcze przynajmniej dwa
spośród uchwalonych w ostatnich latach niewiążących dokumentów ochrony
praw człowieka NZ. Pierwszym z nich jest dokument końcowy Światowej
Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu (Deklaracja Wiedeńska i Program
Działań)43. Zgodnie ze wspomnianym dokumentem pracownicy migrujący są
szczególnie narażoną na przejawy dyskryminacji i naruszeń praw człowieka
kategorią mniejszości. Istotne staje się zatem zapewnienie im przez władze
krajowe swobodnego dostępu do instytucji oświaty, służby zdrowia czy pomocy
społecznej. Część druga Deklaracji poświęca prawom pracowników
migrujących odrębny fragment w ramach szerszych rozważań dotyczących
mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i językowych. Stwierdzono
w nim, że władze państwowe mają podjąć działania zmierzające do
zapewnienia ochrony praw wszystkich pracowników migrujących, oraz
członków ich rodzin. Szczególnie istotne powinno stać się rozwijanie harmonii i
tolerancji pomiędzy pracownikami migrującymi a społeczeństwem ich państwa
zatrudnienia. Polityka władz państwowych powinna być zatem nakierowana na
eliminację
wszelkich
przejawów
odrzucenia
migrantów,
a
także
przeciwdziałanie uzewnętrzniania wobec nich jakichkolwiek form rasizmu,
ksenofobii bądź innego rodzaju negatywnych postaw. Drugim dokumentem na
który warto zwrócić uwagę jest tekst końcowy Światowej Konferencji Przeciw
42
[42/1-6] Tekst dokumentu dostępny na stronie internetowej: http://www.un.org/documents
/ga/res/ 40/a40r144.htm; por. także: B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników
migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa, 2011, s. 148.
43
[43/1-6] ang. Vienna Declaration and Programme of Action. Szerzej na temat zapisów
końcowych konferencji wiedeńskiej w kontekście społecznego wymiaru transnarodowej
mobilności zarobkowej por. B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących.
Geneza, instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,
2011, s. 180 i następne.
33
Bogumił Termiński
Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji,
odbywającej się od 31 sierpnia do 8 września 2001 roku w Durbanie (RPA)44.
ONZ podejmuje też inne działania na rzecz ochrony praw pracowników
migrujących. Do najważniejszych z nich należało ustanowienie mandatu
Specjalnego Sprawozdawcy do spraw Praw Migrantów (ang. Special
Rapporteur of The Commission on Human Rights on the Human Rights of
Migrants). Sprawozdawca powołany został w 1999 roku rezolucją 1999/44
Komisji Praw Człowieka ONZ. Jak stanowi wspomniany dokument
sprawozdawca powinien podejmować działania dotyczące zapewnienia
szerokiej ochrony praw człowieka wobec wszystkich pracowników migrujących.
Szczególną uwagę powinno zwrócić się na sytuację migrantów
nieposiadających dokumentów tożsamości, oraz osób podejmujących
nielegalne zatrudnienie poza krajem pochodzenia.
Także inne instytucje systemu ONZ podejmują rozwiniętą działalność
badawczą i aktywność praktyczną na rzecz ochrony imigrantów zarobkowych.
Zrzeszająca obecnie 151 państw członkowskich Międzynarodowa Organizacja
do Spraw Migracji (ang. International Organization for Migration- IOM) jest
najważniejszą organizacją świadczącą wsparcie różnym kategoriom migrantów.
Organizacja jest obecnie jednym z kluczowych (obok OECD i GMG) aktorów
instytucjonalnych kształtujących proces globalnego zarządzania migracjami
(ang. global migration governance). Wśród praktycznych działań instytucji na
rzecz wsparcia migrantów wymienić możemy: organizowanie powrotu do
państwa pochodzenia dla migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, wsparcie programów repatriacji i przesiedleń, działania na rzecz
polepszenia sytuacji zdrowotnej migrantów, oraz aktywność na rzecz walki z
problemem handlu ludźmi. Pracownicy migrujący i członkowie ich rodzin nie są
jedynymi kategoriami cudzoziemców, stanowiącymi przedmiot praktycznej
działalności organizacji. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w ramach
Międzyrządowego Komitetu do Spraw Migracji w Europie (ICEM) podejmowano
działania na rzecz osób zmuszonych do ucieczki w następstwie rewolucji
węgierskiej i powstania w Czechosłowacji. Przedmiotem ograniczonej
aktywności instytucji stała się także sytuacja bezpaństwowców. W chwili
obecnej przedmiot zdecydowanej większości działań praktycznych IOM stanowi
sytuacja imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin, osób przebywających
w kraju pobytu nielegalnie, oraz ofiar handlu ludźmi. Aktywność instytucji
systemu NZ w zakresie migracji międzynarodowych koordynowana jest przez
Światową Grupę do Spraw Migracji (ang. Global Migration Group- GMG)45.
Zasadniczy cel jej powstania stanowiła potrzeba szerszej koordynacji
aktywności dotyczącej międzynarodowych migracji, oraz dostosowania jej
zasadniczych form do zmieniającego się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
obrazu tego procesu. Wśród instytucji systemu NZ podejmujących bardziej
ograniczone formy aktywności w zakresie ochrony migrantów dobrowolnych
wymienić możemy: Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do
Spraw Praw Człowieka (ang. Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights- OHCHR), Urząd Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (ang. United Nations High Commissioner
for Refugees- UNHCR), Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw
Oświaty, Nauki i Kultury (ang. United Nations Educational, Scientific and
44
45
[44/1-6] Ibidem.
[45/1-6] Obecnie zrzesza ona 14 instytucji systemu ONZ.
34
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
Cultural Organization- UNESCO), Światową Organizację Zdrowia (ang. World
Health Organization- WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw
Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United
Nations- FAO)46.
Od początku lat dziewięćdziesiątych datować należy wzrost zainteresowania
problematyką ochrony pracowników migrujących w ramach instytucji
regionalnych. Działania tego rodzaju były już wcześniej podejmowane w
ramach działających w Europie regionalnych struktur współpracy. Szczególnie
cieszy jednak rosnące zainteresowanie problemem w regionach świata, gdzie
pracowników migrujących dotykają zagrożenia dla elementarnych praw
człowieka: na Bliskim Wschodzie i w Południowo-Wschodniej Azji. Ochrona
pracowników migrujących jest w chwili obecnej przedmiotem praktycznych
działań podejmowanych w ramach Rady Europy, Unii Europejskiej, Organizacji
Państw Amerykańskich, Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej,
Ligi Państw Arabskich i kilku innych organizacji międzynarodowych o
mniejszym znaczeniu. Jedynie dokumenty przyjęte w ramach instytucji
europejskich mają charakter wiążący47. Działania podejmowane w Europie
zostały już jednak częściowo omówione w ramach poprzednich fragmentów
artykułu. W dalszej części niniejszego fragmentów skoncentruję zatem uwagę
na zapisach pozaeuropejskich dokumentów ochrony pracowników migrujących
o niewiążącym charakterze.
Podejmowane w ramach Unii Europejskiej działania na rzecz regulacji
mobilności zarobkowej i wzmocnienia statusu prawnego migrantów analizować
należy na dwóch płaszczyznach: wewnętrznej i zewnętrznej. Pojęcie
pracownika migrującego może być zatem potocznie utożsamiane zarówno z
obywatelem UE bądź państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
podejmującym zatrudnienie w jednym z państw wspólnoty (migranci
wewnętrznie), jak i z osobą pochodzącą spoza obszaru Unii Europejskiej bądź
EOG (migranci zewnętrzni). Podstawę migracji wewnętrznych w ramach Unii
stanowi istniejąca od czasu powstania Wspólnot Europejskich zasada
swobodnego przepływu pracowników. Jest ona obecnie częścią bardziej
ogólnej zasady o swobodnym przepływie osób. Zasadę o swobodnym
przepływie pracowników zapisano w art. 45 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Kluczowe znaczenie w z punktu widzenia sytuacji prawnej
podejmujących migracje obywateli państw członkowskich odgrywają zapisy art.
15 pkt 2 i 3 dokumentu. Zgodnie z pkt 2: „każdy obywatel Unii ma swobodę
poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa
przedsiębiorczości oraz świadczenia usług w każdym Państwie Członkowskim”.
Cytowany fragment ukazuje wagę wyrażonych już w Traktatach Rzymskich
uprawnień, na których opierają się obecnie tak zwane cztery wolności rynku
wewnętrznego UE. Istotne znaczenie dla sytuacji pracowników zewnętrznych
(osób migrujących spoza obszaru UE) wiązać możemy z zapisami pkt 3 (art.
15) karty. Jak zauważono w dokumencie "obywatele państw trzecich, którzy
posiadają zezwolenie na pracę na terytorium Państw Członkowskich, są
46
[46/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza,
instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 185
i dalsze.
47
[47/1-6] Mam tu na myśli wiążący strony charakter Europejskiej Konwencji o Statusie
Prawnym Pracowników Migrujących, oraz zapisy prawodawstwa wspólnotowego dotyczące
praw podstawowych i swobody podejmowania zatrudnienia w ramach wspólnego rynku.
35
Bogumił Termiński
uprawnieni do takich samych warunków pracy, z jakich korzystają obywatele
Unii".
Początek działań Organizacji Państw Amerykańskich (ang. Organization of
American States- OAS) na rzecz ochrony pracowników migrujących datować
należy na połowę lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W marcu 1995
roku podczas 92 sesji Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka podjęto
decyzję o rozpoczęciu prac studyjnych, mających doprowadzić do przyjęcia
raportu dotyczącego sytuacji imigrantów zarobkowych w zachodniej hemisferze,
oraz potencjalnych środków ich wsparcia48. W czerwcu 1999 r. Zgromadzenie
Ogólne XIX sesji OPA przyjęło rezolucję, która wezwało państwa członkowskie
do podjęcia kroków mających zapewnić ochronę przebywających na ich
terytorium migrantów oraz członków ich rodzin. Orgaizacja Państw
Amerykańskich stanowi pierwszą organizację międzynarodową (i jedyną
dotychczas organizację regionalną) w ramach której funkcjonuje Specjalny
Sprawozdawca do Spraw Pracowników Migrujących i Ich Rodzin (ang. Special
Rapporteur on Migrant Workers and their Families)49. Został on powołany
rezolucją ZO OPA w 1997 r., a zatem dwa lata przed powołaniem mandatu
Specjalnego Sprawozdawcy w ramach ONZ. Międzyamerykańska Komisja
Praw Człowieka ograniczyła zakres aktywności sprawozdawcy do działań
podejmowanych na rzecz migrantów niebędących obywatelami państw
zatrudnienia. Wśród podstawowych środków działalności specjalnego
sprawozdawcy wymienić należy: ankiety informacyjne, wizyty robocze i
niezależne badania. Analizy i uwagi Specjalnego Sprawozdawcy znajdują
odzwierciedlenie w przedkładanych corocznie sprawozdaniach działalności
Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka W 2008 r. w ramach organizacji
funkcjonowało pięciu specjalnych sprawozdawców (do spraw praw kobiet, praw
dziecka, praw osób pozbawionych wolności, eliminacji dyskryminacji rasowej,
oraz pracowników migrujących). Zgodnie z przedstawionym w 2008 r. raportem
do głównych obszarów aktywności sprawozdawcy należało monitorowanie
sytuacji prawnej migrantów udających się do Stanów Zjednoczonych. W marcu
2008 r. Specjalny Sprawozdawca podjął negocjacje w sprawie rozszerzenia
prawa do odwiedzin zatrudnionych na terytorium USA pracowników
migrujących przez członków ich rodzin. Przedmiotem zainteresowania
sprawozdawcy stały się także problemy pozbawionych wolności migrantów na
terytorium USA, zwłaszcza ich sytuacja procesowa (dostęp do adwokatów,
otrzymywanie informacji w zrozumiałym dla nich języku, możliwość kontaktu z
przedstawicielstwem dyplomatycznym i konsularnym państwa pochodzenia)50.
Działania na rzecz ochrony i wsparcia pracowników migrujących stały się
także przedmiotem aktywności Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo48
[48/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza,
instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 216.
Problemy pracowników migrujących przynajmniej kilka razy stanowiły przedmiot rozstrzygnięć
powołanego w 1979 roku Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka (ang. InterAmerican Court of Human Rights).
49
[49/1-6] Na temat zakresu mandatu Specjalnego Sprawozdawcy i jego aktywności por.
zwłaszcza: B. Lyon, S. Paoletti, "Inter-American Development on Globalization’s Refugees: New
Rights for Migrant Workers and their Families", European Yearbook of Minority Issues, Vol. 3,
2003/2004, s. 85-87; D. S. Weissbrodt, The Human Rights of Non-citizens, Oxford University
Press, 2008, s. 88.
50
[50/1-6] B. Termiński, Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza,
instytucje, oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, s. 217.
36
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
Wschodniej (ang. Association of South-East Asian Nations-ASEAN). W chwili
obecnej ograniczają się one jednak do prac studyjnych, debat, oraz przyjęcia
dokumentu o charakterze niewiążącym. Pierwsze działania w zakresie ochrony
migrantów podjęte zostały w ramach organizacji w 1999 roku. Zorganizowano
wówczas regionalne sympozjum dotyczące nielegalnych migracji. Spotkanie w
Bangkoku zgromadziło przedstawicieli władz dwudziestu państw regionu,
ekspertów, oraz działaczy organizacji pozarządowych. W lipcu 2005 r.
konferencja ministrów zwróciła uwagę Grupy Roboczej do spraw Praw
Człowieka na konieczność podjęcia aktywności zmierzającej do poprawy
sytuacji azjatyckich pracowników migrujących. W rezultacie powołana została
grupa zadaniowa do spraw migrantów. Stanowi ona strukturę zrzeszającą
delegatów ASEAN, przedstawicieli organizacji pozarządowych i związków
zawodowych, oraz niezależnych ekspertów. Konsekwencją zapoczątkowanych
wówczas prac stało się przyjęcie w styczniu 2007 roku Deklaracji w Sprawie
Ochrony i Promocji Praw Pracowników Migrujących (ang. ASEAN Declaration
on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers)51. Cechą
wyróżniającą dokument na tle uprzednio przyjętych deklaracji niewiążących jest
jego rozwinięty charakter. Pomimo niewiążącego charakteru formułuje on de
facto daleko idące obowiązki wobec państw członkowskich. Do zapisów
dokumentu szeroko nawiązuje także utworzona w 2007 r. Grupa Robocza do
spraw Ochrony i Promocji Praw Migrantów w Azji (ang. Task Force for ASEAN
Migrant Workers). Rezultatem przyjęcia dokumentu stało się ponadto powołanie
specjalnego komitetu, mającego na celu aktywność studyjną i dążenie do
urzeczywistniania zawartych w nim założeń.
Wśród innych organizacji współpracy podejmujących działania na rzecz
ochrony migrantów zarobkowych wymienić należy Ligę Państw Arabskich.
Uchwalona w ramach organizacji Arabska Deklaracja w Sprawie Migracji
Międzynarodowych (ang. Arab Declaration on International Migration), łączy
typowe dla tego rodzaju dokumentów postulaty współpracy, harmonizacji
polityk, zakazu dyskryminacji z explicite wyrażonymi treściami politycznymi.
Wspomniany dokument wzywa między innymi do "położenia kresu izraelskiej
okupacji, oraz skierowanych wobec Palestyńczyków ataków". Widzimy zatem,
że zapisy dokumentów regionalnych w istotny sposób kształtowane są przez
partykularne czynniki polityczne.
5. Podsumowanie i uwagi końcowe
Podjęte niemal sto lat temu działania organizacji międzynarodowych na
rzecz ochrony migrantów pociągnęły za sobą kilka szczególnie doniosłych
konsekwencji. Najważniejszą z nich stało się pełne upodmiotowienie
pracowników migrujących, jako autonomicznej kategorii cudzoziemców,
korzystającej z rozwiniętego katalogu uprawnień socjoekonomicznych.
Kolejnym następstwem działań ONZ i MOP stało się wykształcenie
specyficznego
systemu
ochrony
prawnej
migrantów
zarobkowych,
wyposażonego w realnie istniejące (acz nieefektywne) mechanizmy monitoringu
i implementacji. Narodziny wspomnianego systemu datować należy na 1952
rok. Wówczas bowiem weszły w życie zapisy konwencji Nr 97 a MOP
51
[51/1-6] Deklaracja przyjęta została podczas 12 spotkania szefów państw ASEAN w styczniu
2007 roku.
37
Bogumił Termiński
wyposażona została w procedury oddziaływania na sytuację migrantów w
państwach członkowskich.
Do połowy lat siedemdziesiątych ochrona pracowników migrujących
stanowiła wąskie i marginalne pod względem politycznym zagadnienie
międzynarodowego prawa pracy. Pomimo wspomnianego faktu możemy jednak
wymienić kilka sukcesów MOP, jak choćby przyjęcie Zalecenia Nr 100 (1955) i
nowoczesnej jak na połowę lat siedemdziesiątych Konwencji Nr 143,
uzupełnionej o treść Zalecenia Nr 151. Od połowy lat datować możemy powolny
proces inkorporacji ochrony pracowników migrujących do bardziej ogólnej
przestrzeni międzynarodowej ochrony praw człowieka. Pierwsze oznaki
wspomnianego procesu obserwowano już w 1977 roku w związku z
uzupełnieniem regionalnego systemu praw człowieka Rady Europy o
konwencję dotyczącą statusu prawnego pracowników migrujących.
Pełne rozwinięcie ochrony pracowników migrujących w ramach
uniwersalnego systemu praw człowieka znalazło jednak formalny wyraz dopiero
28 lat później, wraz z wejściem życie uchwalone jw 1990 roku konwencji ONZ.
Pomimo wspomnianego faktu funkcjonujące w ramach ONZ i MOP instrumenty
ochrony migrantów i członków ich rodzin cechują się niską efektywnością i
iluzorycznym, mocno fasadowym, charakterem. Spośród przyjętych w ramach
ONZ szczegółowych konwencji ochrony praw człowieka to właśnie dokument z
1990 roku cieszy się najmniejszym poziomem uniwersalnej akceptacji.
Spośród zdefiniowanych w prawie międzynarodowym publicznym kategorii
cudzoziemców pracownicy migrujący doświadczają relatywnie najmniejszych
zagrożeń dla praw człowieka. Migracje dobrowolne okazują się zazwyczaj
procesem dynamicznym, odwracalnym i przejściowym.
Nie determinują zatem wieloletnich problemów i zagrożeń odczuwalnych
przez migrantów. Dokumenty ochrony pracowników migrujących nie mają
obecnie praktycznie jakiegokolwiek wpływu na kształtowanie dynamiki
transnarodowej mobilności zarobkowej. Zależy ona bowiem przede wszystkim
od koniunktury gospodarczej, dysproporcji rozwoju socjoekonomicznego
poszczególnych państw i odzwierciedlonego prawodawstwem imigracyjnym
stopnia otwartości poszczególnych państw na nowych przybyszów.
Diametralnie odmienną sytuację obserwujemy w przypadku dokumentów
międzynarodowej ochrony uchodźców. Odgrywają one kreacyjne wręcz
znaczenie dla problemu uchodźstwa, w pewnym stopniu regulując także
dynamikę tego procesu na świecie.
Nie możemy jednak powiedzieć, że imigranci ekonomiczni są grupą
cudzoziemców całkowicie wolną od zagrożeń dla fundamentalnych praw
człowieka. Szczególnie duże problemy obserwujemy w kontekście
transnarodowej mobilności zarobkowej w Azji, oraz rosnącej skali zjawisk w
rodzaju migracji nieudokumentowanych czy handlu ludźmi. Przyjęte do dnia
dzisiejszego dokumenty ochrony migrantów jedynie wyrywkowo odnoszą się do
wspomnianych wyżej problemów. Konieczne okazuje się zatem odejście od
typowej choćby dla MOP percepcji problemu w kategoriach migracji do pracy
najemnej, stosunków zatrudnienia i problemów drugorzędnych (w rodzaju praw
związkowych pracowników migrujących) na rzecz przyjmowania unormowań
dotyczących bardziej fundamentalnych zagrożeń.
Przyjęte dotychczas dokumenty ochrony migrantów zarobkowych i ich
rodzin w nikły sposób odzwierciedlają zmieniającą się panoramę i formy
mobilności ludności, a także dotykające ich uczestników zagrożenia.
38
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
Uchwalona w 1949 roku Konwencja MOP już w chwili powstania stanowiła
dokument w dużym stopniu anachroniczny. Odzwierciedlała bowiem specyfikę
migracji zarobkowych i form zatrudnienia typową dla końca lat dwudziestych i
lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Jednym z nielicznych względnie
nowoczesnych dokumentów MOP okazała się Konwencja Nr 143 z 1975 roku.
Biorąc pod uwagę wieloletni charakter procesów redakcyjnych dokument ten
stanowił szybką reakcję na wzrastającą dynamikę obserwowanych wówczas
problemów (np. migracji nieudokumentowanych na obszar Europy).
Zdecydowanie mniej pozytywnie ocenić należy zapisy konwencji ONZ z 1990
roku. W parze z rozwiniętym charakterem dokumentu nie idzie bowiem dążenie
do przejrzystego rozgraniczenia poszczególnych problemów (np. statusu
legalnych pracowników migrujących od migrantów nieudokumentowanych),
oraz próba wypracowania rozwiązań możliwych do przyjęcia zarówno dla
państw eksportujących, jak i importujących pracowników migrujących. Brak
akceptacji większości krajów wysoko rozwiniętych dla rozwiązań ONZ i MOP
całkowicie marginalizuje wspomnianą płaszczyznę praw człowieka i utrudnia jej
poważne traktowanie jako konstruktu o charakterze globalnym.
Wysuwane przez przeciwników konwencji ONZ twierdzenia o braku
jakiegokolwiek znaczenia przyjętych dotychczas dokumentów także nie są
jednak do końca zgodne z prawdą. Dokumenty przyjęte przez ONZ i MOP
stanowią bowiem dla państw rozwijających jedyny (acz całkowicie
nieefektywny) system ochrony własnych obywateli w kontekście ich praw
socjoekonomicznych związanych z migracją i zatrudnieniem poza krajem
pochodzenia. Międzynarodowej ochrony pracowników migrujących nie należy
zatem traktować całkowicie jednostronnie. Kończąc zawarte w artykule
rozważania warto podkreślić zatem dotychczasowe osiągnięcia, a także
zastanowić się nad obserwowanymi przeszkodami i wyzwaniami stojącymi
przed międzynarodową ochroną pracowników migrujących w przyszłości.
Sukcesem instytucji międzynarodowych systemu NZ okazuje się nie tyle
przyjęcie trzech konwencji uniwersalnych czy kilku deklaracji i zaleceń MOP,
lecz wytworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia, oraz różnorodne działania
praktyczne na rzecz wsparcia migrantów. Struktury ONZ i MOP są przestrzenią
podejmowania wielu decyzji przekładających się później na sytuację prawną
imigrantów zarobkowych w poszczególnych regionach świata. Zapisy
dokumentów systemu NZ stały się punktem odniesienia dla treści przyjętych
dotychczas niewiążących dokumentów regionalnych. Krytyczna ocena
konwencji ONZ także okazuje się inspirująca w kontekście perspektyw
regionalnego i globalnego rozwoju zagadnienia w kolejnych dekadach. Pomimo
niechęci państw wysoko rozwiniętych wobec przyjętych dotychczas
dokumentów systemu NZ nie możemy powiedzieć, że funkcjonujące przecież
konwencje odgrywają całkowicie marginalne znaczenie.
Prawie dziewięćdziesiąt państw pozostaje obecnie stroną przynajmniej
jednej spośród czterech konwencji dotyczących ochrony imigrantów
zarobkowych. Dużą część ich zapisów traktować należy w wymiarze
postulowanym, jako odbicie pewnego trudnego do osiągnięcia stanu idealnego.
Trudna do przecenienia okazuje się także wieloletnia aktywność praktyczna
IOM na rzecz wsparcia migrantów, oraz oddziaływanie tej instytucji na
dyrektywy polityk migracyjnych i standardy traktowania migrantów w
kilkudziesięciu krajach świata.
39
Bogumił Termiński
Zdecydowanie łatwiejsze okazuje się wymienienie mankamentów
funkcjonującego obecnie systemu ochrony migrantów, oraz przeszkód w jego
szerszej implementacji. Niski poziom akceptacji dla dokumentów
międzynarodowej ochrony pracowników migrujących jest także pochodną
stagnacji w obrębie MOP i niektórych gałęzi prawa międzynarodowego
publicznego. Zdecydowana większość państw przykłada marginalne znaczenie
do treści przyjmowanych przez MOP międzynarodowych standardów pracy (co
odzwierciedla także niska liczba ratyfikacji wspomnianych dokumentów).
Ochrona pracowników migrujących nie jest wreszcie znaczącym zagadnieniem
politycznym czy problemem wymagającym podjęcia natychmiastowych działań.
Najważniejszą przeszkodę stanowią wreszcie spory pomiędzy krajami
wysyłającymi imigrantów a stosującymi coraz większe restrykcje państwami
wysoko rozwiniętymi. Przedstawicielom krajów pochodzenia imigrantów zależy
przede wszystkim na wzmocnieniu praw socjoekonomicznych własnych
obywateli. Równie istotne z ich punktu widzenia okazują się zapisy
szczegółowe, w rodzaju prawa do transferu zarobionych środków za granicę,
rozwiniętego dostępu do opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych dla
imigrantów. Drugą znaczącą grupą interesów okazują się zamożne kraje
przyjmujące imigrantów, cechujące się słabym poziomem rozwoju instytucji
społeczeństwa obywatelskiego i niską akceptacją dla międzynarodowych
standardów ochrony praw człowieka (np. kraje Bliskiego Wschodu). Państwom
tym zależy na zachowaniu jak największej suwerenności w zakresie traktowania
cudzoziemców. Przeważnie nie są one zainteresowane wiązaniem się
jakimikolwiek dokumentami ochrony praw człowieka, nie wspominając już o
szczegółowych dokumentach ochrony migrantów. Trzecią grupę państw
stanowią wreszcie kraje Europy Zachodniej i USA, od wielu lat redefiniujące
politykę imigracyjną w kierunku coraz większych restrykcji. Jeszcze w początku
lat siedemdziesiątych państwa Europy Zachodniej z zadowoleniem przyjmowały
wzrastającą skalę imigracji zewnętrznych na swoje terytorium. Część z nich
podpisała nawet przyjętą w 1975 roku konwencję Nr 143 MOP. Spadające w
późniejszych latach tempo rozwoju gospodarczego zmusiło Francję i Niemcy do
wprowadzenia restrykcji dla potencjalnych migrantów. Jedną z konsekwencji
wspomnianego faktu stała się między innymi wzrastająca skala migracji
nieudokumentowanych na obszar najwyżej rozwiniętych krajów świata.
Państwa wysoko rozwinięte, stosujące obecnie dość selektywną politykę
imigracyjną, nie są zatem zainteresowane daleko idącym poszerzaniem praw
ekonomicznych i społecznych imigrantów.
Przeszkody w ratyfikacji konwencji ONZ przez wysoko rozwinięte państwa
Europy i Ameryki Północnej zostały w ciekawy sposób omówione w serii
raportów przygotowanych na potrzeby UNESCO około 2006 i 2007 roku.
Często pojawiającym się argumentem przeciwko ratyfikacji dokumentu jest
obawa przed erozją suwerenności, oraz ograniczeniem wolności kreowania
zasad wewnętrznej polityki migracyjnej. Zwróćmy uwagę, że podobne
argumenty pojawiają się w kontekście ratyfikacji prawie wszystkich bardziej
szczegółowych dokumentów ochrony praw człowieka. Wspomniany argument
był podnoszony między innymi przy okazji debat nad tekstem przygotowywanej
przez Ligę Narodów konwencji dotyczącej statusu prawnego cudzoziemców.
Innym sygnalizowanym zastrzeżeniem jest niezgodność filozofii konwencji z
40
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
tradycją i doświadczeniami migracyjnymi poszczególnych krajów (np.
Kanady)52.
Zdaniem niektórych specjalistów tekst dokumentu zdeterminowany został
przez doświadczenia krajów europejskich połowy lat siedemdziesiątych,
zmagających się wówczas z niedoborem siły roboczej. Założenia dokumentu są
zatem odległe od bardziej selektywnych tradycji imigracyjnych Kanady.
Państwa Europy Zachodniej zwracają uwagę na bezcelowość ratyfikacji
dokumentu w sytuacji funkcjonowania na naszym kontynencie przynajmniej
kilku rozwiniętych systemów ochrony praw człowieka. Zastrzeżenia Niemiec i
Francji wzbudzają ponadto zapisy art. 28 konwencji ONZ formującego dostęp
imigrantów do podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej niezależnie od ich
sytuacji prawnej53.
Jedną z konsekwencji niskiego poziomu akceptacji dla dokumentów ONZ i
MOP staje się brak bądź słabość adekwatnych unormowań w zakresie
przeciwdziałania patologiom w rodzaju handlu ludźmi, przemytu migrantów czy
problemowi nielegalnych migracji. W 2000 roku przyjęto co prawda Protokół
przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną,
uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych Przeciwko Międzynarodowej
Przestępczości Zorganizowanej. Wspomniane wyżej zagadnienia w dalszym
ciągu nie doczekały się jednak adekwatnie silnego umocowania normatywnego
na płaszczyźnie uniwersalnych dokumentów międzynarodowej ochrony praw
człowieka.
Konflikty interesów ekonomicznych utrudniają szeroką akceptację dla
przyjętych w ramach organizacji globalnych międzynarodowych dokumentów
ochrony migrantów. Być może zatem jedyną przestrzenią aktywności na rzecz
efektywnej ochrony migrantów okazać się mogą działania w ramach organizacji
regionalnych. Wspólne interesy i podobne podejście do problematyki migracji
okazać się mogą czynnikiem ułatwiającym osiągnięcie porozumienia na
płaszczyźnie współpracy regionalnej. Współpraca regionalne umożliwia także
szybsze reagowanie i łatwiejsze osiągnięcie konsensusu w przypadku
pojawienia się nowych problemów. Pamiętajmy jednak, że ograniczone
znaczenie decyzji zapadających w ramach organizacji regionalnych Afryki, Azji
Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej stawia pod dużym znakiem
zapytania praktyczną implementację przyjętych w ich ramach postanowień.
6. References
Bohning, W.R., "The Protection of Migrant Workers and International Labour
Standards", International Migration, Vol. 26, Issue 2, June 1988, s. 133-146.
52
[52/1-6] Por. zwłaszcza V. Piche, E. Pelletier, D. Epale, “Identification of the Obstacles to the
Ratification of the United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of their Families: The Canadian Case”, UNESCO, Paris, August,
2006.
53
[53/1-6] E. MacDonald, R. Chonewinski, The Migrant Workers Convention in Europe.
Obstacles to the Ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of their Families: EU/EEA Perspectives, UNESCO, Paris, 2007;
B. Termiński, "Realizing the Right to Health of Undocumented Immigrants in Europe: Legal and
th
Social Challenges", Proceedings of the 13 World Congress on Public Health, Monduzzi
Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469.
41
Bogumił Termiński
Bosniak, L.S., "Human Rights, State Sovereignty and the Protection of
Undocumented Migrants under the International Migrant Workers Convention",
International Migration Review, Vol. 25, No. 4, Winter 1991, s. 737-770.
Cholewinski, R., Migrant Workers in International Human Rights Law: Their
Protection in Countries of Employment, Clarendon Press, Oxford, 1997.
Hune, S., "Migrant Women in the Context of the International Convention on
the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families", International Migration Review, Vol. 25, No. 4, Winter 1991, s. 800817.
Termiński, B., Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących: Geneza,
instytucje oddziaływanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa, 2011.
Termiński, B., Przesiedlenia inwestycyjne. Nowa kategoria
przymusowych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012.
migracji
Termiński, B., "Realizing the Right to Health of Undocumented Immigrants in
Europe: Legal and Social Challenges", Proceedings of the 13th World Congress
on Public Health, Monduzzi Editore, Bologna, May 2013, s. 463-469.
Termiński, B., Environmentally-Induced Displacement: Theoretical
Frameworks and Current Challenges, CEDEM Working Paper, University of
Liege, September 2012.
Termiński, B., "The right to adequate housing in international human rights
law: Polish transformation experiences", Mediterranean Journal of Human
Rights, Vol. 12 (double issue), 2012, s. 561-592.
Termiński B., "Europeizacja Przestrzeni Polityki Społecznej. W
Poszukiwaniu Regionalnego Paradygmatu Rozwoju", Auxilium Sociale Novum,
Nr 1-4, 2010, s. 45-59.
[Recibido el 19 de mayo de 2013. Aceptado, tras amplias correcciones, el 30 de
mayo de 2013]
42
„EUROPA EN LAS AULAS“. CULTURAL,
RELIGIOUS AND HUMANIST HERITAGE OF EUROPE
Manuel J. PELÁEZ
Gudrun STENGLEIN
Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein (2013): „Europa en las aulas. Cultural
ad Humanist Heritage of Europe“, Revista Crítica de Historia de las Relaciones
Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013). En línea puede consultarse
en: http://www.eumed.net/rev/historia/06/europa-aulas.html
ZUSAMMENFASSUNG: Die Protokolle des Kongresses „Europa en las Aulas.
Cultural, Religious and Humanist Heritage of Europe“ spiegeln die Bedeutung
des Treffens in Málaga, organisiert von der Korporation der Attendis-Schulen
aus Andalusien und der Extremadura, nicht wider. An dem Kongress haben
mehr als fünfhundert Menschen teilgenommen, u. a. der Bürgermeister der
Stadt Málaga, ein ehemaliger Universitätsrektor, der Präsident des staatlichen
Schulrates, mehrere Lehrstuhlinhaber, Professoren und Gymnasiallehrer aus
den ganzen Provinzen von Andalusien und der Extremadura usw. In Bezug auf
die Interventionen der Sprecher verteidigte der Professor der Metaphysik
Alejandro Llano die Präsenz der Geisteswissenschaften in den Lehrplänen der
Sekundarstufe, der Gymnasien und der Hochschulausbildung. Francisco López
Rupérez sprach über zwei Arten der Schulleitung: transformative Führung und
Lehr-Führung. Concepción Naval behandelte das Thema der Auswirkungen der
neuen Technologien in der Bildung. Bartolomé Menchén, mit langjähriger
Erfahrung in der frühkindlichen Bildung, machte, wie einige der Hörer des
Vortrages meinten, eine ebenso tiefe wie unverständliche Betrachtung über die
Auswirkungen, die die Kommunikationsmedien im Familienbereich haben und
über die Dysfunktionen, die manchmal auftreten können. Die Schwestern
Inmaculada und Teresa Sibón Macarro legten ihre Überlegungen bezüglich der
pädagogischen Vielfalt dar. Antonio Fernández Bermúdez stellte das neue
Erasmusprogramm for all vor, was für den Zeitraum von 2014 bis 2020
vorgesehen ist und die allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport
integriert. Michael Milanovic stellte verschiedene Messsysteme der englischen
Sprachkenntnisse vor. Interessante Vorträge waren die von Alejandro Serrano
Fernández, Miguel Asensio Castaño, José Manuel Rodríguez Delgado (ein
Projekt von drei Schulen von Malaga, Oporto und Amsterdam zur Bildung der
Studenten und nicht zum Lehreraustausch gedacht), Paloma Expósito Reyes
und Covadonga Basagoiti. Inger Enkvist, Professorin für Hispanistik an der
Universität Lund im Königreich Schweden, schloss den Kongress mit einem
Vortrag über die unterschiedlichen pädagogischen Qualitätsfaktoren in östlichen
und westlichen Ländern. Sie zeigte die Unterschiede zwischen den Vereinigten
Staaten, Japan, China, Singapur, Südkorea und Hongkong auf. Es sei
angemerkt, dass sie das Publikum mit ihren perfekten Spanischkenntnissen
überraschte.
SCHLÜSSELWÖRTER: Attendis, differenzierte Bildung, Colegio Mulhacén, Colegio
Monaita, Colegio Puertoblanco, Filología griega, Filología latina, Francisco de la
Torre Prados, Miguel Briones Artacho, Juan José Rosado del Valle, María
43
Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein
Angustias García Guillén, Coral Moreno Socías, Juan José Aranda Muñoz,
María Fernanda López-Alcalá Cortiñas, Blanca Osés Giménez de Aragón,
Antonio Álvarez Cea, Alejandro Llano Cifuentes, Francisco López Rupérez,
Concepción Naval, Inmaculada Sibón Macarro, Teresa Sibón Macarro,
Bartolomé Menchén, José Luis Esteve Balzola, Alejandro Serrano Fernández,
Miguel Asensio Castaño, Estanislao Camacho Domínguez, Guillermo Tejera
Plasencia, Gerardo Lerones Martín, Shahrookh Khambatta Damania, Ana
Varona Cabrera, Sandra Beatriz Pérez Jiménez, Julia Porlán de la Casa, Itxaso
Aguirre de Mena, Gerard Graas van der Laan, Anna Griffoni, Pedro Arjona,
Karín López Martín, Manuel Atencia García, Manuel Moreno Araujo, Daniel
Vázquez Guerrero, Inés Robledo de Atencia, Inger Enkvist.
RESUMEN: Las primeras actas del Congreso «Europa en las Aulas. Cultural,
Religious and Humanist Heritage of Europe» no reflejan la importancia del
encuentro celebrado en Málaga por la corporación de Colegios Attendis de
Andalucía y Extremadura. Contó el Congreso con la participación de más de
medio millar de personas, el alcalde de la ciudad de Málaga, un antiguo rector
de Universidad, el Presidente del Consejo escolar del Estado, catedráticos,
docentes de enseñanza secundaria y bachillerato de todas las provincias de
Andalucía y Extremadura, etc. Respecto a la intervención de los ponentes, el
catedrático de Metafísica Alejandro Llano defendió la presencia de las
Humanidades en los currícula de la enseñanza media, el bachillerato y la
enseñanza universitaria. Francisco López Rupérez disertó sobre dos clases de
liderazgo escolar: el liderazgo transformacional y el liderazgo pedagógico.
Concepción Naval abordó el impacto de las nuevas tecnologías en la
educación. Con larga experiencia en educación infantil, Bartolomé Menchén
hizo una reflexión tan profunda como poco inteligible, al decir de los que
escucharon su disertación, sobre la incidencia que están teniendo los medios
de comunicación en el ámbito familiar y las disfunciones que a veces se
producen. Las hermanas Inmaculada y Teresa Sibón Macarro se detuvieron en
hacer consideraciones sobre la atención que requiere en el ámbito educativo la
diversidad. Antonio Fernández Bermúdez adelantó lo que va a ser el programa
Erasmus for all, previsto para el periodo 2014 a 2020, en el que se integra la
educación, la formación, la juventud y el deporte. Michael Milanovic presentó
diversos sistemas de medición de conocimiento de la lengua inglesa.
Interesantes fueron las comunicaciones de Alejandro Serrano Fernández,
Miguel Asensio Castaño, José Manuel Rodríguez Delgado (un proyecto de tres
colegios de Málaga, Oporto y Amsterdam, dirigido a la formación de los
alumnos, no al intercambio de profesores, malogrado en el último momento por
culpa de los portugueses, lo que originó un sensible malestar en el Gymnasium
holandés), Paloma Expósito Reyes y Covadonga Basagoiti. Cerró el Congreso
Inger Enkvist, catedrática de Filología española de la Universidad de Lund en el
Reino de Suecia, sobre los factores de calidad educativa entre países
orientales y occidentales. Más que el contenido sobre las diferencias de las
enseñanza entre Estados Unidos de América y Japón, China, Singapur, Corea
del Sur o Hong Kong, lo que más sorprendió al público asistente fue el perfecto
dominio de la lengua española de esta docente sueca.
PALABRAS CLAVE: Attendis, Educación diferenciada, Colegio Mulhacén, Colegio
Monaita, Colegio Puertoblanco, Filología griega, Filología latina, Francisco de la
44
Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe
Torre Prados, Miguel Briones Artacho, Juan José Rosado del Valle, María
Angustias García Guillén, Coral Moreno Socías, Juan José Aranda Muñoz,
María Fernanda López-Alcalá Cortiñas, Blanca Osés Giménez de Aragón,
Antonio Álvarez Cea, Alejandro Llano Cifuentes, Francisco López Rupérez,
Concepción Naval, Inmaculada Sibón Macarro, Teresa Sibón Macarro,
Bartolomé Menchén, José Luis Esteve Balzola, Alejandro Serrano Fernández,
Miguel Asensio Castaño, Estanislao Camacho Domínguez, Guillermo Tejera
Plasencia, Gerardo Lerones Martín, Shahrookh Khambatta Damania, Ana
Varona Cabrera, Sandra Beatriz Pérez Jiménez, Julia Porlán de la Casa, Itxaso
Aguirre de Mena, Gerard Graas van der Laan, Anna Griffoni, Pedro Arjona,
Karín López Martín, Manuel Atencia García, Manuel Moreno Araujo, Daniel
Vázquez Guerrero, Inés Robledo de Atencia, Inger Enkvist.
In einem Buch von nicht geringem grafischem Maße, trotz seiner wenigen
Seiten, wird ein umfassender Überblick über die Protokolle der XI. Konferenz
über die pädagogischen Neuerungen, organisiert von der Gruppe Attendis
anlässlich des 401/54. Gründungsjahrestages der aktuellen Korporation Attendis,
die die größte private Bildungseinrichtung Andalusiens ist, zusammengefasst.
Es ist schade, dass nicht der vollständige Wortlaut der Vorträge,
Kommunikationen und Debatten veröffentlicht wird. Die Eröffnungsrede wurde
von Alejandro Llano Cifuentes, Professor für Metaphysik und jetzt im
Ruhestand, gegeben; er war Rektor der Universität von Navarra. Seine
Ansprache konzentrierte sich auf die Bedeutung der Geisteswissenschaften in
der Bildung und auf die in Spanien aus verschiedenen Bereichen gestarteten
Angriffe2/55. Dies zeigt die Herabsetzung derselben in unserem Land auf, aber
Llano nimmt nicht ganz wahr, dass sich die Situation nicht in der gleichen
Weise in Staaten wie Frankreich, Österreich, Belgien, der Schweiz oder Italien
ergibt, wo sie weiterhin stark und lebendig in den verschiedenen Ebenen der
Grundschul- und Realschulbildung, beim Abitur, den Universitätsstudien
einschließlich beim Doktorgrad anwesend sind. Es sei erwähnt, dass die
Geisteswissenschaften beim Master ziemlich geschmälert sind.
Im weiteren Verlauf seiner Kritik an dem Verfall des spanischen
Bildungssystems setzt Llano die Krise, die es durchläuft, und den miserablen
Platz, den Spanien in der internationalen Bildungsrangfolge des Grund- und
Mittelschulwesens einnimmt, mit der Reduzierung der Fächer der
Geisteswissenschaften in den Lehrplänen und deren Ersetzung in einigen
Fällen durch neue Disziplinen wie Verkehrserziehung, Umweltbewusstsein und
54
[1/2-6] Europa en las aulas. Cultural, Religious and Humanist Heritage of Europe (12 und 13
April 2013), Attendis, Sevilla-Málaga, 2013, 81 Seiten.
55
[2/2-6] Alejandro Llano hat eine beeindruckende Publikationsliste, vor allem Bücher, Kapitel in
gemeinsamen Büchern und Zeitschriftenartikel. Ausgebildet in Deutschland, in Münster und in
Bonn, kehrt er die germanische Berufung heraus; unter seinen Veröffentlichungen gibt es aber
kein einziges Buch oder Kapitel in Deutsch und von seinen 110 Artikeln sind lediglich zwei in
deutscher Sprache, einer im Jahr 1989 veröffentlicht und ein weiterer im Jahr 1996 in weniger
bekannten oder geschätzten Zeitschriften. Diese 110 Artikel, die er verfasste, sind überwiegend
in Spanisch geschrieben. Er hat im Rahmen seiner Forschungsarbeiten von Tausenden von
Seiten wirklich sehr spärlich Artikel in italienischer und englischer Sprache verfasst. Die Fragen,
die im Zusammenhang mit der Bildung und der Verteidigung der Geisteswissenschaften stehen,
wurden nur sehr wenig in seinen Forschungen angesprochen, oftmals sind es Nebenprodukte.
Zwei seiner Gedenkschriften wurden wegen seines flinken und gleichzeitig tiefgründigen Tones
sehr gefeiert; es ist ihm gelungen in einigen Überlegungen zu inspirieren.
45
Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein
Staatsbürgerschaftslehre, die laut Llano Cifuentes zumindest fragwürdig
erscheinen, in Verbindung. Allerdings gibt Llano an, dass er beabsichtige
„diesem Thema [der Verteidigung der Geisteswissenschaften] in einer offenen
und unvoreingenommenen Art, mit einer kultivierten, aber weder
archäologischen noch bloßen gelehrsamen Haltung entgegen zugehen, ohne
gleichzeitig die praktischen und, um es so auszudrücken, die schulischen oder
pädagogischen Aspekte zu vergessen“ (S. 11).
Llano Cifuentes macht vier Vorschläge. Der erste Vorschlag wäre, die
Geisteswissenschaften als kritische Interpretation der heutigen Gesellschaft zu
verwenden, obwohl die Begründung, die er dann gibt, den Verdacht erweckt,
etwas demagogisch sein; denn zu dem Schluss zu kommen, dass große
Bildungsprojekte nicht ausschließlich technische sind, scheint ein wenig
unsinnig. Allerdings hat die zweite Idee, dass die Geisteswissenschaften zu
einer Revitalisierung der Kultur verwendet würden, mehr Sinn. Und die
Zweckmäßigkeit, dass Latein und Griechisch bei der Realschulbildung und dem
Abitur wieder aufgenommen würden, erscheint uns zutreffend, obwohl dies in
Spanien schwierig sein dürfte. Das Thema ist suggestiv, wenn man sieht, dass
in den Niederlanden oder Österreich das Niveau der klassischen Sprachen in
den Gymnasien im Gegensatz zu dem in Spanien um Lichtjahre voraus ist. Was
aber Alejandro Llano vor allem aus den Augen verloren hat, ist, dass die so
genannten toten Sprachen auf eine derart schlechte Art und Weise durch die
Hintertür von fast allen Attendis-Schulen verschwunden sind und kein Interesse
besteht, sie auf der staatlichen oder andalusischen Ebene wieder einzuführen,
auch wenn dies die Bildungsreformen angekündigt haben; sie werden nicht in
Betracht gezogen und sind scheinbar fast zu ihrer endgültigen Ausrottung
bestimmt.
Llanos dritte Überlegung scheint interessanter und durchführbarer in dem
Sinne, dass die Geisteswissenschaften „als Reflexion über die großen
46
Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe
persönlichen und sozialen Fragen“ dienen können (S. 15). Als Viertes schlägt
Llano vor, dass „sich die Geisteswissenschaften in Katalysatoren der Kreativität
verwandeln“ (S. 17). Der Satz klingt gut, dabei bleibt es aber. Er klingt nach
Musik von Vivaldi oder, wenn Sie wollen, nach himmlischen Melodien.
Was Alejandro Llano nicht sagt, ist, dass in Wirklichkeit die klassischen
Geisteswissenschaften, Philosophie oder Metaphysik, Latein, Griechisch,
Literatur, Kunst, Geografie und politische Geschichte durch andere mächtigere
Geisteswissenschaften wie die Sozialwissenschaften ersetzt werden; diese
erlauben eine Vielzahl von Hochschulabschlüssen wie Jura, Wirtschaft,
Betriebswirtschaft, Bildung, Politikwissenschaft, Psychologie, Soziologie,
Soziale Arbeit, Arbeitsverhältnisse, Kriminologie, Übersetzen und Dolmetschen,
audiovisuelle Kommunikation usw. Das sind die neuen Geisteswissenschaften
und sie haben in der Universitätsausbildung den höchsten Anteil an spanischen
Studenten. Die Metaphysik, die Erkenntnistheorie oder Theodizee, sind nicht
mehr von Interesse, sondern Soziologie, politische Philosophie und
Rechtsphilosophie; etwas Ähnliches kann man über die Politikgeschichte
sagen, die auch gegenüber anderen speziellen Geschichtsfächern
marginalisiert: Wissenschaftsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Socialpolitik,
Rechtsgeschichte, Geschichte der politischen Ideen usw. Aber man muss
aufpassen, dass sozialwissenschaftliche Fachkräfte, vor allem Lehrer an
Realschulen, Gymnasien oder Universitäten auch Personen sind, die die
Sozialwissenschaften und nicht die klassischen Geisteswissenschaften studiert
haben. In diesem Sinne erlauben wir uns auch, uns von solchen unsinnigen
Initiativen wie „Unternehmen und Humanismus“ zu distanzieren, solange die
meisten von denen, die über Wirtschaft schreiben, Menschen sind, die über
47
Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein
kein Studium der Wirtschaftswissenschaften, BWL, Versicherungsmathematik,
Rechtswissenschaften oder Marketing verfügen, sondern aus den Lehrstühlen
der Metaphysik, Grundlagen der Philosophie oder Geschichte der
philosophischen Systeme hervorkommen.
Am 10. Dezember 1996 hat seinerzeit das spanische Ministerium für Bildung
und Wissenschaft das Fachgebiet der Rechtsphilosophie, Ethik und Politik
wegen der missverständlichen Bezeichnung, die dieses Fach mit sich bringt,
ganz klar in zwei völlig eigenständige und für sich getrennte Bereiche aufgeteilt:
Rechtsphilosophie auf der einen Seite und Moralphilosophie auf der anderen
Seite. Außerdem wurde auch die doktrinäre, wissenschaftliche und
methodische Divergenz zwischen ihnen formuliert.
Der Präsident des staatlichen Schulrates Francisco López Rupérez (Doktor
der Physik und Hunderten von Publikationen in Spanien, Europa und
Lateinamerika; er hat zahlreiche politische Positionen im Bereich der Erziehung
innegehabt, unter der Führung der PP und PSOE) hat im Kongress zu dem
Thema „Führung und Schulautonomie“ (S. 23-27) gesprochen, wobei er
insbesondere auf die Qualität der Schulleiter abzielte. Er unterschied zwei
Klassen von Schulleitung: transformative Führung und pädagogische Führung.
Er erklärte auch die Forschungsergebnisse, die Wissensweiterbildung und die
Ausbildung der Schüler nachweisen. Er stellte das australische Projekt namens
Leadership for Organisational Learning and Student Outcomes vor. Er
vermerkte vier wichtige Erkenntnisse zur Führung: 1.) Bestimmung der
Prioritäten, die die Schulen haben sollen, 2.) Einführung geeigneter
Mechanismen zur Durchführung der zwei bereits aufgezeigten Arten von
Führung, der pädagogischen und transformativen. 3.) Die Schulleitung sollte so
weit wie möglich professionell sein. 4.) Die Schulautonomie darf die
Rechenschaftspflicht über die erreichten Resultate nicht verhindern und sollte
gleichzeitig die Mängel und die zukünftigen Erwartungen bewerten.
48
Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe
Die Professorin für Erziehungstheorie Concepción Naval Durán hielt einen
Vortrag über den „Respekt in der pädagogischen Beziehung. Europäische
Werte“, in dem sie davon ausgeht, dass die Beachtung des Respekts eine
Manifestation der menschlichen Umgänglichkeit ist. Doktrinär lehnte sie sich an
die Argumentation von Romano Guardini und Charles Taylor an. Sie
betrachtete den Respekt aus verschiedenen Perspektiven, die sich aus der
Anwendung der Anwendung von Ethik ableiten. Sie sprach auch die
Auswirkungen der Erziehungstechnologien auf die Jugend an.
Bartolomé Menchén Herreros, Doktor der Biblischen Theologie, machte eine
tiefe Reflexion über die Auswirkungen der Medien in Bereich der Familie, wo
die angeforderte Nachricht klar sein muss, während man vom
Kommunikationsmittel verlangt, dass es so schnell wie möglich die Information
weitergibt. Dies hat erheblichen Einfluss auf das Familienleben und im Bereich
der Schule, wo täglich das Niveau der Konflikte zunimmt. Dies bringt Menchén
dazu, sich zu fragen, aus welchen Gründen die Kommunikation diese
Dimensionen und Ebenen erreicht hat, in denen man beobachten kann, dass es
gut funktioniert, während das Zusammenleben im Familienbereich, in größeren
Gruppen und der Schule zunehmend einen persönlichen und moralischen
Verfall erfährt. Die Antwort, die Menchén findet, liegt darin, dass das
Zusammenleben der Menschen nicht einfach zu erreichen ist, während die
Kommunikation untereinander scheinbar schnell, ohne Zensur und ohne
Kontrolle funktioniert. Barolomé Menchén ist auf Kinderanthropologie und auf
das Lernen in den ersten sechs Lebensjahren spezialisiert, was er in einigen
Veröffentlichungen darlegt3/56.
56
[3/2-6] Siehe dazu Bartolomé Menchén, „Derechos del niño y derechos de la infancia.
Aproximación desde la Antropología infantil y teología bíblica“, in Metafísica y persona, OnlineZeitschrift, Nr. 6 (Juli 2011), S. 57-76 und in Zusammenarbeit mit Tomás Melendo, Quienes son
nuestros hijos y qué esperan de ellos. Curso de Antropología infantil: Para educar con hondura,
EIUNSA, Madrid, 2013, 280 Seiten. Der anthropologische und philosophische Ansatz des
Kindes und das pädagogische und psychologische Verständnis des Kindes sind sehr
interessant; wir sind aber der Meinung, dass der juristische Aspekt (rechtsphilosophisch,
rechtsgeschichtlich, privatrechtlich, soziologisch und strafrechtlich, also die juristischen
Disziplinen und Überlegungen von Juristen gemacht) sehr vernachlässigt wird. Das Thema der
Kinderrechte ist äußerst attraktiv, aber im Gegensatz zu den Frauen- oder Sklavenrechten
wurde es historisch gesehen nie mit der notwendigen Tiefe behandelt. Während der
Französchen Revolution veröffentlichte Georges Victor Vasselin (1767-1801) sein Buch mit dem
Titel Déclaration des droits des enfants et des devoirs des parents, ou Préface nécessarire de
tout nouveau systeme d’éducation, Imp. Desenne libraire au Palais Royale, Paris, c. 1794.
Isabelle Corpart und Madeleine Lobe-Fouda, beide Professorinnen der Rechtsfakultät der
Universität Hoher Elsass, haben „L’histoire du droit des enfants. Une construction récente
perceptible“, in Histoire du droit et de la justice en France, Issy-les-Moulineaux, 2007, S. 373425, geschrieben, in dem sie die Rechte und Pflichten der Kinder im römischen Recht, dem
Recht des Alten Regimes, in der Französischen Revolution, im Zivilgesetzbuch von 1804 und in
den nachfolgenden Gesetzen zum Schutz der Kinderarbeit, der Rechtsfähigkeit von Kindern
und der persönlichen Rechten der Kinder herausstellen. S. auch die im XXI. Jahrhundert im
frankofonen und angelsächsischen Bereich veröffentlichte Bibliografie, die sich zum großen Teil
auf das Positive Recht und nicht auf die Geschichte der Kinderrechte bezieht: Geoffrey
Shannon, Children and the law: extracted from divisions of the losseleaf work family law
practitioner, Round Hall Sweet & Maxwell, Dublin, 2001; Leslie J. Harris, Children, parents, and
the law. Public and private authority in the home, schools, and juvenile courts, Aspen Law &
Business, New York, 2002; Bette L. Bottoms, Margaret Bull Kovera, Bradley D. McAuliff,
Children, social science, and the law, Cambridge University Press, Cambridge und New York,
2002; Sylvie Baussier, Les enfants: leurs droits, leurs devoirs, Éditions Milan, Toulouse, 2003;
John Mitchell, Children Act private law proceedings. A handbook, Family Law, Bristol, 2003;
49
Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein
Die Schwestern Inmaculada und Teresa Sibón Macarro haben Überlegungen
zur Beachtung der Vielfältigkeit in der Bildung gemacht. Durch ein VideoSystem können wir „wiederentdecken, dass kommunikative und sozial-affektive
Fähigkeiten eine suggestive Persönlichkeit erreichen, weil sie einige
Lernergebnisse als eine Art Überwindungslektion aufzeigen“ (S. 37). Die
Familie ist ein wichtiges Instrument, um die Ausbildung von Schülern mit
Behinderungen oder sonderpädagogischem Bedarf zu fördern.
Anne Lanchon, Les droits des enfants, Flammarion, Paris, 2004 (ein Buch, das sich
hauptsächlich auf die Erklärung der Internationalen Kinderrechtskonvention vom 20. November
1989 bezieht); Adam Hibbert, Les droits des enfants: les faits derrière les gros tigres, Gamma,
Bonneuil-les-Eaux, 2004; Marie-Sophie Boulanger, Les droits des enfants racontés aux enfants,
Libra jeneusse, Le Mans, 2005; Bragi Gudbrandsson, Droits des enfants placés en situation de
risque, éditions Conseil d’Europe, Strasbourg, 2006; Conférence Internationale du Travail,
Intensifier la lutte contre le travail des enfants. Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration
de l’OIT relative aux principes fondamentaux au travail, OIT, Genève, 2010; Joan Catherine
Bohl, Children and the law: the competing rights, privileges, and interests of children, parents,
and the state: a reader, Vandeplas, Lake Mary, 2010; Raja Abdesselem, Les relations parentsenfants dans le droit tunisien, algérien et marocain, Université de Paris Panthéon-Sorbonne,
Doktorarbeit, Souhayma Ben Achour (Berichterstatterin), 2011; D. de Ruiter, Hrsg., The rights of
children in international criminal law, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2011; Samuel M. Davis,
Children’s rights under the law, Oxford University Press, Oxford, 2011; Jeffery Wilson, The law’s
treatment of youth and children, LexisNexis, Markham, 2011; Stephen Gilmore und Andrew
Bainham, Children: the modern law, Jordans, Bristol, 2012; Dieter Berstecher und Thierry
Delahaye, Touts les enfants ont les mêmes droits, Flammarion, Paris, 2012; Alexis Ferrier, Mon
livre des droits des enfants, Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,
Montigny, 2012. Es ist interessant zu sehen, was er sagt, der internationalen Charta-Arbeit der
Ausschuss Frauen Französisch des Arbeitsmarktes (1919), in denen lesen Sie über den Schutz
von Kindern und Jugendlichen: „An efficient protection of childhood and youth shall be ensured
in order to make the generations to come finer physically, morally and intellectually. ... From
fifteen to eigteen years of age attendance at continuation schools shall be compulsory. College
education shall be open to all boys and girls“ (Comité Féminin Français du Travail, Charte
internationale du travail, Sécrétariat du C. F. F. T., Paris, 1919, S. 20).
50
Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe
Das sogenannte „Projekt Mulhacén 1:1“ war der Titel des Kurzreferats von
Alejandro Serrano Fernández und Miguel Asensio Castaño. Dabei handelt es
sich um ein bahnbrechendes pädagogisches Projekt in Spanien und in
Andalusien, das im Gymnasium Mulhacén in Granada, dem Flaggschiff und der
am meisten anerkannten Attendis-Schulen, angewendet wird. Auf der einen
Seite existiert im Mulhacén ein bemerkenswertes pädagogisches Anliegen
bezüglich der Beurteilung der Bedürfnisse der einzelnen Schüler und des
Versuchs, die Leistung jedes einzelnen Schülers zu maximieren. Auf der
anderen Seite hat es der Lehrkörper des Mulhacén geschafft, die außer
Kontrolle geratene Technologie zu bremsen, was in anderen Schulen nicht
erreicht wird; die Schüler des Mulhacén in Granada haben eine hervorragende
Handhabung von Informationstechnologie erreicht ohne die ein Vergleich mit
anderen Schulen, Hochschulen und Instituten einschließlich der eigenen
Bildungseinrichtungen der Firma Attendis möglich wäre.
Sehr eng verbunden mit den Gymnasien Mulhacén und Monaita von
Granada war ausgerechnet der ehemalige Lehrstuhlinhaber für Philosophie an
der Universität von Granada Armando Segura, der nicht die Möglichkeit gehabt
hat, an diesem Kongress teilzunehmen; er hat aber den Vorstoß einer Idee
gemacht, die es verdient in der Lehre der Mathematik und der Religion als
Orientierung zu dienen, wonach es einen Weg gibt, um die Existenz Gottes aus
den Mathematikwissenschaften zu beweisen4/57; dies führt soweit, dass Russell
und Boole einen neuen Ansatzpunkt der Mathematik mit Plato verbunden
57
[4/2-6] Das notiert Armando Segura, Homo multidimensional, Comares, Granada, 2012.
51
Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein
etablieren. So führt uns laut Armando Segura die Unfehlbarkeit und Zeitlosigkeit
der mathematischen ideellen Objekte zur Gottheit und dem Begriff der Ewigkeit,
weil anerkannt wird, dass die Zahl π ewig ist. Auf der anderen Seite werden
nicht nur einige Zahlen, sondern auch einige Gleichungen nicht mit den Sinnen
wahrgenommen; sie sind unabhängig von der Natur und wenn wir betrachten,
dass alle Realität, die nicht von Gott selbst geschaffen wurde, Gott sein muss.
Folglich gibt es keine mathematischen Zahlen, die nicht erstellt werden können,
und deshalb Gott sind.
Laut Armando Segura hat Gott, mit anderen Worten ausgedrückt, die Welt
nach mathematischen Gesetzen erschaffen. Die mathematische Sprache
Gottes ist diejenige, die es ihm erlaubt hat, die Natur zu schaffen. Es scheint
jedoch schwierig, solche Überlegungen den Schülern der Philosophie des
aktuellen Abiturs zu vermitteln. Es ist auch nicht zweckmäßig, den Realschülern
im Fach der Religion diese Schlussfolgerungen, zu denen Armando Segura
kommt, zu lehren, denn sie würden mehr Verwirrung als Klarheit über das, was
Gott ist, und über jegliche Idee der Transzendenz schaffen.
Antonio Fernández Bermúdez, Abteilungsleiter des europäischen
Bildungsprogramms des Erziehungsministeriums der andalusischen Regierung,
sprach zum Thema „Die Europäische Union und junge Menschen: Mobilität,
Austausch und europäische Projekte.“
Die europäischen Studenten sind Bürger Europas. Wie auch unter anderen
historischen Umständen seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft der
Kohle und des Stahls wurde der Schwerpunkt nicht so sehr auf die Bildung und
Bildungspolitik, sondern viel mehr auf den Handel und die Industrie gesetzt; in
der Europäischen Akte von 1987 wurde festgehalten, dass die es notwendig ist,
der Bildung eine europäische Dimension zu geben. Seitdem sind viele
europäische Ausbildungsprogramme entstanden.
Fernández Bermúdez erklärte das Programm Erasmus for all, das für den
Zeitraum 2014 bis 2020 vorgesehen ist, und das die Bildung, die berufliche
Ausbildung, Jugend und Sport integriert. Die Einführung des Programms
Erasmus for all wird zu einer transnationalen Mobilität der Bildung,
bildungspolitischen Reformen und einer Zusammenarbeit für Innovationen im
Bildungsbereich und auf der anderen Seite zum Ideenaustausch und Lösungen
beitragen. Die Realschulen und Gymnasien müssen sich ab diesem Jahr
bemühen, ein Programm der europäischen Internationalisierung zu starten.
José Manuel Rodríguez Delgado, Professor am Gymnasium Romeral in
Málaga, erklärte dem Publikum eine Initiative mit dem Namen Comeniusprojekt,
52
Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe
das darin besteht, die europäische Dimension seiner Schule mit zwei anderen
Gymnasien in Amsterdam und Oporto zu reformieren. Die Koordination wird
von Málaga aus gemacht. Diese sogenannten Comenius-Schulpartnerschaften
erhalten europäische Finanzierung. Die Partnerschaft zwischen den drei
Zentren bezieht sich mehr auf die Schüler als auf die Lehrer und konzentriert
sich vor allem auf Physik, Chemie, Mathematik und Umweltwissenschaften.
„Euroscola: eine motivierende Erfahrung im Klassenzimmer“ war der Vortrag
von Palom Expósito Reyes, Lehrerin am Gymnasium Monaita von Granada. Die
zentrale Idee ihrer Rede war, dass die Bildung nicht so sehr auf Wissen,
sondern eher auf Tugenden und Werte gerichtet sein sollte, worin Monaita eine
lange Erfahrung hat. Es muss sich für ein Europa der Bürger entschieden
werden und nicht für ein Europa der Geschäftsleute und finanziellen
Plutokraten. Für die Schüler des Monaita wird ein interaktiver Wettbewerb im
Internet gestartet werden, in dem sie ihre Kenntnisse über die Geschichte, die
Institutionen und die europäische Kultur vertiefen können. Der Wettbewerb wird
die Anstrengungen der Schülerinnen und die Wichtigkeit einer gut gemachten
Arbeit fördern.
Das europäische Projekt CLOHE besteht darin, mechanisches Spielzeug,
authentische Automaten, einzusetzen, um das Lernen der Schüler der
Grundschule mittels der Kombination von Spiel und Technologie zu verbessern.
Dieses Projekt CLOHE wurde von Covadonga Basagoiti, Lehrer am
Gymnasium Puertoblanco mit Sitz in Algeciras kommentiert. Michael Milanovic,
Beisitzer des ESOL in Cambridge und Spezialist für Bewertungsüberprüfung
der englischen Sprachkenntnisse, präsentierte seinen englischen Beitrag „The
Importance of International Frameworks and Certification in the World Today“,
in dem er den sogenannten europäischen Bezugsrahmen zur Bestimmung der
53
Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein
Sprachkenntnisse mittels einer Methode, die hauptsächlich in Englisch
angewandt wird, erklärte.
Shahrookh Khambatta Damania, Lehrer am Gymnasium Altocastillo in Jaén,
erklärte die Wichtigkeit des iPAD als Instrument oder technologisches
Werkzeug zur Vorbereitung von Prüfungen für Englisch an der Universität
Cambridge. Die Verbindung und Empathie zwischen Lehrer und Schüler wird
durch das iPAD im sogenannten Mobile Learning verbessert.
Die Lehrerin Ana E. Varona Cabrera des Gymnasiums Puertapalma in
Badajoz erklärte die als Era ING bekannte Unterrichtsmethode. Sie
berücksichtigt den Sender (Lehrer), die Botschaft oder das Material, was
vermittelt werden soll, und den Empfänger (Schüler); dies alles steht in einem
Zusammenhang, nämlich dem Klassenzimmer. Bezüglich der Botschaft muss
der Nachdruck in die Worte, den Tonfall und die Körpersprache gelegt werden.
Varona Cabrera kommt zu dem folgenden Schluss: „Die gesamte
Kommunikation ist eine Beziehung, die Auswirkungen auf den Empfänger
haben muss. Dies erfordert von unserer Seite, Treue und Authentizität in dem,
was wir vermitteln, denn wir sind uns einigt, dass unsere Körpersprache und
unsere Haltung von Bedeutung sind. Als Sender legen wir den Grundstein für
den Erfolg in der Reaktion des anderen, die von der Balance zwischen unserer
Person und unserer Rolle, nämlich dem Bildungsauftrag, abhängig ist“ (S. 76).
Die Professorin für Hispanistik an der Universität Lund (Schweden) Inger
Enkvist schloss den Kongress in perfektem Spanisch über die Faktoren der
pädagogischen Qualität in östlichen und westlichen Ländern.
Nach Enkvist beweisen verschiedene internationale Studien aus asiatischen
Ländern wie Japan, Südkorea, Singapur, Hongkong im Vergleich zu den
Vereinigten Staaten eine Überlegenheit des Ostens. Die Rednerin stellte drei
Studien, eine aus dem Jahr 1992 und zwei aus dem Jahr 1999, vor, die die
hohe Qualität des Unterrichts in Japan im Gegensatz zu den Vereinigten
54
Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe
Staaten demonstrieren. In den Grundschulen stellte sich heraus, dass die
Lehrer für Mathematik in China viel besser vorbereitet sind und ihren Unterricht
besser halten als die in den Vereinigten Staaten, weil sie ein höheres Wissen
über das Thema haben als die Amerikaner; dies ist teilweise dadurch bedingt,
dass bei der Auswahl eines Professors für Mathematik in China eine sehr hohe
Konkurrenz bei der Anzahl der Teilnehmer pro Arbeitsplatz im Vergleich zum
amerikanischen Riesen vorliegt.
Das Niveau der Grundschulbildung und die Ergebnisse in Finnland sind in
fast allen Fächern höher als in Portugal, Spanien, Griechenland, Zypern und
Italien.
Inger Enkvist kritisierte auch die sogenannte europäische „progressive
Pädagogik“. Auf der anderen Seite ist es aber bekannt, dass die schwedische
Professorin eine weltbekannte Verteidigerin der nach Geschlechtern getrennten
Erziehung ist. Die single-sex-schools oder die von ihren Verteidigern und
Befürwortern für getrennte Erziehung in Spanien sogenannte differenzierte
Bildung wird in einigen Ländern immer relevanter.
Zu den ernsthaftesten und bedeutendsten Ideologen dieser Richtung zählen
Katarzina Szymała in Warschau, Jaume Camps i Bansell5/58 in Barcelona und
Horst Henner in Berlin. Diese sind nur einige von denen, die diese Richtung mit
58
[5/2-6] Jaume Camps i Bansell und Enric Vidal, Familia, educación y género, Barcelona,
2007; Jaume Camps, „Christina Hoff Sommers. La guerra contra los chicos. Cómo un
feminismo mal entendido está dañando a los chicos jóvenes“, in Revista internacional de
Sociología, LXV, Heft 47 (2007), S. 233-236; „Ideologías de género y cultura contemporánea“,
La familia, paradigma de cambio social, Barcelona, 2008, S. 365-384; La socialització de
gènere a l’escola, UIC-Publicacions, 2011, was seine Doktorarbeit in Pädagogik ist; „La
educación diferenciada por sexos y la cultura escolar“, E. Vierheller, Nuevo paradigma escolar,
Rosario, 2012, S. 17-32; „Single-Sex Education in the XXI Century“, Single-sex education: an
option in the forefront of education, Lisboa, 2013, S. 19-42.
55
Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein
theoretischer Strenge verteidigen. María Calvo Charro aber, die eine Vielzahl
von Vorträgen und Klassen über geschlechtergetrennte Erziehung hält,
hinterlässt den Eindruck, dass sie wie ein Star ihre Shows der Iberischen
Halbinsel abgibt; viele Theoretiker der Pädagogik und Psychologie
(hauptsächlich in der Gruppe um Jaume Camps in Katalonien) weichen aber
ihren Vorschläge und ihrer Inszenierung ab6/59.
Inger Enkvist hat offensichtlich Enkvist Inger hat einen solideren Ansatz,
zumindest in dem, was in Spanisch veröffentlicht wurde7/60, das das in
Schwedisch Erschienene für Normalsterbliche unzugänglicher ist.
Neben dem Dauerthema der geschlechtergetrennten Erziehung stand ein
weiteres Problem bei dem von Attendis organisierten Kongress zur Debatte,
und zwar die Frage der Lehrfreiheit. Es ist, wie jeder weiß, ein
missverständliches Thema, das zu unterschiedlichen und unvereinbaren
Interpretationen führt. Die Franzosen haben die Lehrfreiheit ganz elegant
theoretisiert. Der Staatsjurist der Dritten Französisch Republik Adhémar Esmein
erklärt in Bezug auf die Lehrfreiheit, dass das, was in der Erziehung in der
Grundschule und Sekundarstufe gefordert wurde, von religiösem Interesse war,
damit „die Kinder keine Unterrichtung entgegen der Religion ihrer Eltern
erhielten und dass sie in dieser Religion unterwiesen werden“8/61.
Für Esmein ist dies ein von Menschen sehr geschätztes Recht, das aber
gefährlich werden kann, wenn es von der politischen Partei, die an der Macht
ist, manipuliert wird. Auf Hochschulebene ist die Lehrfreiheit wegen ihrer
wissenschaftlicheren Inhalte von Bedeutung. Für Adhémar Esmein erlitt die
Geschichte der akademischen Freiheit mit den gleichen Bildungschancen für
alle Bürger einen herben Rückschlag als Folge der Französischen Revolution
mit dem staatlichen Monopol und der Willkür, der die Ausbildung unter
Napoleon Bonaparte unterzogen wurde9/62.
Doch in Frankreich im späten XIX. Jahrhundert führte der Minister für den
öffentlichen Unterricht und die Schönen Künste und Leiter des Ministerrates
Jules Ferry (1832-1893) Reformen im Jahr 1882 ein, die eher als Feinde anstatt
Verteidiger der akademischen Freiheit angesehen werden müssen. Denn sie
haben dazu beigetragen, die öffentliche Bildung und moralische Erziehung in
einer Schule zu integrieren, die die Republik repräsentiert, während der Familie
die Zuständigkeit des Religionsunterrichts zugeschrieben wurde10/63. Auf der
59
[6/2-6] María Calvo Charro, El derecho a una educación diferenciada, Córdoba, 2005;
„Libertad y enseñanza. El derecho a una educación diferenciada“, in Nueva Revista, Nr. 97
(2005), S. 49-76; Iguales pero diferentes, Córdoba, 2007; „Apoyo de la jurisprudencia española
a la educación diferenciada como una opción legítima dentro de la libertad de elección de
centro docente de los padres“, in La Ley, año XXVIII, Nr. 6711 (11 Mai 2007), S. 1-4 y „La
educación diferenciada. Un modelo de educación personalizada y una opción de libertad“, in
Familia, género y educación, Barcelona, 2007, S. 137-186.
60
[7/2-6] Inger Enkvist, La educación en peligro, Madrid, 2000; Educación, educación,
educación. Aprender de las reformas escolares inglesas, Madrid, 2006; La buena y la mala
educación. Ejemplos internacionales, Madrid, 2011 y Las contradicciones entre los estudios de
género, la nueva pedagogía y la calidad de la educación, San José, 2011.
61
[8/2-6] Adhémar [Jean Paul Hyppolite Emmanuel] Esmein, Éléments de droit constitutionnel
français et comparé, 7. Ausgabe, Paris, 1921, Vol. II, S. 590.
62
[9/2-6] Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Vol. II, S.
591-592.
63
[10/2-6] Sein Rundschreiben an die Lehrer in Frankreich vom 17. November 1883 ist sehr
berühmt. Er beschreibt, wie das genannte Gesetz von 1882 angewendet werden soll, indem er
präzisiert, dass „die religiöse Unterweisung den Familien und der Kirche unterliegt, die
56
Europa en las aulas. Cultural ad Humanist Heritage of Europe
anderen Seite bestätigt Adhémar Esmein in Bezug auf Kinder von 6 bis 13
Jahren, dass sie „nicht nur eine Sache der Eltern oder Familie gehört sind, so
respektabel auch die elterliche Autorität sein mag. Es ist die Freiheit des
Kindes, seine ureigenste Freiheit, die das Gesetz über die Schulpflicht
garantiert“11/64.
Allerdings überrascht Esmein wieder, wenn er sagt, dass die Freiheit des
Gewissens, wenn wir sie in einem strengen Sinn betrachten, ein negatives
Recht ist. In diesem Zusammenhang stellt er klar, dass der europäische
Protestantismus, „der von einem Geist der wahren religiösen Freiheit inspiriert
gewesen zu sein schien, als er triumphierte und in der Lage war, die
öffentlichen Behörden zu kontrollieren oder zu inspirieren, äußerst intolerant
und unfair dem Katholizismus gegenüber war“12/65.
Als Folge des Gesetzes der Trennung von Kirche und Staat vom 9.
Dezember 1905 war die Behauptung, dass die Republik die Gewissensfreiheit
garantiert, am Ende und hat sich folgenderweise gewandelt: „Der rein weltliche
Charakter, der durch unsere Gesetze in den öffentlichen Grundschulen
eingeführt wird, ist gleichermaßen eine einfache Anwendung der
Gewissensfreiheit. Diese Neutralität der öffentlichen Schulen ist es, die
versucht, die religiösen Überzeugungen aller Eltern zu respektieren“13/66. In der
Praxis war das erreichte Ziel im Laufe der Zeit sehr unterschiedlich.
Das Prinzip sollte klar sein: Eltern sollten das Recht haben, dass ihnen die
Art von moralischer und religiöser Erziehung, die sie für ihre Söhne und Töchter
möchten, anerkannt wird und dass die Behörden dieses Recht schützen; es
darf keine Instrumentalisierung mit Ideologien stattfinden, die die Eltern nicht
teilen.
Insbesondere in Spanien wurden die grundlegenden Freiheiten missbraucht,
weil die Studierenden der verschiedenen Bildungsebenen, einschließlich der
Universität, während der Francodiktatur die Bildung des Nationalgeistes
studieren und den Inhalt und die Prinzipien der sogenannten fundamentalen
Gesetze kennen mussten. Das gleiche kann zu dem unsinnigen Fach
„Erziehung für die Staatsbürgerschaft“, das in der Sekundarstufe und dem
spanischen Abitur von der Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero
eingeführt wurde, gesagt werden. Der Staat muss die Zuständigkeit für
Unterricht haben, aber nicht für eine ideologische Bildung, egal welcher Art sie
ist.
moralische Einführung der Schule. Der Gesetzgeber will nicht, dass eine negative Aufgabe
durchgeführt wird. Zweifelsohne ist der erste Sinn, die Schule von der Kirche zu trennen, die
Gewissensfreiheit der Lehrer und der Schüler zu schützen, letztendlich zwischen zwei
Angelegenheiten, die lange Zeit verwechselt wurden, zu unterscheiden: Die Überzeugungen
sind persönlich, frei und veränderbar, und die Kenntnisse, die einheitlich und untrennbar für alle
sind“ (Jules Ferry, en Lettre aux instituteurs, 17 November 1883). Der französische Text ist in
Dutzenden Stellen veröffentlicht.
64
[11/2-6] Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Vol. II, S.
601.
65
[12/2-6] Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Vol. II, S.
601.
66
[13/2-6] Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Vol. II, S.
602.
57
Manuel J. Peláez y Gudrun Stenglein
[El presente trabajo ha sido realizado (parcialmente) en el seno del proyecto
I+D+i “Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores”
(nº de referencia FFI2012-38881), Responsable: Gloria Corpas Pastor].
[Recibido el 11 de mayo de 2013 y aprobado el 27 de mayo de 2013].
58
GENÈSE DES LOIS DE LA FAMILLE EN FRANCE 1954-2013.
[TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS AL CASTELLANO DE LA LEY BELGA DEL
MATRIMONIO HOMOSEXUAL Y DE LA CARTA ABIERTA DIRIGIDA A LOS
SENADORES Y SENADORAS DE LA REPÚBLICA FRANCESA POR 170
CATEDRÁTICOS Y PROFESORES TITULARES DE DERECHO DE LAS
UNIVERSIDADES FRANCESAS]
Jean-Louis CLÉMENT*
[Manuel J. PELÁEZ]**
[Elisabeth PÉREZ BAUTISTA]***
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista (2013):
"« Genèse des lois de la famille en France 1954-2013 ». [Traduccion del
francés al castellano de la Ley belga del matrimonio homosexual y de la Carta
abierta dirigida a los senadores y senadoras de la República francesa por 170
catedráticos y profesores titulares de Derecho de las universidades francesas]",
en Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política
Social, nº 6 (mayo 2013). Puede verse en línea el contenido de este artículo en:
http://www.eumed.net/rev/historia/06/famille-france.html.
RESUMEN: Se recoge en este artículo el texto de un trabajo elaborado por JeanLouis Clément sobre la génesis de las leyes del matrimonio en Francia desde
1958 a 2013. La Ley nº 2013-404, de 17 de mayo de 2013, referente al
matrimonio entre parejas de personas del mismo sexo ha sido aprobada en
Francia con una repercusión mediática notable. Elisabeth Pérez Bautista ha
traducido la Ley belga de 13 de febrero de 2003 sobre el matrimonio entre
parejas del mismo sexo. Se incluye también en la presente publicación la carta
abierta dirigida a los Senadores y Senadoras de la República francesa firmada
por 170 catedráticos y profesores titulares de Derecho de las Universidades
francesas, y cuya redacción y coordinación ha sido llevada a cabo por
Guillaume Drago, catedrático de Derecho público de la Universidad de París 2
Panteón-Assas, y por Aude Mirkovic, profesora titular de Derecho privado de la
Universidad de Evry Val d’Essonne. En un próximo número de esta misma
publicación periódica incluiremos la traducción al completo al castellano de la
Ley francesa del matrimonio homosexual.
PALABRAS CLAVE: Guillaume Drago, Aude Mirkovic, François Hollande, JeanLouis Clément, Manuel J. Peláez, Elisabeth Pérez Bautista, Pierre Simon,
Édouard Schuré, Rudolf Steiner, Georges Duhamel, Jacques Monod, Paul
Chauchard, Charles Hernu, Jacques Derogy, André Gide, Familia, Matrimonio,
Matrimonio homosexual, Matrimonio republicano.
RESUM: Es recull en aquest article el text d'un treball elaborat per Jean-Louis
Clément sobre la gènesi de les lleis del matrimoni a França des de 1958 a
2013. La Llei nº 2013-404, de 17 de maig de 2013, referent al matrimoni entre
parelles de persones del mateix sexe ha estat aprovada a França amb una
repercussió mediàtica notable. Elisabeth Pérez Bautista ha traduït la Llei belga
de 13 de febrer de 2003 sobre el matrimoni entre parelles del mateix sexe.
S'inclou també en la present publicació la carta oberta dirigida als senadors i
59
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista
senadores de la República francesa signada per 170 catedràtics i professors
titulars de Dret de les Universitats franceses; la redacció i coordinació de la
carta oberta ha estat duta a terme per Guillaume Drago, catedràtic de Dret
públic de la Universitat de París 2 Panteó-Assas i per Aude Mirkovic,
professora titular de Dret privat de la Universitat de Evry Val d’Essonne. En el
número 7 o 8 d'aquesta mateixa publicació periòdica inclourem la traducció al
complet de la Llei francesa del matrimoni homosexual.
PARAULES CLAU: Guillaume Drago, Aude Mirkovic, François Hollande, JeanLouis Clément, Manuel J. Peláez, Elisabeth Pérez Bautista, Pierre Simon,
Édouard Schuré, Rudolf Steiner, Georges Duhamel, Jacques Monod, Paul
Chauchard, Charles Hernu, Jacques Derogy, André Gide, Família, Matrimoni,
Matrimoni gay, Matrimoni republicà.
1. Introduction
Le docteur Pierre Simon (1925-2008) devint connu du grand public français
le jour où il fit distribuer, au printemps 1973, à la sortie des lycées le tract
intitulé : « Apprenons à faire l’amour, apprenons à faire la fête ». Ce document
substitue à la carte des tendres sentiments un descriptif précis de la physiologie
de l’amour. Sa lecture par la jeunesse de ce temps-là participa grandement à la
révolution sexuelle. L’acte provocateur de ce médecin obéissait à une logique
qu’il a eu l’obligeance d’expliquer dans un livre paru en 19791/67.
Le but ultime de son projet est le contrôle, par une sexualité libérée de la
procréation, de la violence sociale au moment de la « modernisation » de la
société réorganisée en vue de la production et de la consommation sans
respect pour le travail et sa valeur humaine. Le jugement qu’il porte sur
l’évolution de la notion de famille est éclairant : « La famille traditionnelle
s’effrite ; la voici réduite à l’unité biologique : la cellule conjugale, alors que la
famille élargie d’autrefois était une véritable unité de production. On y accueillait
l’enfant comme on faisait l’emplette d’un outil […] »2/68. En effet, l’exigence de la
reproduction humaine, écrit-il, n’est plus au XXème siècle la même qu’au Moyenâge où la survie de l’espèce humaine, en raison de la faim, des épidémies et de
la guerre, était aléatoire3/69.
Pour tenter de comprendre les jugements du docteur Simon, il faut dégager
les principes de sa philosophie politique et sociale. Ceux-ci ont été mis en
œuvre en deux temps : la légalisation de l’avortement (1955-1975) puis la
légitimation de l’homosexualité (1973-2013).
2. Les sources de la philosophie du docteur Simon
Messin né dans une famille de confession juive dans laquelle le père était
athée et la mère très religieuse, il découvrit le mouvement de pensée
* Institut d’Études Politiques. Université de Strasbourg.
** Catedrático de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Málaga.
*** Licenciada en Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga.
67
[1/3-6] Pierre Simon, De la vie avant toute chose, Paris, Mazarine, 1979, 258 p.
68
[2/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 95.
69
[3/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 94.
60
Genèse des lois de la famille en France 1954-2013
gnostique4/70 vulgarisée par Édouard Schuré (1841-1929), un membre éminent
de la bourgeoisie luthérienne de Strasbourg ayant fait carrière dans les salons
républicains de Paris. Il fut un disciple du théosophe Rudolf Steiner et, dans Les
Grands Initiés paru en 1916, il présenta Moïse comme le premier de ceux qui
ont dévoilé le sens secret des choses. Cet engouement atteste que Pierre
Simon adhère au principe du monde incréé se suffisant en lui-même et par luimême.
Sur ce fondement métaphysique, ce médecin greffe les théories du docteur
Alexis Carrel (1873-1944). Disciple français de l’école de médecine eugéniste
de Chicago, ce chirurgien lyonnais, qui mit au point une méthode nouvelle de
suture des artères et des veines –motif de son prix Nobel de médecine en
1912–, a une conception de la personne étrangère à celle du christianisme pour
lequel celle-ci naît de la prise de conscience de la création divine.
Il écrit au président de l’Académie Pontificale des Sciences en 1936 ces
mots significatifs : « Mais la science pour la vie n’est pas autre chose que la
science de l’homme en tant qu’ensemble organique et spirituel lié au milieu
cosmique et social »5/71. Dans son livre L’Homme cet inconnu dont la première
édition est de 1935, Alexis Carrel explique : « Si elle reconnaissait la
personnalité des êtres humains, la société serait obligée d’accepter leur
inégalité. Chaque individu doit être utilisé d’après ses caractères propres. En
essayant d’établir l’égalité entre les hommes, nous avons supprimé des
particularités individuelles qui étaient très utiles. Car le bonheur de chacun
dépend de son adaptation exacte à son genre de travail ». Les individus inutiles
à la société tels les déficients mentaux et les criminels, en raison du coût
d’entretien des prisons et des asiles d’aliénés, il envisage sereinement de les
euthanasier par “gaz approprié”6/72.
3. Les grandes arêtes de la philosophie de Pierre Simon
Formé à cette école renouvelée du positivisme7/73, Pierre Simon considère
que l’objet du politique est le social et non la personne créée à l’image de Dieu.
Voilà pourquoi il peut écrire : « Ce n’est pas la mère seule, c’est la collectivité
tout entière qui porte l’enfant dans son sein. C’est elle qui décide s’il doit être
engendré, s’il doit vivre ou mourir, quel est son rôle et son devenir »8/74. De ce
point de vue, il est fidèle à l’enseignement maçonnique qui dit que « l’homme
n’est jamais seul, il porte en lui tous les autres »9/75. Le malthusianisme qui
conduit à adapter la taille de la population à la quantité de biens qu’offre le
Banquet de la Nature guide Pierre Simon qui admet ceci: « Nous savons que
les bouleversements sociaux engendrés par la révolution industrielle dans les
70
[4/3-6] La gnose est la connaissance par initiation du sens de L’Histoire. Celui-ci se révèle
par les « signes du temps » c’est-à-dire les événements dont la succession est guidée par une
logique perceptible par les seuls initiés.
71
[5/3-6] Alain Drouard, Alexis Carrel (1873-1944) De la mémoire à l’histoire, Paris,
L’Harmattan, 1995, p. 28.
72
r
[6/3-6] D Alexis Carrel, L’Homme cet inconnu, Paris, Plon, 1936, p. 386 à 388.
73
[7/3-6] Auguste Comte, fondateur de la philosophie positiviste, exclut les notions de cause et
de finalité dans l’élaboration de la méthode scientifique pour le motif que ces notions sont
métaphysiques. Elles renvoient à l’idée de création qui est posé par principe comme non
scientifique.
74
[8/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 15.
75
[9/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 17.
61
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista
pays développés et que l’extraordinaire explosion démographique des pays en
voie de développement posent des limites matérielles à l’accroissement de la
population »10/76.
Pierre Simon a conscience que sa philosophie de la vie est aux antipodes
des conceptions traditionnelles héritées des philosophies antiques et de la
tradition judéo chrétienne. D’emblée il avance que : « si la première grande
victoire de la médecine fut de faire reculer la mort, la seconde sera de changer
la nature même de la vie » ; en conséquence, il récuse toute définition
métaphysique de la Vie par l’argument suivant : c’est la connaissance
biologique de l’homme et le pouvoir que la science biologique peut exercer sur
lui qui crée la nature humaine11/77.
La tentation de faire un usage social de la biologie est ancienne. L’écrivain
Georges Duhamel (1884-1966), médecin biologiste et républicain de
philosophie spiritualiste qui estimait appartenir aux cercles politiques de
gauche, notait déjà, vers 1947 ou 1948, ce projet faustien :
« Aujourd’hui, au moment où j’écris ces pages, les biologistes, à leur tour,
sont troublés, anxieux et non pas seulement parce qu’ils ont compris que la
raison, cet instrument merveilleux, n’expliquera pas tout dans le domaine de la
vie […] mais parce que le rationnel, entre leurs mains habiles et déconcertées,
commence de bafouer le raisonnable. Ils parlent, ou laissent parler, de la
parthénogénèse, par exemple, et chez l’homme, rien de moins ! Ils ne
désespèrent pas de déterminer les sexes à volonté, d’inventer et de contraindre
des vertus, de susciter des races élues, souverainement spécialisées, et de
faire jaillir du germe des hordes d’esclaves asexués, ce que la nature a permis
chez les fourmis et les termites »12/78.
À partir des années 1970, la notion de Vie, qui présuppose un principe
créateur, cède le pas à la notion de Vivant qui, excluant les notions de cause et
de finalité, intéresse seule une science soucieuse de comprendre les modes de
fonctionnement. Ce choix philosophique a été fait par les biologistes François
Jacob (1920-2013) et Jacques Monod (1910-1976) qui furent prix Nobel en
1965. Le dernier enseigne, dans Le Hasard et la Nécessité (1970) qui fut un
succès de librairie, l’auto construction du Vivant dont le développement ne suit
aucun plan préétabli par un quelconque Grand Architecte de l’Univers. Jacques
Monod en conclut la nécessité de modifier la morale :
« Les sociétés modernes ont accepté les richesses et les pouvoirs que la
science leur découvrait. Mais elles n’ont pas accepté, à peine ont-elles entendu,
le plus profond message de la science : la définition d’une nouvelle et unique
source de vérité, l’exigence d’une révision totale des fondements de l’éthique,
d’une rupture radicale avec la tradition animiste, l’abandon définitif de
l’ « ancienne alliance » […] »13/79
Simon fit sienne la thèse de Monod : « Le miracle d’une création dans
laquelle des formes idéales –préconçues– s’incarneraient dans une matière,
n’existe pas […] »14/80. Pour cette raison, il s’opposa au docteur Paul
Chauchard (1912-2003), accusé de confondre déontologie médicale et
76
[10/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 94.
[11/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 13 et 17
78
[12/3-6] Georges Duhamel, Lumières sur ma vie, tome V, Les Espoirs et les Épreuves, Paris,
Mercure de France, 1953, p. 9.
79
[13/3-6] Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, Paris, Seuil, 1970, p. 214.
80
[14/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 154.
77
62
Genèse des lois de la famille en France 1954-2013
théologie pour le motif que ce catholique militait dès 1970 contre la légalisation
projetée de l’avortement. En contrepartie, il porta au pinacle l’abbé Marc
Oraison (1914-1979), prêtre du diocèse de Bordeaux mais aussi psychiatre, qui
avait soutenu des idées libérales en matière de sexualité, contre
l’enseignement d’Humanae vitae de Paul VI (1968)15/81.
4. Du spéculatif à l’opératif : la légalisation de l’avortement (1954-1975)
Le ralliement de l’abbé Oraison au groupe de pression Littré, composée
d’Évelyne Sullerot (n. 1924), Charles Hernu (1923-1990) et d’Emmanuel
d’Astier de la Vigerie (1900-1969), qui militait, par delà les divisions
politiciennes16/82, pour une politique libérale de la sexualité, permit le vote de la
loi du 29 décembre 1967 dite loi Lucien Neuwirth (n. 1924) autorisant la vente
des contraceptifs mécaniques et chimiques afin de prévenir les avortements
clandestins et les stérilités féminines consécutives17/83. La présence de ce
prêtre dans ce groupe de pression minait de l’intérieur le cadre moral
traditionnel socle de la loi du 20 juillet 1920 qui n’autorisait que l’interruption
médicale de grossesse et qui interdisait le recours aux contraceptifs.
La loi Neuwirth n’est que le fruit d’une longue préparation de l’opinion
publique. La loi de 1967 fut adoptée après la création par Évelyne Sullerot et le
docteur Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé (1905-1994) de l’association
« Maternité heureuse » (1954) qui devint le Mouvement Français pour le
Planning Familial (1956). Une campagne médiatique accompagnait cette
fondation comme en témoigne le livre du journaliste de L’Express, Jacques
Derogy (1925-1997) Des enfants malgré nous (1956). En effet, « la méthode
maçonnique est très exactement l’inverse du processus totalitaire. Pour le
totalitarisme, l’État est au commencement […] Pour la maçonnerie, en
revanche, il faut conscientiser les hommes et ainsi, préparer l’avancement de la
société tout entière : tout procède de l’individu et de lui seul »18/84.
« Conscientiser » signifie user des méthodes de la propagande pour modeler
l’opinion de la foule sur les « sujets de société ». La faire réagir par la
sensiblerie est la méthode élémentaire. Au commencement, il faut un
électrochoc psychologique. Le 5 avril 1971, Le Nouvel Observateur publie le
manifeste des 343 salopes reconnaissant s’être fait avorter. La notoriété de leur
nom –l’écrivain Simone de Beauvoir en est le porte drapeau– donne une
grande audience à l’événement qui heurte la majorité silencieuse. L’année
suivante, à l’automne 1972, la mise en scène du procès d’une jeune fille, jugée
à Bobigny pour avortement illégal à la suite d’un viol, permet de faire basculer
l’opinion en faveur de la légalisation de celui-ci. Il s’agit là de la mise en œuvre
de la psychologie des foules de Gustave Le Bon (1841-1931). Il explique dans
Lois psychologiques de l’évolution des peuples (1894) que, pour être adoptée,
une idée nouvelle doit être défendue par un petit nombre d’apôtres déterminés
qui suscitent dans un premier temps l’opposition de la majorité mais qui, à
81
[15/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 59 et 99.
[16/3-6] Les deux premiers sont socialistes et le troisième, gaulliste historique.
83
er
[17/3-6] Discours de Lucien Neuwirth du 1 juillet 1967 cité in Jean Garrigues, Les grands
discours parlementaires de la Cinquième République, Préface de Jean-Louis Debré, Président
de l’Assemblée nationale Paris, Armand Colin, 2006, p. 106 et 107.
84
[18/3-6] Pierre Simon, De la vie… op. cit., p. 110.
82
63
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista
terme, attirent vers elle les jeunes enclins à adopter toute idée rejetée par les
anciens19/85.
Il est nécessaire de constater que, dans les débats parlementaires qui ont
entouré, à partir du 26 novembre 1974, l’examen du projet de loi légalisant
l’avortement, le principe de réalité –l’embryon est un être humain– est écarté.
Dans la séance de la nuit du 25 au 26 novembre 1974, le député du Jura, le
médecin gynécologue René Feït (1920-2003), avait fait entendre les battements
du cœur d’un fœtus enregistrés sur une bande magnétique. À cet argument
sonore plaidant pour la vie dès la conception, Simone Veil (n. 1923) rétorquait
que ce fœtus n’était qu’un être en devenir et non une personne à part entière :
« Plus personne ne conteste maintenant que sur un plan strictement médical,
l’embryon porte en lui définitivement toutes les virtualités de l’être humain qu’il
deviendra. Mais il n’est encore qu’un devenir, qui aura à surmonter bien des
aléas avant de venir à terme un fragile chaînon de la transmission de la
vie »20/86. Peu avant, elle avait justifié la loi au motif que « Lorsque l’écart entre
les infractions commises [les avortements illégaux] et celles qui sont
poursuivies est tel qu’il n’y a plus à proprement de répression, c’est le respect
des citoyens pour la loi, et donc l’autorité de l’État, qui sont mis en cause »21/87.
Il était donc admis que la loi devait justifier le fait social et non protéger la réalité
biologique : la vie de l’embryon.
5. Du spéculatif à l’opératif : la loi du 18 mai 2013 ouvrant le mariage aux
homosexuels (1973-2013)
C’est sur un modèle similaire qu’il faut replacer la longue marche vers la
légalisation du mariage homosexuel. Depuis 1810, l’homosexualité avait cessé
d’être un délit mais les comportements de cette nature étaient réprimés par la
législation réprimant les atteintes aux bonnes mœurs. Il fallait donc, dans un
premier temps, banaliser l’homosexualité. Les mœurs libertaires qui
s’épanouirent après la révolte estudiantine et sociale de mai 1968 facilitèrent
cela dès l’instant où il était admis, sans contredit possible, l’inexistence d’une
nature propre à l’homme. Luc Ferry (n. 1947), intellectuel de la « génération Mai
68 », synthétisait cette idée en 2010 de cette manière : « S’il n’y a pas de
« nature humaine », au sens où une essence prédéterminerait l’existence de
l’être humain, alors, nous tenons le fondement des droits de l’homme, de
l’anticommunautarisme, de la laïcité, de l’antiracisme et de l’antisexisme
[…] »22/88. Il s’ensuit alors que « L’essentiel […] n’est plus de se confronter à
des normes collectives extérieures à soi, proprement « imposantes », mais à
parvenir à l’expression de sa propre personnalité, à l’épanouissement de
soi »23/89.
Au commencement de la banalisation gît la chanson de Charles Aznavour (n.
1924), « Comme ils disent », qui présenta en 1973 ce comportement sous un
jour acceptable par l’usage de la compassion à l’égard du « déviant ». Puis vint
85
[19/3-6] Pascal Ory et René Rémond (dir.), Nouvelle histoire des idées politiques, Paris,
Hachette, 1987, p. 324 et 325.
86
[20/3-6] Cité in Jean Garrigues, Les grands discours… op. cit., p. 171.
87
[21/3-6] Cité in Jean Garrigues, Les grands discours… op. cit., p. 169.
88
[22/3-6] Luc Ferry, La révolution de l’amour. Pour une spiritualité laïque, Paris, Plon, 2010, p.
226.
89
[23/3-6] Luc Ferry, La révolution… op. cit., p. 251.
64
Genèse des lois de la famille en France 1954-2013
l’humour bon enfant avec la pièce de théâtre (1973) puis le film (1978) La cage
aux folles du réalisateur Édouard Molinaro (n. 1928). Parallèlement, la critique
littéraire réhabilitait des écrivains homosexuels comme Oscar Wilde (18541900), André Gide (1869-1951), Marcel Proust (1871-1922) ou Pierre Drieu La
Rochelle (1893-1945) qui était voué aux gémonies depuis la fin de la guerre
pour sa collaboration avec les nazis. Enfin, au début des années 1980, ce
furent les aveux publics d’homosexuels célèbres qui attirèrent à eux la
sympathie des foules en raison de leur « courage » et de leur « sincérité » tels
Pierre Bergé (n. 1930) et Yves Saint-Laurent (1936-2008), les arbitres de
l’élégance.
Une action législatrice accompagnait ce « travail sur le profane »24/90. Des
intellectuels en vogue, Michel Foucault (1926-1984), Louis Althusser (19181990), Jacques Derrida (1930-2009) et Guy Hocquenghem (1946-1988),
signaient, en 1977, une pétition adressée au Parlement pour que l’âge de la
majorité sexuelle soit la même pour les rapports sexuels de toute nature.
Depuis la loi du 5 juillet 1974, elle était fixée à dix-huit ans pour les relations
hétérosexuelles et à vingt-et-un ans pour les relations homosexuelles en vertu
d’une modification du Code civil prise par le gouvernement de l’amiral Darlan et
publiée le 21 avril 1942 au Journal Officiel de l’État français. Cette mesure avait
été confirmée par le Gouvernement Provisoire de la République Française par
une ordonnance du 8 février 1945. La majorité sexuelle fut redéfinie sous le
gouvernement socialiste de Pierre Mauroy qui mit fin au privilège accordé par le
Code civil aux hétérosexuels. La loi du 4 août 1982, dite loi Raymond Forni
(1941-2008) le député socialiste qui en fut le rapporteur, fixe la majorité
sexuelle à quinze ans pour tous les types de comportement sexuel. Enfin, la loi
du 15 novembre 1999 créa, entre le concubinage déclaré en mairie et le
mariage défini par le Code civil, le Pacte civil de solidarité (P.A.C.S.) qui n’est
plus tout à fait le premier cas de figure et qui n’est pas encore le deuxième cas
de figure. La nouveauté réside dans son ouverture aux couples de même sexe
–ce qui équivaut à une reconnaissance légale de l’homosexualité– : « Un pacte
civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune »25/91.
Contester la légitimité des couples homosexuels, en arguant d’un droit
naturel refusé par principe, était rendu impossible par la loi du 30 décembre
2004 portant création de la Haute Autorité contre les discriminations et pour
l’égalité (H.A.L.D.E.) dont le titre III précise : « Renforcement de la lutte contre
les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe »26/92. Par la
suite, la loi organique du 29 mars 2011 portant création du Défenseur des droits
reprend les prérogatives de la H.A.L.D.E. avec l’obligation supplémentaire de
faire respecter une décision de l’O.N.U. de 2008 prise à l’initiative des Pays-Bas
et du gouvernement François Fillon par l’intermédiaire de Rama Yade (n. 1976),
secrétaire d’État chargée des Affaires Étrangères et des Droits de l’Homme.
Cette décision, préparée sous l’influence d’un groupe de pression homosexuel
d’envergure internationale (I.D.A.H.O.27/93) dont le représentant français est
90
[24/3-6] Il s’agit de l’expression maçonnique pour exprimer la propagande sur les esprits des
citoyens.
91
[25/3-6] Journal officiel de la République Française, 16 novembre 1999, p. 1659.
92
[26/3-6] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004.
93
[27/3-6] Sigle de International Day Against Homophobia and Transphobia qui est un groupe
de pression d’envergure mondiale.
65
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista
Louis-Georges Tin (n. 1974), vise à imposer, à l’échelon mondial, la
dépénalisation de l’homosexualité.
Donc, quand le candidat François Hollande fait du droit au mariage et à
l’adoption pour les couples homosexuels la proposition 31 de son programme
électoral au printemps 2012, l’arsenal juridique pour fonder la reconnaissance
de droit au mariage homosexuel est déjà en place. Par ailleurs, l’adoption par
les homosexuels est une réalité ancienne. La loi du 11 juillet 1966 relègue au
second plan l’adoption simple qui n’induit pas une rupture avec la famille
d’origine et promeut l’adoption plénière qui assimile l’enfant adopté à un enfant
légitime par le sang. Cette adoption plénière qui est une pure fiction juridique
était autorisée aux personnes célibataires qui, par nature, ne peuvent pas
engendrer seule28/94.
Certes le Conseil Constitutionnel, le 28 janvier 2011, à la suite d’une saisine
en question prioritaire de constitutionalité29/95, avait débouté les requérants au
motif que l’impossibilité du mariage entre personne du même sexe n’était pas
une atteinte au principe d’égalité et que la loi pouvait régler de manière
différente des situations différentes. Mais c’était oublier que la loi en France
repose sur une philosophie positiviste : elle est une norme émanant de la seule
volonté de la Nation qui ne reconnait aucune valeur transcendante et éternelle.
En conséquence, lorsque le Président du Conseil Constitutionnel, annonce sur
les ondes d’un poste radiophonique le 24 janvier 2013, que la forme du mariage
est définie par la volonté des élus de la Nation et non sur un intangible droit
naturel, il se place dans la pure tradition de la République. La décision du
même Conseil en date du 17 mai 201330/96 est parfaitement cohérente avec
cette philosophie positiviste du droit. Demeure en suspend la reconnaissance
des droits parentaux de l’époux homosexuel sur l’enfant adopté par son
conjoint. En effet, la Cour de cassation a énoncé par deux arrêts du 7 juin 2012
que le principe français de la filiation repose sur l’altérité sexuelle31/97. Ce
principe sera-t-il intangible ? Il n’est pas indifférent de relever que la sociologie,
sous la houlette d’Irène Théry (n. 1952) qui est sociologue et directrice de
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales depuis 1997, s’emploie à
redéfinir, pour « comprendre et guider le changement », la notion de
procréation distinguée de celle d’engendrement afin de « dématrimonialiser »
(sic) la filiation selon le modèle du couple hétérosexuel et afin de faire admettre
la filiation non seulement par l’adoption par un couple homosexuel mais par
l’engendrement avec un tiers donneur simple procréateur32/98.
6. Conclusion
Le 7 novembre 2012, la Garde des Sceaux et Ministre de la Justice déclarait
au quotidien Ouest-France à propos du projet de loi portant sur l’ouverture du
94
[28/3-6] Danièle Huet-Weiller, « France : l’adoption », dans Revue internationale de droit
comparé, Vol. 37, n° 3, juillet-septembre 1985, p. 612 et 613.
95
[29/3-6] Conseil Constitutionnel décision n° 2010-92 QPC 28 janvier 2011.
96
[30/3-6] Conseil Constitutionnel décision n° 2013-669 DC 17 mai 2013.
97
[31/3-6] Cour de Cassation Première Chambre Civile Arrêt n° 755 (11-30-261) et arrêt n° 756
(11-30-262) du 7 juin 2012.
98
[32/3-6] L’Express, n° 3225, 24 avril 2013, p. 18 à 24. La notion d’engendrement repose sur
l’idéalisme absolu : c’est la volonté de la personne qui crée la réalité de l’engendrement qui
peut donc être séparé de l’acte reproducteur.
66
Genèse des lois de la famille en France 1954-2013
mariage aux couples homosexuels qu’elle allait présenter le jour même en
Conseil des Ministres : « C’est une réforme de société et on peut même dire
une réforme de civilisation. […] Pourquoi ? Parce que les Français vivent au
quotidien des situations de couples de personnes de même sexe, de familles
homoparentales, et qu’ils savent que ce n’est pas une catastrophe. Nous ne
faisons qu’ajuster le droit à une réalité sociale et humaine ». Cette déclaration
est une illustration parfaite du positivisme juridique : la loi vient consacrer un
comportement social considéré comme phénomène spontanée que la
sociologie vient constater.
Or les sciences sociales, la sociologie en particulier, procèdent d’une
métaphysique qui pose pour principe que le collectif est seul réel et qui place à
son origine l’Art et non le Verbe comme dans la tradition judéo-chrétienne. Cet
Art fait corps avec le Temps qui « dispose d’une autre caractéristique : sans
relâche, il pousse à l’accroissement de l’ordre. L’ordre est mouvement. Du
mouvement surgit la forme. L’univers est bien une architecture ouverte »33/99.
Cet Art du Temps agit de manière dialectique depuis la fin de l’ordre naturel
garant des sociétés hiérarchiques. Cette dialectique repose sur l’affrontement
entre la liberté et l’égalité. Elle trouve sa synthèse dans la reconnaissance
sociale qui assure l’Ordre et mène vers la fin de l’Histoire l’homme, cet existant
en perpétuel devenir34/100. En conséquence, la doctrine juridique de la
République française se nourrit de théosophie.
[Recibido el 15 de mayo de 2013. Aceptado el 29 de mayo de 2013]
Ley belga del matrimonio homosexual
(traducción del francés al castellano de Elisabeth Pérez Bautista)35/101
Por el Rey de Bélgica.
Alberto II
La vice-primera ministra,
Ministra de movilidad y transportes.
Sra. I. Durant
El secretario de Estado de energía y de desarrollo sostenible.
O. Deleuze
Revestido del sello del Estado:
El ministro de Justicia.
M. Verwilghen
Nota
Documentos de la Cámara de Representantes.
Sesión 2001 – 2002.
99
[33/3-6] Pierre Simon, De la vie… op.cit., p. 155.
[34/3-6] Francis Fukuyama, La fin de l’Histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion,
1992, 344 p. Julien Freund, « Negación y manipulación de la naturaleza humana. Las utopías
del hombre total » [Conférence donnée à Bruxelles en 1973], dans Empresas políticas, año III,
número 5, 2° semestre 2004, p. 187 à 196.
101
[35/3-6] Traducción con ©, del francés al castellano, a cargo de Elisabeth Pérez Bautista.
Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de dicha traducción.
100
67
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista
Proyecto de ley, nº 50 1910/001.
Sesión 2002 – 2003
Enmienda, nº 50 1910/002. — Enmienda, nº 50 1910/03. — Informe, nº 50
1910/004. — Texto adoptado por la comisión, nº 50 1910/005. — Texto
adoptado en la sesión plenaria y remitido al Senado, nº 50 1910/006.
Documentos del Senado:
Sesión 2002 – 2003
Procedimiento de revocación, nº 2- 1376/1. — Enmiendas, nº 2- 1376/2. —
Informe, nº 2- 1376/3. — Enmiendas nº 2- 1376/4. — Decisión de no enmendar,
nº 2- 1376/5.
__________________
SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE JUSTICIA
F. 2003 — 820 [2203/09163]
13 de febrero de 2003.
Ley que abre la vía al matrimonio entre personas del mismo sexo y modifica
ciertas disposiciones del Código Civil (1)
Alberto II, Rey de los Belgas,
A todos, presentes y venideros, Saludos.
Las cámaras han adoptado y nosotros sancionamos lo siguiente:
Capítulo 1º. — Disposición general
Artículo 1º.
La presente ley establece una materia consagrada en el artículo 78 de la
Constitución.
Capítulo II. — Modificación de las disposiciones del Libro 1º del Código
Civil
Artículo 2º.
En el texto, en francés, del artículo 75 del Código Civil, las palabras
«para marido y mujer» son remplazadas por las palabras «para esposos».
Articulo 3º.
El artículo 143 del mismo Código, derogado por la ley del 31 de marzo
de 1987, es restablecido en la siguiente redacción, y es desplazado al capítulo
1º del Título V del Libro 1º del mismo Código:
«Art. 143. — Dos personas de diferente sexo o del mismo sexo pueden
contraer matrimonio.
Si el matrimonio ha sido contraído entre personas del mismo sexo, el
artículo 315 no es aplicable».
Artículo 4º.
En el artículo 162, párrafo primero, del mismo Código, modificado por las
leyes del 31 de marzo de 1987 y del 27 de marzo de 2001, las palabras «el
hermano y la hermana» son remplazadas por las palabras «hermanos, entre
hermanas o entre hermano y hermana».
68
Genèse des lois de la famille en France 1954-2013
Artículo 5º.
El artículo 163 del mismo código es substituido por la siguiente
disposición:
«Art. 163. — Sigue prohibido el matrimonio entre el tío y la sobrina o
sobrino, o entre la tía y la sobrina o el sobrino».
Artículo 6º.
El artículo 164 del mismo Código es remplazado por la disposición
siguiente:
«Art. 164. — Sin embargo, es lícito para el Rey levantar, por causas
graves, la prohibición fijada en el artículo precedente, que incluye la prohibición
prevista al artículo 162 en relación a matrimonios entre cuñado y cuñada,
cuñado y cuñado o cuñada y cuñada».
Artículo 7º.
El artículo 170 del mismo Código, remplazado por la ley del 12 de julio
de 1931 y modificado por la ley del 1 de marzo de 2000, es remplazado por la
siguiente disposición:
«Art. 170. — Serán considerados como válidos en Bélgica, en cuanto a
la forma:
1º Los matrimonios entre Belgas así como entre Belgas y extranjeros
celebrados en un país extranjero de acuerdo a las formas usadas en el
susodicho país;
2º Los matrimonios entre belgas así como entre belgas y extranjeros
celebrados por los agentes diplomáticos o por los agentes del cuerpo consular,
a quienes las funciones de oficiales de estado civil han sido conferidas».
Artículo 8º.
En el artículo 171 del mismo Código, remplazado por la ley del 12 de
julio de 1931, las palabras «o de la primera disposición de la esposa si ésta
vuelve sola al territorio del reino» se remplazan por las palabras «o la primera
disposición de uno de los esposos, si éste vuelve solo al territorio del reino».
Artículo 9º.
En el artículo 206, 1º, del mismo Código, las palabras «la suegra» son
remplazadas por las palabras «el suegro o la suegra».
Artículo 10.
Al artículo 313, § 3, del mismo Código, remplazado por la ley del 31 de
marzo de 1987, son aportadas las siguientes modificaciones:
1º En el párrafo primero, las palabras «del marido» son remplazadas por
las palabras «del esposo o de la esposa»;
2º En el párrafo 3, las palabras «al marido» son remplazadas por las
palabras «al esposo o la esposa».
Artículo 11.
El artículo 319bis del primer párrafo, del mismo Código, remplazado por
la ley del 31 de marzo de 1987, es modificado por la siguiente disposición:
«Si el padre está casado y reconoce un hijo concebido por una mujer
que no es su esposa, el acto de reconocimiento debe además ser presentado
69
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista
por petición para obtener la homologación del tribunal de primera instancia del
domicilio del hijo. El esposo o la esposa del demandante debe ser llamado a la
causa».
Artículo 12.
El artículo 322, párrafo 2, del mismo Código, remplazado por la ley del
31 de marzo de 1987, es casmbiado por la disposición siguiente:
«Si el demandado está casado y si el hijo ha sido concebido durante el
matrimonio por una mujer de la que no es esposo, el juicio que establece el
parentesco debe ser notificado al esposo o la esposa. Hasta esta notificación,
no es oponible ni al esposo ni a la esposa, ni los otros hijos nacidos del
matrimonio con el demandante o adoptados por los dos esposos».
Artículo 13.
En el artículo 345, párrafo 2, del mismo Código, remplazado por la ley
del 27 de abril de 1987, las palabras «y si los esposos son de diferente sexo»
son insertadas entre las palabras «del adoptante» y las palabras «Es
suficiente».
Artículo 14.
Al artículo 346 del mismo Código, modificado por la ley del 27 de abril de
1987, son aportadas las siguientes modificaciones:
1º el párrafo 1º completado del siguiente modo: «de sexo diferente»
2º en el párrafo 3º, las palabras «y siempre que estos últimos sean de
sexo diferente», son insertadas entre las palabras «del otro esposo» y las
palabras «cualquiera que sea».
Artículo 15.
En el artículo 361, §2, párrafo 1º, del mismo Código, modificado por la
ley del 27 de abril de 1987, las palabras«de sexo diferente» son insertadas las
palabras entre las palabras «del cónyuge» y las palabras «del adoptante».
Artículo 16.
El artículo 368, § 3, párrafo 1º, del mismo Código, remplazado por la ley
del 27 de abril de 1987, está completado del siguiente modo: «de diferente
sexo».
Capítulo III. — Modificaciones de disposiciones del Libro III del Código
Civil.
Artículo 17.
El artículo 1389 del mismo Código, remplazado por la ley del 14 de julio
de 1976, es modificado por la siguiente disposición:
«Art. 1398. — El régimen legal está fundado sobre la existencia de tres
patrimonios: el patrimonio propio de cada uno de los dos esposos y del
patrimonio común a los dos esposos, los cuales son definidos por los artículos
siguientes».
70
Genèse des lois de la famille en France 1954-2013
Artículo 18.
En el artículo 1676, segundo párrafo, del mismo código, las palabras
«contra las mujeres casadas, y» son suprimidas.
Artículo 19.
El artículo 1940 del mismo código, remplazado por la ley del 30 de abril
de 1958, es remplazado por la siguiente disposición:
«Art. 1940.— Si la persona que ha hecho el depósito ha cambiado de
estado, por ejemplo si el principal declarante se encuentra sujeto a prohibición
y en todos los otros casos de la misma naturaleza, el depósito no puede ser
restituido más que a aquel que tiene la administración de los derechos y de los
bienes del depositante».
Artículo 20.
En el artículo 1941 del mismo Código, las palabras «por un marido» y las
palabras «este marido» son suprimidas.
Capítulo IV. — Modificaciones de disposiciones del Libro III, Título VIII,
sección IIbis del Código Civil: «Las reglas particulares a los arrendamientos
comerciales»
Artículo 21.
En el artículo 16, III, de la ley del 30 de abril de 1951, relativa a los
arrendamientos comerciales, las palabras «la mujer casada» son suprimidas.
Capítulo V. — Modificaciones de disposiciones del Libro III, Título XVIII,
del Código Civil: «Los privilegios y las hipotecas»
Artículo 22.
En el artículo 48 de la ley del 16 de diciembre de 1851 conteniendo
revisión del régimen hipotecario, las palabras «de la mujer, a menos que ella no
los haya adquirido, sea a título de sucesión o de donación, sea a título oneroso,
de su propio dinero» son remplazados por las palabras «de su cónyuge, a
menos que el no las haya adquirido, sea a título de sucesión o de donación,
sea a título oneroso, de su propio dinero».
Capítulo VI. — Disposición final
Artículo 23.
La presente ley entra en vigor el primer día del cuarto mes siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial Belga.
Promulgamos la presente ley, ordenamos que sea revestida del sello del
Estado y publicada por el Boletín Oficial Belga.
Dado a Bruselas, el 13 de febrero de 2003.
Por el rey.
Alberto II
El ministro de Justicia,
M. Verwilghen
Revestido del sello del Estado:
71
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista
El ministro de Justicia.
M. Verwilghen
—————
Sesión ordinaria 2001 – 2002.
Senado
Documentos parlamentarios:
Proposición de ley, nº 2- 1773/1 del 28 de mayo de 2002 depositada por la Sra.
Leduc y participantes.
Sesión ordinaria 2002 – 2003.
Documentos parlamentarios:
Enmiendas, nº 2- 1773/2. — Informe del 20 de noviembre de 2002 de la Sra.
Kaçar, nº 2- 1333/3. — Texto adoptado por la comisión, nº 2- 1773/4. —
Enmienda, nº 2- 1773/5. — Texto adoptado en sesión plenaria y remitido a la
Cámara de Representantes, nº 2/1773/6.
Anales parlamentarios — Discusión y adopción: sesiones del 27 y 28 de
noviembre de 2002.
Cámara de los Representantes.
Documentos parlamentarios:
Proyecto remitido por el Senado, nº 2165/001. — Informe del 24 de enero de
2003 de las Sras. Grauwels y Lalieux, nº 2165/002. —Texto adoptado en
sesión plenaria y sometido a sanción real, nº 2165/003.
Anales parlamentarios. — Discusión y adopción: sesión del 30 de enero de
2003.
Carta abierta dirigida a las Senadoras y
Senadores de la República francesa,
15 de marzo de 2013
(traducción al castellano de Manuel J. Peláez)36/102
Señoras senadoras,
Señores senadores,
Nosotros, los 170 abajo firmantes catedráticos y profesores titulares en
las enseñanzas de Derecho de las Universidades francesas, juristas de
Derecho privado, de Derecho público e historiadores del Derecho, nos atañe
hacerles saber que el proyecto de ley sobre el matrimonio de parejas del
mismo sexo, aprobado por la Asamblea Nacional en primera vuelta, implica una
devastadora y profunda subversión del Derecho, del matrimonio y, sobre todo,
de la paternidad.
102
[36/3-6] Traducción con ©, del francés al castellano, a cargo de Manuel J. Peláez. Queda
totalmente prohibida la reproducción total o parcial de dicha traducción.
72
Genèse des lois de la famille en France 1954-2013
Nosotros os invitamos a rechazar este proyecto por las razones
siguientes:
1) Las personas del mismo sexo, a través del matrimonio, quieren tener
acceso a la adopción sin que se lleve a cabo ninguna modificación de los
textos, ni sea necesario hacerlo. Por tanto, si los lazos afectivos que se pueden
estrechar con el niño pueden ser totalmente reales, se puede bien comprender
que estos lazos no se corresponden con los lazos de filiación.
La filiación emana del acto del nacimiento que, como su propio nombre
indica, señala a cada uno de quien ha nacido. En el caso de la adopción, la
acción de engendrar al niño es simbólica, pero la filiación adoptiva permite al
niño ir construyendo su personalidad con el referente de un padre y de una
madre, y de considerarse como resultante de su unión si bien ésta no se haya
producido biológicamente. Ésta le permite reconstruir la familia de que ha
estado privado.
El niño adoptado por dos hombres o por dos mujeres estará dotado
como educadores de adultos que le sirven de referencia, pero privado de
“padres” porque estos “padres” del mismo sexo no pueden indicarle un origen,
propiamente simbólico. En realidad estará desprovisto dos veces de padres:
una primera vez por la vida, una segunda vez por la ley.
2) El proyecto de ley, después, prevé la adopción del niño por cónyuges
del mismo sexo. O, si este niño puede ser fruto de una unión precedente entre
un hombre y una mujer, el no será jamás el producto de una inseminación o de
una gestación de alquiler practicada en el extranjero. Este niño habría sido
deseado, antes mismo de su concepción, sin lazo de unión con su padre y su
madre y voluntariamente privado de uno de los dos.
Este niño es jurídicamente adoptable porque él ha sido concebido en
cuanto a eso: la madre ha sido inseminada en Bélgica, por ejemplo, por un
desconocido con el fin de evitar al padre. Ella ha elegido un modo de concebir
en el que priva al niño de su padre, y de la misma forma que carece de padre,
para que él pueda ser adoptado por una segunda mujer.
O aún más, el padre ha buscado una madre portadora en la India, por
ejemplo, para cerrar el lugar ocupado por una madre, privando de forma
deliberada a su hijo de su madre, y de madre sin más explicación, para que
pueda ser adoptado por un segundo hombre.
Quiérase o no, el deseo de un niño por personas del mismo sexo pasa
por la fabricación de niños, mediante inseminación artificial de las mujeres o a
través de una madre portadora para los hombres; estos niños serán luego
adoptados.
El proyecto de ley organiza pues un mercado de niños, pues el proyecto
lo inventa y garantiza su continuidad. Con el estado actual de su redacción,
este texto invita a trasladarse al extranjero para fabricar niños, lo que resulta ya
de por sí inaceptable, y es obligado denunciar la injusticia de la selección por
dinero para organizar el mercado de los niños en Francia.
La ley no puede evitar que un hombre o una mujer marchen al extranjero
para privar deliberadamente a un niño de uno de sus padres, pero la ley puede
tratar mejor a los niños en vez de alentar estos bricolages procreativos
dándoles validez mediante ardides jurídicos.
La supuesta necesidad de tener en cuenta la situación particular de los
niños nacidos bajo semejantes procedimientos es una sutileza del lenguaje.
Estos niños son en realidad instrumentalizados por aquellos mismos que han
73
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista
provocado su situación, con la consistencia de sus propias reivindicaciones de
adultos. En efecto, el derecho protege a todos los niños, sin tener en cuenta la
situación de sus padres, y estos niños son tratados de la misma forma que los
otros. Los medios jurídicos de la autoridad paterna y de la tutela testamentaria
permiten regular las dificultades eventuales ante las que ellos pudieran
encontrarse.
Numerosos hombres y mujeres, que tienen una orientación homosexual,
no reniegan de esta idea fundamental que es el que un niño sea el fruto de un
padre y de una madre, y que resulta criminal privarles voluntariamente de ellos.
Muchos además tienen hijos, pero, como cualquier persona, con otra del sexo
opuesto. El proyecto de ley se aplica sólo a las mujeres que quieren tener un
hijo sin un padre, o a los hombres que no quieren compartir al niño con una
madre. Haciendo así prevalecer sus deseos sobre los derechos fundamentales
del niño.
Ustedes, cuerpo legislador de la República, no pueden dar validez a un
sistema de fabricación de niños objeto de adopción, porque los niños no son ni
objetos para satisfacer un deseo, ni medicamentos para aliviar un sufrimiento.
Nosotros, como juristas, tenemos la vocación para garantizar el respeto
de las libertades individuales y la protección mediante la ley de las personas
más vulnerables. No podemos permanecer insensibles a la gran violencia que
se ha desencadenado contra los niños, deliberadamente desprovistos de una
madre o de un padre. No podemos callar ante el próximo e inevitable mercado
de la procreación, la mercantilización del vientre de las mujeres más
desfavorecidas de la fortuna y de los niños para satisfacer los deseos de
algunos.
El proyecto de ley no puede ser más que rechazado en su conjunto,
pues el matrimonio conlleva necesariamente todas sus consecuencias en
materia de filiación.
Apelamos a su honor y responsabilidad, Señoras que son nuestras
senadoras, Señores que son nuestros senadores, que nos representan, a
renunciar a un texto que se revela con las características propias de la
esclavitud moderna de la mujer y del nuevo tráfico de los niños.
Nuestro agradecimiento por el compromiso suyo, lo que no nos cabe la
menor duda, en defensa de las familias y de los niños, Señoras senadoras y
Señores senadores de la República, acompañado de la expresión de nuestros
sentimientos más profundos.
Guillaume Drago, catedrático de Derecho público, Universidad de París
2 Panteón-Assas; Aude Mirkovic, profesora titular de Derecho privado,
Universidad de Evry Val d’Essonne.
Relación de firmantes
Bertrand Ancel, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de
París 2 Panteón-Assas; Laurent Aynes, catedrático de Derecho privado,
Universidad de París I, Panteón-Sorbona; Augustin Aynes, catedrático de
Derecho privado, Universidad de París 12 Est Créteil; Marie-Thérèse AvonSoletti, profesora titular de Historia del derecho, Universidad de Saint-Étienne;
Jean-Marc Bahans, profesor de Derecho privado, Universidad de Burdeos;
Monique Bandrac, profesora honoraria de Derecho privado, Universidad de
París 12; Jean Barbey, catedrático de Historia del derecho, Universidad del
74
Genèse des lois de la famille en France 1954-2013
Mans; Louis-Auguste Barrière, catedrático de Historia del derecho, Universidad
Jean-Moulin Lyon 3; Daniel Berra, profesor emérito de Derecho privado,
Universidad de Aix-Marsella; Cyril Bloch, catedrático de Derecho privado,
Universidad de Aix-Marsella; Isabelle Barrière-Brousse, catedrática de Derecho
privado, Universidad de Aix-Marsella; Jacques Beguin, profesor emérito de
Derecho privado, Universidad de París 1 Panteón-Sorbona; Diane de
Bellescize, catedrática de Derecho público, Universidad del Havre; Ramu de
Bellescize, profesor titular de Derecho público, Universidad de Rouen; Pierre
Beltrame, profesor emérito de Derecho público, Universidad de Aix-Marsella;
André Benayoun, profesor titular de Derecho privado, Universidad de Sceaux;
Thibaut Berranger, profesor titular de Derecho público, Universidad de Nantes;
Guillaume Bernard, profesor titular de Historia del derecho, ICES la Roche-surYvon; Jean-René Binet, catedrático de Derecho privado, Universidad del
Franco Condado; Christophe Blanchard, catedrático de Derecho privado,
Universidad de Angers; Christine Boillot, profesora titular de Derecho privado,
Universidad de París I Panteón-Sorbona; Georges Bollard, profesor emérito de
Derecho privado, Universidad de la Borgoña; Pierre Bonin, catedrático de
Historia del derecho, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Damienne
Bonnamy, profesora titular de Derecho público, Universidad del Franco
Condado; Jean-Sébastien Borghetti, catedrático de Derecho privado,
Universidad de París II Panteón-Assas; Claire Bouglé-Le Roux, profesora titular
de Historia del derecho, Universidad de Versalles; Renaud Bourget, profesor
titular de Derecho público, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Roger
Bout, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella;
Christophe Boutin, catedrático de Derecho público, Universidad de Caén Baja
Normandía; François-Xavier Brechot, profesor titular de Derecho público,
Escuela de Ciencias Políticas de París; Vincent Bremond, catedrático de
Derecho privado, Universidad de Orleans; Claude Brenner, catedrático de
Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Clotilde BrunettiPons, profesora titular de Derecho privado, Universidad de Reims; Alexis
Bugada, catedrático de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Mathieu
Cardon, profesor titular de Derecho público, Universidad Jean-Moulin Lyon III;
Stéphan Caporal, catedrático de Derecho público, Universidad de SaintÉtienne; Jean-Marie Carbasse, catedrático de Historia del derecho, Universidad
de Montpellier I; Claude Champaud, profesor emérito de Derecho privado,
Universidad de Rennes I; Gérard Champenois, profesor emérito de Derecho
privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Jean-Yves Chevallier, profesor
emérito de Derecho privado, Universidad de Rennes; Marie-Laure Cicile,
catedrática de Derecho privado, Universidad de Rennes; Jocelyn Clerckx,
catedrático de Derecho público, Universidad del Havre; Joël Colonna, profesor
titular de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Jean-Luc Coronel de
Boissezon, catedrático de Historia del derecho, Universidad de Montpellier I;
Danielle Corrignan-Carsin, catedrática de Derecho privado, Universidad de
Rennes I; Julien Couard, profesor titular de Derecho privado, Universidad del
Sur Tulón-Var; Hélène de Courreges, profesora titular de Historia del derecho,
Universidad de Rouán; Marie-Yvonne Crépin, profesora emérita de Historia del
derecho, Universidad de Rennes I; Philippe Chrestia, profesor titular de
Derecho público, Universidad de Niza Sophia Antipolis; Pierre Crocq,
catedrático de Derecho privado, Universidad de París II Panteón-Assas; PierreFrançois Cuif, profesor titular de Derecho privado, Universidad d’Evry; Bruno
75
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista
Daugeron, catedrático de Derecho público, Universidad Lumière Lyon 2; Thierry
Debard, catedrático de Derecho público, Universidad Jean Moulin Lyon III;
Christian Debouy, catedrático de Derecho público, Universidad de Poitiers;
André Decocq, profesor emérito de Derecho privado, Universidad de París II
Panteón-Assas; Michel Degoffe, catedrático de Derecho público, Universidad
de París Descartes; Françoise Dekeuwer-Defossez, profesora emérita de
Derecho privado, Universidad de Lille II; Marie Luce Demeester, catedrática de
Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Alexandre Deroche, catedrático
de Historia del derecho, Universidad de Grenoble II Pierre Mendes France;
Philippe Didier, profesor emérito de Historia del derecho, Universidad de
Grenoble II Pierre Mendes France; Jean-Paul Doucet, catedrático de Derecho
criminal jubilado; Mélina Douchy-Oudot, catedrática de Derecho privado,
Universidad del Sur Tulón-Var; Cyrille Dounot, profesor titular de Historia del
derecho, Universidad de Ruán; Gilles Dumont, catedrático de Derecho público,
Universidad de Nantes; Dominique Fenouillet, catedrático de Derecho privado,
Universidad de París II Panteón-Assas; Dominique Gency-Tandonnet,
profesora titular de Derecho privado, Universidad de París XII Est Créteil;
Thomas Genicon, catedrático de Derecho privado, Universidad de París I;
Jean-Baptiste Geffroy, catedrático de Derecho público, Universidad de Poitiers;
Michel Germain, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II
Panteón-Assas; Jean-François Gicquel, profesor titular de Historia del derecho,
Universidad de Lorraine; Marie Gore, catedrática de Derecho privado,
Universidad de París II Panteón-Assas; Antoine Gouezel, profesor titular de
Derecho privado, Universidad de París XIII; Claude Goyard, profesor emérito
de Derecho público, Universidad de París II, Panteón-Assas; Anne Guegan,
profesora titular der Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona;
Nicole Guimezanes, profesora emérita de Derecho privado, Universidad de
París XII Est Créteil; Serge Guinchard, profesor emérito de Derecho privado,
Universidad de París Panteón-Assas; Gérard D. Guyon, profesor emérito de
Historia del derecho, Universidad de Burdeos Montesquieu; Hélène Hamant,
profesora titular de Derecho público, Universidad Jean Moulin Lyon III; JeanLouis Harouel, catedrático de Historia del derecho, Universidad de París II
Panteón-Assas; Joël Hautebert, catedrático de Historia del derecho,
Universidad de Angers; Caroline Henry, catedrática de Derecho privado,
Universidad de la Borgoña; Blandine Hervouet, profesora titular de Historia del
derecho, Universidad de Caén; Henri Hovasse, catedrático de Derecho privado,
Universidad de Rennes I; Suzanne Hovasse, catedrática de Derecho privado,
Universidad de Rennes I; Patrice Jourdan, catedrático de Derecho privado,
Universidad de París I Panteón-Assas; Marc Joyau, catedrático de Derecho
público, Universidad de La Rochela; Pierre Julien, profesor emérito de Derecho
privado, Universidad de Niza; Catherine Labrusse-Riou, profesora emérita de
Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Marie-Béatrice
Lahorgue, profesora titular de Derecho público, Universidad de Poitiers; André
Laingui, profesor emérito de Historia del derecho, Universidad de París II
Panteón-Assas; Gwendoline Lardeux, catedrática de Derecho privado,
Universidad de Aix-Marsella; Yves Lassard, profesor titular de Historia del
derecho, Universidad de Grenoble II Pierre Mendès France; Florence Lasserre
Jeannin, profesora titular de Derecho privado, Universidad de París I PanteónSorbona; Xavier Latour, catedrático de Derecho público, Universidad de Ruán;
Hervé Lecuyer, catedrático de Derecho privado, Universidad de París II
76
Genèse des lois de la famille en France 1954-2013
Panteón-Assas; Anne Lefebvre-Teillard, catedrática de Historia del derecho,
Universidad de París II Panteón-Assas; Arnaud Le Gall, profesor titular de
Derecho público, Universidad de Caén; Jean-Michel Lemoyne de Forges,
profesor emérito de Derecho público, Universidad de París II Panteón-Assas;
Anne-Marie Le Pourhiet, catedrática de Derecho público, Universidad de
Rennes I; Yves Lequette, catedrático de Derecho privado, Universidad de París
II Panteón-Assas; Philippe Le Tourneau, profesor emérito de Derecho privado,
Universidad de Toulouse I Capitole; Laurent Leveneur, catedrático de Derecho
privado, Universidad de París II Panteón-Assas; Guillaume Leyte, catedrático
de Historia del derecho, Universidad de París II Panteón-Assas; Monique Luby,
catedrática de Derecho privado, Universidad de Pau; André Lucas, profesor
emérito de Derecho privado, Universidad de Nantes; François-Xavier Lucas,
catedrático de Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona;
Kevin Luciano, profesor titular de Derecho privado, Universidad de Niza
Sophia-Antipolis; Marie-Luce Mariani, profesora titular de Derecho privado,
Universidad de Orleans; Arnaud Martin, profesor titular de Derecho público,
Universidad Montesquieu Burdeos IV; Nicolas Mathey, catedrático de Derecho
privado, Universidad de París V René Descartes; Patricia Mathieu, profesora
titular de Historia del derecho, Universidad Pierre Mendès France Grenoble II;
Martial Mathieu, catedrático de Historia del derecho, Universidad Pierre
Mendès France Grenoble II; Yves Mayaud, catedrático de Derecho privado,
Universidad de París II Panteón-Assas; Sabine Mazeaud-Leveneur, catedrática
de Derecho privado, Universidad de París XII; Gérard Memeteau, catedrático
de Derecho privado, Universidad de Poitiers; Michel Menjucq, catedrático de
Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Virgine Mercier,
profesora titular de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella; Anthony
Mergey, catedrático de Historia del derecho, Universidad de Rennes I; Cécile
Miroud, profesora titular de Derecho público, Universidad de París I PanteónSorbona; Sophie Molinier, profesora titular de Historia del derecho, Universidad
de París VIII; Marie-Laure Moquet-Anger, catedrática de Derecho público,
Universidad de Rennes I; Jean Morange, catedrático de Derecho público,
Universidad de Limoges; Louis-Daniel Muka Tshibende, profesor titular de
Derecho privado, Universidad católica de Lyon; Florence Nicoud, profesor
titular de Derecho público, Universidad de la Alta-Alsacia; Pascal Oudot,
profesor titular de Derecho privado, Universidad del Sur Tulón-Var; Bertrand
Pauvert, profesor titular de Derecho público, Universidad de la Alta-Alsacia;
Marta Peguera Poch, catedrática de Historia del derecho, Universidad de
Lorraine; Armel Pecheul, catedrático de Derecho público, Universidad de
Angers; Hugues Perinet-Marquet, catedrático de Derecho privado, Universidad
de París II Panteón-Assas; Hugues Petit, profesor titular de Historia del
derecho, Universidad de Grenoble Pierre Mendès France; Christiane PlessixBuisset, profesora emérita de Historia del derecho, Universidad de Rennes I;
Laurent Poulet, profesor titular de Derecho privado, Universidad de París II
Panteón-Assas; Eva Rabillon, profesora titular de Derecho público, Universidad
de Angers; Michèle-Laure Rassat, profesora emérita de Derecho privado,
Universidad de París XII; Geneviève Rebecq, profesora titular de Derecho
privado, Universidad del Sur Tulón-Var; Philippe Remy, profesor emérito de
Derecho privado, Universidad de Poitiers; Pauline Remy-Corlay, catedrática de
Derecho privado, Universidad de París XI Jean Monet; Virgine RenauxPersonnic, profesora titular de Derecho privado, Universidad de Aix-Marsella;
77
Jean-Louis Clément, Manuel J. Peláez y Elisabeth Pérez Bautista
Laurent Reverso, catedrático de Historia del derecho, Universidad del Sur
Tulón-Var; Jean-Claude Ricci, catedrático de Derecho público, Universidad de
Aix-Marsella; Daniel Roblot, profesora titular honoraria de Derecho público,
Universidad de Créteil; Janick Roche Dahan, profesora titular de Derecho
privado, Universidad del Sur Tulón-Var; Gabriel Roujou de Boubee, profesor
emérito de Derecho privado, Universidad de Toulouse I Capitole; Marie-Eve
Roujou de Boubee, profesora titular de Derecho privado, Universidad de
Toulouse I Capitole; Guillaume Rousset, profesora titular de Derecho privado,
Universidad Jean Moulin de Lyon III; Jérôme Roux, catedrático de Derecho
público, Universidad de Montpellier I; Damien Salles, catedrático de Historia del
derecho, Universidad de Grenoble II Pierre Mendès France; Solange Segala,
profesor titular en Historia del derecho, Universidad de Valenciennes; Alain
Sériaux, catedrático de Derecho privado, Universidad de Perpiñán Via Domitia;
Caroline Siffrein-Blanc, profesora titular de Derecho privado, Universidad de
Aix-Marsella; Sylvain Soleil, catedrático de Historia del derecho, Universidad de
Rennes I; Philippe Stoffel-Munck, catedrático de Derecho privado, Universidad
de París I Panteón-Sorbona; Caroline Tabourot Hyest, profesora titular de
Derecho privado, Universidad de París I Panteón-Sorbona; Isabelle Tosi,
profesora titular de Derecho privado, Universidad de Montpellier I; Olivier
Tounafond, catedrático de Derecho privado, Universidad de París Este;
François-Guy Trebulle, catedrático de Derecho privado, Universidad de París I,
Panteón-Sorbona; François Vallançon, profesor titular honorario de Historia del
derecho, Universidad de París II Panteón-Assas; André Varinard, profesor
emérito de Derecho privado, Universidad Jean Moulin Lyon III; Raymonde
Vatinet, catedrática de Derecho privado, Universidad de París II PanteónAssas; Marie-France Verdier, profesora titular de Derecho público, Universidad
Montesquieu Burdeos IV; Edouard Verny, catedrático de Derecho privado,
Universidad de Rennes I; Thierry Vignal, catedrático de Derecho privado,
Universidad de Cergy-Pontoise; Daniel Vigneau, catedrático de Derecho
privado, Universidad de Pau y del País de l’Adour; Ludovic de Villele, profesor
asociado de Derecho privado, Universidad d’Evry; Michel de Villiers, profesor
emérito de Derecho público, Universidad de Nantes; Jean Villaceque, profesor
asociado de Derecho privado, Universidad de Perpiñán Via Domitia; Geneviève
Viney, profesora emérita de Derecho privado, Universidad de París I PanteónAssas; Nicolas Warembourg, catedrático de Historia del derecho, Universidad
de Lille II y Caroline Watine-Drouine, profesora titular honoraria de Derecho
privado, Universidad de París II Panteón-Assas.
78
WYSIEDLENIA INWESTYCYJNE: PRZYCZYNY,
KONSEKWENCJE I KONTEKST PRAWNY
Bogumił TERMIŃSKI*
Bogumił Termiński (2013): “Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny,
konsekwencje i kontekst prawny”, en Revista Crítica de Historia de las
Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013). En línea puede
verse en: www.eumed.net/rev/historia/06/internal-displacement.html
SUMMARY: At least fifteen million people each year is forced to leave their homes
following the consequences of development projects, such as creation of large
dams, urbanization and re-urbanization, development of communication
networks, mining and transportation of resources and even the conservation of
nature. The problem of development-induced displacement and resettlement is
currently one of the most significant factors of forced migrations. The first
exstensive studies on this subject were undertaken by applied anthropologists
during fifties of the XXth century, which was associated with the consequences
of construction of large dams in Africa. Since at least two decades we have
witnessed significant attention in this issue on the basis of public international
law and human rights. The construction of chinese Three Gorges dam on the
Yangtze River or Sardar Sarovar complex on the Narmada River led to
enormous social and environmental consequences, and human rights violations
associated with the displacement. Similar problems are also observed in
several other regions of the world. The aim of this paper is an analysis of
development-induced displacement as a global social problem, diverse
category of internal displacement and challenge for the international institutions
and public international law. The problem is strongly linked with the reflection on
the mechanisms of legal protection of particularly vulnerable communities and
minorities. The paper complements the studies on empowerment of indigenous
communities and more sustanaible development growth conducted on the basis
of development studies. In the first section I draw attention to the origins and
evolution of scientific research undertaken within this problem. The aim of the
next part is the analysis of causes and consequences of such displacement.
The last section on the article is focused on activities of international institutions
in the regard of resettlement planning, assistance to affected people and its
legal protection.
KEYWORDS: Development-induced displacement and resettlement, Internal
displacement, DIDR, Public international law, Human rights, Involuntary
resettlement, Relocation, Forced migrations.
STRESZCZENIE: Każdego roku przynajmniej piętnaście milionów osób
zmuszonych zostaje do opuszczenia miejsca dotychczasowego zamieszkania
w następstwie projektów związanych z rozwojem gospodarczym: tworzenia
wielkich tam, urbanizacji i rozwoju sieci komunikacji, wydobycia surowców,
*
Research associate at the University of Warsaw, Institute for Social Studies. Director of
research project “Human Rights in Times of Transition” in Geneva.
79
Bogumił Termiński
ekspansji obszarów rolnych, a nawet konsekwencji ochrony przyrody. Problem
określany w anglojęzycznym piśmiennictwie naukowym mianem "developmentinduced displacement and resettlement" (DIDR) jest dzisiaj jedną z
najważniejszych ilościowo płaszczyzn migracji przymusowych. Pierwsze
szczegółowe studia poświęcone temu zagadnieniu podejmowali już
antropolodzy społeczni w latach pięćdziesiątych XX stulecia w związku z
następstwami budowy wielkich tam w wybranych krajach Afryki. Od kilkunastu
lat obserwujemy także wzrastające zainteresowanie tym problemem na gruncie
prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka. Realizowane w
ostatnich latach projekty w rodzaju Zapory Trzech Przełomów w Chinach czy
kompleksu Sardar Sarovar na indyjskiej rzece Narmada prowadzą do
ogromnych konsekwencji społecznych i środowiskowych, a związane z nimi
wysiedlenia do naruszenia fundamentalnych praw dotkniętych nimi osób.
Podobne problemy obserwujemy zresztą w wielu innych państwach azjatyckich
oraz Afryce i Ameryce Łacińskiej. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza
wysiedleń
inwestycyjnych
jako
globalnego
problemu
społecznego,
zróżnicowanej pod względem przyczyn i konsekwencji kategorii wysiedleń
wewnętrznych, a także źródła wyzwań dla instytucji międzynarodowych i norm
prawa międzynarodowego publicznego. Problem ten w silny sposób wpisuje się
bowiem w rozwijaną w ostatnich latach refleksję na temat mechanizmów
ochrony prawnej szczególnie zagrożonych mniejszości i wspólnot. Dobrze
uzupełnia także prowadzone na gruncie studiów rozwojowych debaty na temat
większego upodmiotowienia ludności tubylczej czy zrównoważonego wzrostu
ekonomicznego prowadzącego do wydźwignięcia najbiedniejszych warstw
społeczeństwa. W pierwszej części artykułu zwracam uwagę na ewolucję
zainteresowania środowisk naukowych wspomnianym zagadnieniem.
Przedmiotem kolejnego fragmentu jest analiza przyczyn, oraz szczególnie
newralgicznych konsekwencji jednostkowych i wspólnotowych wysiedleń. To
właśnie rosnące problemy wysiedlonych są przyczyną intensyfikacji
teoretycznych i instytucjonalnych wysiłków na rzecz ich ochrony i wsparcia.
Ostatni fragment artykułu zwraca uwagę na współpracę instytucji
międzynarodowych i zapisy dokumentów, istotne w kontekście analizy tego
problemu.
SŁOWA KLUCZOWE: Wysiedlenia inwestycyjne, Wysiedlenia wewnętrzne, Prawo
międzynarodowe publiczne, Prawa człowieka, Przesiedlenia, Migracje
przymusowe.
1. Wysiedlenia inwestycyjne w świecie globalizacji
Wysiedlenia ludności wywołane zmianą zagospodarowania przestrzennego
są zjawiskiem obserwowanym już w Imperium Romanum, starożytnych
Chinach, imperium Hetytów czy państwach doby hellenizmu. Dopiero w końcu
XIX i w XX stuleciu przybrały one charakter masowy z uwagi na konsekwencje
kolonializmu i rozpoczęte nieco później programy budowy wielkich zapór
wodnych w Chinach, Indiach czy w Związku Radzieckim. Spośród wszystkich
najważniejszych kategorii wysiedleń wewnętrznych to właśnie te związane z
realizacją wielkich inwestycji uległy umasowieniu najpóźniej. Najistotniejszą
ilościowo przyczyną mobilności człowieka przez zdecydowaną większość
80
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
dziejów były konsekwencje klęsk naturalnych i długotrwałych zmian środowiska.
Przeobrażenia klimatyczne w decydującym stopniu wpłynęły na biologiczną
ewolucję gatunku homo (postawa wyprostowana), a także umożliwiły ekspansję
Homo erectus (Homo georgicus) i Homo sapiens sapiens poza afrykańską
kolebkę człowieka. Przyczyną wczesnych migracji naszych praprzodków była
zwłaszcza presja demograficzna i związane z nią konflikty o zasoby. Zgodnie z
tak zwaną Saharan pump theory bardziej rozległa przestrzennie mobilność
człowieka była możliwa wyłącznie w okresach wilgotnych, co wiązało się z
otwarciem korytarzy migracyjnych w dorzeczach afrykańskich rzek. Dopiero
konsekwencje (r)ewolucji neolitycznej- przejście do osiadłego trybu życia i
zalążki organizacji przestrzenno-politycznej – doprowadziły do większego
zróżnicowania katalogu przyczyn mobilności człowieka. Od czasów tranzycji w
kierunku gospodarki osiadłej historia migracji była przede wszystkim dziejami
uniezależniania się człowieka od dyktatu sił przyrody. Zakładanie ośrodków
miejskich w dorzeczach wielkich rzek, oraz poszukiwanie dogodnych obszarów
rolnych miało na celu ograniczenie oddziaływania czynników naturalnych na
funkcjonowanie człowieka, jak również zwiększenie ilości zasobów i długotrwały
przyrost demograficzny. Przyczyną mobilności człowieka w czasach
starozytnych był zatem spadek poziomu bezpieczeństwa wywołany
konsekwencjami przyrostu demograficznego i zmniejszeniem jednostkowej
liczby zasobów bądź następstwami przeobrażeń środowiskowych o różnym
stopniu dynamiki. Także powstawanie wielkich tam postrzegać możemy jako
narzędzie zmniejszenia niekontrolowanego oddziaływania sił przyrody i
poszerzenia przestrzeni dobrobytu (przynajmniej dla wybranych grup
społeczeństwa). Widzimy zatem, że pomimo obserwowanego w ostatnich
dekadach wzrostu ilości wysiedleń wywołanych konfliktami wewnętrznymi i
eskalacją przemocy, czynniki środowiskowe w dalszym ciągu pozostają jedną z
dominujących przyczyn przymusowej mobilności wewnętrznej.
Przyczyny wysiedleń wewnętrznych analizować możemy na wiele różnych
sposobów. Najbardziej fundamentalnym czynnikiem wysiedleń wewnętrznych
okazują się dynamiczne konflikty interesów pomiędzy różnymi aktorami,
rozgrywające się w ramach statycznego i ograniczonego pod względem granic,
zasobów i warunków środowiskowych terytorium. To właśnie niemożliwość
rozwiązania silnego konfliktu lub oparcia się czynnikom zagrożenia
bezpieczeństwa staje się przyczyną dużej części wysiedleń wewnętrznych na
świecie. Konflikty tego rodzaju przybierać mogą zarówno bezpośredni jak i
bardziej abstrakcyjny i dorozumiany charakter. Wywołany nimi spadek poziomu
indywidualnego bądź wspólnotowego bezpieczeństwa ludzkiego (ang. human
security) jest podstawowym czynnikiem opuszczenia dotychczasowego
terytorium.
Przyczyną wysiedleń wywołanych konfliktami zbrojnymi jest oczywiście
eskalacja przemocy pomiędzy minimum dwoma aktorami o sprzecznych
interesach. Wysiedlenia wywołane rozwojem gospodarczym i ochroną przyrody
często wiążą się z silnym antagonizmem pomiędzy planami administracji czy
interesem większości społeczeństwa, a potrzebami potencjalnych wysiedlonych
i okolicznych mieszkańców. W przypadku mobilności wywołanej klęskami
żywiołowymi możemy mówić o bardziej abstrakcyjnym konflikcie pomiędzy
działaniami człowieka a destrukcyjnym oddziaływaniem sił przyrody.
Wysiedlenia wewnętrzne możemy także analizować w kontekście zagrożeń
bezpieczeństwa. Przyczyną wysiedleń związanych z eskalacją przemocy czy
81
Bogumił Termiński
przeobrażeniami środowiska jest spadek indywidualnego bądź wspólnotowego
bezpieczeństwa poniżej poziomu umożliwiającego realizację podstawowych
potrzeb w ramach danego terytorium. Nie wszystkie wysiedlenia znajdują
jednak przyczynę w bezpośrednim oddziaływaniu określonych zagrożeń. W
przypadku wysiedleń inwestycyjnych spadek poziomu bezpieczeństwa okazuje
się nie tyle przyczyną, lecz skutkiem zmiany miejsca zamieszkania.
Wysiedlenia wewnętrzne są zatem kształtowane przez dwa zasadnicze
czynniki: 1. spadek poziomu bezpieczeństwa poniżej poziomu umożliwiającego
normalne funkcjonowanie na danym terytorium, 2. administracyjny nakaz
opuszczenia dotychczas zamieszkiwanego obszaru, niekoniecznie związany z
określonym zagrożeniem, lub 3. połączenie wspomnianych tu przesłanek.
Jednym z centralnych elementów studiów nad migracjami przymusowymi są
rozważania na temat klasyfikacji wysiedleń wewnętrznych. Dominujący, lecz
rzadko wyrażany explicite w piśmiennictwie naukowym, podział wysiedleń z
uwagi na przyczyny wyodrębnia cztery najważniejsze kategorie tego procesu.
Zaliczamy do nich wysiedlenia wywołane: 1. różnymi czynnikami eskalacji
przemocy zbrojnej (ang. conflict-induced displacement), 2. klęskami
żywiołowymi
i
katastrofami
przemysłowymi
(ang.
disaster-induced
displacement), 3. długotrwałymi przeobrażeniami środowiska (ang.
environmentally-induced displacement) oraz 4. następstwami rozwoju
gospodarczego (ang. development-induced displacement). W użyciu
funkcjonuje ponadto kilka bardziej szczegółowych klasyfikacji. Zwróćmy jednak
uwagę, że wspomniana tu klasyfikacja ma bardzo nieostry charakter, co obniża
jej użyteczność w ramach szczegółowych analiz naukowych. W potocznym
rozumieniu kategoria IDPs często ograniczana bywa wyłącznie do osób
wysiedlonych w następstwie konfliktów zbrojnych. Pamiętajmy jednak, że
większość wysiedleń na świecie wiąże się ze sprzecznościami interesów w
ramach określonego terytorium. W krajach upadłych, bądź rządzonych w
totalitarny i autorytarny sposób, przyczyny wysiedleń wewnętrznych tak silnie
na siebie oddziałują, że ich dokładne rozgraniczenie wydaje się niemożliwe i
mało zasadne. Afryka stanowi kontynent cechujący się szczególnie silnym
przenikaniem poszczególnych kategorii wysiedleń. Zwróćmy uwagę na przykład
Sudanu, gdzie jeszcze dziesięć lat temu wysiedlenia związane z eskalacją
przemocy o podłożu etnicznym silnie zespalały się z konsekwencjami
realizowanych tam inwestycji (budowa zapory Merowe czy liczącego ponad
1500 kilometrów ropociągu Block 5A). Przyczyną wysiedleń charakteryzującą
się szczególnie silnym przenikaniem czynników środowiskowych, politycznych i
inwestycyjnych jest wydobycie ropy naftowej (problem tzw. oil developmentinduced displacement, bądź oil-induced displacement and resettlement).
Pamiętajmy zatem, że prezentowana wyżej klasyfikacja ma bardzo
powierzchowny charakter i nie oddaje zróżnicowania wysiedleń wewnętrznych
na świecie.
Trudności w precyzyjnym rozgraniczeniu wspomnianych wyżej kategorii
wysiedleń kształtują potrzebę poszukiwania innych rozwiązań klasyfikacyjnych.
Użytecznym sposobem klasyfikacji problemu jest zaproponowany przeze mnie
w 2012 roku podział na wysiedlenia ryzyka (ang. displacement of risk) i
wysiedlenia adaptacji (ang. displacement of adaptation). Pierwsza ze
wspomnianych kategorii znajduje zastosowanie zwłaszcza (lecz nie tylko)
wobec osób zmuszonych do ucieczki w następstwie nagłych i dynamicznych
problemów w rodzaju eskalacji przemocy zbrojnej, klęsk żywiołowych i katastrof
82
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
przemysłowych, oraz szybko postępujących zjawisk w rodzaju głodu.
Wysiedlenia tego rodzaju są zatem odpowiedzią na nagły i trudny do
zahamowania spadek poziomu bezpieczeństwa ludzkiego (ang. human
security), w nieselektywny sposób obejmujący znaczące terytorium.
Podstawową motywacją podejmujących je osób jest jak najszybsze
opuszczenie obszaru zagrożenia w celu maksymalizacji poziomu
bezpieczeństwa gdzie indziej. Ucieczce z terytorium zagrożenia nie towarzyszą
zatem rozwinięte plany na przyszłość. Zdecydowanie odmienną sytuację
obserwujemy analizując bardziej statyczne kategorie wysiedleń wewnętrznychwywołane powolnymi przeobrażeniami środowiska bądź realizacją projektów
inwestycyjnych. Celem objętych nimi osób jest długotrwała maksymalizacja
poziomu bezpieczeństwa ludzkiego i jak najlepsza adaptacja w nowym miejscu
pobytu. Wysiedlenia tego rodzaju przybierać mogą formę mobilności kreowanej
przez władze, jak również przymusowej zmiany miejsca zamieszkania
bazującej na zindywidualizowanych decyzjach migracyjnych (np. w przypadku
osób zmuszonych do migracji w następstwie progresywnych zmian
środowiskowych- degradacji gleb i suszy, i wywołanej nimi perspektywy głodu).
Wysiedlenia (przymusowe migracje) o charakterze adaptacyjnym wiążą się nie
tyle z nagłym spadkiem większości kategorii bezpieczeństwa ludzkiego, lecz
bardziej powolną utratą ekonomicznych i środowiskowych podstaw egzystencji,
niezbędnych dla właściwego funkcjonowania. Opuszczenie miejsca
dotychczasowego zamieszkania nie jest tutaj celem samym w sobie, lecz
jedynie środkiem długotrwałej maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa
ludzkiego poprzez adaptację w bardziej sprzyjającym miejscu.
Specjaliści analizując przymusową mobilność wewnętrzną posługują się
wieloma kategoriami pojęciowymi. Nie wszystkie z nich wydają się jednak
odpowiednie, a stosowanie niektórych może prowadzić do błędnych wniosków
natury prawnej. Zgodnie z literą Konwencji Genewskiej z 1951 roku uchodźstwo
jest kategorią prawną, obejmującą osoby zmuszone do przekroczenia
międzynarodowo uznawanej granicy państwowej w wyniku prześladowań lub
konfliktów zbrojnych. Kategoria ta nie znajduje zatem zastosowania wobec
mobilności przymusowej o charakterze wewnętrznym. Pomimo wspomnianego
faktu pojęcia "environmental refugees" czy "conservation refugees" są
terminami dobrze utrwalonymi i w dalszym ciągu pojawiającymi się w literaturze
dla opisu wysiedleń wewnętrznych uwarunkowanych zmianami środowiska i
poszerzaniem obszarów ochrony przyrody. Stosowanie terminu "uchodźstwo
środowiskowe" błędnie sugeruje jednak znaczący transnarodowy potencjał tego
problemu, oraz istnienie wiążących dokumentów międzynarodowych,
ustanowionych w celu ochrony dotkniętych nim osób. Dużo istotniejsza z punktu
widzenia dalszej części artykułu wydaje się konieczność rozgraniczenia
kategorii wysiedleń i przesiedleń. Pojęcia te często występują wspólnie, nie
mając jednak tożsamego charakteru. Wysiedlenie (ang. displacement) to
zjawisko odcięcia jednostek bądź większych wspólnot od dotychczasowych
zasobów ekonomicznych, więzi społecznych i tradycji kulturowych, wywołane
fizyczną relokacją poza terytorium dotychczasowego zamieszkania. Mobilność
poza zamieszkiwany dotychczasowo obszar ma zatem znaczenie drugorzędne
wobec utraty bądź ograniczenia egzystencjalnych zasobów, kształtujących
indywidualne i wspólnotowe bezpieczeństwo w otaczającej nas przestrzeni.
Wysiedlenie może być zarówno pojedynczym i negatywnym zjawiskiem, jak
również fragmentem bardziej rozwiniętego procesu przesiedlenia. Jeżeli
83
Bogumił Termiński
relokacja poza miejsce dotychczasowego zamieszkania ma charakter
niezaplanowany i nie towarzyszą jej rekompensaty za utracone dobra i
właściwe mechanizmy wsparcia społecznego w nowym miejscu zamieszkania
możemy mówić o naruszeniu fundamentalnych praw człowieka. Wysiedlenie
może być także wstępnym i stricte fizycznym komponentem procesu
przesiedleń. Opuszczeniu miejsca dotychczasowego zamieszkania przyjmuje
wówczas zaplanowany charakter, uzupełniony o rekompensaty z tytułu
materialnych i niematerialnych kosztów wysiedlenia, oraz adekwatne
mechanizmy pomocowe w nowym miejscu. Jak zauważył Robert Chambers
"przesiedlenia charakteryzują się dwoma podstawowymi elementami:
mobilnością populacji oraz czynnikiem planowania i kontroli"1/103. Przesiedlenie
jest zatem zaplanowanym procesem składającym się z przynajmniej kilku
autonomicznych etapów. Wysiedlenia często przyjmują z kolei charakter
jednorazowego usunięcia jednostek bądź społeczności z ich dotychczasowej
przestrzeni życiowej (by stać się przesiedleniem element relokacji musi zostać
uzupełniony o rekompensatę strat i działania na rzecz odbudowy warunków
życia w nowym miejscu).
Trzecim terminem często spotykanym w literaturze poświęconej relokacjom
w przestrzeni miejskiej jest pojęcie "eksmisja". W odróżnieniu od terminu
"wysiedlenie" wydaje się w większym stopniu obrazować sam proces utraty
prawa do zajmowanej przestrzeni życiowej, aniżeli późniejsze konsekwencje
tego problemu. Kończąc rozważania pojęciowe warto zwrócić uwagę na często
pojawiającą się w anglojęzycznym piśmiennictwie kategorię osób dotkniętych
konsekwencjami powstania projektów (ang. project affected people- PAPs).
Specjaliści przedmiotu dążą zatem do jednoznacznego odróżnienia osób
fizycznie przesiedlonych (DPs) od tych w dalszym ciągu zamieszkujących
okolicę projektu i bezpośrednio odczuwających jego następstwa (PAPs).
Pamiętajmy jednak, że zdecydowana większość przesiedleń inwestycyjnych ma
ograniczony zasięg przestrzenny. Osoby przesiedlone na przyległe terytoria w
dalszym ciągu mogą zatem odczuwać negatywne oddziaływanie projektów.
Przyczyną największej skali wysiedleń wewnętrznych na świecie są
konsekwencje klęsk żywiołowych, zwłaszcza tych o podłożu atmosferycznym.
Zgodnie z szacunkami Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)
kataklizmy naturalne stały się przyczyną czasowego przynajmniej wysiedlenia
ponad 42 milionów osób w 2010 roku, 14,9 milionów w 2011 roku, oraz 32,4
milionów osób w rok później. W 2011 roku aż 89 procent wysiedleń tego
rodzaju ograniczało się do kontynentu azjatyckiego. Zgodnie z szacunkami z
2012 roku aż 98 procent klęsk żywiołowych stanowiły te o podlożu
atmosferycznym i klimatycznym. Ponad 90 procent wysiedleń wywołanych
klęskami żywiołowymi dotyka krajów rozwijających się. Od czasu huraganu
Katrina (sierpień 2005 r.) obserwujemy jednak wzrastającą liczbę osób
ewakuowanych w krajach wysoko rozwiniętych2/104. Pamiętajmy także, że
zdecydowana większość wysiedleń do których odwołują się statystyki IDMC
przyjmuje charakter krótkotrwałych ewakuacji i nie prowadzi do istotniejszych
przeobrażeń demograficznych i społecznych. Opierając się na przybliżonych
statystykach problemu, wysiedlenia inwestycyjne są drugą pod względem skali
103
[1/4-6] R. Chambers, Settlement schemes in Tropical Africa: A study of organizations and
development, Praeger, London, 1969.
104
[2/4-6] Następstwem huraganu Sandy z października 2012 roku stała się czasowa
przynajmniej ewakuacja 776 tysiecy osób.
84
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
kategorią wysiedleń wewnętrznych na świecie. Jeszcze w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych specjaliści wspominali o 10 milionach
osób zmuszonych każdego roku do zmiany miejsca zamieszkania w
następstwie projektów inwestycyjnych. Obserwowany w ostatnich latach
przyrost demograficzny i intensyfikacja rozwoju gospodarczego Globalnego
Południa doprowadziła do powiększenia szacowanej liczby wysiedlonych do
około 15 milionów osób rocznie. Wśród kluczowych elementów kształtujących
specyfikę wysiedleń inwestycyjnych wymienić należy ich długotrwały,
ograniczony przestrzennie, kolektywny, zorganizowany i sformalizowany
charakter.
Przeobrażenia wywołane inwestycją ingerencją w przestrzeń geograficzną
powodują, że w odróżnieniu od większości wysiedleń związanych z klęskami
żywiołowymi i lokalnymi konfliktami zbrojnymi, mają one nieodwracalny
charakter. Podobnie jak wysiedlenia wywołane kataklizmami naturalnymi,
często wiążą się one z nieodległą zmianą miejsca w przestrzeni. Zdecydowanie
mniejszą dynamikę roczną przyjmują wysiedlenia wewnętrzne związane z
eskalacją przemocy i konfliktami lokalnymi. Zgodnie z różnymi szacunkami na
świecie zamieszkuje obecnie od 22 do 28 milionów IDPs wysiedlonych
wewnętrznie w wyniku eskalacji przemocy i konfliktów zbrojnych. Szacunki
IDMC wskazują jednak, że liczba osób wysiedlonych w następstwie eskalacji
przemocy obserwowanej w 2011 roku wynosiła jedynie 3,5 miliona. Problem
wysiedleń wywołanych konfliktami zbrojnymi w wielu regionach świata
przyjmuje zatem długotrwały charakter. Wspomnijmy tu choćby o wieloletnich
przykładach wysiedleń wewnętrznych znanych z Kolumbii, Cypru, Azerbejdżanu
czy Afganistanu. Pomimo zdecydowanie większego poziomu zagrożeń
humanitarnych roczna dynamika wysiedleń wywołanych konfliktami zbrojnymi
jest przynajmniej kilkakrotnie mniejsza od tych związanych z konsekwencjami
projektów inwestycyjnych.
Już u progu ubiegłego stulecia obszary kolonialne stały się areną masowych
wysiedleń związanych z projektami redystrybucji ludności, ekspansją rozległych
plantacji, początkami górnictwa i tworzeniem pierwszych tam. Znane choćby z
Etiopii i Indonezji projekty przesiedlenia ludności na niżej zaludnione obszary
kraju realizowano już w drugiej połowie XIX stulecia. Na początek ubiegłego
wieku datować możemy pierwsze masowe wysiedlenia związane z
ekspansywną polityką brytyjskich kolonialistów w Indiach. Jak zauważa Walter
Fernandez rozwój górnictwa w Jharkhand, wielkich plantacji herbaty w Assam
czy kawy w Karnataka już w końcu XIX stulecia stał się istotną przyczyną
wysiedleń bądź ograniczania przestrzeni życiowej najbiedniejszych
społeczności. W latach dwudziestych ubiegłego stulecia powstał w Indiach
pierwszy znany na świecie ruch prostestu, założony przez osoby wysiedlone w
wyniku powstania tamy. Był nim działający w latach 1920-1924 ruch Mulshi
Satyagraha, sprzeciwiający się powstaniu wielkiej tamy w okolicach Pune.
Na lata trzydzieste przypada początek narodowych programów budowy
zapór wodnych w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim. Zwłaszcza
w drugim ze wspomninaych krajów tworzenie wielkich zbiorników wodnych stało
się przyczyną ogromnych konsekwencji społecznych. Według opinii Paula R.
Josephsona w następstwie tworzenia zbiorników wodnych w ZSRR pod
zatopione zostały tereny 165 dotychczasowych miast i miasteczek, oraz ponad
2600 wsi. Zalanie obszaru o przybliżonej powierzchni 78,000 km2 mogło
doprowadzić do wysiedlenia nawet 1,5 miliona osób. Lata pięćdziesiąte
85
Bogumił Termiński
wyznaczyły początek szczególnie dużej intensyfikacji przymusowych wysiedleń
wywołanych rozwojem gospodarczym. Tworzenie wielkich tam, określanych
przez Nehru mianem "świątyń współczesnych Indii", było jednym z kluczowych
elementów rozwoju gospodarczego tego państwa po uzyskaniu niepodległości.
Także katastrofalna w skutkach polityka Wielkiego Skoku Naprzód (ang. Great
leap forwards, 1958-1962) doprowadziła w Chinach do konstrukcji kilku tam
wiążących się z wysiedleniem ponad 100,000 osób. Symbolem rozwoju
gospodarczego krajów afrykańskich stała się realizacja trzech wielkich tam:
Wysokiej Tamy Asuańskiej w Egipcie, zapory Kariba na pograniczu Zimbabwe i
Zambii, oraz zapory Akosombo na Zbiorniku Wolta w Ghanie. To właśnie w
oparciu o wspomniane wyżej trzy projekty kształtowały się wczesne studia
antropologiczne poświęcone wysiedleniom inwestycyjnym w krajach
rozwijających. Wysiedlenia ludności Gwembe Tonga związane z powstaniem
zapory Kariba na Zambezi od 1952 roku stanowią obszar badań amerykańskich
antropologów społecznych- Elizabeth Colson i Thayera Scuddera. Na lata
sześćdziesiąte datować możemy pierwsze studia socjologiczne poświęcone
wysiedleniom ludności nubijskiej w związku z powstaniem zbiornika Nasera,
oraz zapory Akosombo. Wysiedlenia ludności wywołane rozwojem
gospodarczym są aktualnie przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin
naukowych.
Połowa lata siedemdziesiątych stała się początkiem zaangażowania Banku
Światowego w zakresie regulacji i kształtowania właściwych standardów
wysiedleń. Instytucja ta pełni obecnie funkcję centralnego aktora
instytucjonalnego w omawianym zagadnieniu. Począwszy od 1980 rok w
ramach Banku Światowego przyjęto kilka dokumentów formułujących
szczegółowe zasady planowania i realizacji wysiedleń, oraz rekompensat i
wsparcia otrzymywanego przez objęte nimi osoby. Podstawową zasadą
promowanych przez instytucję standardów jest dążenie do jak największej
minimalizacji ilości wysiedlonych. Aktywność Banku Światowego znacząco
wpłynęła także na konceptualizację teoretyczną zagadnienia.
nad
wysiedleniami
inwestycyjnymi
w
latach
Rozwój
badań
dziewięćdziesiątych wiązać należy z kontrowersjami wokół dwóch wielkich
projektów tamtego okresu: powstaniem kompleksu Sardar Sarovar na rzece
Narmada w Indiach, oraz rozpoczęciem prac nad Zaporą Trzech Przełomów w
Chinach. Skala wysiedleń towarzyszących wspomnianym tu inwestycjom
doprowadziła do nagłośnienia tego problemu w ramach zachodniej opinii
publicznej. Mieszkańcy państw wysoko rozwiniętych, nie obcujący
bezpośrednio ze zjawiskami tego rodzaju, nie zdają sobie sprawy zarówno z ich
skali, jak i towarzyszących im negatywnych konsekwencji społecznych.
Problemem pozostaje także widoczny brak zainteresowania zagadnieniem w
ramach UNHCR i innych instytucji systemu NZ. Podejmowana w ich ramach
aktywność na rzecz IDPs ogranicza się wyłącznie do bardziej dynamicznych
przyczyn wysiedleń, związanych z nagłymi i bezpośrednimi zagrożeniami
humanitarnymi.
Wysiedlenia wywołane rozwojem gospodarczym są zjawiskiem obecnym we
wszystkich regionach świata. Masowy charakter, oraz szczególnie uciążliwe
konsekwencje społeczne przyjmują jednak wyłącznie w krajach rozwijających.
Do najbardziej znaczących konsekwencji humanitarnych prowadzą wysiedlenia
realizowane w krajach upadłych, cechujących się niedemokratyczną formą
rządów i słabym rozwojem instytucji społeczeństwa obywatelskiego, jak również
86
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
w państwach cechujących się znaczącymi dysproporcjami ekonomicznymi, oraz
utrwaloną tradycją i prawem dyskryminacją najbiedniejszych warstw
społeczeństwa. Zgodnie z dokumentami przyjętymi w ramach systemu NZ
rozwój gospodarczy powinien służyć maksymalizacji dobrobytu jak największej
ilości członków społeczeństwa. Maksymalizacja interesów dominujących
aktorów ekonomicznych czy warstw społecznych bardzo często odbywa się
jednak kosztem marginalizacji i tak już silnie wykluczonych ekonomicznie
wspólnot w rodzaju ludności tubylczej, społeczności wiejskich i mieszkańców
dzielnic biedy. To właśnie oni ponoszą największe jednostkowe koszty rozwoju
ekonomicznego, rzadko otrzymując cokolwiek w zamian. Osoby wysiedlone
(ang. displaced people- DPs) czy odczuwające negatywne konsekwencje
projektów rozwojowych (ang. project-affected people – PAPs) często
postrzegane są jako ofiary słusznej sprawy, a ich postępująca marginalizacja
jako jeden z trudnych do uniknięcia kosztów rozwoju gospodarczego.
Wysiedlenia inwestycyjne są zatem przede wszystkim fenomenem
ekonomicznym. To wywołana inwestycją utrata ziemi staje się bowiem
przyczyną marginalizacji ekonomicznej i późniejszych problemów w rodzaju
bezrobocia, braku żywności, problemów mieszkaniowych czy zagrożeń
zdrowotnych.
2. Najważniejsze przyczyny wysiedleń inwestycyjnych
Dynamika i zróżnicowanie realizowanych w poszczególnych krajach
wzorców rozwoju gospodarczego silnie oddziałuje na charakter towarzyszących
im przesiedleń. Przez prawie siedemdziesiąt lat podstawowym czynnikiem
kształtującym skalę wysiedleń w wielu regionach świata było tworzenie
sztucznych zbiorników wodnych. Po 2000 roku liczba inwestycji tego rodzaju
wykazuje jednak nieznaczną tendencję spadkową. Coraz istotniejszą przyczyną
wysiedleń stają się przeobrażenia przestrzeni miejskiej. Nieznacznie rośnie
także skala przymusowej mobilności związanej z wydobyciem surowców.
Niezależnie od obecnej dynamiki rozwoju gospodarczego wymienić należy
przynajmniej osiem tradycyjnie analizowanych w literaturze przyczyn wysiedleń
inwestycyjnych. Zaliczamy do nich: 1. następstwa tworzenia tam, projektów
irygacyjnych, elektrowni wodnych i sztucznych kanałów, 2. rozwój transportu, 3.
urbanizację i przeobrażenia przestrzeni miejskiej, 4. wydobycie i transport
surowców. 5. deforestację i ekspansję przestrzeni rolnej, 6. konsekwencje
ochrony przyrody, 7. programy redystrybucji ludności, 8. inne przyczyny.
Szczególne kontrowersje budzić może zaliczanie do szerokiej kategorii
przesiedleń związanych z rozwojem gospodarczym tych wywołanych ochroną
przyrody, oraz redystrybucją ludności czy transferami populacyjnymi (procesy
tego rodzaju są bowiem silnie uwikłane politycznie). W poniższym fragmencie
pracy postaram się możliwie szczegółowo odnieść się do wszystkich spośród
wspomnianych wyżej przyczyn wysiedleń.
1. Tworzenie tam, projektów irygacyjnych, sztucznych zbiorników wodnych i
kanałów. W ostatnich latach obserwować możemy nieznaczny spadek ilości
projektów tego rodzaju oddawanych do użytku w państwach azjatyckich i w
Afryce. Pomimo tego faktu tworzenie tam w dalszym ciągu pozostaje
największą ilościowo przyczyną wysiedleń inwestycyjnych na świecie. Zgodnie
z pochodzącym z 2000 roku raportem końcowym Światowej Komisji do Spraw
Tam (ang. World Commission on Dams) inwestycje tego rodzaju doprowadziły
87
Bogumił Termiński
dotychczas do wysiedlenia od 40 do 80 milionów osób. Opracowany przez
Bank Światowy dokument “Bankwide Review of Projects Involving Involuntary
Resettlement” (1993 r.) wskazywał, że tworzenie tam było przyczyną około 26,6
procent przesiedleń inwestycyjnych na świecie. Szczególna skala tego procesu
cechuje największe ludnościowo kraje azjatyckie- Chiny i Indie. To właśnie w
oparciu o analizy wysiedleń towarzyszących powstaniu wielkich zapór wodnych
tworzone były dokumenty Banku Światowego dotyczące standardów
planowania i realizacji przesiedleń ludności. Możemy zatem powiedzieć, że
współczesna percepcja wysiedleń inwestycyjnych w przeważającym stopniu
bazuje właśnie na społecznych konsekwencjach wielkich projektów inżynierii
wodnej.
Jak zauważają Taneja and Thakkur (2000) jedynie po uzyskaniu
niepodległości przez Indie projekty tego rodzaju doprowadzić mogły do
wysiedlenia od 21 do 40 milionów obywateli tego państwa. Wśród oddanych w
tym kraju do użytku zapór wodnych, wiążących się z największą skalą
wysiedleń, wymienić możemy tamy Pong, Hirakud, Balimela, Tehri czy Sardar
Sarovar. Szacuje się, że w następstwie powstania ostatniego z wymienionych
projektów wysiedlonych zostało około 320 tysięcy osób (40 tysięcy rodzin). Osią
sporu stał się zwłaszcza główny element projektu- konstrukcja liczącej 136
metrów zapory Sardar Sarovar. Akcje protestacyjne prowadzone przez ruch
Narmada Bachao Andolan (NBA) doprowadziły do zwrócenia globalnej uwagi
na wywołaną rozwojem Indii postępującą marginalizację najbiedniejszych
warstw społeczeństwa. Konsekwencją zakończonej w 2006 roku budowy
zapory Tehri stało się wysiedlenie około 100 tysięcy okolicznych mieszkańców.
Chiny są obok Indii krajem w największym stopniu obciążonym
wysiedleniami wywołanymi tworzeniem zapór wodnych. Zgodnie z szacunkami
National Research Center for Resettlement inwestycje realizowane w Chinach
pomiędzy 1950 a 2000 rokiem doprowadziły do przymusowej relokacji
przynajmniej 45 milionów osób. Inne źródła wspominają nawet o 60 milionach
osób zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania w następstwie różnego
rodzaju projektów inwestycyjnych. Szacuje się, że tworzenie zbiorników
wodnych stało się przyczyną wysiedlenia przynajmniej 10 milionów osób.
Pierwszym okresem intensyfikacji tego problemu stała się realizowana w końcu
lat pięćdziesiątych polityka wielkiego skoku. Aż sześć zapór wodnych oddanych
do użytku w Chinach pomiędzy 1958 a 1962 rokiem wiązało się z
przesiedleniem ponad 100 tysięcy okolicznych mieszkańców. Były to zapory:
Ertan (278 tyś. przesiedlonych), Miyun (200 tyś. przesiedlonych), Shuikou (410
tyś. przesiedlonych), Xinanjiang (280 tyś. przesiedlonych), Sanmenxia (320 tyś.
przesiedlonych), oraz Zhaxi (141 tyś. przesiedlonych)3/105. Kolejny okres
intensyfikacji wysiedleń związany jest z obserwowaną w ostatnich latach
emergencją Chin jako globalnego aktora ekonomicznego. Obecna skala
wysiedleń w Chinach kształtowana jest zwłaszcza przez następstwa urbanizacji
i re-urbanizacji, oraz rosnące potrzeby energetyczne i surowcowe. Zainicjowana
w 1994 roku budowa Zapory Trzech Przełomów na rzece Jangcy jest dzisiaj
niekwestionowanym symbolem wysiedleń inwestycyjnych na świecie. Obszar
zalany w wyniku spiętrzenia zbiornika objął wysiedlone uprzednio terytoria 17
dużych miast, 126 miasteczek i ponad 2000 wsi. Konsekwencją inwestycji stało
105
[3/4-6] Podane statystyki mają wyłącznie przybliżony charakter. B. Termiński, Przesiedlenia
inwestycyjne: Nowa kategoria migracji przymusowych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf,
Warszawa, 2012.
88
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
się wysiedlenie ponad 1,26 mln osób4/106. Wśród innych państw azjatyckich,
cechujących się dużą skalą problemu, wymienić należy Tajlandię, Bangladesz,
Pakistan, Nepal, Filipiny, Malezję, Sri Lankę, Laos i Wietnam, a z bliższych nam
geograficznie krajów także Turcję.
Afryka wydaje się drugim obok Azji regionem o największej skali wysiedleń
związanych z tworzeniem zapór wodnych. Inwestycje tego rodzaju
doprowadziły do powstania aż trzech spośród czterech największych
sztucznych rezerwuarów wodnych świata: zbiorników Wolta, Kariba i Nasera.
To właśnie w oparciu o prowadzone przy ich powstaniu badania
socjoantropologiczne rozwinęły się współczesne studia nad przesiedleniami
inwestycyjnymi. Konsekwencją powstania realizowanej pomiędzy 1960 a 1971
rokiem Wysokiej Tamy Asuańskiej stało się wysiedlenie około 100-120 tysięcy
osób (w tym 50 tysięcy po egipskiej stronie zbiornika). Inną znaczącą
inwestycją lat sześćdziesiątych stało się powstanie zapory Akosombo w
Ghanie. Spiętrzenie zbiornika stało się przyczyną zalania aż 3.6 procent
powierzchni tego kraju i wysiedlenia około 82 tysięcy okolicznych mieszkańców
(ponad 1 procent ówczesnej populacji tego państwa). Realizowana pomiędzy
1955 a 1959 rokiem budowa zapory Kariba na Zambezi była jednym z
pierwszych projektów tego rodzaju finansowanych przez Bank Światowy.
Bezpośrednią konsekwencją projektu stało się wysiedlenie około 57 tysięcy
członków społeczności Gwembe Tonga. Wśród innych przykładów inwestycji
wodnych, prowadzących do istotnej skali wysiedleń, wymienić należy:
powstanie zapory Cabora Bassa w Mozambiku (25 tyś. wysiedlonych), Kainji w
Nigerii (ponad 42 tyś. wysiedlonych), Merowe w Sudanie (55 tyś-70 tyś
przesiedlonych), oraz projekt Lesotho Highland Water Project (25 tyś.
wysiedlonych).
Zapory wodne tworzone w Ameryce Łacińskiej w niezwykle silny sposób
oddziałują na pogorszenie sytuacji ludności tubylczej. Nic zatem dziwnego, że
wspomniany region świata jest obok Indii ośrodkiem najsilniejszego oporu
przeciwko projektom tego rodzaju. Niezwykle dynamicznie powstają tu ruchy
protestacyjne i różnego szczebla organizacje pozarządowe kontestujące
tworzenie dużych tam lub stawiające sobie za cel wsparcie dotkniętych tym
problemem osób. Realizowana pomiędzy 1983 a 1994 rokiem konstrukcja
zapory Yacyretá na pograniczu Argentyny i Paragwaju doprowadziła łącznie do
przesiedlenia około 68 tysięcy osób (37 tyś. po stronie Argentyny, oraz 31 tyś.
po stronie Paragwaju). Znacząca skala wysiedleń towarzyszyła także powstaniu
zapory Itaipu (10 tyś. przesiedlonych rodzin), Sobradinho w Brazylii (65 tyś.
przesiedlonych), Paulo Alfonso I-IV w Brazylii (52 tyś. wysiedlonych), oraz
Itaparica w Brazylii (49,5 tyś. przesiedlonych). Rosnące potrzeby energetyczne
Brazylii doprowadzić mogą do znaczącego wzrostu liczby średniej wielkości
elektrowni wodnych w tym państwie. Szczególnie kontrowersje społeczne
106
[4/4-6] Spośród ogromnej literatury przedmiotu poświęconej powstaniu Zapory Trzech
Przełomów warto zwrócić uwagę na następujące pozycje G. Heggelund, "Resettlement
Programmes and Environmental Capacity in the Three Gorges Dam Project", Development and
Change, vol. 37, no. 1, January 2006, s. 179-199; P. K. Gellert, "Mega Projects and
Displacements", International Social Science Journal, vol. 55, no. 175, March 2003, s. 15-25; J.
Xi, Sean-Shong Hwang, X. Feng, X. Qiao, Y. Cao, "Perceived Risks and Benefits of the Three
Gorges Project", Sociological Perspectives, vol. 50, no. 2, Summer 2007, s. 323-337; L.P. Kite,
Building the Three Gorges Dam, Heinemann/Raintree, 2011; M. Kammerer, The Three Gorges
Dam (Der Drei Schluchten-Damm), GRIN Verlag, 2009; D. Quing, The river dragon has come!:
the three gorges dam and the fate of China's Yangtze River and it's people, M.E. Sharpe, 1998.
89
Bogumił Termiński
wzbudziła planowana w ostatnich latach budowa zapory La Parota w Meksyku.
Prawie dziesięcioletnie protesty lokalnych społeczności doprowadziły
ostatecznie do decyzji o anulowaniu wspomnianej inwestycji w sierpniu 2012
roku.
Europa i Stany Zjednoczone są w ostatnich latach wolne od masowych
relokacji
ludności
wywołanych
tworzeniem
zbiorników
wodnych.
Charakterystyczna dla kręgu zachodu tradycja indywidualizmu, oraz rozwinięte
standardy ochrony prawnej, nie stwarzają zresztą możliwości dla realizacji tego
rodzaju projektów. Dywersyfikacja źródeł energii i niski poziom przyrostu
demograficznego powoduje, że inwestycje tego rodzaju nie wydają się
konieczne z ekonomicznego punktu widzenia. Pamiętajmy jednak, że jeszcze
kilkadziesiąt lat temu nawet w Stanach Zjednoczonych zrealizowano kilka
inwestycji prowadzących do masowych (jak na amerykańskie standardy)
relokacji ludności. Jak zauważa Thayer Scudder największą inwestycją tego
rodzaju na terytorium USA była przypadająca na lata 1933-1936 konstrukcja
zapory Norris w stanie Tenneessee. Jej konsekwencją stało się przesiedlenie
około 14 tysięcy okolicznych mieszkańców. Powstanie zapory Grand Coulee na
rzece Colombia w stanie Waszyngton doprowadziło do przesiedlenia 5-6
tysięcy okolicznych mieszkańców.
Dużo bardziej kosztowne społecznie okazały się projekty inżynierii wodnej
realizowane w Związku Radzieckim. Realizowany przez prawie czterdzieści lat
projekt budowy jedenastu zapór wodnych na Wołdze doprowadził do
wysiedlenia ponad 643 tysięcy osób. Bazujące na centralnym planowaniu
projekty gospodarcze Związku Radzieckiego cechowała nie tylko inwestycyjna
megalomania lecz także wątpliwa racjonalność ekonomiczna. Projektem tego
rodzaju był choćby realizowany w ramach pierwszego planu pięcioletniego
Kanał Białomorsko-Bałtycki. Istotna skala wysiedleń towarzyszyła także
realizowanemu przez kilkadziesiąt lat projektowi stworzenia sześciu zalewów na
Dnieprze. Inwestycje tego rodzaju na mniejszą skalę wdrażano także w innych
krajach socjalistycznych rządzonych na modłę autorytarną- w Albanii i Rumunii
(co ukazuje, że jedynie kraje o wysoce niedemokratycznym modelu rządów
mogły pozwolić sobie na kosztowne społecznie inwestycje).
Tworzenie zbiorników wodnych okazuje się przyczyną wysiedleń
inwestycyjnych o zdecydowanie najbardziej nieodwracalnym charakterze. Brak
możliwości powrotu w miejsce dotychczasowego zamieszkania może być
czynnikiem ułatwiającym adaptację w nowym środowisku. Z drugiej jednak
strony niezwykle często potęguje problemy w rodzaju dezintegracji społecznej
czy trudności ekonomicznych. Istotne by przesiedlenia tego rodzaju nie
prowadziły do rozbicia dotychczasowego poziomu spójności i więzów
społecznych w obrębie wspólnot. Najlepszym narzędziem osiągnięcia tego
stanu rzeczy wydaje się przesiedlanie całych wspólnot na obszary których
model gospodarczy umożliwia kontynuowanie dotychczas wykonywanych zajęć
i płynną integrację z zamieszkującymi tam społecznościami.
2. Urbanizacja i przeobrażenia przestrzeni miejskiej. Konsekwencje
przeobrażeń miast są aktualnie drugą największą przyczyną przesiedleń
inwestycyjnych na świecie. Biorąc pod uwagę rozwój demograficzny azjatyckich
metropolii ich dynamika w najbliższych latach może jednak znacząco wzrosnąć.
Wśród procesów urbanizacyjnych prowadzących do szczególnie znaczącej
skali wysiedleń wymienić należy: 1. ekspansję przestrzeni miejskiej na nowe
obszary, 2. przeobrażenia istniejących dystryktów miejskich (zwłaszcza
90
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
wyburzanie dzielnic biedy w rodzaju slumsów i faveli), 3. rozwój sieci transportu
publicznego (w szczególności budowę metra), 4. rozwój infrastruktury
sanitarnej, 5. odbudowę miast z powojennych zniszczeń, 6. projekty
redystrybucji populacji. Szczególnie duża skala wysiedleń staje się
konsekwencją przeobrażeń wielkich metropolii Azji i Ameryki Łacińskiej. Jak
zauważa Michael M. Cernea “w miastach takich jak Sao Paulo, Lagos, Douala
Rabat, Szanghaj czy Mexico City masowe inwestycje w przestrzeni
infrastruktury mieszkaniowej, transportowej, sanitarnej i innych usług publicznej,
są coraz bardziej potrzebne, a ich skala będzie wzrastała w związku z
dążeniem do podniesienia standardu życia. Projekty realizowane w przestrzeni
miejskiej będą wiązały się ze zmniejszaniem przestrzeni życiowej (zwłaszcza
najbiedniejszych grup mieszkańców- przyp. mój) oraz wymuszonymi
wysiedleniami”5/107.
Szczególnie widoczną przyczyną wysiedleń w metropoliach Globalnego
Południa jest w ostatnich latach rozwój infrastruktury sanitarnej (kanalizacji).
Jak zauważa Jason Stanley projekt tego rodzaju zrealizowany w ostatnich
latach w indyjskim Hajderabadzie (Hyderabad Water Supply Project)
doprowadził do wysiedlenia około 50 tysięcy osób6/108. Rozwój infrastruktury
sanitarnej w stolicy Bangladeszu Dhace (Dhaka Water Supply and Sanitation
Project) stał się przyczyną relokacji około 40 tysięcy mieszkańców.
Konsekwencją finansowanego przez Bank Światowy projektu rozwoju
infrastruktury sanitarnej Dżakarty stała się relokacja około 15 tysięcy
mieszkańców miasta. Także w aglomeracjach Afryki wielkie projekty publiczne
są przyczyną rosnącej skali wysiedleń. Wspomnijmy tu choćby o trzecim etapie
projektu rozwoju infrastruktury sanitarnej i wodociągów w Nairobi, prowadzącym
do przesiedlenia około 10 tysięcy mieszkańców7/109. Wspomniane tu inwestycje
dotykają najczęściej mieszkańców najuboższych dzielnic i przedmieść wielkich
aglomeracji. Poprawa usług publicznych kształtującej się klasy średniej
realizowana jest zatem kosztem marginalizacji biedoty. Wysiedlenia w
przestrzeni miejskiej cechują się bardziej selektywnym charakterem aniżeli te
będące konsekwencją powstawania sztucznych zbiorników wodnych. Łączy je
jednak szczególnie negatywne oddziaływanie na sytuację najbiedniejszych
warstw społeczeństwa, i tak już silnie dyskryminowanych ekonomicznie i
prawnie.
Także rozwój transportu publicznego generuje w ostatnich latach znaczącą
skalę przesiedleń ludności w przestrzeni miejskiej. Współfinansowany przez
Bank Światowy projekt rozwoju transportu miejskiego w Bombaju (ang. Mumbai
Urban Transport Project- MUTP) stał się przyczyną relokacji około 100 tysięcy
mieszkańców miasta. Istotnym czynnikiem wysiedleń jest także budowa
obwodnic miejskich. Wspomnijmy tu choćby inwestycjach tego rodzaju w
okolicach Dżakarty (ang. Jabotabek Development Project- ponad 40 tyś.
wysiedlonych) czy na przedmieściach Bostonu (tzw. Big dig- prowadzący do
107
[5/4-6] M. M. Cernea, African Involuntary Population Resettlement in a Global Context, World
Bank, Washington DC, 2000.
108
[6/4-6] J. Stanley, Development-Induced Displacement and Resettlement, Working Paper,
Oxford Refugee Centre, 2004, dostępne na stronie: http://www.forcedmigration.org/researchresources/expert-guides/development-induced-displacement-and-resettlement/fmo022.pdf
109
[7/4-6] Większość danych statystycznych zawartych w tym opacowaniu pochodzi z jednej z
moich publikacji anglojęzycznych. Por. B. Termiński, Development-induced diplacement and
resettlement: Theoretical frameworks and current challenges, CEDEM Working Paper,
University of Liege, 2013.
91
Bogumił Termiński
wysiedlenia około 10 tysięcy osób). Jak zatem widzimy projekty tego rodzaju
mogą dotykać także krajów wysoko rozwiniętych.
Ostatnią przyczyną na jaką pragnę zwrócić uwagę są konsekwencje
przeobrażeń przestrzeni mieszkalnej. Rozbudowa osiedli czy obszarów
usługowych w krajach Afryki i Azji niezwykle często wiąże się z wyburzaniem
dotychczasowych dzielnic biedy. Zjawiska tego rodzaju przybrały charakter
masowy między innymi w Indiach, Kambodży, Brazylii, Zimbabwe, i Kenii.
Częstą praktykę w Chinach stanowi wyburzanie całych dystryktów miejskich w
celu ich późniejszej re-urbanizacji na potrzeby mieszkaniowe i usługowe
rozwijającej się klasy średniej. Coraz większym problemem okazują się także
masowe eksmisje mieszkańców nie posiadających sformalizowanych praw do
zajmowanej przestrzeni. Jak podaje W. Courtland Robinson jedynie w 1998
działania zakładu gospodarki publicznej w Bombaju (ang. Brihanmumbai
Municipal Corporation) w zakresie porządkowania miasta doprowadziły do
eksmisji 168 tysięcy osób. Konsekwencją autorytarnych rządów w Birmie stały
się masowe eksmisje ludności ze stolicy tego kraju na przedmieścia i poza jej
bezpośrednie okolice. Jak podaje Departament Stanu USA pomiędzy 1988 a
1994 rokiem eksmisje tego rodzaju dotknęły aż 500 tysięcy mieszkańców
Rangun. Jak wskazywał UN-Habitat jedynie pomiędzy 1989 a 1990 rokiem na
zlecenie birmańskich władz przesiedlonych zostało około 1,5 miliona obywateli
tego kraju8/110. Akcja “oczyszczania” dzielnic biedy, realizowana kilka lat temu w
Zimbabwe, stała się przyczyną przymusowej relokacji przynajmniej kilkuset
tysięcy osób. Według szacunków ONZ wspomniany projekt (ang. Operation
Murambatsvina) stał się powodem przesiedlenia ponad 700 tysięcy osób i
poważnych problemów dla około 2,4 mln osób. Przymusowe eksmisje na dużą
skalę obserwowano także w Republice Dominikany pomiędzy 1986 a 1992
rokiem. Szacuje się, że w następstwie realizowanego wówczas projektu
przeobrażenia stolicy kraju Santo Domingo eksmitowanych zostało ponad 30
tysięcy rodzin9/111. Podobnie jak w kontekście innych analizowanych wyżej
problemów rozwój gospodarczy staje się narzędziem realizacji interesów
dominujących aktorów ekonomiczno-społecznych kosztem postępującej
marginalizacji najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Także w Azerbejdżanie
obserwujemy w ostatnim czasie zjawisko przymusowych eksmisji związanych z
przeobrażeniami stolicy tego kraju- Baku.
3. Rozwój sieci połączeń komunikacyjnych (dróg, autostrad, sieci
kolejowych). Ekspansja sieci transportu jest przyczyną wysiedleń często
analizowaną w kontekście urbanizacji. Z uwagi na kilka charakterystycznych
elementów zasadne wydaje się jednak omówienie tego problemu osobno.
Według pochodzącego z 1994 roku raportu Banku Światowego rozwój
transportu stanowił aż 24,6 % wszystkich projektów finansowanych ze środków
instytucji wiążących się z przesiedleniem ludności10/112. Nie wydaje się jednak
by udział tego problemu w ramach globalnej skali wysiedleń inwestycyjnych
rzeczywiście był aż tak znaczący. Inwestycje tego rodzaju celowo realizowane
są bowiem na terenach nisko zaludnionych. Dlatego właśnie najbardziej
110
[8/4-6] W. Courtland Robinson, Risks and Rights: The Causes, Consequences and
Challenges of Development-Induced Displacement, Brookings Institution, 2002.
111
[9/4-6] Ibidem, p. 19.
112
[10/4-6] Wspomniane szacunki odnoszą się do projektów finansowanych bądź
współfinansowanych przez Bank Światowy w latach 1986-1993, por. Bankwide Review of
Projects Involving Involuntary Resettlement (1986-1993).
92
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
zagrożone wysiedleniami tego rodzaju są gęsto zaludnione obszary Chin, Indii i
Bangladeszu. Specyfikę ostatniego spośród wspomnianych państw stanowi
duża skala wysiedleń wywołanych konstrukcją mostów. Dwa najbardziej znane
projekty tego rodzaju- powstanie mostów Jamuna i Padma wiązało się z
przesiedleniem kilkudziesięciu tysięcy osób. Także Kambodża charakteryzuje
się wzrastającą skalą relokacji wywołanych rozwojem transportu. Istotnym
problemem, dostrzeżonym już między innymi przez Azjatycki Bank Rozwoju
(ang. Asian Development Bank- ADB), stały się przesiedlenia ludności
związane z rozbudową trakcji kolejowej.
4. Wydobycie i transport surowców mineralnych. Zgodnie z wydanymi w
ostatnich latach opracowaniami eksploatacja i transport surowców prowadzić
może do przymusowych wysiedleń nawet miliona osób rocznie. Wspomniana tu
kategoria przyczyn wydaje się na tyle zróżnicowana, że zasadne okazuje się
wprowadzenie bardziej szczegółowych klasyfikacji roboczych. Najbardziej
właściwy okazuje się podział problemu na wysiedlenia związane z tworzeniem
bądź ekspansją kopalni odkrywkowych (ang. Mining-induced displacement and
resettlement – MIDR), oraz tych wywołanych wydobyciem i transportem ropy
naftowej
(ang.
oil-induced
displacement,
oil
development-induced
displacement). W przypadku pierwszej ze wspomnianych kategorii wysiedlenia
ludności są bezpośrednią konsekwencją ingerencji człowieka w środowisko
geograficzne. Czynnikiem kształtującym skalę tego procesu jest zatem
tworzenie nowych kopalni, bądź ekspansja tych już istniejących. Górnictwo
odkrywkowe prowadzi ponadto do określonych konsekwencji środowiskowych,
które także oddziaływać mogą na dynamikę przymusowych migracji w
późniejszym czasie. Ograniczona skala wysiedleń okazać się może wreszcie
rezultatem konfliktu o kontrolę nad terenami wydobywczymi czy podział profitów
z wydobycia. Z nieco odmienną specyfiką czynników sprawczych mamy do
czynienia w kontekście wysiedleń wywołanych wydobyciem ropy naftowej.
Uwarunkowania technologiczne powodują, że sam proces wydobycia nie wiąże
się ze znaczącą skalą wysiedleń. Przyczyną znaczącej skali tego problemu
okazuje się wysiedlanie ludności z bezpośredniego sąsiedztwa ropociągów.
Transport ropy naftowej może zatem prowadzić do większej skali wysiedleń
aniżeli jej fizyczne wydobycie. Równie istotnym czynnikiem przymusowych
migracji okazać się mogą negatywne konsekwencje środowiskowe procesów
wydobywczych (obserwowane np. w Delcie Nigru). Poniżej postaram się w
skrótowy sposób przedstawić przynajmniej najbardziej spektakularne przykłady
wysiedleń towarzyszących wydobyciu i transportowi surowców.
Szczególnie duża skala przesiedleń ludności cechuje wydobycie surowców
w Indiach i Chinach. Zdaniem dr Waltera Fernandesa pomiędzy 1950 a 1990
rokiem rozwój indyjskiego górnictwa stał się przyczyną wysiedlenia 2,55 miliona
mieszkańców tego kraju (zwłaszcza w regionie Jharkhand). Pomiędzy dekadą
lat sześćdziesiątych a końcem lat osiemdziesiątych średnia powierzchnia
kopalni odkrywkowych w tym kraju zwiększyła się aż sześciokrotnie. Nie dziwi
zatem, że rozwój górnictwa postrzegany jest w tym państwie jako kolejny
czynnik marginalizacji słabszych w imię realizacji interesów większości. Także
w Chinach wydobycie surowców wydaje się istotną przyczyną relokacji
ludności. Brak nawet bardzo ogólnych danych w tym zakresie utrudnia
wysuwanie jakichkolwiek wniosków na temat społecznych konsekwencji
górnictwa w tym państwie. Bangladesz nie jest obecnie krajem w którym
górnictwo jest przyczyną znaczącej skali wysiedleń ludności. Sytuacja ta może
93
Bogumił Termiński
jednak ulec zmianie za sprawą zapowiedzianych już w 2011 roku planów
powstania kopalni odkrywkowej Phulbari. Zgodnie z opiniami niektórych struktur
eksperckich (International Accountability Project) inwestycja ta stać się może
przyczyną wysiedlenia około 220 tysięcy osób, oraz nieodwracalnej dewastacji
lokalnego ekosystemu. Znacząca skala wysiedleń stała się konsekwencją
rozwoju kopalni odkrywkowych złota na wyspie Papua oraz górnictwa na
Filipinach.
Także Afryka jest obszarem silnie obciążonym analizowanym problemem.
Szacuje się, że rozwój odkrywkowego górnictwa złota w regionie Tarkwa w
Ghanie doprowadził do wysiedlenia około 30 tysięcy osób pomiędzy 1990 a
1998 rokiem. Górnictwo złota w dwóch największych regionach wydobywczych
Mali (Sadiola i Syama) stało się przyczyną wysiedlenia przynajmniej kilkunastu
tysięcy okolicznych mieszkańców. Przedmiotem uwagi Human Rights Watch
stały się przesiedlenia ludności w związku z rozwojem górnictwa w Mozambiku
(szacuje się, że następstwem ekspansji kopalni Moatize stało się przesiedlenie
przynajmniej 1200 gospodarstw domowych). Znacząca skala problemu cechuje
ponadto Demokratyczną Republikę Konga, Namibię, Botswanę, Mozambik,
RPA, oraz Zimbabwe. Ograniczony charakter wspomniane zjawisko przyjmuje
ponadto w krajach Ameryki Południowej. Nawet tam jesteśmy jednak w stanie
wymienić przynajmniej ograniczone ilościowo przykłady wysiedleń, związane z
rozwojem górnictwa w Chile, Boliwii, Peru, Wenezueli, Gujanie, Argentynie,
Surinamie i Hondurasie11/113.
Zdecydowanie bardziej wielowymiarowa okazuje się specyfika wysiedleń
związanych z wydobyciem i transportem ropy naftowej. Najbardziej kluczową
przyczyną tego rodzaju wysiedleń okazują się dążenia do uzyskania bądź
wzmocnienia kontroli nad terenami wydobycia surowca. Działania tego rodzaju
prowadzą do nieuniknionego konfliktu interesów pomiędzy różnymi aktorami
politycznymi bądź władzami a ludnością lokalną. Eskalacja przemocy związana
z konfliktami wokół wydobycia ropy naftowej jest zagadnieniem dobrze
omówionym w piśmiennictwie naukowym. Amerykański specjalista geografii i
studiów rozwojowych Michael J. Watts dla jego określenia posługuje się wiele
mówiącym terminem “petro-przemoc” (ang. petro-violence)12/114. Zjawisko to
występuje wyłącznie w krajach upadłych, rządzonych w sposób totalitarny bądź
autorytarny, jak również tych cechujących się wewnętrznymi konfliktami
zbrojnymi i eskalacją przemocy etnicznej. Zaistnienie zjawiska “petro-przemocy”
jak również brutalnych wysiedleń ludności wymaga zatem spełnienia dość
podobnych warunków. Najbardziej znanym przykładem wysiedleń związanych z
wydobyciem ropy naftowej okazują następstwa eksploatacji tego surowca w
Sudanie. Realizowane w kooperacji z zachodnimi firmami wydobycie ropy
naftowej w tym państwie (tzw. koncesja Block 5A) stała się przyczyną
brutalnego wysiedlenia przynajmniej 160 tysięcy mieszkańców południowej
części ówczesnego Sudanu. Szczególne natężenie walk o kontrolę nad
obszarami wydobycia i transportu ropy naftowej obserwowano pomiędzy 1999 a
113
[11/4-6] B. Termiński, Przesiedlenia inwestycyjne: Nowa kategoria przymusowych migracji,
Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012; B. Termiński, Oil-induced displacement and
resettlement: Social problem and human rights issue, Research Paper, Simon Fraser University,
Vancouver, March 2012; B. Termiński, Mining-induced displacement and resettlement: Social
problem and human rights issue, unpublished research paper, Geneva, September 2012.
114
[12/4-6] M. J. Watts, "Petro-Violence: Community, Extraction, and Political Ecology of a
Mythic Commodity" [w] M. L. Peluso, M. J. Watts (red.), Violent Environments: Essays on the
Metaphysics of Human Persons, Cornell University Press, Ithaca, 2001, s. 189.
94
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
2003 rokiem w stanie Unity (ang. Western Upper Nile, zwłaszcza w dystrykcie
Rubkoma). Wysiedlenia mieszkańców Delty Nigru stały się konsekwencją
protestów społeczności autochtonicznych przeciwko rosnącej dewastacji
środowiskowej tego obszaru. Protesty ludności Ogoni stały się przyczyną
pokazowych procesów i skazania na śmierć przywódców ruchu (MOSOP),
protestującego przeciwko niekontrolowanym konsekwencjom środowiskowym
wydobycia ropy w Delcie Nigru. Szczególna eskalacja tego konfliktu,
obserwowana około 1994 roku, przypada na okres militaryzacji rządów w
Nigerii. Udowadnia zatem prezentowane przeze mnie założenie, że brutalne
wysiedlenia wywołane eskalacją konfliktów o zasoby obserwujemy wyłącznie w
krajach o całkowicie niedemokratycznej formie rządów. Wysiedlenia związane z
rozwojem sektora naftowego na bardzo ograniczoną skalę obserwowano także
w Kolumbii i Ekwadorze. W ostatnim spośród tych państw były one raczej
konsekwencją skażenia środowiska wywołanego oszczędnościami w
wydobyciu. Także w rządzonej przez autorytarny reżim Birmie eksploatacja
surowców stała się przyczyną wielu patologii w rodzaju pracy przymusowej czy
ograniczonej skali eksmisji z bezpośredniego sąsiedztwa gazociągów.
Powstanie gazociągów z obszarów wydobywczych Yadana i Yetagun wiązało
się z licznymi przykładami bezpłatnej pracy przymusowej całych wiosek przy ich
konstrukcji. Pamiętajmy wreszcie o licznych przypadkach przymusowych de
facto migracji, podjętych w następstwie negatywnych konsekwencji
ekonomicznych i środowiskowych wydobycia ropy naftowej.
5. Deforestacja i ekspansja przestrzeni rolnych. Z uwagi na niski poziom
zaludnienia terenów leśnych deforestacja nie stanowi obecnie przyczyny
znaczącej skali wysiedleń. W niektórych regionach świata prowadzi jednak do
znaczących problemów ekonomicznych. W Indiach (a także wielu obszarach
Ameryki Łacińskiej i Afryki) lasy są podstawowym zapleczem ekonomicznym
dla wspólnot lokalnych. Społeczności łowiecko-zbierackie (ang. huntergatherer), bądź te oparte na bardziej trwałym związku z ziemią (ang. landbased economy) traktują las jako źródło żywności, drewna opałowego, czy
tradycyjnie potrzebnych im ziół. Utrata dostępu do lasów wymusza zatem
modyfikację modelu gospodarczego. Powoduje także obserwowane na przykład
w Indiach obniżenie aktywności ekonomicznej kobiet w ramach rodziny. Proces
deforestacji jest zazwyczaj etapem wstępnym dalej idących przeobrażeń
środowiska lokalnego. Mam tu na myśli w szczególności ekspansję terenów
rolnych.
Rolnictwo jest przyczyną rosnącej skali wysiedleń ludności. Jego odmianą,
prowadzącą do szczególnie niebezpiecznych konsekwencji społecznych i
środowiskowych, jest tworzenie wielkich monokulturowych plantacji.
Obserwowane choćby na Borneo wycinanie lasu deszczowego i tworzenie w
jego miejscu monokulturowych plantacji oleju palmowego stało się przyczyną
znaczących kontrowersji społecznych. Wysiedlenia wywołane ekspansją
plantacji palm oleistych na ograniczoną skalę obserwowano także w Kolumbii.
Przyczyną wysiedleń ludności okazują się także bazujące zazwyczaj na
centralnym planowaniu projekty rozwoju rolnictwa. Mam tu na myśli choćby
stosowaną w wielu krajach Afryki i Azji politykę powrotu na wieś (villagization).
Problem ten szczegółowo omówiony zostanie we fragmencie artykułu
dotyczącym schematów redystrybucji populacji.
6. Ochrona przyrody (tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, i
innych przestrzeni ochrony biosfery). Ochrona przyrody jest de facto procesem
95
Bogumił Termiński
głęboko opozycyjnym wobec wspomnianych wyżej płaszczyzn rozwoju
ekonomicznego. Jej celem jest bowiem nie rozwój gospodarczy lecz
minimalizacja i powstrzymywanie jego szczególnie negatywnych konsekwencji.
Pomimo wspomnianego faktu specjaliści tematu uznają relokacje związane z
tworzeniem bądź ekspansją obszarów ochrony przyrody za element szerszego
kontekstu wysiedleń inwestycyjnych. Według pochodzących z ostatnich lat
szacunków IUCN po 1900 roku utworzono na świecie ponad 110 tysięcy
obszarów przyrody chronionej (ang. protected areas). Powstanie wielu z nich
wiązało się z relokacją zamieszkującej tam ludności tubylczej, a zatem
rozerwaniem ekonomicznych, społecznych i kulturalnych zależności łączących
ich z zamieszkiwaną i użytkowaną od pokoleń przestrzenią. Zdaniem
przedstawicieli ortodoksyjnego nurtu ochrony przyrody tereny chronione
powinny objąć przynajmniej 10 % procent światowych powierzchni leśnych.
Problem wysiedleń wywołanych ochroną środowiska (ang. conservationinduced displacement) i liczba dotkniętych nimi osób (określanych często nie do
końca zasadnie terminem “conservation refugees”) ma zatem szanse na istotny
wzrost13/115. Zjawisko to dotyka wyłącznie przedstawicieli ludności tubylczej
(ang. indigenous people, tribal people) z nisko rozwiniętych obszarów świata.
Dlatego właśnie zainteresowania tym problemem, nawet w ramach ośrodków
akademickich, ma obecnie znikomy charakter. Wysiedlenia wywołane ochroną
przyrody już dzisiaj są poważnym problemem Indii i wielu regionów Afryki.
Warto zatem zwrócić uwagę na szczególnie spektakularne przykłady tego
zjawiska w poszczególnych częściach świata.
Wysiedlenia związane z ochroną przyrody realizowane były już w końcu XIX
stulecia w związku z utworzeniem Parku Narodowego Krugera w Południowej
Afryce. Jak zauważa Charles Geisler, socjolog rozwoju z Cornell University,
nawet próba określenia zbliżonej skali tego problemu w Afryce jest obecnie
bardzo trudna, bądź wręcz niemożliwa. Tworzenie przestrzeni ochrony przyrody
(ang. protected areas) w Afryce mogło jego zdaniem doprowadzić dotychczas
do wysiedlenia pomiędzy 900 tyś a 14,4 miliona osób. Przypadające na lata
dziewięćdziesiąte utworzenie Parku Narodowy Kibale w Ugandzie stało się
przyczyną wysiedlenia ponad 35 tysięcy osób. Około 19 tysięcy z nich
wysiedlonych zostało na tereny oddalone o ponad 150 mil od miejsca
pochodzenia. Powstanie Parku Narodowego Serengeti w północnej części
Tanzanii doprowadziło do przesiedlenia około 50 tysięcy członków plemienia
Masajów. Łączną liczbę członków tego plemienia wysiedlonych w następstwie
ochrony przyrody szacuje się dzisiaj na około 100 tysięcy. Problem wysiedleń
wywołanych ochroną przyrody coraz szerzej występuje także w krajach
azjatyckich. Według raportu przygotowanego na potrzeby indyjskiego rządu
ochrony przyrody doprowadziła dotychczas w tym państwie do wysiedlenia
około 1,6 miliona osób.
7. Projekty redystrybucji populacji (ang. population redistribution schemes).
Celowe przesiedlenia ludności bądź transfery populacyjne pomiędzy dwoma
obszarami były praktykowane na masową skalę już w czasach starożytnych. Ich
celem była wówczas unifikacja danego terytorium, ukaranie ludności podbitych
ośrodków władzy, bądź spełnienie innego rodzaju celów politycznych14/116. Już
115
[13/4-6] M. Dowie, Conservation Refugees: The Hundred-year Conflict Between Global
Conservation and Native People, MIT Press, 2009.
116
[14/4-6] Także współcześnie wymienić możemy przykłady uwarunkowanych politycznie
programów redystrybucji ludności. Wspomnijmy tu choćby o relokacjach związanych z
96
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
w epoce hellenizmu i Imperium Romanum realizowane były przesiedlenia
ludności mające za zadanie zwiększenie potencjału ekonomicznego i
demograficznego miast. W początkowym okresie ekspansji kolonialnej
przesiedlenia ludności służyły centralizacji podbitych obszarów, oraz
zapewnieniu imigrantom z Europy najbardziej optymalnej przestrzeni życiowej.
Stabilizacja obszarów kolonialnych zaowocowała pierwszymi próbami ich
demograficznej regulacji w celu maksymalizacji wydajności ekonomicznej.
Jednym z najbardziej znanych projektów tego rodzaju był program transmigracji
(ang. transmigration, ind. transmigrasi) w Indonezji, zapoczątkowany już w XIX
stuleciu przez holenderskie władze kolonialne. Celem wspomnianego projektu,
kontynuowanego później przez administrację Suharto, stało się dążenie do
tworzenia bardziej zbalansowanego układu demograficznego poprzez relokację
osób z najwyżej zaludnionych regionów kraju (Java, Bali, Madura) na obszary
peryferyjne. Szacuje się, że pomiędzy 1979 a 1984 rokiem w następstwie
programu przesiedlono aż 2,5 miliona osób (około 535,000 rodzin) na słabiej
zaludnione obszary Indonezji.
Innym krajem charakteryzującym się długotrwałą tradycją centralnie
sterowanych relokacji ludności jest Etiopia. Już w końcu dziewiętnastego
stulecia stały się one odpowiedzią na przeludnienie niektórych części kraju i
związane z tym problemy żywnościowe. Zwrot znacznej części obszarów
trzeciego świata w kierunku socjalizmu doprowadził tam do mniej lub bardziej
kontrowersyjnych relokacji na obszary wiejskie (ang. politics of villagization),
często związanych także z próbą recepcji wzorców kolektywizacji.
Obserwowana pomiędzy 1974 a 1988 rokiem szczególnie duża skala
wspomnianego procesu w Etiopii stała się konsekwencją wojskowych rządów w
tym kraju. Etiopia jest krajem stosującym politykę relokacji aż do czasów
obecnych. Niezwykle trudno zatem określić nawet przybliżoną liczbę osób
wysiedlonych w następstwie tego rodzaju procesów. Niektóre spośród
zrealizowanych tam programów redystrybucji ludności należy uznać za
racjonalne ekonomicznie i usprawiedliwione społecznie. Trudno także dziwić się
dążeniom tego rodzaju państw (których potencjał żywnościowy jest
nieproporcjonalnie mały w stosunku do potrzeb mieszkańców) do
rozwiązywania problemu braku żywności za pomocą odgórnie narzuconych
programów relokacji.
Politykę masowej redystrybucji populacji stosowała także Tanzania w
okresie prezydentury Juliusa Nyerere. Program relokacji był elementem
ustanowionej w tym państwie tzw. polityki Ujamaa (ang. Ujamaa development
policy). Zapoczątkowana jako dobrowolna kampania przesiedleń w pierwszej
połowie lat siedemdziesiątych miała już charakter przymusowy (tzw. operacja
Vijiji). Szacuje się, że następstwem polityki Ujamaa stały się przymusowe
wysiedlenia od 7 do 9 milionów mieszkańców Tanzanii. Zapoczątkowana w
1994 roku polityka przesiedleń ludności w Rwandzie związana była z powrotem
do tego państwa ponad 2,5 miliona uchodźców zmuszonych do ucieczki w
następstwie wcześniejszej eskalacji przemocy etnicznej.
Przesiedlenia ludności z miast na obszary wiejskie wiązały się także ze
stabilizacją władzy socjalistycznej w Kampuczy i Wietnamie. Szczególnie
brutalna i tragiczna humanitarnie okazała się polityka wysiedleń realizowana w
pierwszym ze wspomnianych tu państw. Szacuje się, że w okresie dyktatury
tworzeniem bantustanów w związku z polityką apartheidu w RPA. Szacuje się, że w latach
1960-1980 przesiedlono do nich aż 3,5 miliona osób.
97
Bogumił Termiński
Czerwonych Khmerów aż cztery miliony mieszkańców Kampuczy zostało
wysiedlonych z największych miast tego kraju.
8. Inne przyczyny. Wraz z ewolucją form rozwoju gospodarczego zmianom
ulega charakter towarzyszących im wysiedleń ludności. Spośród
najważniejszych kategorii wysiedleń ludności to właśnie te związane z
rozwojem gospodarczym i ochroną przyrody najpóźniej przyjęły charakter
masowy. Poza wymienionymi już przyczynami warto zwrócić uwagę na kilka
innych. Przyczyną rosnącej skali przesiedleń staje się tworzenie dużych
obiektów infrastruktury transportowej w rodzaju portów i lotnisk. Z uwagi na ich
lokalizację w sąsiedztwie wysoko zaludnionych obszarów miejskich tworzeniu
obiektów tego rodzaju może towarzyszyć wzmożona skala przesiedleń.
Przesiedlenia i mobilność o podłożu środowiskowym towarzyszy również
powstawaniu olbrzymich wysypisk śmieci w Ghanie. W erze globalizacji
zrównoważone warunki środowiskowe są nie tyle prawem społecznym lecz
przywilejem najbogatszych grup społeczeństwa. Jeszcze kilkadziesiąt late temu
ludność tubylcza krajów rozwijających zamieszkiwała zazwyczaj w
nieskażonym i cechującym się dobrymi warunkami środowiskowymi otoczeniu.
Obserwowane obecnie polepszanie standardu życia dominujących warstw
społecznych coraz częściej odbywa się kosztem minimalizacji poziomu
bezpieczeństwa środowiskowego najbiedniejszych kategorii ludności.
Przesiedlenia inwestycyjne w silny sposób przenikają się także z innymi
kategoriami wysiedleń wewnętrznych i ruchów migracyjnych. Przeobrażenia
środowiska okazują się zarówno przyczyną jak i konsekwencją przesiedleń
inwestycyjnych. Obserwowane w Etiopii przypadki długoletniej suszy i głodu
stały się przyczyną decyzji o masowych programach relokacji ludności, w celu
uzyskania bardziej zbilansowanego rozkładu demograficznego i poprawy
dostępu do żywności. Konsekwencje negatywnych zmian środowiskowych są
także najważniejszą przyczyną powstawania i ekspansji obszarów przyrody
chronionej. Działania tego rodzaju prowadzą corocznie do przymusowego
wysiedlenia wielu tysięcy osób. Środowiskowe konsekwencje projektów
inwestycyjnych są także przyczynami migracji wtórnych o wielotysięcznej skali.
Wiele spośród zrealizowanych projektów, nieuwzględniających szerszego
kontekstu ekosystemowego, stało się przyczyną poważnych problemów
ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych, w najbliższych i bardziej
odległych obszarach. Wyjątkowym następstwem powstania Zapory Trzech
Przełomów w Chinach stały się zagrożenia o podłożu sejsmicznym. Ich
konsekwencją stać się może przymusowe wysiedlenie kolejnych 100 tysięcy
osób.
Interesujący nas problem jest ponadto silnie zespolony z wysiedleniami
wywołanymi eskalacją przemocy zbrojnej. Państwa rządzone przez wąską elitę
władzy i silnie zmilitaryzowane cechują się brutalnymi metodami realizacji
wysiedleń inwestycyjnych. Wysiedlenia tego rodzaju często wiążą się jednak z
zadawnionymi konfliktami o podłożu etnicznym. Eskalacja przemocy zbrojnej
spowodowała raczej, że osoby wysiedlone w następstwie inwestycji w Sudanie,
Nigerii czy Kolumbii możemy postrzegać w kategoriach „conflict-induced
displaced people”.
Duże projekty inwestycyjne generują nie tylko przymusowe wysiedlenia
ludności, lecz także dużą skalę migracji ekonomicznych. Już w początku lat
dziewięćdziesiątych norweska politolog Asti Suhrke zwróciła uwagę na
wspomniany problem w kontekście degradacji środowiska. Zauważyła ona, że
98
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
przeobrażenia cywilizacyjne okazują się zarówno czynnikiem generującym
(ang. push factor) przymusowe migracje środowiskowe, jak i czynnikiem
przyciągającym (ang. pull factor) migrantów o charakterze ekonomicznym.
Również rekompensaty otrzymywane przez wysiedlonych stać się mogą
czynnikiem dobrowolnej migracji ekonomicznej w inne miejsce. W przypadku
rekompensat otrzymywanych wyłącznie w gotówce trudno zatem mówić o
klasycznie rozumianym przesiedleniu. Wysiedlenia z obszaru dotychczasowego
zamieszkania staje się raczej początkiem dobrowolnej migracji gdzie indziej. W
literaturze przedmiotu coraz częściej zwraca się uwagę na ekonomiczny
potencjał rekompensat w gotówce jako czynnika sprawczego transnarodowych
migracji (np. z Bangladeszu czy Pakistanu do Wielkiej Brytanii).
3. Teoretyczna konceptualizacja problemu
Już w pierwszych dekadach ubiegłego stulecia zaczęto zwracać uwagę na
sytuację osób przesiedlonych w następstwie rozwoju gospodarczego Stanów
Zjednoczonych. Wspomniane analizy miały jednak wyrywkowy charakter i nie
pretendowały do daleko idącej konceptualizacji tematu. Początek
zaawansowanych studiów na temat przesiedleń ludności wiązać należy z
prowadzonymi w latach pięćdziesiątych badaniami terenowymi amerykańskich
socjologów i antropologów społecznych. Współczesna percepcja przesiedleń
inwestycyjnych bazuje przede wszystkim na dorobku badań terenowych
prowadzonych wśród społeczności dotkniętych trzema wielkimi projektami
tamtego okresu. Mam tutaj na myśli powstanie zapory Kariba, Wysokiej Tamy
na Jeziorze Nasera, oraz zapory Akosombo na zbiorniku Wolta w Ghanie.
Zdecydowanie słabiej rozwijały się analizy społecznych konsekwencji relokacji
w krajach wysoko rozwiniętych. Warto jednak wspomnieć o prowadzonych już
w początku lat sześćdziesiątych przez Huberta Gansa badaniach
socjologicznych na temat relokacji miejskich w Bostonie.
Na 1952 rok datować możemy początek badań antropologicznych
poświęconych ludności Gwembe Tonga, objętej przesiedleniami związanymi z
powstaniem zapory Kariba na rzece Zambezi (pogranicze Zimbabwe i Zambii).
Ponad sześćdziesięcioletnie badania plemienia Gwembe Tonga umożliwiły
pogłębioną analizę ciągłości i zmiany społecznej w ramach dużej wspólnoty
objętej przesiedleniem. Przedmiotem analiz zespołu stało się oddziaływanie
przesiedlenia na ewolucję modelu ekonomicznego, więzi społecznych, a nawet
środowiskowe i zdrowotne konsekwencje powstania zapory Kariba dla
okolicznych społeczności. Publikacje Elizabeth Colson poświęcone społecznym
kosztom powstania zapory Kariba okazują się dzisiaj nie tylko fundamentalnym
tekstem antropologii stosowanej, lecz także studiów nad wysiedleniami
wewnętrznymi15/117. Analizy podjęte przez Elizabeth Colson i Thayera Scuddera
nie ograniczały się do wąskich studiów terenowych. Zasługą wspomnianych
autorów dla ogólnej teorii studiów nad przesiedleniami jest między innymi
sformułowanie tak zwanego czterostopniowego modelu przesiedlenia (ang.
four-stage model of resettlement), przedstawionego w pochodzącej z 1982 roku
publikacji16/118. Wyróżnili oni następujące etapy procesu przesiedlenia: 1.
117
[15/4-6] E. Colson, The Social Consequences of Resettlement: The Impact of the Kariba
Resettlement upon the Gwembe Tonga, Manchester University Press, 1971.
118
[16/4-6] T. Scudder, E. Colson, "From welfare to development: a conceptual framework for
the analysis of dislocated people" W: A. Hansen, A. Oliver-Smith (red.), In-voluntary migration
99
Bogumił Termiński
planowanie, 2. okres przejściowy, 3. rozwój, 4. integrację. Etap planowania
obejmuje zapadające na wyższych szczeblach ogólne decyzje w zakresie
implementacji projektu i towarzyszących przesiedleń. Drugi etap obejmuje
przygotowanie, oraz fizyczną relokację dotkniętych przesiedleniem
społeczności. Etap rozwoju wiąże się ze stopniową odbudową warunków życia,
oraz adaptacji dotychczasowych standardów funkcjonowania do sytuacji w
nowym miejscu zamieszkania. Ostatni ze wspomnianych etapów dotyka
problemu długotrwałej adaptacji w nowym miejscu przez osoby przesiedlone i
ich potomków. Zgodnie z zamysłem twórców wspomniany model miał
pierwotnie znajdować zastosowanie wyłącznie w analizie przesiedleń o
charakterze dobrowolnym. Jego ogólny charakter umożliwia także bardziej
szczegółowe analizy na gruncie przesiedleń przymusowych. Istotne znaczenie
dla rozwoju teoretycznych studiów przesiedleń wiązać należy z późniejszymi
książkami T. Scuddera poświęconymi przyszłości wielkich tam, oraz
oddziaływaniu malejącej liczby zasobów na problem biedy w krajach
rozwijających15/119.
Obok studiów ludności Gwembe Tonga warto zwrócić uwagę na rezultaty
prac terenowych prowadzonych w trzech innych regionach. Ukończona w 1965
roku budowa zapory Akosombo doprowadziła do powstania jednego z
największych na świecie sztucznych rezerwuarów wodnych i przymusowej
relokacji około 82 tysięcy osób. Badania towarzyszących inwestycji przesiedleń,
podjęte na gruncie nauk społecznych przez G.W. Amarteifio, D.A.P. Butchera,
R. Chambersa i D. Whithama, stały się niezwykle cennym asumptem w
procesie formowania podstaw studiów wysiedleń inwestycyjnych. Na lata
sześćdziesiąte datujemy także wstępne badania socjologiczne dotyczące
przesiedleń ludności nubijskiej związanych z powstaniem Wysokiej Tamy
Asuańskiej. Celem wspomnianego projektu, finansowanego przez Fundację
Forda, było przygotowanie socjologicznej analizy problemów dotykających
przesiedlonych na użytek egipskiego ministerstwa spraw społecznych. Jak
zauważa T. Scudder i wielu specjalistów studiów rozwojowych, powstanie
zapory w Asuanie było jednym z nielicznych przykładów tego typu inwestycji w
których negatywne koszty społeczne okazały się całkowicie znikome wobec
późniejszych korzyści ekonomicznych. Początek badań antropologicznych
dotyczących wysiedleń ludności wywołanych konstrukcją zapór wodnych w
Ameryce Łacińskiej datować możemy na wczesne lata siedemdziesiąte. W
pochodzącym z 1973 roku studium Barabas i Bartolomé podjęli temat
wysiedlenia około 10 tysięcy Indian Mazatec, towarzyszącego powstaniu zapory
Miguel Aleman Dam w Meksyku.
Już w latach sześćdziesiątych obserwujemy pierwsze próby tworzenia
ogólnych konceptów teoretycznych, pomocnych w analizie socjoekonomicznych
konsekwencji przesiedleń. Wspomnijmy tu choćby o zaproponowanym w 1969
roku przez Roberta Chambersa trzystopniowym modelu przesiedleń, bazującym
na analizach dobrowolnych relokacji w Kenii i Ghanie16/120. W początku
and resettlement, Westview Press, Boulder CO, 1982.
119
[15/4-6] T. Scudder, The Future of Large Dams: Dealing with Social, Environmental,
Institutional and Political Costs, Earthscan, London, 2005; T. Scudder, Global Threats, Global
Futures: Living with Declining Living Standards, Edward Elgar Publishing, 2010.
120
[16/4-6] T. Scudder, The Future of Large Dams: Dealing with Social, Environmental,
Institutional and Political Costs, Earthscan, London, 2005, s. 33.
100
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
następnej dekady wspomniany model poddany został analizie w treści kilku
innych publikacji naukowych.
Lata siedemdziesiąte okazały się początkiem niezwykle dynamicznego
rozwoju studiów nad wysiedleniami inwestycyjnymi. Od 1974 roku datować
możemy stałą współpracę Banku Światowego z socjologami zajmującymi się
problemem przymusowych wysiedleń (M.M. Cernea). Rozpoczęte wówczas
analizy odegrały decydujący wpływ na powstanie i ewolucję standardów
planowania realizacji i monitorowania przesiedleń wywołanych wielkimi
inwestycjami. Przed wspomnianym okresem uwaga środowisk naukowych
koncentrowała się raczej na socjoekonomicznych kosztach wysiedlenia.
Dokumenty przyjęte po 1980 roku w ramach Banku Światowego zwróciły uwagę
na zagadnienia minimalizacji wysiedleń, rekompensat, oraz właściwego
wsparcia przesiedlonych w nowym miejscu. Dopiero od tego okresu możemy
zatem mówić o rozwiniętych studiach przesiedleń, rozumianych jako
zaplanowany proces fizycznej relokacji, uzupełniany o rekompensaty za
utracone dobra, oraz mechanizmy wsparcia społecznego w nowym miejscu
zamieszkania. Wśród wydanych w latach osiemdziesiątych publikacji warto
zwrócić uwagę na opracowanie Putting People First: Sociological Variables in
Rural Development (Bank Światowy, 1985), oraz raport Development,
displacement, and rehabilitation: Issues for a national debate (W. Fernandes, E.
Ganguly Thukral, Indian Social Institute, New Delhi, 1989).
Silny rozwój badań naukowych nad wysiedleniami inwestycyjnymi
obserwujemy od końca lat osiemdziesiątych w związku z intensyfikacją wzrostu
gospodarczego Indii i Chin. Obserwujemy ponadto rosnące upolitycznienie
zagadnienia, oraz wzrost zainteresowania badaniami w tym zakresie ze strony
przedstawicieli innych dyscyplin wiedzy. Konsekwencją zaangażowania Banku
Światowego stały się dokumenty poświęcone wysiedleniom przyjmowane w
ramach regionalnych banków rozwoju (African Development Bank, Asian
Development
Bank,
Inter-American
Development
Bank).
Pomimo
wspomnianych wysiłków przesiedlenia inwestycyjne w dalszym ciągu nie stały
się przedmiotem zainteresowania instytucji międzyrządowych zaangażowanych
w przestrzeni ruchów migracyjnych, praw człowieka czy aktywności
humanitarnej.
Szczególne miejsce pośród rozwijanych w latach dziewięćdziesiątych
konceptów teoretycznych zajmuje Impoverishment Risks and Reconstruction
(IRR) Model17/121. Zgodnie z samą nazwą model koncentruje się na trzech
zagadnieniach: kreowanym przez wysiedlenie podważeniu ekonomicznych
podstaw funkcjonowania, zagrożeniach dotykających przesiedlonych w nowym
miejscu, oraz perspektywach przywrócenia właściwego standardu ich
funkcjonowania. Zgodnie z zamierzeniem twórcy modelu (M.M. Cernea) ma on
pełnić cztery podstawowe funkcje: 1. prognostyczną (ang. predicative), 2.
diagnostyczną (ang. diagnostic), 3. w zakresie rozwiązywania problemów (ang.
problem-resolution) oraz 4. badawczą (ang. research). Podstawowym zadaniem
modelu jest określenie zagrożeń dotykających przesiedlonych w trakcie i po
relokacji w celu właściwej analizy ryzyka i minimalizacji potencjalnych
problemów. Autor wymienia aż osiem kluczowych zagrożeń dotykających
przesiedlone osoby i społeczności. Zalicza do nich: 1) brak ziemi (ang.
landlessness); 2) bezrobocie (ang. joblessness); 3) bezdomność (ang.
121
[17/4-6] Por zwłaszcza: M. M. Cernea, "The risks and reconstruction model for resettling
displaced populations", World Development, vol. 25, no. 10, October 1997, s. 1569-1587.
101
Bogumił Termiński
homelessness); 4) marginalizację (ang. marginalization); 5) zagrożenia
żywnościowe (ang. food insecurity); 6) problemy zdrowotne i wzrastającą
śmiertelność (ang. increased morbidity and mortality); 7) utratę dostępu do
wspólnych zasobów (ang. loss of access to common property resources), oraz
8) dezintegrację wspólnot lokalnych (ang. community disarticulation). Jak
zauważa sam autor przedstawiony powyżej katalog zagrożeń nie ma charakteru
wyczerpującego. Niektórzy specjaliści sugerowali uzupełnienie modelu o inne
zagrożenia dotykające wysiedlonych w rodzaju utraty dostępu do świadczeń
publicznych (Mathur 1998, 1999), utratę praw obywatelskich (Downing, 1996),
oraz utrudniony dostęp do edukacji (Mahapatra, 1999)18/122. Niedocenionymi w
ramach modelu zagrożeniami wydają się ponadto kulturowe następstwa
przesiedleń, oraz te związane z ekonomiczną i społeczną marginalizacją kobiet.
Rosnącym na znaczeniu tematem badań jest opór lokalnych społeczności
przeciwko przesiedleniom inwestycyjnym. Szczególnie silne tradycje protestu w
tym zakresie obserwować możemy w Indiach i krajach Ameryki Łacińskiej.
Historia zorganizowanego protestu przeciwko tworzeniu zapór wodnych w
Indiach sięga pierwszych dekad ubiegłego stulecia. Szczególne natężenie
protestów w ostatnich latach wiązało się z dwoma znaczącymi inwestycjami:
powstaniem zapory Sardar Sarovar na rzece Narmada, oraz zapory Tehri.
Protesty obserwowane w Ameryce Łacińskiej wiążą się z rosnącym
upodmiotowieniem społeczności pierwotnych (ang. indigenous people) jako
suwerennego
aktora
politycznego,
ekonomicznego
i
społecznego,
decydującego o kierunku własnego rozwoju gospodarczego. Zorganizowane
protesty lokalnych społeczności w ostatnich latach wiązały się między innymi z
planami powstania wielkich zapór wodnych (Belo Monte, La Parota), oraz
zakusami administracji i prywatnego biznesu związanymi z wydobyciem
surowców. Anthony Oliver Smith wymienia trzy płaszczyzny oporu przeciwko
kontrowersyjnym społecznie projektom: a) działania demokracji oddolnej (ang.
grassroots movements), aktywność stowarzyszeń pozarządowych (NGOs) i c)
działania stowarzyszeń i platform współpracy wyższego szczebla (konfederacje
stowarzyszeń pozarządowych, międzynarodowe platformy protestu, itp). W
czasach rozwoju technologicznego ważnym medium promocji interesów ruchów
protestu i szerszej mobilizacji ich członków staje się internet. Zapewnia on
możliwość wyjścia z postulatami ruchu poza wąską grupę jego członków i osób
bezpośrednio
dotkniętych
negatywnymi
konsekwencjami
projektów
inwestycyjnych.
Badania przesiedleń inwestycyjnych narodziły się na gruncie antropologii
stosowanej, socjologii i różnych płaszczyzn studiów rozwojowych. To właśnie
na gruncie wspomnianych dyscyplin wytworzeniu uległy szczegółowe modele
badawcze, pomocne w analizie potencjalnych konsekwencji wysiedleń (IRR
Model, czterostopniowy model przesiedleń autorstwa E. Colson i T. Scuddera,
trzystopniowy model przesiedleń autorstwa R. Chambersa). Coraz częściej
obserwujemy jednak próby zastosowania w ich analizie bardziej ogólnych
konceptów teoretycznych w rodzaju podejścia etycznego, praw człowieka,
dorobku ekonomii politycznej, a nawet koncepcji bezpieczeństwa ludzkiego i
rozwoju ludzkiego. Wszystkie ze wspomnianych tu ujęć badawczych nie mają
państwocentrycznego i jednoznacznie politycznego charakteru. Umożliwiają
122
[18/4-6] M. M. Cernea, "Risks, safeguards and reconstruction: a model for population
displacement and resettlement" w: M. M. Cernea, C. McDowell (red.), Risks and reconstruction:
experiences of resettlers and refugees, The World Bank, Washington D. C., 2000, s. 53.
102
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
zatem wyciąganie daleko idących wniosków na temat wywołanych
wysiedleniami zagrożeń indywidualnych i wspólnotowych. Rozwijane przez
specjalistów kanadyjskich podejście etyczne koncentruje się na analizie
przesłanek zasadności projektów rozwojowych. Biorąc pod uwagę kategorie
etyczne inwestycje służące realizacji interesu społecznego wydają się dużo
bardziej uzasadnione aniżeli te zwiększające jedynie profity prywatnego
biznesu. Konsekwencją powstania zapory wodnej staje się zwiększenie ilości i
spadek cen energii, a także rozwój sektora rolnego i zyski z turystyki. Pomijając
chwilowo negatywne konsekwencje takich projektów możemy stwierdzić, że
krąg ich potencjalnych beneficjentów jest bardzo rozległy. W przypadku
projektów komercyjnych, w rodzaju ekspansji górnictwa odkrywkowego czy
tworzenia monokulturowych plantacji palm oleistych, wydaje się on już
zdecydowanie węższy. Nie oznacza to bynajmniej, że wyłącznie projekty
publiczne przyczyniają się do poszerzania przestrzeni dobrobytu w krajach
Globalnego Południa. Wspomniane tu założenia stanowią dla specjalistów
studiów rozwojowych punkt odniesienia dla bardziej szczegółowych dyskusji.
Słabo rozwiniętym obszarem badań okazuje się analiza konsekwencji
przesiedleń ludności na gruncie praw człowieka. Istnieje co prawda wiele
dokumentów w bezpośredni sposób odwołujących się do sytuacji osób
wysiedlonych tudzież negatywnych konsekwencji rozwoju gospodarczego.
Słabość rozwiązań prawnych w objętych tym problemem krajach powoduje, że
mają one de facto marginalne znaczenie. Jak już wiemy problem wysiedleń
inwestycyjnych dotyka prawie wyłącznie wspólnot o marginalnej już pozycji
ekonomicznej i społecznej. Działaniom na rzecz kształtowania właściwych
standardów przesiedleń powinno towarzyszyć wzmocnienie pozycji prawnej
dyskryminowanych kategorii ludności. Konieczne wydaje się także większe niż
dotychczas zainteresowanie problemem na gruncie międzynarodowych
instytucji praw człowieka. Szczegółowe omówienie problemu w kontekście
regulacji międzynarodowej ochrony praw człowieka zawarte zostało w jednej z
poniższych części artykułu.
Użytecznym narzędziem analizy społecznych konsekwencji przesiedleń
okazują się także popularne po zakończeniu zimnej wojny miękkie koncepcje
bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza koncept bezpieczeństwa ludzkiego (ang.
human security). Katalog siedmiu podstawowych obszarów bezpieczeństwa
ludzkiego, zawarty w przygotowanym przez UNDP w 1994 roku Human
Development Report wykazuje wiele elementów wspólnych z klasyfikacją
zagrożeń dotykających przesiedlonych, znaną nam choćby z IRR Model. Za
najważniejsze filary bezpieczeństwa ludzkiego uznano w nim: bezpieczeństwo
ekonomiczne, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo zdrowotne,
bezpieczeństwo środowiskowe, bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo
wspólnotowe,
oraz
bezpieczeństwo
polityczne.
Także
elementy
charakterystyczne konceptu bezpieczeństwa ludzkiego w dobry sposób
przystają do analiz globalnych problemów społecznych, dotykających zarówno
pojedyncze osoby jak i szersze wspólnoty19/123. Właśnie z uwagi na
wspomniane czynniki klasyfikacja najważniejszych płaszczyzn bezpieczeństwa
123
[19/4-6] Wśród elementów charakterystycznych konceptu bezpieczeństwa ludzkiego
wymienia się: koncentrację na problemach jednostek i grup społecznych, wielosektorowość,
wszechstronność, duży nacisk na kontekst zagrożeń dla bezpieczeństwa, oraz ukierunkowanie
na prewencję zagrożeń (ang. people-centered, multi-sectoral, comprehensive, context-specific,
and prevention-oriented).
103
Bogumił Termiński
ludzkiego stanie się punktem wyjścia dla bardziej szczegółowej analizy
konsekwencji wysiedleń inwestycyjnych w dalszej części pracy.
Kolejnym słabo zdefiniowanym podejściem badawczym, szczególnie
popularnym w pierwszym okresie po zakończeniu zimnej wojny, jest koncept
rozwoju ludzkiego (ang. human development). Szczególne znaczenie dla
ewolucji wspomnianej kategorii u progu lat dziewięćdziesiątych odegrali
Mahbub ul Haq i Amartya Sen. Pomimo znaczącej przydatności badawczej
koncept rozwoju ludzkiego jedynie w ograniczonym stopniu służyć może
analizom społecznych konsekwencji wysiedleń inwestycyjnych. Koncentruje się
on bowiem na maksymalizacji dobrobytu wszystkich obywateli, co rzadko ma
miejsce w kontekście sytuacji wysiedlonych w następstwie projektów
rozwojowych.
Osoby tego rodzaju stanowią raczej ofiary selektywnie rozumianej polityki
ekonomicznej, oderwanej od pryncypiów zrównoważonego rozwoju i
maksymalizacji dobrobytu wszystkich członków społeczeństwa. Jak zauważają
autorzy wspomnianego konceptu rozwój ludzki jest możliwy wyłącznie w
warunkach wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Duża część realizowanych
projektów rozwojowych prowadzi do konsekwentnego spadku wszystkich
kategorii bezpieczeństwa ludzkiego. Progresywna marginalizacja społeczności
wysiedlonych (DPs) i dotkniętych negatywnymi konsekwencjami inwestycji
(PAPs) stoi zatem w sprzeczności z wyrażanymi w ramach konceptu rozwoju
ludzkiego postulatami maksymalizacji dobrobytu (welfare, well-being), kapitału
czy poszerzania przestrzeni wolności. Opracowane przez Bank Światowy
standardy realizacji przesiedleń podkreślają co prawda konieczność odbudowy
utraconej pozycji ekonomicznej, oraz długofalowej maksymalizacji dobrobytu
przez wysiedlonych. Jedynie niewielka część spośród zrealizowanych
dotychczas przesiedleń doprowadziła do tak pozytywnych rezultatów
długookresowych. Zazwyczaj wysiedlenia ludności postrzegane są jako trudne
do uniknięcia koszty podniesienia dobrobytu dominujących warstw społecznych.
4. Analiza konsekwencji wysiedleń inwestycyjnych w kontekście konceptu
bezpieczeństwa ludzkiego
Powstanie konceptu bezpieczeństwa ludzkiego stało się odpowiedzią na
pozimnowojenne
nadzieje
większego
uspołecznienia
stosunków
międzynarodowych, i częściowej przynajmniej ewolucji państwocentrycznego
układu globalnego w kierunku wzrostu znaczenia aktorów społecznych.
Założenia te, powodowane także nadzieją rewitalizacji znaczenia ONZ i
zmniejszenia ilości wojen, już w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych
przeszły jednak miażdżącą weryfikację za sprawą brutalnych konfliktów
etnicznych w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, oraz na Półwyspie
Bałkańskim. Już w drugiej połowie lat osiemdziesiątych specjaliści stosunków
międzynarodowych rozwijali badania w zakresie tzw. miękkich aspektów
bezpieczeństwa, w tym koncepcji bezpieczeństwa środowiskowego (ang.
environmental security). Zainteresowanie konceptem bezpieczeństwa ludzkiego
na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat przyjmowało różną skalę. Obecnie staje
się on narzędziem interpretacji wielu globalnych problemów społecznych o
mniej politycznym charakterze.
Pierwsze badania dotyczące związków wysiedleń wewnętrznych i
problematyki bezpieczeństwa prowadzono już w końcu lat osiemdziesiątych i
104
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
początku następnej dekady. Szczególnie dynamicznie rozwijały się analizy
poświęcone wpływowi degradacji środowiska i kurczących się zasobów na
eskalację przemocy, oraz wywołane tym wysiedlenia ludności. Do grona
autorów poświęcających uwagę wspomnianemu zagadnieniu u progu lat
dziewięćdziesiątych zaliczyć należy Astri Suhrke, Arthura H. Westinga, czy T.
Homer-Dixona. Zdecydowanie słabiej rozwijały się badania na temat związków
bezpieczeństwa z problematyką wysiedleń inwestycyjnych. Problem ten do
niedawna analizowany był w ramach marginalnej ilości opracowań naukowych
(G. Bharali 2006; G Caspary 2007; B. Terminski 2012). Biorąc pod uwagę
szeroki i oderwany od prymatu polityki charakter wspomnianego konceptu,
wydaje się on dobrym narzędziem analiz globalnych problemów społecznych w
rodzaju wysiedleń związanych z rozwojem gospodarczym.
Punktem wyjścia dla dalszych rozważań stanie się prezentowana już
klasyfikacja siedmiu najważniejszych obszarów bezpieczeństwa ludzkiego,
zawarta w UNDP Human Development Report z 1994 roku. Na potrzeby własne
uzupełniłem ją o dwa istotne elementy: zagrożenia o charakterze kulturalnym
(ang. cultural security), oraz te związane z dyskryminacją i spadkiem pozycji
ekonomicznej kobiet (ang. gender insecurity). Konsekwencją dużej części
przesiedleń jest zdecydowane obniżenie wszystkich wspomnianych tu kategorii
bezpieczeństwa ludzkiego. W odróżnieniu od innych kategorii wysiedleń
wewnętrznych (zwłaszcza conflict-induced displacement i disaster-induced
displacement) spadek poziomu human security jest zazwyczaj nie przyczyna a
skutkiem przesiedlenia. Twórcy konceptu bezpieczeństwa ludzkiego
podkreślali, że w czasie pokoju kluczowym regulatorem funkcjonowania
jednostek jest stabilny poziom bezpieczeństwa ekonomicznego. Także w
przypadku wysiedleń inwestycyjnych spadek poziomu bezpieczeństwa
ekonomicznego w oczywisty sposób oddziałuje na dotykające przesiedlonych w
dalszej kolejności zagrożenia. Wspomniane tu dziewięć kategorii stanie się dla
mnie podstawą dla ukazania podstawowych zagrożeń dotykających
przesiedlonych.
Bezpieczeństwo ekonomiczne. Zdecydowana większość przesiedleń w
obszarze państw Globalnego Południa prowadzi do znaczącego pogorszenia
sytuacji ekonomicznej w porównaniu z okresem przed relokacją. Fakt ten wiąże
się z wywołaną przesiedleniem utratą bądź ograniczeniem zasobów, od których
zależą społeczności. Szczególnie dużym problemem okazuje się utrata ziemi,
oraz dostępu do zasobów wspólnych w rodzaju lasów, wspólnej ziemi uprawnej,
pastwisk czy rzek. Utrata ziemi jest częstą konsekwencją przyjętego w toku
przesiedleń niewłaściwego modelu rekompensat (wypłacania ich w gotówce
członkom społeczności opierających model gospodarczy na ziemi). Spadek
poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego jest najczęściej procesem trudnym do
zatrzymania i może przerodzić się w wielopokoleniową marginalizację. Silnie
oddziałuje ponadto na zdecydowaną większość innych zagrożeń.
Bezpieczeństwo
żywnościowe.
Spadek
poziomu
bezpieczeństwa
ekonomicznego wywołany jest najczęściej konsekwencjami utraty dostępu do
ziemi i zasobów wspólnotowych. Na obniżenie jego poziomu wpływa także
wywołany inwestycją spadek dotychczasowej wydolności ekonomicznej
ekosystemu. Także niewłaściwe zrealizowane wysiedlenia staja się powodem
spadku ilości żywności. Przesiedlenie często prowadzi do dezintegracji
dotychczasowych więzów ekonomicznych (na przykład sąsiedzkiej wymiany
żywności). Osoby odpowiedzialne za realizację projektów nie uwzględniają
105
Bogumił Termiński
socjoekonomicznej specyfiki przesiedlanych społeczności. Przesiedlani do
miast mieszkańcy obszarów wiejskich nie mają zazwyczaj szans kontynuacji
dotychczasowego modelu żywnościowego, opartego na silnym związku z
ziemią. Badania prowadzone w indyjskim regionie Assam ukazały szczególnie
silne oddziaływanie przesiedleń na pogorszenie sytuacji żywnościowej kobiety i
dzieci.
Bezpieczeństwo zdrowotne. Na poziom zdrowotności przesiedlonych bądź
dotkniętych inwestycją wspólnot w silny sposób oddziałują ich konsekwencje
środowiskowe. Wiele projektów inwestycyjnych, realizowanych w krajach
rozwijających, wiązało się ze spustoszeniem lokalnego ekosystemu, bądź
przynajmniej zachwianiem dotychczasowej równowagi środowiskowej.
Wywołane budową zapory wodnej skażenie rzek w oczywisty sposób oddziałuje
na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego całych społeczności. Wśród
najbardziej znanych inwestycji prowadzących do ogromnych konsekwencji
zdrowotnych wymienić możemy eksploatację złóż ropy naftowej w Delcie Nigru
(Nigeria) i Ekwadorze. Spadek bezpieczeństwa zdrowotnego, okazuje się także
konsekwencją niedożywienia. Przesiedlenia ludności są także źródłem
problemów adaptacyjnych, poczucia traumy i innych negatywnych zmian o
podłożu psychicznym (wspomnijmy także o wywołanych wysiedleniami
patologiach w rodzaju alkoholizmu).
Bezpieczeństwo
środowiskowe.
Spadek
wspomnianego
obszaru
bezpieczeństwa jest konsekwencją pogorszenia warunków w dotychczasowy
miejscu zamieszkania bądź przesiedlenia na dużo gorsze pod względem
środowiskowym obszary. Ludność tubylcza i najbiedniejsze warstwy
społeczeństwa są obecnie szczególnie zagrożone pogarszającymi się
warunkami środowiska w ich bezpośrednim otoczeniu. Maksymalizacja
bezpieczeństwa środowiskowego dominujących grup społecznych często
odbywa się kosztem ich coraz większej pauperyzacji w zdegradowanym
ekosystemie. Wywołana inwestycją degradacja ekosystemu często staje się
przyczyną masowych migracji wtórnych o podłożu środowiskowym (ang.
environmentally-induced displacement).
Bezpieczeństwo
osobiste.
Współczesne
paradygmaty
rozwoju
gospodarczego zwracają uwagę na znaczenie jednostki jako jego centralnego
beneficjenta. Osoby wysiedlone są przeważnie kategorią ponoszącą jego
największe koszty. Szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa osobistego
są konsekwencje dezintegracji większych struktur społecznych. Rozpad i erozja
ekonomicznej funkcji wspólnot jest bowiem podstawowym czynnikiem
późniejszej marginalizacji.
Bezpieczeństwo wspólnotowe. Przesiedlenia inwestycyjne w wielu krajach
rozwijających są przede wszystkim fenomenem wspólnotowym. Fizycznej
relokacji towarzyszą bowiem trudności w kontynuacji dotychczasowych więzi
społecznych. Poważnej erozji ulegają także lokalne więzi ekonomiczne.
Wywołany relokacją spadek poziomu bezpieczeństwa wspólnotowego zależy
od: 1. dotychczasowego poziomu spójności grupy, 2. specyfiki przesiedlenia
(relokacja całej grupy na nowy obszar, bądź wywołana wysiedleniem
atomizacja), 3. gospodarczych i społecznych podobieństw miejsca nowego
zamieszkania w stosunku do tych uprzednio opuszczonych, 4. możliwości
adaptacyjnych w ramach nowego terytorium i integracji z jego mieszkańcami. W
krajach wyżej rozwiniętych wysiedlenia są raczej zindywidualizowanym
106
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
fenomenem dotykającym jednostki bądź mniejsze komórki społeczne (np.
rodziny, nie zaś struktury plemienne).
Bezpieczeństwo polityczne. Przesiedlenia inwestycyjne są fenomenem w
niezwykle silnym stopniu uwarunkowanym politycznie. Na najbardziej ogólnym
poziomie ich dynamika kształtowana jest przez wzorce i tempo krajowego
rozwoju gospodarczego. Przykłady z krajów niedemokratycznych ukazują nam
jednak, że ekonomiczna racjonalność projektów ma często drugorzędne
znaczenie wobec dążenia do osiągnięcia specyficznych korzyści
ekonomicznych czy propagandowych. Specyfikę krajów rządzonych w
autorytarny bądź totalitarny sposób (Nigeria, Sudan, Gwatemala) stanowiło
bądź stanowi niezwykle silne przenikanie się dwóch przyczyn wysiedleń:
lokalnej eskalacji przemocy, oraz realizacji dużych inwestycji. Realizacja
projektów rozwojowych staje się tam kolejnym czynnikiem zaogniania konfliktów
etnicznych i związanych z tym wysiedleń. W wielu przypadkach trudno zatem
mówić o jakiejkolwiek różnicy pomiędzy przywoływanymi w piśmiennictwie
anglojęzycznym kategoriami “conflict-induced displacement” i “developmentinduced displacement”.
Zagrożenia dla bezpieczeństwa kobiet. Dzieci i kobiety są kategoriami
ponoszącymi największe jednostkowe koszty wysiedleń. Częstą konsekwencją
wysiedleń w Indiach staje się obniżenie aktywności ekonomicznej kobiet, i ich
coraz większe uzależnienie od zarobków mężów. Przesiedlenia utrwalają zatem
tradycyjnie upośledzoną pozycję kobiet w społeczeństwach wielu krajów
rozwijających. Kobiety cechuje ponadto dużo niższa niż w przypadku mężczyzn
elastyczność zawodowa, co w sytuacji przesiedlenia na obszary cechujące się
innym niż dotychczasowy modelem ekonomicznym powoduje ich przymusowe
bezrobocie.
Utrata dostępu do edukacji i usług publicznych. Osoby odpowiedzialne za
realizację przesiedleń niezwykle często zapominają o długotrwałych
mechanizmach wsparcia. Równie powszechnym problemem okazują się dużo
gorsze warunki mieszkaniowe i infrastrukturalne (drogi, wodociągi, transport
publiczny) w nowym miejscu zamieszkania. Przesiedleni w nowym miejscu
pobytu mają często utrudniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.
5. Aktywność instytucji międzynarodowych
W odróżnieniu od innych kategorii wysiedleń wewnętrznych, centralnymi
aktorami instytucjonalnymi zaangażowanymi w problematykę DIDR nie są
instytucje aktywne w przestrzeni przymusowych migracji czy pomocy
humanitarnej, lecz międzynarodowe agencje finansowe i organizacje
ekonomiczne w rodzaju Banku Światowego, regionalnych banków rozwoju i
OECD. Bank Światowy od ponad czterdziestu lat odgrywa istotne znaczenie w
zakresie finansowania projektów rozwojowych i kreowania standardów realizacji
towarzyszących im wysiedleń. Aktywność tego rodzaju stała się odpowiedzią na
zarzuty skrajnego upolitycznienia świadczonej przez bank pomocy rozwojowej,
oraz braku kontroli nad konsekwencjami inwestycji realizowanych ze środków
instytucji. Szczególnie nagłośnionym przypadkiem porażki pryncypiów wsparcia
rozwojowego Banku Światowego stały się konsekwencje powstania zapory
Chixoy w Gwatemali.
Bank Światowy jest pierwszą instytucją międzynarodową w ramach której
przyjęto zestaw standardów dotyczących planowania, realizacji i minimalizacji
107
Bogumił Termiński
społecznych konsekwencji przesiedleń. W lutym 1980 roku instytucja przyjęła
tzw. Instrukcję Obsługi Operacyjnej (ang. Operational Manual Statement- OMS
2.33). W 1990 roku dokument ten został zrewidowany jako tzw. Dyrektywa
Operacyjna 4.30 (ang. Operational Directive 4.30- OD 4.30). Jej podstawowe
założenia i cele operacyjne znaleźć możemy w artykule 3 dokumentu. Zgodnie
z nim (a) Gdy to możliwe powinno dążyć się do uniknięcia bądź jak największej
minimalizacji liczby przesiedlonych, (b) Gdy przesiedlenie jest nie do uniknięcia
proces ten powinien być dobrze zaplanowany, (c) Powinno dążyć się do jak
największej partycypacji wspólnot lokalnych na etapie planowania i realizacji
przesiedleń, (d) Osoby przesiedlone powinny otrzymać wsparcie w procesie
społecznej i ekonomicznej integracji w nowym miejscu zamieszkania, (e)
Ziemia, mieszkania, wsparcie infrastrukturalne, bądź inne formy kompensaty,
powinny być otrzymywane także przez szczególnie silnie dotknięte
przesiedleniami grupy, (ludność tubylczą, mniejszości etniczne, społeczności
nomadyczne), które mogą nie posiadać formalnych praw do terytorium i
zasobów zajętych w trakcie realizacji projektu.
W grudniu 2001 roku w ramach Banku Światowego przyjęta została Polityka
Operacyjna w zakresie Niedobrowolnych Przesiedleń (ang. Operational Policy
on Involuntary Resettlement, OP4.12.). Dokument ten w szczególnym stopniu
koncentruje się na problemach i potrzebach grup odczuwających największe
koszty przesiedlenia, w rodzaju "społeczności żyjących poniżej granicy nędzy,
nie posiadających ziemi, osób starszych, kobiet, dzieci, ludności pierwotnej,
mniejszości etnicznych, oraz osób marginalizowanych przez system prawny w
związku z brakiem formalnego tytułu do ziemi"20/124. W przypadku grup silnie
związanych z ziemią (ang. land-based economy) najbardziej zasadną formą
rekompensaty wydaje się przesiedlanie ich na nieodległe tereny o podobnym
modelu gospodarczym. Dokument Banku Światowego podkreśla ponadto
wiążącą moc zwyczajowych praw do ziemi, zwracając także uwagę na
podstawowe prawa przysługujące przesiedlonych. Osoby przesiedlone
powinny: 1. być informowane o wynikających z przesiedlenia możliwościach,
oraz przysługujących im prawach, 2. zostać zaznajomione z rozwiązaniami
alternatywnymi w kwestii przesiedleń, 3. otrzymać niezwłoczną i efektywną
rekompensatę z tytułu utraconych dóbr bądź możliwości.
W związku z brakiem rzeczywistej aktywności systemu NZ, Bank Światowy
jest obecnie najważniejszym aktorem instytucjonalnym zaangażowanym w
problem wysiedleń ludności wywołanych rozwojem gospodarczym. Obok
finansowania projektów w istotny sposób wpływa także na standardy realizacji
towarzyszących im przesiedleń. Jako donator projektów rozwojowych Bank
Światowy bezpośrednio odpowiada za kreowanie skali przesiedleń w różnych
częściach świata. Równocześnie jednak aktywność badawcza, oraz dokumenty
przyjęte w ramach instytucji, odgrywają istotne znaczenie w minimalizacji
zagrożeń dotykających przesiedlonych i większej humanitaryzacji tego procesu.
Konsekwencją podjętej w jego ramach aktywności stały się późniejsze działania
na płaszczyźnie regionalnych banków rozwoju (ang. Regional Development
Banks – RDB). Pamiętajmy jednak, że z uwagi na ograniczenia finansowe,
aktywność wspomnianych tu instytucji nie jest obecnie znacząca. Niewiele
ponad trzy procent spośród powstających obecnie zapór wodnych opiera się na
wsparciu finansowym Banku Światowego. Większe znaczenie instytucja
124
[20/4-6] OP 4.12 on Involuntary
INTFORESTS/ Resources/ OP412.
Resettlement
108
http://siteresources.worldbank.org/
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
odgrywa w zakresie finansowania rozwoju sieci komunikacji w niektórych
państwach Afryki i Azji. Aktywność finansowa regionalnych banków rozwoju
okazuje się jeszcze mniejsza.
Azjatycki Bank Rozwoju (ang. Asian Development Bank ADB) przyjął
katalog wytycznych dotyczących przymusowych przesiedleń w listopadzie 1995
roku. Jak zauważono w dokumencie planowanie i realizacja przesiedleń jest
integralną częścią procesu inwestycyjnego. Osoby odpowiedzialne za realizację
projektów finansowanych ze środków ADB powinny dążyć do całkowitej
eliminacji przesiedleń, bądź przynajmniej minimalizacji ich skali. Jednostki i
wspólnoty dotknięte tym procesem powinny zostać poinformowane o
socjoekonomicznych konsekwencjach projektu, proponowanych formach
rekompensat, bądź rozwiązaniach alternatywnych. Program przesiedleń
powinien koncentrować się na perspektywach ekonomicznej i społecznej
integracji wysiedlonych w nowym miejscu zamieszkania. Podobnie jak w innych
dokumentach podkreślone zostało, że brak sformalizowanych praw do
zajmowanego terytorium bądź użytkowanych zasobów wspólnych nie może
stanowić przesłanki braku rekompensaty dla wysiedlonych. Przyjęte przez ADB
procedury implementacji zasad przesiedleń obejmują następujące etapy: a)
Initial Social Assessment (ISA), b) Resettlement Plan, c) Responsibility for
Resettlement, d) Project Processing, e) Project Implementation, f) Application of
Policy, g) Monitoring and Reporting, h) Resource Implications. W 2000 roku
ADB publikował studium poświęcone ewaluacji finansowanych ze środków
instytucji projektów prowadzących do przymusowych przesiedleń ludności
(dotyczyło ono lat 1994-1999). Zgodnie ze wspomnianym dokumentem 80
realizowanych w tym okresie projektów doprowadziło do przesiedlenia 40
tysięcy osób i znaczących konsekwencji dla kolejnych 80 tysięcy w dwunastu
państwach regionu21/125. Początek zaangażowania Afrykańskiego Banku
Rozwoju (ang. African Development Bank- AfDB) na rzecz regulacji standardów
przesiedleń związanych z finansowanymi przez instytucję projektami datować
możemy na pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych. Pierwszym dokumentem
przyjętym w ramach instytucji były pochodzące z 1995 roku Wytyczne
Dotyczące Przymusowych Wysiedleń i Przesiedleń Towarzyszących Projektom
Rozwojowym (ang. Guidelines on Involuntary Displacement and Resettlement
in Development Projects- IDRP). W listopadzie 2003 roku doszło do przyjęcia
polityki AfDB dotyczącej przymusowych przesiedleń związanych z projektami
rozwojowymi22/126. Podstawowym celem dokumentu stało się zapewnienie, że
“wszystkie osoby wysiedlone powinny być traktowane w sposób równy, oraz
mieć dostęp do korzyści związanych z realizacją projektu prowadzącego do ich
wysiedlenia”. Wśród głównych założeń operacyjnych dokumentu wymienić
należy: 1. dążenie do całkowitej eliminacji liczby wysiedlonych, bądź, gdy jest to
niemożliwe, jak największej minimalizacji tego problemu, 2. zapewnienie
przesiedlonym wsparcia w trakcie fizycznej relokacji, co umożliwić powinno
szybkie odbudowanie ich dotychczasowego standardu życia, 3. określenie
wytycznych i warunków jakie powinny być spełnione przez kredytobiorców w
celu jak największej eliminacji społecznych konsekwencji przesiedleń, 4.
wprowadzenie
mechanizmu
monitoringu
społecznych
konsekwencji
125
[21/4-6] Special Evaluation Study on The Policy Impact of Involuntary Resettlement, Asian
Development Bank, Spetember 2000.
126
[22/4-6] "Involuntary Resettlement Policy", African Development Bank, November 2003,
available at: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/PolicyDocuments.
109
Bogumił Termiński
towarzyszących projektom realizowanym ze środków AfDB23/127. Także
aktywność Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju (ang. Inter-American
Development Bank- IADB) na rzecz minimalizacji przesiedleń podjęta została
już w początku lat dziewięćdziesiątych. W 1991 roku instytucja przyjęła
pierwsze wytyczne operacyjne dotyczące przesiedleń ludności. Polityka
Operacyjna Dotycząca Przymusowych Przesiedleń (ang. The Operational
Policy on Involuntary Resettlement OP-710) przyjęta została w 1998 roku.
Dokument ten w silny sposób skoncentrowany jest na analizie i minimalizacji
zagrożeń marginalizowanych kategorii ludności w rodzaju społeczności
tubylczych i wspólnot bez sformalizowanych praw do zajmowanego terytorium.
W pochodzącym z 1998 raporcie poglądowym IADB zauważono, że
przynajmniej 120 projektów finansowanych bądź współfinansowanych przez
instytucję pomiędzy 1970 a 1998 rokiem doprowadziło do łącznego
przesiedlenia przynajmniej 650 tysięcy osób24/128.
Aktywność OECD na rzecz promowania właściwych standardów przesiedleń
związana jest z przyjętymi w początku lat dziewięćdziesiątych dokumentami w
tym zakresie, jak również praktyczną działalnością operacyjną Komitetu
Wspierania Rozwoju (ang. Development Assistance Committee -DAC). W
grudniu 1991 roku ministrowie środowiska i współpracy rozwojowej państw
OECD przyjęli “Wytyczne agencji pomocowych w zakresie przymusowych
wysiedleń i przesiedleń towarzyszących projektom rozwojowym” (ang.
“Guidelines for Aid Agencies on Involuntary Displacement and Resettlement in
Development Projects)25/129. Jak zauważono w dokumencie podstawowym
celem osób odpowiedzialnych za planowanie relokacji powinna być eliminacja
bądź minimalizacja skali przesiedleń poprzez poszukiwanie rozwiązań
alternatywnych. Efektywne przygotowanie i realizacja przesiedleń powinny
opierać się na poniższym schemacie: a) identyfikacja projektu przesiedleń, b)
przygotowanie projektu przesiedleń, c) ocena zasadności projektu i negocjacje
społeczne, d) realizacja i nadzór projektu, e) ocena ex-post. Przesiedlenia
inwestycyjne są ponadto przestrzenią ograniczonej aktywności ze strony innych
instytucji międzynarodowych. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang.
International Union for Conservation of Nature – IUCN) coraz częściej zwraca
uwagę na przymusowe wysiedlenia ludności związane z tworzeniem parków
narodowych i innych przestrzeni ochrony biosfery. Z uwagi na standardy
realizacji, oraz ograniczone możliwości adaptacyjne ludności pierwotnej,
wysiedlenia związane z ochroną przyrody są przyczyną szczególnie silnych
zagrożeń o charakterze humanitarnym. Przesiedlenia inwestycyjne są ponadto
przedmiotem refleksji instytucji systemu NZ. Przymusowe eksmisje związane z
transformacjami przestrzeni miejskiej są zagadnieniem często analizowanym w
raportach UNDP i UN-HABITAT. Studiom tego rodzaju nie towarzyszy jednak
bardziej zaawansowana aktywność praktyczna. Podobną sytuację obserwujemy
w kontekście zainteresowania problemem ze strony Światowego Programu
Żywnościowego (ang. World Food Programme- WFP), oraz działającej w
127
[23/4-6] Ibidem.
[24/4-6] "Involuntary Resettlement Operational Policy and Background Paper", IADB,
Washington D.C., 1998, available at: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?
docnum=2032100.
129
[25/4-6] Na spotkaniu ministrów środowiska OECD z grudnia 1991 roku przyjęto także trzy
inne dokumenty: 1. Good Practices for Environmental Impact Assessment of Development
Projects, 2. Good Practices for Country Environmental Surveys and Strategies; and, 3.
Guidelines for Aid Agencies on Global Environmental Problems.
128
110
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
ramach OCHA komórki analitycznej do spraw wysiedleń wewnętrznych (ang.
Internal Displacement Unit). UNHCR nie wykazuje obecnie jakiejkolwiek
aktywności studyjnej bądź praktycznej w omawianym zagadnieniu. Już w latach
siedemdziesiątych, pomimo braku formalnego mandatu w tym zakresie,
agencja świadczyła ograniczone wsparcie osobom wysiedlonym wewnętrznie w
następstwie eskalacji przemocy i klęsk żywiołowych. Bardziej zaplanowane
kategorie wysiedleń, wiążące się z mniejszym poziomem bezpośrednich
zagrożeń humanitarnych nie stały się dotychczas przedmiotem zainteresowania
UNHCR. Poza konferencją dotyczącą oddziaływania zmian środowiska na
dynamikę migracji przymusowych, współorganizowaną przez agencję w połowie
lat dziewięćdziesiątych, trudno wymienić nawet przykłady stricte teoretycznej
refleksji w omawianym zagadnieniu. Trudno zresztą określić jak miałoby
wyglądać zaangażowanie UNHCR w omawianym zagadnieniu. Braku działań
agencji w tym zakresie nie powinniśmy zatem postrzegać jednoznacznie
negatywnie. Szczegółowe analiza aktywności wspomnianych instytucji została
przedstawiona w przygotowanym na potrzeby Brookings Institution raporcie W.
Courtlanda Robinsona Risks and rights: The causes, consequences, and
challenges of development-induced displacement (2003). Analiza związków
przesiedleń inwestycyjnych z problematyką praw człowieka omówiona zostanie
dalszym fragmencie artykułu.
6. Przestrzeń praw człowieka
Analizy wysiedleń inwestycyjnych na gruncie prawa międzynarodowego
publicznego nie mogą być redukowane wyłącznie do kontekstu ochrony IDPs.
Analizując prawa, oraz metody wsparcia osób wysiedlonych w następstwie
rozwoju gospodarczego, musimy brać pod uwagę zapisy ogólnych dokumentów
praw człowieka, jak również przyjętych w ostatnim czasie specyficznych
instrumentów o wiążącym i niewiążącym charakterze. Początek szczegółowej
refleksji na temat minimalizacji negatywnych konsekwencji rozwoju
gospodarczego datować możemy na późne lata siedemdziesiąte i początek
następnej dekady. Przyjęte wcześniej dokumenty ogólne (Uniwersalna
Deklaracja Praw Człowieka) i bardziej szczegółowe (Pakty Praw Człowieka) nie
zawierały jakichkolwiek odniesień do sytuacji osób wysiedlonych wewnętrznie
we własnym kraju. Już w tekście UDHR (art. 17, art. 25), oraz ICESCR
(zwłaszcza art. 6 i 11) znaleźć możemy zapisy o istotnym znaczeniu pośrednim
z punktu widzenia interesującego nas problemu. Także w przyjętych później
konwencjach szczegółowych znaleźć możemy postanowienia związane z
zakazem dyskryminacji czy specyficznymi standardami realizacji przesiedleń w
krajach rozwijających. Wspomnijmy tu choćby o artykule 5 Konwencji w sprawie
likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (CERD) dotyczącym zakazu
dyskryminacji w kwestii praw rzeczowych i wolności zmiany miejsca pobytu.
Szczególnie istotne z punktu widzenia interesującego nas zagadnienia okazują
się zapisy artykułu 16 pochodzącej z 1989 roku Konwencji MOP dotyczącej
ludności tubylczej i plemiennej w krajach niezależnych (Konwencja nr 169).
Zapisy Konwencji Genewskiej z 1951 roku są przede wszystkim produktem
zimnowojennego myślenia politycznego. Kategoria uchodźstwa znajduje jednak
zastosowanie
wyłącznie
w
kontekście
międzynarodowych
migracji
przymusowych związanych z działalnością człowieka. Jak zauważają Stojanov i
Novosak istnieje dzisiaj ogromna przestrzeń procesów migracyjnych nie do
111
Bogumił Termiński
końca rozumianych przez
wyspecjalizowane
instytucje współpracy
międzynarodowej w rodzaju UNHCR czy IOM. Prawo międzynarodowe już
dawno przestało nadążać za zmieniającym się obliczem przymusowych
migracji26/130. Uchwalone w lutym 1998 roku Przewodnie Zasady Przesiedleń
Wewnętrznych (ang. Guiding Principles of Internal Displacement), pomimo
niewiążącego charakteru, stanowią obecnie najbardziej znany dokument
międzynarodowy podejmujący problem wysiedleń wewnętrznych27/131. Zgodnie
z zawartą w artykule 2 definicją za osoby wysiedlone wewnętrznie (ang.
internally displaced persons, IDPs) uznaje się „osobę, bądź grupę osób
zmuszoną do opuszczenia swoich domów bądź miejsc zamieszkania,
zwłaszcza w efekcie konfliktów zbrojnych, przemocy, łamania praw człowieka a
także wywołanych przez naturę bądź aktywność człowieka klęsk żywiołowych,
nie
przekraczających
jednak
uznanych
międzynarodowo
granic
28/132
państwowych”
. W cytowanej definicji wyraźnie brakuje zatem odniesienia
do inwestycji jako kategorii działań wpływającej na dynamikę przymusowych
migracji, co z punktu widzenia prezentowanego tu zagadnienia znacznie obniża
jej analityczną przydatność. Uznawanie wielkich inwestycji za fragment kategorii
wywołanych przez człowieka klęsk naturalnych wydaje się bowiem niezwykle
trudne w akceptacji. Pomimo wspomnianego faktu w treści dokumentu znaleźć
możemy bezpośrednie odniesienia do sytuacji osób przesiedlonych w
następstwie wielkich inwestycji. W sekcji drugiej dokumentu (zasada 6) zawarty
został zakaz wysiedlania ludności, jeżeli realizowany projekt nie służy interesom
publicznym29/133. Istotne znaczenie odgrywają ponadto zapisane w pkt. 3
gwarancje świadczone uchodźcom wewnętrznym (por. paragraf 7, c)30/134.
Istotne znaczenie dla ochrony i wsparcia IDPs w Afryce mają zapisy przyjętych
dotychczas wiążących i niewiążących dokumentów. Pierwszym z nich był
podpisany w grudniu 2006 roku przez przedstawicieli 11 krajów regionu tzw.
Pakt Wielkich Jezior (Pakt Dotyczący Bezpieczeństwa, Stabilności i Rozwoju w
Regionie Wielkich Jezior, ang. Pact on Security, Stability and Development in
the Great Lakes Region).
Przyjęta w październiku 2009 roku Konwencja Unii Afrykańskiej w sprawie
Pomocy i Wsparcia Osób Przesiedlonych Wewnętrznie (ang. African Union
Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in
Africa, Kampala Convention) jest pierwszym wiążącym państwa regionalnym
instrumentem ochrony osób przesiedlonych wewnętrznie31/135. W zdecydowanie
130
[26/4-6] R. Stojanov, J. Novosak, „Environmental Migration in China”, Geographica, vol. 39,
2006, s. 65-82.
131
[27/4-6] Więcej na temat dokumentu w kontekście problemu przesiedleń inwestycyjnych por.
zwłaszcza: K. Luopajarvi, „Is there an Obligation on States to Accept International Humanitarian
Assistance to Internally Displaced Persons under International Law?”, International Journal of
Refugee Law, vol. 15, no. 4, 2003, s. 678-714.
132
[28/4-6] Tekst dokumentu w języku angielskim dostępny na stronie:
http://daccessdds.ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/G98/104/93/PDF/G9810493.pdf
133
[29/4-6] Oryginalny kontekst angielski: “The prohibition of arbitrary displacement includes
displacement: (c) In cases of large-scale development projects, which are not justified by
compelling and overriding public interests”.
134
[30/4-6] M. Barutciski, “International Law and Development Induced Displacement and
Resettlement” [w] C. J. De Wet (red.), Development-induced displacement: Problems, policies,
and people, Berghahn Books, 2006, s. 72-73.
135
[31/4-6] Więcej na temat dokumentu por. zwłaszcza: L. Groth, “Engendering Protection: an
Analysis of the 2009 Kampala Convention and its Provisions for Internally Displaced Women”,
International Journal of Refugee Law, vol. 23, no. 2, 2011, s. 221-251; S. Ojeda, “The Kampala
112
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
szerszym stopniu odnosi się także od sytuacji osób przesiedlonych w
następstwie projektów inwestycyjnych. W artykule 10 dokumentu,
zatytułowanym „Displacement Induced by Projects” zawarte zostały
najważniejsze zasady w oparciu o które przebiegać powinna realizacja
kosztownych społecznie projektów i towarzyszących im przesiedleń
ludności32/136. Zgodnie z pkt. 1 sygnatariusze dokumentu powinni dołożyć
wszelkich starań w celu eliminacji przesiedleń ludności wywołanych przez duże
inwestycje (prowadzone w ramach sektora publicznego i prywatnego). Biorąc
pod uwagę wymogi rozwoju gospodarczego i pozytywne następstwa
industrializacji wspomniany zapis wydaje się jednak aż nazbyt restrykcyjny.
Instytucje odpowiedzialne za realizację projektów dążyć powinny do
poszukiwania najmniej kosztownych społecznie alternatyw a także prowadzić
rozwinięte konsultacje z przedstawicielami społeczności lokalnych (pkt. 2).
Organy władzy państwowej powinny poddać dokładnej analizie społeczne i
ekonomiczne konsekwencje projektu przed udzieleniem zgody na jego
realizację (pkt. 3). Istotną przeszkodą w urzeczywistnieniu zawartych w
dokumencie zasad okazać się może niski poziom akceptacji dla jego
postanowień szczegółowych33/137. Prawa przesiedlonych możemy rozpatrywać
także w oparciu o dwa inne obszary praw człowieka: prawa ludności tubylczej
(ang. indigenous people's rights) i koncept prawa do rozwoju (ang. human right
to development).
Punktem odniesienia dla analizy problemów wysiedlonych są zapisy
Deklaracji Praw Ludów Tubylczych (ang. Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples), uchwalonej latem 2006 roku na pierwszym posiedzeniu
Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie, a następnie przyjętej przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2007 roku. Dokument ten w
szczegółowy sposób odnosi się do problemu przesiedleń ludności tubylczej z
zamieszkiwanej bądź użytkowanej przez nich ziemi. Zgodnie z artykułem 8
dokumentu państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań na rzecz
przeciwdziałania (b) aktywności mającej na celu pozbawienia społeczności
tubylczych ich ziem, terytoriów i zasobów (d) wszelkim formom transferów
populacyjnych, których celem lub skutkiem jest naruszenie lub podważenie
któregokolwiek z praw rdzennych społeczności. Jak zauważono w artykule 10
rdzenne społeczności nie powinny być usuwane siłą z zajmowanych i
użytkowanych ziem. Żadne przesiedlenie nie może być realizowane bez
dobrowolnej wcześniejszej zgody społeczności pierwotnych. Przesiedleniu
ludności powinno towarzyszyć sprawiedliwe odszkodowanie, oraz regulacje
dotyczące możliwości powrotu na opuszczone terytorium w przyszłości. Prawo
rdzennych społeczności do zajmowanych ziem i zasobów znalazło umocnienie
w artykule 28 dokumentu dotyczącym rekompensat z tytułu użytkowania
Convention on Internally Displaced Persons: Some International Humanitarian Law Aspects”,
Refugee Survey Quarterly, vol. 29, no. 3, 2010, s. 58-66.
136
[32/4-6] Warto zauważyć, że w treści dokumentu posłużono się dużo mniej utrwalonym w
piśmiennictwie terminem „displacement induced by projects”.
137
[33/4-6] Porównując zawartość konwencji z tekstem dokumentu z 1998 roku podkreślić
należy daleko idące uszczegółowienie warstwy merytorycznej. Istotną wadę dokumentu stanowi
jednak całkowite oderwanie jego warstwy tekstualnej od regionalnego kontekstu przesiedleń
przymusowych w Afryce, por. zwłaszcza: F. Z. Giustiniani, “New Hopes and Challenges for the
Protection of IDPs in Africa: The Kampala Convention for the Protection and Assistance of
Internally Displaced Persons in Africa”, Denver Journal of International Law and Policy, Spring
2011.
113
Bogumił Termiński
terytoriów zajętych bez ich zgody. Dokument z 2007 roku prezentuje
poszerzoną koncepcję praw indywidualnych i wspólnotowych. Podkreśla także
znaczenie samostanowienia i upodmiotowienia ludności rdzennej. Czynniki te
już w chwili powstania dokumentu stały się przedmiotem krytyki ze strony
Australii, Nowej Zelandii i Kanady. Z punktu widzenia interesującego nas
problemu zapisy dokumentu oceniać należy jak najbardziej pozytywnie.
Podstawowymi dokumentami formułującymi zapisy z zakresu prawa
człowieka do rozwoju są: Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (art. 22),
Deklaracja o Prawie do Rozwoju uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w 1986, oraz zapisy Deklaracji Wiedeńskiej i Programu Działań z 1993 roku.
Istotne wydają się także zapisy Deklaracji z Rio dotyczącej Środowiska i
Rozwoju (1992 r.). Zgodnie z artykułem 1 dokumentu z 1986 roku prawo do
rozwoju adresowane jest wobec wszystkich członków społeczeństwa i silnie
związane z realizacją przez jednostkę najbardziej fundamentalnych wolności.
Prawo do rozwoju zostało ponadto silnie powiązane z prawem do
samostanowienia, oraz pełną suwerennością nad posiadanymi zasobami.
Zgodnie z artykułem 2 dokumentu to nie państwo czy określone grupy
społeczne, lecz jednostki, są centralnymi aktorami i najważniejszymi
beneficjentami rozwoju gospodarczego. Celem formułowanych na poziomie
krajowym polityk rozwoju gospodarczego winno być poszerzanie dobrobytu
wszystkich członków populacji. Biorąc pod uwagę wspomniane zastrzeżenie
niedopuszczalne wydaje się opieranie rozwoju gospodarczego na interesach
większości kosztem marginalizacji najbiedniejszych grup społecznych34/138.
7. Krajowa przestrzeń prawna i aktywność instytucji społeczeństwa
obywatelskiego
Dokumenty ochrony praw człowieka i formułowane w ramach Banku
Światowego standardy realizacji przesiedleń odgrywają obecnie marginalne
znaczenie w regulacji tego problemu na płaszczyźnie krajowej. Podstawowymi
elementami kształtującymi ten proces okazują się zapisy prawodawstwa
krajowego, oraz długotrwale utrwalone wzorce realizacji przesiedleń. Jedynie w
niewielu państwach przyjęte zostały wewnętrzne regulacje prawne dotyczące
realizacji przesiedleń. Podstawowe znaczenie odgrywają zatem unormowania w
zakresie praw rzeczowych i wywłaszczenia. W wielu krajach Globalnego
Południa obserwować możemy różnorodne formy marginalizacji prawnej osób
szczególnie obciążonych kosztami przesiedleń (rdzennych społeczności, osób
bez sformalizowanych praw własności, kobiet i dzieci) w ramach zapisów
krajowych. Pierwszym problemem na który pragnę zwrócić uwagę są
ograniczenia dotyczące partycypacji lokalnych społeczności w ekonomicznych
zyskach z tytułu realizacji inwestycji. Duża część światowych zasobów
surowcowych zalega na słabo zaludnionych obszarach zamieszkiwanych przez
rdzenne społeczności. Naturalne, nie tylko w kontekście etyki, lecz także prawa
własności, wydają się prawa zamieszkujących tam społeczności do czerpania
profitów z tytułu ich wydobycia. Tymczasem jednak prawodawstwo wielu krajów
rozwijających różnymi sposobami ogranicza prawa ekonomiczne tego rodzaju
społeczności.
138
[34/4-6] N.J. Udombana, “The Third World and the Right to Development: Agenda for the
Next Millennium”, Human Rights Quarterly, vol. 22, no. 3, August 2000, s. 753-787.
114
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
Drugim znaczącym problemem okazują się utrudnienia w otrzymywaniu
rekompensat przez społeczności nie posiadające sformalizowanych praw do
zajmowanego czy użytkowanego terytorium. Dokumenty Banku Światowego
podkreślają co prawda obowiązujące znaczenie tradycyjnych form władania
ziemią. Często jednak otrzymywane w tym przypadku rekompensaty są
nieadekwatne do ekonomicznej i społecznej wartości utraconej przestrzeni.
Znaczącym problemem okazują się także prawne mechanizmy marginalizacji
pozycji ekonomicznej kobiet. W przynajmniej kilku krajach jedynie mężczyźni są
podmiotami uprawnionymi do otrzymania rekompensaty z tytułu przesiedlenia.
Protesty lokalnych społeczności przeciwko społecznym i środowiskowym
konsekwencjom inwestycji są zagadnieniem dobrze omówionym w literaturze
przedmiotu35/139. Wiele z historycznych przykładów tego rodzaju protestów
miało charakter zbrojny. Wspomnijmy tu choćby o walce Indian z terytorium
USA przeciwko ograniczaniu ich przestrzeni życiowej w XIX wieku. W kolejnym
stuleciu protesty tego rodzaju przyjmowały już zdecydowanie bardziej pokojowy
charakter. Regionami świata o szczególnie silnej tradycji lokalnego oporu
przeciwko dużym projektom są Indie i kraje Ameryki Łacińskiej. Przyczyną
zdecydowanej większości protestów nie jest wcale problem przymusowych
wysiedleń lecz negatywnych konsekwencji środowiskowych inwestycji.
Kategorią inwestycji prowadzącą od lat do największej ilości protestów jest
tworzenie zapór wodnych. W największym stopniu naruszają one bowiem
spójność wspólnot lokalnych, prowadząc do silnej marginalizacji ekonomicznej
w długotrwałej perspektywie.
A Oliver-Smith wymienia trzy najważniejsze płaszczyzny społecznego oporu
przeciwko projektom inwestycyjnym. Zalicza do nich a) nisko sformalizowane
działania demokracji oddolnej (ang. grassroots movements), b) aktywność
stowarzyszeń pozarządowych (NGO), oraz c) działalność szerszych platform
współpracy. Wspomnianą klasyfikację na potrzeby dalszej analizy warto
uzupełnić o jeszcze jedną istotną płaszczyznę- promocję interesów grup
protestu i mobilizację ich członków w przestrzeni wirtualnej.
a) Działania niesformalizowanych grup lokalnych. Aktywność tego rodzaju
praktycznie zawsze ogranicza się do kontestacji pojedynczej inwestycji.
Zazwyczaj przyjmują one formę akcji protestacyjnych, blokowania dróg bądź
siedzib podmiotów odpowiedzialnych za wysiedlenia, pikiet przed sądami,
strajków głodowych, itp. Ich uczestnikami są zazwyczaj tylko i wyłącznie osoby
w bezpośredni sposób dotknięte konsekwencjami realizacji inwestycji. Oddolne
formy protestu wyróżnia zatem duża determinacja i prawdziwe zaangażowanie
uczestników. Problemem pozostaje jednak nagłośnienie aktywności tego
rodzaju w mediach i wyjście z postulatami ruchu poza wąską społeczność, w
bezpośredni sposób obciążoną konsekwencjami projektu. Dlatego właśnie wiele
spośród oddolnych grup protestu formalizuje swoje działania tworząc lokalne
stowarzyszenia pozarządowe.
b) Lokalne stowarzyszenia pozarządowe. Podobnie jak w przypadku
niesformalizowanych działań lokalnych mają one ograniczony przestrzennie
zasięg,
kontestując
zazwyczaj
pojedyncze
projekty
inwestycyjne.
Instytucjonalizacja niektórych działań (zatrudnienie adwokatów, administracji
biurowej) powoduje, że nie wszyscy członkowie stowarzyszenia są osobami w
139
[35/4-6] A. Oliver-Smith, Displacement, Resistance and the Critique of Development: From
the grass-roots to the global, RSC Working Paper No. 9, Refugee Studies Centre, University of
Oxford, November 2002.
115
Bogumił Termiński
bezpośredni sposób obciążonymi projektem. W bardzo wyraźny sposób widać
także podział na członków i sympatyków stowarzyszenia. Narzędziem promocji
interesów stowarzyszeń jest ich integracja z podobnymi strukturami w ramach
konfederacji i grup współpracy o zasięgu regionalnym, krajowym, czy
międzynarodowym. Grupy demokracji oddolnej czy lokalne stowarzyszenia
pozarządowe nie wysuwają przeważnie postulatów politycznych o charakterze
ogólnym. Wśród przykładów stowarzyszeń pozarządowych szczebla lokalnego
wymienić możemy meksykański CECOP (Council of Communal Land Owners
and Communities Against Construction of La Parota Dam).
c) Platformy protestu o szerszym zasięgu. W przeważające części
przypadków stanowią one płaszczyzny integracji i promocji interesów
stowarzyszeń lokalnych. Wspomniane formy współpracy są szczególnie
popularne na płaszczyźnie regionalnej w krajach Ameryki Łacińskiej. Wśród ich
przykładów wymienić możemy choćby aktywną w Brazylii Regionalną Komisję
Przeciwko Dużym Tamom (ang. Regional Commission Against Large DamsCRAB), powstałą w początku lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy drobnych
farmerów, obciążonych konsekwencjami powstawania tam. Wiele platform tego
rodzaju pochwalić się może znaczącymi sukcesami, z powstrzymaniem budowy
szczególnie inwazyjnych projektów włącznie. Działalności struktur tego rodzaju
często zaczynają towarzyszyć bardziej ogólne postulaty ekonomiczne i
polityczne. Istnieją także struktury reprezentujące interesy tego rodzaju grup w
przestrzeni międzynarodowej.
d) Internet. Przestrzeń wirtualna jest obecnie niezwykle ważnym medium
popularyzacji interesów grup protestu, mobilizacji ich członków, oraz integracji z
podobnymi organizacjami z innych obszarów.
8. Uwagi końcowe
Jedynie w obszarze państw rozwijających przesiedlenia ludności prowadzą
do daleko idących konsekwencji społecznych. Dlatego właśnie wspomniany
problem jest zagadnieniem rzadko analizowanym w ramach europejskich
ośrodków akademickich. Postrzeganie fenomenu wysiedleń wewnętrznych
wyłącznie przez pryzmat konsekwencji konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych
wydaje się jednak mocno nieuprawnione. Rozwój gospodarczy jest przyczyną
wysiedleń o trudno odwracalnym charakterze. Palestyńscy uchodźcy czy osoby
krótkotrwale wysiedlone w następstwie klęsk żywiołowych zazwyczaj mają
nadzieję na powrót do swoich domów, bądź przynajmniej w ich nieodległe
sąsiedztwo. Powstanie wielkich zapór wodnych wiąże się z nieodwracalną
ingerencją człowieka w przestrzeń geograficzną i odległymi często
wysiedleniami. To właśnie świadomość nieodwracalnego charakteru relokacji,
połączona z marginalizacją ekonomiczną i dezintegracją dotychczasowych
wspólnot, jest wstępem do bardziej szczegółowych problemów dotykających
przesiedlonych.
Zdecydowana większość wysiedleń inwestycyjnych na świecie dotyka
wyłącznie marginalizowanych ekonomicznie wspólnot o bardzo słabym
znaczeniu politycznym i społecznym. Tworzenie parków narodowych czy zapór
wodnych to przykłady projektów, których ofiarą pada praktycznie wyłącznie
ludność tubylcza. Konsekwencje przeobrażeń przestrzeni miejskiej najsilniej
odczuwane są przez mieszkańców dzielnic nędzy. Teoretycznym celem
rozwoju gospodarczego winno być dążenie do podniesienia poziomu dobrobytu
116
Wysiedlenia inwestycyjne: Przyczyny, konsekwencje i kontekst prawny
wszystkich członków społeczeństwa. Zazwyczaj jednak grupy pozostające na
marginesie interakcji politycznych nie są spostrzegane jako pełnoprawni aktorzy
społeczni. Niejako odgórnie wyłącza się ich także z grona potencjalnych
beneficjentów rozwoju gospodarczego. Nawet rozwinięte standardy realizacji
przesiedleń okazują się mało znaczące w sytuacji uwarunkowanej tradycją i
legitymizowanej aktami wewnętrznymi marginalizacji dużych grup ludności.
Ekonomicznemu rozwojowi najbiedniejszych grup społeczeństwa powinno
zatem towarzyszyć wzmocnienie ich pozycji prawnej. Działania na rzecz
politycznego upodmiotowienia ludności tubylczej bądź najbiedniejszych warstw
społecznych zostały już podjęte w kilku krajach Ameryki Łacińskiej. Dużo
trudniejsze wydaje się zerwanie z uwarunkowanymi tradycją podziałami
społecznymi. Przykład Indii ukazuje jak bardzo długotrwały i rzadko efektywny
jest to proces. Nawet inwestycje pożytku publicznego służą zatem przede
wszystkim interesom wąskich elit politycznych, bądź dominujących grup
społeczeństwa. Konieczne jednak by ich realizacji nie wiązała się z
wielopokoleniową pułapką marginalizacji, grup i tak od dawna pozostających już
na obrzeżach interakcji ekonomicznych i społecznych.
Wypracowane przez instytucje finansowe standardy realizacji przesiedleń są
dokumentami mało znanymi, nawet wśród specjalistów zajmujących się
rozwojem gospodarczym czy wysiedleniami wewnętrznymi. Instytucje
rozwojowe powinny położyć większy nacisk w kierunku ustanowienia
nieformalnych nawet mechanizmów monitoringu i kontroli standardów realizacji
przesiedleń. Dokumenty tego rodzaju powinny w większym zakresie
akcentować konieczność wsparcia przesiedlonych w nowym miejscu
zamieszkania. Wyraźnie niedocenianymi zagrożeniami są te związane z
kulturowymi następstwami przesiedleń, erozją pozycji kobiet, wywołaną
przesiedleniem utratą dostępu do usług publicznych i edukacji, czy
następstwami ekonomicznej marginalizacji wysiedlonych wspólnot (konieczność
podejmowania pracy przez młodszą młodzież, bezdomność, patologie w
rodzaju alkoholizmu i problemów psychicznych). Przyjęte dokumenty w zbyt
małym stopniu koncentrują się zatem na budowie mechanizmów długotrwałej
poprawy sytuacji przesiedlonych.
Masowe wysiedlenia towarzyszące budowie zapór wodnych czy
przeobrażeniom przestrzeni miejskiej mają charakter wspólnotowy. W krajach
rozwijających to duże wspólnoty (plemiona, społeczności wiejskie,
wielopokoleniowe rodziny) okazują się centralnymi kategoriami odniesienia dla
badań prowadzonych na gruncie antropologii i innych studiów społecznych.
Relokacje w krajach wysoko rozwiniętych mają dużo bardziej selektywny i
zindywidualizowany charakter, i prawie nigdy nie naruszają spójności dużych
wspólnot. Dlatego właśnie w krajach wyżej rozwiniętych to jednostki i
najmniejsze komórki społeczne (rodziny) są centralnymi kategoriami
obciążonymi materialnymi i niematerialnymi kosztami przesiedleń. Pamiętajmy
jednak, że różne formy niedobrowolnych przesiedleń ludności obserwować
możemy także w Europie. Szczególnie duże natężenie procesów tego rodzaju
przypadało na czasy istnienia Związku Radzieckiego i innych państw
demokracji ludowej w Europie Wschodniej. Relokacje ludności związane z
eksploatacją węgla brunatnego (RFN), powstawaniem zapór wodnych (USA),
czy rozwojem komunikacji (Europa, USA), praktykowane były także w wielu
krajach szeroko pojętego zachodu Problematyki przesiedleń ludności nie
możemy zatem ograniczać do krajów Globalnego Południa, czy
117
Bogumił Termiński
maksymalizujących swój potencjał ekonomiczny azjatyckich potęg. Jedynie
analiza globalnego zróżnicowania i zmienności tego procesu doprowadzić może
do wytworzenia się bardziej całościowego podejścia teoretycznego. Dalece
niesprawiedliwe wydają się wszelkiego rodzaju generalizujące opinie dotyczące
standardów realizacji przesiedleń w poszczególnych częściach świata. W wielu
krajach Globalnego Południa (np. w Brazylii) standardy ich realizacji znacząco
wzrosły. Właściwa realizacja przesiedleń cechuje zwłaszcza inwestycje
mniejsze, wiążące się z ograniczoną skalą relokacji. Globalny obieg informacji i
rozwój haseł etycznej odpowiedzialności biznesu powoduje, że również
sektorowi prywatnemu zależy na właściwych standardach relokacji ludności.
References
De Wet, Chris (ed.), Development-Induced Displacement: Problems,
Policies and People, Berghahn Books, London, 2005.
McDowell, Chris (ed.), Understanding Impoverishment: The Consequences
of Development-Induced Displacement, Berghahn Books, 1996.
Scudder, Thayer, The Future of Large Dams: Dealing with Social,
Environmental, Institutional and. Political Costs, Earthscan, London and
Sterling, 2005.
Termiński, Bogumił, Przesiedlenia inwestycyjne: Nowa kategoria
przymusowych migracji, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012.
Termiński, Bogumił, Oil-induced displacement and resettlement: Social
problem and human rights issue, Research Paper, Simon Fraser University,
School for International Studies, March 2012.
Termiński, Bogumił, Development-induced displacement and resettlement:
Theoretical frameworks and current challenges, CEDEM Research Paper,
University of Liege, 2013.
Termiński, Bogumił, Environmentally-induced displacement: Theoretical
frameworks and Current Challenges, CEDEM Research Paper, University of
Liege, 2012.
Termiński, Bogumił, Mining-induced displacement and resettlement: Social
problem and human rights issue, unpublished research paper, Geneva, 2012.
[Recibido el 19 de mayo de 2013. Aceptado, el 23 de mayo de 2013]
118
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
A.A. V.V., Essais de philosophie pénale et de criminologie, volumen 9
(2010), Peine, Dangerosité. Quelles certitudes?, Institut de criminologie de
Paris, Dalloz, Paris, 398 págs.
RESUMEN: La obra que se comenta en la presente recensión está dividida en
dos partes. En conjunto, estos ensayos vuelven a reflexionar sobre materias
criminológicas, con tanto o mayor acierto que en ocasiones precedentes. Cada
parte se divide en numerosos apartados, que razonan la composición de los
temas asumidos en los artículos. La primera parte está compuesta por una
serie de artículos que versan sobre la pena y su ejecución. La segunda parte
diserta sobre la peligrosidad. En este apartado se describe al hombre criminal,
se exponen las teorías de Cesare Lombroso y Enrico Ferri y cómo ha
evolucionado este concepto a lo largo del tiempo. También hay una
introducción histórica sobre la peligrosidad en el Derecho romano clásico y en
el Derecho penal desde sus orígenes hasta finales del siglo XIX. Se plantea
igualmente la peligrosidad social en relación al comunitarismo y la inseguridad
de las políticas públicas en materia penal. Este número de “Essais de
philosophie pénale et de criminologie” es quizás el más conseguido y logrado
hasta ahora de los llevados a cabo por ese grandísimo estudioso de la Filosofía
penal que es el griego Stamatios Tzitzis.
PALABRAS CLAVE: Pena, Código Penal francés, Punición, Peligrosidad, Derecho
Penal, Delito, Personalidad Criminal, Mujer delincuente, Stamatios Tzitzis,
Philippe Conte.
En su estructura la revista consta de dos partes, cada una de las partes está
dividida en tres subapartados. Dentro de cada subapartado encontramos
distintos trabajos formando un total de 30 comunicaciones en el sentido
francófono de la palabra, que incluye también las ponencias. Se trata de un
encuentro científico internacional organizado por el Instituto de Criminología de
París.
Bajo el nombre de La punition encontramos la primera parte de esta revista.
El primer subapartado llamado Les évolutions récentes du droit pénal:
vicissitudes et incertitudes está compuesto por cuatro artículos de distintos
autores aunque todos ellos tratan el mismo tema: el castigo dentro del Código
penal francés de 1992. El primer artículo que compone este primer
subapartado está recogido bajo el nombre de La querelle de l’«ancien» et tu
«nouveau» code pénal, escrito por el profesor Michel Véron. El segundo de
ellos ha salido de la pluma de Jacques-Henri Robert y responde al título de Le
livre V du Code Pénal: du désir au reset. Esta comunicación a su vez está
dividida en varios apartados, aunque realmente no llegue a conclusiones
importantes. El siguiente es La Dépénalisation: Réalité ou mirage? L’exemple
de l’élément moral des infractions d’affaires, corriendo a cargo de Philippe
Conte, catedrático de la Universidad de París II y director del Instituto de
Criminología, organizador del encuentro científico. Finalmente, dentro de este
apartado, encontramos la comunicación que lleva por título Les Très riches
heures de la garde à vue dans «droit pénal».
En la segunda parte denominada La certitude de la peine, condition de son
efficacité, observamos la existencia de tres comunicaciones que reflexionan
sobre los tipos de pena/condena que se deben imponer dependiendo de la
119
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
gravedad del delito. La primera comunicación que aparece es Choix et
exécution de la peine, quelles certitudes?, escrito por Bernard Bontoc, haciendo
una introducción histórica desde 1791 hasta la Ley de 10 de marzo de 2010. En
este primer artículo el autor habla de la pena que se debe aplicar dependiendo
del tipo de infracción cometida, ya que tal y como dice Bontoc, no merece el
mismo castigo el que roba un huevo que el que roba un buey. Es decir no es lo
mismo una persona que copia o plagia 143 páginas de un proyecto docente
ajeno, que otra que plagia tan solo dos párrafos de un artículo sin citar al autor,
aunque a esta última el “desafuero” le cueste seis mil euros, y el otro se oculte
disimulando su villanía plagística. De ello informa con pulcritud intelectual
Guillermo Hierrezuelo Conde, en su paradigmático artículo “Sobre el Imperio
Plantagenêt y el Derecho común”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales,
abril 2009, fácilmente consultable en la red.
La siguiente colaboración que encontramos ha sido escrita por Fulvio
Pastore, Une peine vraiment sûre? Les dysfonctionements de la justice en
Italie. Aquí se argumenta, no sabemos si con demasiado acierto, sobre la crisis
del proceso penal en Italia y la crisis de la Justicia en general. Se proponen
algunos posibles remedios contra esta crisis.
La Securité de la peine: obstacles et alternatives, por Cristina Mauro, es el
artículo de este segundo bloque temático. Se trata de un tema que provoca y
ha suscitado un gran debate en Italia, que no puede ser otro, como menciona la
autora, que «la certitude de la peine». El último apartado de los tres que
componen la primera parte se titula La neutralisation du delinquant fonction
ambiguë de la peine. La primera comunicación habla de que mendigos,
alcohólicos, prostitutas, etc., deben ser tratados de manera distinta, no a todos
por igual. Encontramos lo anteriormente expuesto de manera mucho más
extensa, en la colaboración que responde al título de La Relégné de
dangereux, nouvelle figure de la reforme pénitentiaire après 1945. Le siguen
Les situations à risque au regard de la criminologie de Jean-Claude Monier. El
último trabajo de esta primera parte de los dos que comportan la revista se
titula La neutralisation sélective, une arme contre la criminalité? Xavier Bébin
hace una serie de reflexiones, sin aportar en realidad nada nuevo que no sea
conocido, sobre la funcionalidad de la pena, lo que supone, lo que representa,
lo que es capaz de alcanzar.
La segunda parte de esta revista se denomina La dangerosité. Al igual que
la primera parte está dividida en tres secciones, las cuales se exponen a
continuación. El primer apartado gira en torno a L’homme criminel avant et
après l’école positiviste italienne y está formado por siete comunicaciones. Las
reflexiones y digresiones de que tratan constituyen los elementos y contenidos
propios del positivismo jurídico criminológico cuyo representante más
significativo fue Cesare Lombroso, cuyas teorías fueron apoyadas por Enrico
Ferri, de quien también se habla en este primer trabajo. Las comunicaciones
consagradas a Lombroso son L’«homme criminel» avant Lombroso escrita por
André Laingui, profesor emérito de la Universidad de París II, Oublier Cesare
Lombroso?, de Jean-Christophe Coffin y Cultures positivistes et question
criminelle en Italie (de Lombroso à La comission Ferri) por Jean-Yves Frétigné.
En el siguiente apartado, titulado La sociologie criminelle d’Enrico Ferri, el autor
de esta comunicación comienza haciéndonos una pequeña presentación de
Ferri, una gran figura del positivismo italiano, tal y como menciona Pierre
Darbéda, y autor de La Sociología criminal.
120
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
Las reflexiones de Ferri sobre socialismo y criminalidad, nuevos horizontes
de la sociología relacionada con los delitos y los crímenes más aborrecibles y
el estudio que hace psicopatológico y psicológico del homicida han hecho del
mismo un referente extraordinario en el campo de la Medicina legal, del
Derecho penal, del Derecho procesal penal y de la Estadística antropológica.
La comunicación salida de la pluma de Isabelle Fortel, La vision du médecin
légiste sur Cesare Lombroso, se ocupa de resaltarnos que Lombroso siempre
ha intentado comprender el comportamiento criminal a través de sus estudios
de Medicina legal. Nacido en la emblemática Verona en 1835, de formación
médica, sus primeros estudios están dedicados a estudiar el cretinismo, luego
derivando hacia trabajos importantes sobre el delincuente en relación a la
Antropología y al Derecho penitenciario. Cuando falleció en Turín en 1909
Lombroso se había consagrado como el máximo especialista en Antropología
criminal en Europa y América de todos los tiempos. Es el autor más
significativo en el estudio del hombre criminal y de la mujer criminal y,
particularmente, de la prostituta. Estas obras se pueden considerar como el
punto de partida de una reflexión sobre el fenómeno criminológico. En cualquier
caso Lombroso es superior científicamente a Ferri o a Von Hamel. Se nos
habla igualmente de los métodos utilizados por Lombroso para estudiar estos
comportamientos y lo que ha aportado a las ciencias criminales. Las últimas
comunicaciones de este apartado son La politique pénale actuelle, fille de
Lombroso?, por Bernard Bouloc y Lombroso et les enjeux de l’humanitarisme
pénal postmoderne, escrita por Stamatios Tzitzis, que vuelven a reflexionar
sobre cómo han influido estas teorías de Lombroso en el humanitarismo penal
y en la antropología criminal a lo largo del siglo XX y de los dos primeros
lustros del siglo XXI.
El subapartado segundo, bajo el rótulo de La dangerosité: du concept au
droit positif, está formado por un total de cinco comunicaciones. La primera de
ellas, escrita por Anne Vial-Logeay, habla de la peligrosidad, en la Roma
clásica. La comunicación está formada por dos apartados y comienza
realizando una breve descripción; ésta se titula De la dangerosité dans la Rome
Antique? Quelques remarques sur une absence. El siguiente capítulo habla de
la evolución de este concepto en el Derecho penal, desde sus comienzos hasta
finales del siglo XIX. La comunicación escrita por Emmanuelle Burgaud recibe
el título de La variabilité du concept de dangerosité en droit pénal des origines à
la fin du XIXe siècle. Sylvain Jacopin ha titulado su colaboración La dangerosité
saisie par le droit pénal, que aparece dividida en tres apartados que son las
medidas preventivas, las infracciones preventivas y la inscripción preventiva. La
comunicación sobre la Dangerosité et sanctions penales es un estudio
conceptual de la peligrosidad según el Derecho penal, y también según la
Criminología y la Psiquiatría, sobre la peligrosidad y la responsabilidad penal,
sobre las penas y medidas de seguridad y sobre la función de la peligrosidad
dentro del Derecho criminal. El último subapartado de esta segunda parte es el
que se titula La dangerosité, une notion à la croisée des sciences. Está
compuesto por siete comunicaciones. La primera de ellas, La dangerosité
criminologique: un concept à la mode, por Michèle Agrapart, que se inicia con
una breve introducción en la cual nos dice que la peligrosidad siempre ha
estado relacionada con la psiquiatría y la criminología incluso antes de que
estas ciencias apareciesen, pero fue Jean Pinatel quien vinculó la peligrosidad
con la personalidad criminal. La comunicación escrita por Bernard Cordier gira
121
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
en torno a La Dangerosité vue par le psychiatre y es, sin duda, una
colaboración elemental que no dice nada e impropia de un congreso de nivel
elevado como es el que recogen las actas que estamos recensionando.
La siguiente comunicación que encontramos ha sido escrita por Xavier
Lameyre, Les dangers de la notion de dangerosité. Señala que la peligrosidad
no puede ser considerada como un concepto científico ya que no define un
fenómeno experimental estrictamente determinado. Facing dangerousness or
creating new dangers community and informal social control in the debate on
restorative Justice es la tercera comunicación que compone el presente
apartado. Ha sido escrita por Federico Reggio de la Universidad de Padua. El
objetivo de la colaboración de Jean-Marc Joubert es lo que denomina La
pensée dangereuse. En el texto el autor retoma la tesis racionalista y utiliza una
referencia de Maimónides. En un segundo punto expone una serie de
patologías del pensamiento racional y finalmente diserta sobre los peligros del
racionalismo. Por otro lado, en el trabajo titulado La dangerosité sociale du
communautarisme?, escrito por Guillaume Bernard, el autor nos presenta las
características esenciales de la filosofía comunitarista.
La última parte de esta revista está compuesta de dos comunicaciones, una
escrita por Pierre Tcherkessoff, llamada De l’insécurité des politiques publiques
en matière pénale, y la otra elaborada por Christian Hervé, titulada Quels
fondements à une éthique de la biologie? Estos dos trabajos cierran una
publicación periódica que ha adquirido en los últimos años notabilísimo relieve
en el mundo internacional. No podemos, por último, dejar de tener un recuerdo
y una mención a la tarea que durante más de veinticinco años está llevando a
cabo en París el director adjunto del Instituto de Criminología, ese gran
pensador griego y filósofo del Derecho que es Stamatios Tzitzis, sin duda uno
de los más relevantes iusfilósofos con que contamos actualmente en Europa y
que en tan elevado concepto tiene a tres juristas de Málaga: Alfredo Rodríguez
García, Manuel J. Peláez y Patricia Zambrana Moral. [El presente estudio ha
sido realizado totalmente en el seno del proyecto I+D+i “Inteliterm: Sistema
inteligente de gestión terminológica para traductores” (nº de referencia
FFI2012-38881), bajo la dirección, el presente trabajo, de Manuel J. Peláez,
miembro del proyecto, y de Emilio Ortega Arjonilla, director del departamento
de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga]. [Recibida el 10 de
mayo de 2013].
Marina Lagos Muñoz
A.A. V.V., Essais de philosophie pénale et criminologie, Déviances et
délinquances: Approches psycho-sociales et pénales, volumen 8 (2009), Institut
de Criminologie de Paris, Dalloz, Paris, 383 págs.
RESUMEN: De nuevo Stamatios Tzitzis en escena, uno de los más brillantes
filósofos del Derecho penal con que contamos en estos momentos en Francia,
que promueve otro seminario de Filosofía penal, desde el Instituto de
Criminología de París II Panthéon-Assas, y nos deja a todos sobrecogidos por
la calidad técnica del evento y el debate sobre parentalidad, paternalidad y
homoparentalidad. La aprobación de la ley sobre el matrimonio homosexual es
claramente posterior a la publicación de este libro, que lógicamente ha
122
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
quedado si no desfasado, sí marcado con un carácter preferencialmente
histórico en algunos de sus contenidos.
PALABRAS CLAVE: Cesare Lombroso, Marie Bénédicte Guillet, Didier Guérin,
Guilles Lucazeau, Jean-Henri Robert, Jean-Baptiste Falduto, Pierre
Tcherkessoff, Jean Pradel, Elisabeth Montfort, Stamatios Tzitzis, Paternidad,
Parentalidad.
Este octavo volumen de Essais de Philosophie Pénale et Criminologie aporta
el resultado de una serie de investigaciones llevadas a cabo en el Instituto de
Criminología de París (Universidad de París II Panthéon-Assas) durante el año
académico 2008-2009.
El seminario de Filosofía penal se centró en un temática entonces de
actualidad que es el paso necesario de volver a examinar algunas cuestiones
sociales y jurídicas como: ¿hay un cambio de la noción de parentesco y de la
de "paternidad"?, y si es así, ¿cuál es su significado? Con base en el análisis
de las ciencias sociales (sociología, historia, ciencia política), este tema
también se discute en términos de la regulación que se lleva a cabo por el
Derecho civil y el Derecho penal: ¿la desviación social está necesariamente
vinculada a la delincuencia criminal? Para profundizar en la cuestión deben
plantearse aquí enfoques temáticos basados en la medicina, la antropología y
el psicoanálisis. Con motivo del centenario de la muerte de Cesare Lombroso
(1835-1909), varios artículos se dedican al pensamiento y valoración crítica de
la obra del famoso criminólogo italiano. A ello preceden análisis, ilustrados con
numerosos casos clínicos, con las aportaciones del psicoanálisis en la
criminología (sobre todo en los fenómenos de la delincuencia narcisista y la
pedofilia).
La tercera parte se centra en las noticias y en los acontecimientos recientes
judiciales, policiales y penitenciarios. Después de lidiar con la delincuencia y la
protección de los menores y proponer un punto de vista del informe presentado
por la Comisión Varinard, la obra refleja una mesa redonda sobre la
conveniencia de la abolición del juez de instrucción durante la publicación del
informe preliminar (Didier Guérin, Guilles Lucazeau, Jean-Henri Robert y Jean
Pradel).
El artículo De la parenté à la parentalité: Nouveaux termes, nouvelles
familles hace una reflexión sobre la familia, pone de manifiesto el concepto de
familia tradicional vs las “nuevas” estructuras familiares. En estas últimas
décadas se han experimentado mutaciones en este ámbito y en la necesidad
de establecer lazos paterno-filiales. Las familias que “conocíamos” antes han
experimentado cambios considerables. El concepto de la familia tradicional
compuesta de una pareja casada con hijos fruto del matrimonio se ha ido
dislocando y nos encontramos ahora ante estructuras familiares
completamente diferentes como pueden ser familias monoparentales, es decir,
con un solo pariente, familias en que la figura “dominante” son los suegros o los
abuelos, familias formadas por parejas del mismo sexo, etc. A este respecto, el
de las familias en que el grupo paterno-maternal está formado por personas del
mismo sexo, habla Elisabeth Montfort; más adelante lo retomaremos.
Somos conscientes de que cada vez existen más familias desestructuradas
y, por lo tanto, hay más variedad de configuraciones. Los abuelos son cada vez
más jóvenes debido a que las mujeres deciden experimentar la maternidad a
123
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
una edad más temprana (en Francia, no así en España) y se forman más
familias o no (ya que podemos recurrir a las reproducciones asistidas) aunque
a raíz de esto se están produciendo más separaciones y divorcios.
Se recogen distintos puntos de vista sobre la parentalité un novedoso
término francés relativo a los parientes y/o progenitores. Según la profesora
Krulic designa no sólo un vínculo de filiación entre individuos sino que también
se refiere a la legislación que “crea” las familias por un conjunto de reglas y
normas. En esta época de la democracia ya no se ven tantas realidades
sociales “antiguas” que establecían que el padre era la figura “dominante”,
siempre superior a la esposa. En el siglo XXI, el concepto de la familia está
generando una revolución social y política que da mucho que hablar y diversos
autores estudian minuciosamente, en el ámbito sociológico y antropológico,
estos cambios y evoluciones en las costumbres: la autoridad del padre, la
estructura familiar, la democracia de los nuevos tiempos, las obligaciones, las
abdicaciones de los padres, etc.
Eric Vial viene a hablarnos de los vínculos familiares, en Des enfants trouvés
au clonage généralisé, la parentalité au miroir des imaginaires, mientras que
Marie-Bénédicte Guillet nos aclara que el apellido es, junto con el nombre, el
principal elemento de identificación de un individuo; el apellido establece una
relación, un vínculo con una familia, o sea, muestra una relación de parentesco.
Tradicionalmente, tras el nacimiento de un hijo, éste tomaba el apellido del
padre de forma casi automática pero esto cambió en Francia con la Ley de 2 de
diciembre de 1985 que disponía la posibilidad de que los hijos, al cumplir la
mayoría de edad, pudieran incluir el apellido del otro progenitor si así lo
deseaban o no. Por ello, asegura Marie Bénédicte Guillet, en su artículo
l’Enfant et le nom de famille, que la igualdad entre el padre y la madre sólo
existe si los padres están de acuerdo en la elección del apellido del hijo; sin
embargo, esta igualdad puede suponer un obstáculo si ambos no se ponen de
acuerdo en la adjudicación y transmisión de un apellido u otro.
También venimos a referirnos en todo este ámbito, a través de Jean-Baptiste
Falduto, a las adopciones pero igualmente existe otro método de ejercer la
paternidad-maternidad como es el caso de los embarazos por encargo, en que
una mujer pone su útero a disposición de otros para engendrar hijos, a través
de la inseminación artificial o cualquier otro medio; su artículo Les enjeux de la
maternité pour autrui pone de manifiesto esa necesidad de tener descendencia,
sobre todo las mujeres. Esta práctica en numerosos países se considera un
acto ilícito e intolerable, sujeto a sanciones, no obstante, en la actualidad se
lucha por establecer una ley o norma reguladora de esta práctica.
Como apuntaba en líneas precedentes, la política francesa Elisabeth
Montfort escribe sobre Les enjeux de l’homoparentalité (traducido literalmente
como las cuestiones de la homoparentalidad). Presenta un término novedoso,
un neologismo: homoparentalidad. Se trata de parejas homosexuales que
tienen a su cargo un hijo y ejercen ambos como padres y madres. Se busca
establecer una vía para el reconocimiento legal de dichas familias. Defiende
que no sólo el matrimonio entre una mujer y un hombre crea una familia, sino
que todas las combinaciones son posibles, no es necesario que exista un lazo
biológico entre los miembros para formar una familia. Un ejemplo de ello es,
incluso, la adopción entre parejas heterosexuales, la importancia radica en la
unión que se crea y no tanto en los vínculos biológicos. Por lo tanto, las parejas
homosexuales iban en continua búsqueda del reconocimiento de esa filiación
124
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
cuando se publicó el presente trabajo. Años después, con la controvertida Ley
nº 2013-404, de 17 de mayo de 2013, ya lo consiguieron.
Pierre Tcherkessoff y su De la puissance paternelle à la défaillance parentale
nos hace ver que anteriormente los padres tenían todo el poder y autoridad,
pero con el avance de la civilización adoptan nuevas leyes que lo modifican y
que prestan más apoyo y protección a los menores; dichas leyes promueven
unas mejoras en la educación de los padres y en los derechos reconocidos a
los niños
La segunda parte de la revista se centra en el psicoanálisis y la criminalidad,
concretamente alude a las ideas del famoso jurista y criminólogo italiano
Cesare Lombroso y sus teorías sobre el delincuente. Sus ideas fueron muy
controvertidas y muy criticadas por abogados y juristas, las teorías que
desarrollaba han sido consideradas con grandes defectos por algunos, pero
debe reconocerse que él desempeñó un papel importante en la separación del
estudio de los criminales de los problemas de tipo moral. Para Lombroso, el
factor determinante era el biológico y fisiológico, su objetivo estaba marcado: el
estudio sistemático de las características psíquicas y físicas del delincuente
puesto que él determinaba que «el delincuente no es plenamente responsable
de sus actos, ya que está determinado por su estructura física y la herencia
genética y congénita».
Psychanalyse et criminologie: recherches antérieures et actuelles de France
Paramelle analiza la criminología a través del psicoanálisis y se propone la
búsqueda de los lazos entre ambos y sus presupuestos epistemológicos. Aún
sigue el interrogante de si el psicoanálisis puede considerarse una ciencia, y si
lo fuera ¿sería humana, clínica o artística?
Siguiendo en la misma línea, Stamatios Tzitzis propone una cuestión
fundamental en sus investigaciones en torno a la criminología y explica los
sentidos que revisten los actos criminales en las diferentes culturas, en
especial en la griega. Asimismo comenta cuáles son las reacciones de estas
culturas ante dichos actos y sus autores en relación con los sentidos
primordiales para una cultura dada.
Por otro lado, el artículo de Vassiliki-Piyi Christopoulou, Histoire des relations
entre criminologie et psychanalyse, sigue en la misma línea, tratando de
establecer una relación entre ambas “ciencias” y toma como punto de
referencia a Sigmund Freud.
En Fascination du crime, aliénation de l’homme délinquant Stamatios Tzitzis
deja claro que Platón no se encuentra entre los precursores de una
antropología criminal que investiga las causas del crimen en el estado
patológico del malhechor, cosa que sí se da en Cesare Lombroso, debutante
en este sentido, el cual determina que el delincuente padece una deficiencia
mental congénita y hereditaria; este científico italiano admite que los criminales
actúan conforme a los caracteres de sus ancestros, es decir, la herencia
biológica de sus parientes, como acabamos de advertir.
El artículo Les femmes criminelles de Michèle Agrapart-Delmas diserta sobre
las mujeres que cometen crímenes. Antiguamente no se conocían estos casos,
bien porque se ocultaban o por ignorancia, pero lo que sí es sabido hoy en día
es que cada vez hay más estudios que se centran en la distinción de delitos
cometidos por hombres o por mujeres. En la actualidad, el porcentaje de
mujeres criminales es bastante más elevado que antaño; no obstante, el
porcentaje de hombres criminales es mayor, pero ese crecimiento en el número
125
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
de los delitos cometidos por las féminas es debido a la evolución del papel de
la mujer en la sociedad.
Claude Balier y Christine Condamin explican, en su comunicación Le recours
a l’acte criminel: transformer la déréliction infantile en omnipotence narcissique,
que quizás una infancia vivida con sentimientos encontrados produzca esa
repentina necesidad de delinquir y cometer actos criminales.
En relación a lo anterior, Denise Bouchet-Kervella en Abord psychanalytique
des auteurs de conduites pédophiliques trata el asunto de los pedófilos que se
desarrolla en una evolución clínica “profunda” y hace una distinción entre la
conducta pedófila y la personalidad perversa. Pues una cosa no requiere la
otra, es decir, un pedófilo no necesariamente padece una personalidad
perversa. Sobre este asunto también habla Claude Racamier, el cual distingue
varias nociones de perversión sexual. Incluso estudia los aspectos terapéuticos
que intervienen en estos procesos de análisis del paciente pedófilo. Estos
problemas del comportamiento sexual poco tienen que ver con los problemas
de sexualidad propiamente dichos y menos aún con un exceso congénito de la
libido como se piensa, en ocasiones, comúnmente.
La justicia juega un papel muy importante en la prevención de la
delincuencia. Así lo hace ver Éric Meillan, director del Servicio de Inspección
General de la Policía Nacional, en La prévention de la délinquance et de la
récidive par l’action administrative, donde deja clara constancia de que los
funcionarios policías deben intervenir expresamente para evitar actos
delictivos. Todo ello viene regulado y establecido por diferentes códigos y
textos normativos al respecto. Este tema suscita un debate muy interesante
que además sitúa la delincuencia entre los menores en el punto de mira. Y es
que la problemática de los menores que cometen crímenes aumenta a pasos
agigantados. Pierre Pédron hace una denuncia pública en este sentido en
Mineur victime, mineur délinquant: aspects pratiques du rapport de la
commission Varinard, lo cual supone que deben adoptarse reformas en la
justicia penal de menores, ya que los procedimientos y las prácticas educativas
vigentes hasta el momento parecen ser inadecuadas en la evolución de la
sociedad y de la delincuencia. De esta evolución también se hace eco Fanny
Fournier (l’Adaptation de la protection judiciaire de la jeunesse à l’évolution du
droit pénal des mineurs).
Las últimas páginas de este ensayo están dedicadas a la recolección de
textos breves de Francesca Zanusio, profesora en la Universidad de Verona,
en su discurso Les avantages de la justice réparatrice et la sagesse du tribunal
de l’Héliée que centra su atención en el actual debate sobre una nueva justicia
penal basada en la mediación y por ello presenta una serie de ventajas
relativos al tema que nos ocupa. Por otra parte, para concluir contamos con el
ensayo de Jean-Marc Joubert, doctor en filosofía, quien escribe unas líneas en
esta miscelánea, apoyándose en Alain Robbe-Grillet y su fiel pasión por la
temática erótica en aras de ejemplificar todo lo comentado a lo largo de estas
páginas. [El presente trabajo ha sido realizado totalmente en el seno del
proyecto I+D+i “Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para
traductores” (nº de referencia FFI2012-38881), bajo la dirección de Manuel J.
Peláez, miembro del proyecto, y de Emilio Ortega Arjonilla, director del
departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga].
[Recibida el 27 de mayo de 2013].
Yasmina Kharrazi
126
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
Francisco Javier Conde, El hombre, animal político, edición y estudio
preliminar de Jerónimo Molina, Madrid, Ediciones Encuentro, 2011, 149 pp.
RESUMEN: Francisco Javier Conde, catedrático de Derecho político, ha
desarrollado, aunque de manera fragmentaria, una ontología de lo político. La
parte más importante de la misma se recoge en las páginas de El hombre,
animal político. A partir del concepto griego de la política, que analiza según las
categorías de la filosofía de Xabier Zubiri, llega a la conclusión de que el
hombre, ciertamente, es un animal político, como se sabe desde hace más de
dos milenios; sin embargo, lo determinante no es que sea político, sino que
“tiene que ser político”, forzosamente. No puede ser otra cosa.
PALABRAS CLAVE: Francisco Javier Conde, Filosofía política, Xabier Zubiri,
Ontología política, Instituto de Estudios Políticos.
La figura de Francisco Javier Conde es, sin duda alguna, una de las más
admirables en el campo la filosofía política española del siglo XX. Su papel
como pensador político no queda relegado a la mera apreciación filosófica de
los clásicos por él leídos y los problemas de su tiempo. Conde va hacia
adelante y hacia atrás en la línea temporal del pensamiento filosófico político.
Cabalga sobre su gran envergadura intelectual a través de las múltiples líneas
temporales, acaso burlándose de aquellos que permanecen estáticos en su
habitar académico.
Quienes se acercan una vez a la obra de Conde, mentirían al asegurar no
querer volver a ella. Este español del siglo pasado nos obliga a leerlo y releerlo,
a pensar en otros de sus textos, a reconstruir esa telaraña, a veces infinita, con
la que nos encontramos al leer un par de sus escritos.
Esa es precisamente la naturaleza del libro que hace las veces de excusa
para la elaboración de esta reseña. El hombre, animal político de Francisco
Javier Conde, publicado por primera vez en 1957, y presentado nuevamente en
2011 con la edición y prólogo del profesor Jerónimo Molina Cano, es una obra
monumental, solo digna de la genialidad del propio Conde.
Con todo, debo señalar que mi primer acercamiento a Conde tuvo lugar en
un breve estudio que hice de la Revista de Estudios Políticos. Tras leer muchos
artículos, procurar entender la dinámica que se entretejía en clave de
pensamiento político en el seno del Instituto de Estudios Políticos y, por
supuesto, en la España del siglo XX, me encontré con un nuevo director de la
Revista, heredero de las direcciones formadoras de Alfonso García-Valdecasas
y Fernando María Castiella Maiz, que habían dado lugar a una interesante serie
de discusiones acerca del papel político de la sociedad. Este nuevo director,
que no es otro que Francisco Javier Conde y que dirigiría la revista entre 1948
y 1956, lograría un sutil giro con el que transformaría la Revista, sin obviar la
tradición de los anteriores colegas.
Conde, respetuoso del anterior trabajo, introdujo tenues cambios que dieron
lugar a la conformación de una revista de estudios políticos centrada en dos
temáticas bastante innovadoras para el momento en el que se inscribe, a
saber: Teoría del Estado y Ciencia política. La dirección de Conde continuó la
línea teórica mantenida por Castiella, por ejemplo, sin dejar atrás la impronta
española que García Valdecasas había introducido como primer director de la
revista. De este modo, Conde consintió la unión de ambas preocupaciones,
127
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
desde las dos temáticas mencionadas líneas arriba, permitiéndose la pregunta
por el cómo, el qué y el por qué de la formación del Estado español.
Así dicho, Conde logró integrar una preocupación teórica que se encargara
de inscribir su campo de estudio en la realidad que le era más cercana, tanto al
Instituto como a la Revista de Estudios Políticos, a saber: España. El filósofo
español, como puede percatarse cualquiera que vuelque su mirada en esa
publicación periódica, marcaría la pauta de los siguientes directores, entre los
que se cuentan Emilio Lamo de Espinosa y Enríquez de Navarra (1956-1960),
Manuel Fraga Iribarne (1961-1962) y Jesús Fueyo (1962-1968). Después de
Conde, la primera etapa de la revista mantuvo su campo de estudio en una
doble línea que entretejiera los asuntos de la ciencia política con los de la
filosofía política, en un campo profundamente interesante como el de la teoría
del Estado.
Es menester señalar que si bien el presente escrito pretende mostrar a los
lectores el libro de Conde como toda una obra digna de ser ubicada en los
anales de la filosofía política, el propio autor insiste en intentar convencernos
de que lo suyo no es un libro, sino ‒más bien‒ unas cuantas anotaciones
dispersas, fragmentadas, sin ningún tipo de orden, que ha tomado a bien reunir
para abrir una breve discusión acerca de la condición política del ser humano.
Sin embargo, contra Conde, no puede obviarse que la reconstrucción magistral
que hace del pensamiento aristotélico, para luego enmarcar la necesidad de
entender el fenómeno de lo político como necesariamente humano, y a este
último como un ser necesariamente político, no obedece simplemente a unos
fragmentos desorganizados, a unos cuantos apuntes que bien pueden
quedarse en la incoherencia. Todo lo contrario, su trabajo es una
reconstrucción acaso necesaria para la nueva modernidad que explica que, en
la significación del ser humano, esto es, en lo que este es, se encuentra
concretamente la condición de lo político.
Para Conde no es válido indicar que la realización del hombre se encuentra
en la política como acción, pues esto nos llevaría a pensar en la política como
una actividad ajena al hombre, es decir, como algo que éste realiza fuera de sí.
El filósofo señala que el entendimiento de la vinculación del hombre con la
política no está completamente claro en la expresión aristotélica «el hombre es
una animal político», pues esta categorización del hombre solo permite
identificar actividades que de este se desprendan. Para solventar este
problema, Conde agrega una palabra más a la expresión, quedando de la
siguiente manera «el hombre es, necesariamente, un animal político». Así, la
política no se entiende solo como una actividad posible del ser humano, esto
es, como una que puede desecharse a pesar de la no consecución de la
realización humana. La política es, con Conde, esencia necesaria del ser
humano en su condición de ser moral. Justamente, lo político en el hombre es
tanto potencia como posibilidad de su realización como ser humano.
La ontología política que explica Conde, y que el profesor Molina recoge con
amplio entusiasmo, es una muestra clara de la pertinencia con que el autor se
permitía inscribir en el ambiente temático de la época. En esta línea, conviene
recordar que sería Hannah Arendt, curiosamente un año después de la
publicación de El hombre, animal político de Conde quien escribiera La
condición humana. En este libro, Arendt concibe la política como condición de
humanidad, esto es: se es humano en tanto se tiene lugar en la vida política, la
cual solo es posible bajo la condición de estar juntos. Esta condición es
128
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
determinante a la hora de entender el mundo griego y, por tanto, a la hora de
entender la concepción que Arendt tiene de la política.
Sin intención alguna de malograr la afirmación de una relación directa entre
ambos libros y autores, es interesante que la discusión que tenga lugar en
ambos esté sujeta a similitudes dadas en función de la pregunta por la
ontología política del hombre. Tal escenario indica, más bien, que las
discusiones acerca de la condición del hombre en el mundo, desde escenarios
metafísicos dirigidos a la política, estaban cobrando importancia. Conde,
cabalgando sobre las líneas temporales del pensamiento, también habitó tal
discusión.
Sin el ánimo de resumir el libro para que el lector no vaya a este, sino con la
intención de obligar su visita, baste con que las palabras dichas hasta el
momento hayan servido como escenario de construcción de intriga, curiosidad
y, por qué no, de confianza en la genialidad del trabajo del pensador español.
[Recibida el 28 de mayo de 2013].
Andrés Felipe Tobón Villada
José Martín Pinto y Enrique González Matas, Andalucía y las reducciones
jesuíticas de los guaraníes en el Paraguay. Una utopía hecha realidad, Editorial
Arguval, Málaga, 2013, 190 págs.
RESUMEN: Volumen dedicado a hacer destacar la importante labor de los
jesuitas en el origen y desarrollo del sistema de reducciones en tierras del
Paraguay, destacando específicamente la labor protectora de los indios llevada
a cabo a través de la legislación social contenida en la Recopilación de las
Leyes de los Reinos de Indias de 1680.
PALABRAS CLAVE: José Martín Pinto, Enrique González Matas, Reducciones,
Jesuitas, Paraguay, Indias, Leyes de Burgos de 1512, Leyes Nuevas de 1542,
Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias de 1680.
Fruto de una incansable tarea de investigación, nos presentan en esta
ocasión los A. un volumen de título sugerente y contenido de enorme
trascendencia histórica por sus implicaciones en diversos campos de las
ciencias sociales y jurídicas, como es el caso de las reducciones jesuíticas en
Paraguay.
Después del "Prólogo" firmado por Joaquín María Domínguez, archivero de
la provincia jesuita de Andalucía y Canarias, y de la exposición de los objetivos
y de la estructura del libro, los A. se adentran, a lo largo de sus casi doscientas
páginas, en temáticas como la importancia de Andalucía en el descubrimiento y
colonización de América –mencionan instituciones como la Casa de
Contratación, donde quizás hubieran podido profundizar algo más, o el
Consulado de Mercaderes, llamado también Casa de la Lonja o Bolsa–, los
orígenes de la provincia jesuítica del Paraguay o el estudio del papel de los
jesuitas andaluces en las reducciones paraguayas, analizando Martín Pinto y
González Matas las características peculiares de la provincia jesuítica de
Andalucía y Canarias y el Oficio de Indias, entre otras cuestiones.
129
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
Especial interés tiene en una publicación de las presentes características y
de contenido histórico laboral como ésta, el entramado jurídico que los A. van
desgranando en el capítulo segundo del volumen que recensiono, centrado en
las instituciones para el gobierno de las Indias –Consejo, Patronato, virreinatos,
audiencias, gobernadores y cabildos– y, sobre todo, en la legislación social de
los indios de carácter protector ya que, desde comienzos del siglo XVI, se
alzaron voces en España denunciando los abusos que sufrían. De hecho, y
tratando de paliar esta situación, Fernando el Católico promulgó en 1512 las
denominadas Leyes de Burgos, que intentaron conciliar el derecho a conquistar
América con la prevención de los abusos mediante la creación de la
encomienda que, entre otros objetivos y siguiendo las indicaciones de la reina
Isabel, según escriben los A., trataban de imponer la condición de súbditos
libres del rey de España de los indios si bien, aunque el propósito era bueno, el
resultado no lo fue, pues únicamente sirvieron para legalizar una situación ya
existente en la que el indio estaba obligado al trabajo forzado. Martín Pinto y
González Matas inciden también en la aprobación en 1542, durante el reinado
de Carlos I de España, de las Leyes Nuevas que denotan la influencia directa
que en el monarca tuvieron las ideas del franciscano Toribio de Benavente y,
sobre todo, las del fraile dominico Bartolomé de las Casas vertidas en su
Brevísima Relación de la destrucción de las Indias. El propósito de Las Casas
era abolir la encomienda, puesto que consideraba que se estaba degradando a
los indios, forzándoles a abandonar su medio natural. Estas influencias de
carácter socio-religioso quedan vertidas en el mencionado conjunto legislativo
promulgado el 20 de noviembre de 1542, en cuyo contenido se recordaba
solemnemente la prohibición de esclavizar a los indios, al tiempo que quedaban
abolidas las encomiendas, que dejaron de ser hereditarias disponiéndose,
entre otras medidas protectoras, que el repartimiento dado a los primeros
conquistadores cesara totalmente a la muerte de ellos y los indios fueran
puestos bajo la Real Corona, sin que nadie pudiera heredar su tenencia y
dominio.
Especial hincapié hacen los A. en la normativa social contenida en la
Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias publicadas bajo el reinado
de Carlos II en 1680 considerada la base del nacimiento material del Derecho
obrero o al menos de la legislación social contemporánea y que incluye los dos
cuerpos normativos a los que ya se ha hecho referencia (Leyes de Burgos y
Leyes Nuevas) y las Ordenanzas de Francisco Alfaro Ortiz (c. 1551-1644). En
esta Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias (Leyes de Indias) se
contiene legislación que bien pudiera estructurarse en cuatro grupos
diferenciados según tipología. En concreto, normas para la disciplina del
trabajo libre prestado en régimen contractual (se incluían prohibiciones sobre el
pago del jornal en especie, se limitaba la jornada de trabajo, se implantaban
horarios prohibiendo el trabajo nocturno y, sobre todo, se regulaba y protegía
especialmente el trabajo de mujeres y menores de forma desconocida en la
época incluyendo su actuación como servidores domésticos, reconociéndose
expresamente el descanso dominical y en otras festividades fijadas con gran
amplitud especialmente pensando en el carácter religioso y evangelizador de la
conquista), leyes para la regulación del trabajo en las minas y en las
plantaciones de coca, medidas de seguridad e higiene, y un cuarto grupo, que
incluiría normas reconociendo la dignidad y personalidad del trabajo del indio.
130
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
El resto del volumen aparece centrado en la historia de las reducciones del
Paraguay y en el importante papel que los jesuitas tuvieron en su origen y
desarrollo, hasta la desafortunada expulsión de los miembros de dicha Orden
del territorio de España y de los reinos de Ultramar por el mezquino decreto de
Carlos III de 1767, que ocasionaría finalmente la decadencia de esta
experiencia cristiana de carácter tan original.
El poeta y el erudito, es decir, González Matas y Martín Pinto, realizan una
síntesis en este volumen que trata de hacer patente que el hecho más
importante de la normación jurídica del trabajo en Indias fue la promulgación de
diversas disposiciones destinadas a regular las prestaciones de trabajo y sus
instituciones complementarias, no solo por su contenido técnico, sino por su
significación y trascendencia ya que en dicha legislación fueron proclamados
los derechos individuales del indígena, al tiempo que en orden a la relación
entre la metrópoli y los nuevos pueblos, se afirmó la igualdad jurídica de las
razas y la misión tutelar de los colonizadores como obligación y mandato de las
razas superiores y civilizadas. Al concretarse esta doble corriente surge la obra
de política social basada en el principio de la espiritualización del trabajo y en el
régimen de seguros sociales, y es precisamente en estos aspectos donde se
materializa la política asistencial llevada a cabo a través de las reducciones que
trataban de reagrupar a indios dispersos para establecerlos en poblados con
cesión gratuita de tierras en propiedad. Los A. inciden en que las reducciones
eran núcleos de población en las que se debían reasentar los indios en la
América española, separados de las ciudades donde vivían los españoles. El
carácter evangelizador del Estado castellano, que fundaba sus derechos sobre
las tierras y personas de las Indias, con el encargo papal de evangelizar a los
indígenas, le hizo organizar los esfuerzos necesarios para facilitar el trabajo de
los misioneros, para lo que era imprescindible la concentración de los
indígenas en pueblos y ciudades al estilo castellano, si bien separados de los
españoles. Al mismo tiempo, para que la Corona pudiese ofrecer a los indios
protección y servicios, era preciso que la recaudación de los impuestos fuese
eficaz, lo que no se podría realizar si la población vivía dispersa. De esta forma,
puede deducirse que el sistema de reducciones no sólo tenía propósitos
misioneros y evangelizadores, sino que también tuvo unos fines de carácter
demográfico, económico y político. En cada reducción de indios debía haber
una iglesia, atendida por un cura doctrinero (para adoctrinar a los indios en la
religión católica; he aquí el propósito evangelizador). El sostenimiento del
sacerdote corría a cuenta de los tributos que los indios estaban obligados a
pagar (y aquí el propósito político y tributario). El régimen de vida en las
reducciones era comunitario y los bienes de las reducciones (incluidas las
tierras) pertenecían a la reducción, sin que pudiesen ser enajenados y es aquí
quizás donde Martín Pinto y González Matas se muestran más originales al
poner en relación la experiencia práctica de las reducciones jesuíticas en
Paraguay con las ideas vertidas en sus escritos por Campanella o Tomás
Moro, culminando el volumen con un índice de notas y otro bibliográfico en el
que se encuentran títulos básicos del tema americano junto a otros más
específicos del objeto central de la investigación que da título al libro.
Desde esta sede felicitamos a los autores y les animo a seguir deleitándonos
con sus conocimientos tan bien estructurados y expuestos que constituye una
auténtica delicia leerlos por su carácter ameno a la par que científico, unión
verdaderamente poco frecuente en otros.
131
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
[El presente trabajo ha sido realizado (parcialmente) en el seno del proyecto
I+D+i “Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores”
(nº de referencia FFI2012-38881)]. [Recibida el 12 de mayo de 2013].
María Encarnación Gómez Rojo
Jerónimo Molina, Nada en las manos, Murcia, Los Papeles del Sitio, 2013,
pp. 160.
SOMMARIO: “Nada en las manos” è un piccolo lessico politico nello stile di
Eugenio d’Ors Rovira (1881-1954). Il suo autore, Jerónimo Molina, è associato
di Politica sociale presso l’Università di Murcia, disciplina alla quale egli ha
dedicato due volumi, nonché studioso del realismo politico. Approccio
quest’ultimo che costituisce la spina dorsale di quest’ultima sua fatica.
PAROLE
Pareto.
CHIAVE:
Jerónimo Molina Cano, Carl Schmitt, Raymond Aron, Vilfredo
Il realismo politico, capacità ‒come la definisce l’autore‒ di immaginare il
disastro, conferisce al volume un’ aria malinconica ma non rassegnata:
atteggiamento condiviso da altri scrittori appartenenti alla medesima corrente di
pensiero: da Kautilya e Ibn Khaldun a Raymond Aron e Carl Schmitt, autori la
cui vita e pensiero sono commentati nel libro con grande finezza.
Talvolta dispiace non conoscere nelle sue più ricche sfumature una lingua
straniera. Per ragioni di lavoro si legge di tutto nei più diversi idiomi in modo
vorace... Fin quando ci si imbatte in un libro che toglie il fiato, da cui separarsi è
difficile, perché si vorrebbe rileggerlo per apprezzarne, sciogliendoli, anche i più
sottili nodi linguistici.
Ecco la sensazione provata, una volta letto e chiuso, Nada en las manos
(Los Papeles del Sitio), di Jerónimo Molina, associato di Politica sociale presso
l’Università di Murcia in Spagna, già noto agli amici del nostro blog. Parliamo di
uno studioso del “realismo politico”, con una sua precisa fisionomia, che merita
grande attenzione. Ma anche di un filone di studi e pensiero, cui di recente,
proprio in Italia, è stato dedicato un convegno http://www.istitutodipolitica.it/
wordpress/wp-content/uploads/2013/06/il-realismo-politico).
Il piccolo, solo in apparenza, volume di Molina rientra classicamente nell’
eccellente tradizione del diario, anche epistolare, di viaggio intellettuale (con un
modernissimo pendant, se non sbagliamo, di tipo "blogghista"): la stessa antica
e severa tradizione, per intendersi, di Machiavelli, Tocqueville, Pareto, Schmitt.
Nomi che possono costituire i gradini finali di una scala dorata verso le vette
della scienza politica. Un percorso, come dire, ascensionale e soprattutto
"augurale", al quale Molina, conoscendone l’umiltà, opporrà il più disincantato
dei suoi sorrisi.
Il titolo coglie plasticamente lo sforzo sisifico di uno scienziato politico
assolutamente consapevole di asserire, al contempo, troppo e troppo poco,
soprattutto dinanzi all’infuocato divenire delle cose umane. Perché cosciente,
come si legge, che la via del realismo politico ‒e qui Molina cita il nostro
Giuseppe Ferrari‒ è la via del dolore, o se si preferisce la via dell’imperfezione.
Detto altrimenti: di una scienza guardiana dei fatti, che però si vede costretta a
132
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
parlare a un mondo imperfetto, composto di esseri che non ascoltano se non
quello che ritengono più opportuno.
Di qui, sotto gli umanissimi colpi del caso e della necessità, il poco che si fa
troppo e il troppo che diviene poco, anche dall'alto di una cattedra immacolata.
Ciò spiega perché il realista è poco amato e peggio giudicato. Non potrebbe
essere diversamente: la verità dei fatti non è buona pagatrice, almeno nel
presente. Soprattutto quando si afferma, con Freund, che il potere non è
reazionario né rivoluzionario, ma solo uguale a se stesso. E che di
conseguenza il rivoluzionario può trasformarsi in conservatore e il conservatore
in rivoluzionario…
Ferrari, Freund, Aron, Maritain, Schmitt, Simmel, Ortega sono solo alcuni fra i
tanti pensatori, inclusi altri, numerosi, acutissimi studiosi spagnoli, si pensi solo
a Eugenio d’Ors, vero maestro della sintassi diaristica, puntualmente evocati da
Molina. In qualche misura siamo davanti a una piccola enciclopedia ragionata
capace di proiettare benefici fasci di luce sull’aspro cammino del realismo
politico: da Kautyla e Tucidide a Dalmacio Negro e Günter Maschke.
Nada en las manos ruota intorno al triennio 2011-2103, anni difficili per la
Spagna e per il mondo intero. E vi sono raccolti, senza mai perdere di vista la
realtà, incontri, spunti interpretativi, riflessioni, note di lettura e traduzione, libri
ritrovati, commemorazioni, aforismi e versi.
Come nei suggestivi giochi di piazza di un tempo, il lettore si trova a
osservare, e con partecipazione, un pensiero in equilibrio tra i microeventi della
vita familiare e i macroeventi della vita sociale. Cade, non cade, cade? Non
cade. Molina, da perfetto equilibrista dello spirito, si tiene in piedi sulla fune,
posta tra le torri degli eventi privati e pubblici, grazie ai contrappesi che
puntellano i punti d’appoggio della sua asta. E così si mette in salvo.
Parliamo, fuor di metafora, delle costanti del politico (o “metapolitiche”, come
ci piace chiamarle): quel che si ripete, con regolarità, nell’universo politico. Ecco
i contrappesi cognitivi della politica, anche la più burrascosa: senza i quali resta
difficilissimo abbassarne o alzarne il baricentro.
Pertanto Molina non passeggia elegantemente tra le rovine come l’ultimo
Schmitt, né si compiace di osservare le efferatezze della politica come Pareto,
né celebra troppo gli antichi per opporli ai moderni come Machiavelli, né infine
certifica, pur di controvoglia, processi storici dotati di forza propria, come
Tocqueville.
La sua scienza politica è scienza dei limiti e dei cicli, a un tempo antica,
moderna, postmoderna. Per quale ragione? Perché capace di metabolizzare, in
chiave atemporale, l’esperienza politica alla luce del sic transit gloria mundi di
cui sono imbevute le sue costanti. Anche sul piano personale. E qui il cerchio si
chiude.
Parliamo, insomma, di uno studioso sobrio, che non scrive (relativamente)
molto, ma legge e pensa tantissimo. Cosicché, quando prende la penna in
mano, lascia sempre il segno. Grazie anche alla qualità della scrittura che
consente a Molina di risalire, in poche dense battute, dal particolare (magari
privato) all’universale (sempre politico).
E qui, come dicevano all’inizio, il nostro dispiacere di non poter cogliere
anche la più piccola sfumatura di uno stile sinuoso che avvolge e accompagna
il lettore, indicando sempre il pro e il contro: la vitalità della lotta politica e la
caducità dell’esistenza; la forza del pensiero interpretante e la fragilità degli
esseri umani; la bellezza di uno sguardo fermo e disinteressato sul mondo e il
133
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
senso del tempo che passa e che tutto cancella, inesorabilmente. Eccetto le
costanti del politico... Insomma, un libro prezioso. Da tradurre súbito. [Recibida
el 30 de mayo de 2013].
Carlo Gambescia
Max Weber, Política y ciencia y otros ensayos de sociología. Traducción de
Carlos Correa. Revisión, edición y Estudio preliminar titulado "Modernidad y
racionalización del poder y del Derecho. La crítica de la razón instrumental en
Max Weber" a cargo de José Luis Monereo Pérez, Comares, Granada, 2013,
206 págs.
ABSTRACT: A lo largo de su vida Max Weber estableció una correlación entre
modernidad y espíritu del capitalismo y entre organización del poder político y
racionalidad jurídica en el Estado moderno. Defendió una forma de Estado
nacionalista de signo imperialista, que no se enmarcaba en el nacionalismo
postmoderno. De hecho, llegó a elaborar su propia teoría de la modernidad,
en la que no faltaba una crítica hacia ella. Entendía la modernización como
una racionalización social y jurídica, y que el Estado contemporáneo tenía
que ser un Estado Social Nacional, fruto de la unificación social de la nación.
Además, pensaba que el fenómeno del poder en la sociedad debía
mantenerse, en cuanto que el conflicto se presentaba como algo inherente a
las relaciones humanas, aunque tuviera una faceta diabólica. De hecho, la
política en todo momento ambicionaba el poder, y el Estado se presentaba
como una forma de someter a la autoridad a otros. Pero esta forma de poder
necesitaba una administración continuada en donde los funcionarios públicos
ocupaban un lugar importante. Otra de las cuestiones a las que se ha referido
Max Weber ha sido la ciencia como profesión, diferenciando entre el sistema
de carrera de profesión científica en Alemania y Estados Unidos. La salida a
todos los males de la universidad la encontraría Max Weber en la
especialización, como único camino para el trabajador científico y como única
vía para sentir con pasión la ciencia. Entendía que no era posible una
neutralidad frente a los valores, ya que sería difícil que el profesorado se
abstuviera de las valoraciones, pero en caso de hacerlas debería explicitarlas
ante los estudiantes. Abogaba por la supresión de las dinastías, que
representaban un peligro de guerra civil. Por ello, proponía la aceptación de
la república, que se presentaba como la forma más adecuada para la
solución del problema pangermánico. Propuso también que el Kaiser pudiera
ser sustituido por una persona elegida por el pueblo o por el parlamento del
Reich, de forma que se estableciera una república federativa, buscando una
solución pangermánica. Pensaba que la única vía para alcanzar la
democracia y acabar con los autoritarismos era la revolución, al tiempo que
animaba a la burguesía a su adhesión al partido democrático republicano.
También rechazó las tesis fundamentales del Manifiesto Comunista de Marx
y Engels (1847), ya que consideraba la revolución como la peor opción
posible para el socialismo, incluso aunque triunfase.
PALABRAS CLAVE: Max Weber, Carlos Marx, José Luis Monereo, Política,
Pensamiento social, Manifiesto comunista, Socialdemocracia.
134
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
Comienza esta recopilación con el Estudio preliminar, que rubrica José Luis
Monereo Pérez, en el que destaca que Max Weber (1864-1920) estableció una
correlación entre modernidad y espíritu del capitalismo, organización del poder
político y racionalidad jurídica en el Estado moderno, y que presentaba el
Derecho formal como el mecanismo organizativo del Estado y de la propia
economía moderna (p. IX). Defensor de una forma de Estado nacionalista de
signo imperialista que en modo alguno podía catalogarse dentro del
pensamiento "postmoderno", sino más bien como un crítico de la modernidad,
ya que «su análisis y crítica de los presupuestos de la modernidad liberal no le
convierte en un teórico anticipador del postmodernismo ni de su legado crítico»
(p. XXVIII). Percibió la crisis del Estado liberal del Derecho y de la ideología del
liberalismo radical y la tendencia al predominio absoluto de los bienes
materiales sobre los valores humanos, llegando a la conclusión de que el
capitalismo carecía de cualquier ética, y que únicamente pretendía imponer la
dominación. También han criticado el sistema político de la modernidad otros
autores como Durkheim, Tönnies, Simmel, Sombart, Thorstein Veblen y Walter
Benjamin.
En todo momento destaca Monereo que «para estos pensadores, más allá
de sus marcadas diferencias teóricas e ideológicas, la modernidad no era lineal
sino ambivalente, presentaba ya en sus comienzos esa ambivalencia que sería
destacada por ellos mismos» (p. XI). Tanto Weber como Benjamin elaboraron
una teoría de la modernidad, pero también una crítica hacia ella, intentando
responder a las exigencias que en su tiempo se les plantearon. En la visión un
tanto negativa de la modernidad de Benjamin influyeron pensadores como
Friedrich Nietzsche (1844-1900) y Max Weber. Monereo Pérez destaca que
«Weber contemplaba el desarrollo de la modernización capitalista como un
proceso valorable con la historia del fracaso de la razón ilustrada y su ideafuerza liberadora del individuo» (p. XXI). José Luis Monereo también critica la
racionalización de valores en la concepción histórica de Weber, en la medida
en que no habría sido capaz de resolver las cuestiones planteadas en
presente. De hecho, Monereo considera que «el capitalismo flexible y
mundializado ha desestandarizado la lógica racionalizadora que había previsto
Weber» (p. XXIV), y propuso un modelo de globalización con limitaciones –lo
que Weber llamaría "armazón de hierro" o "jaula de hierro"–, que respetase los
márgenes de decisión de las democracias nacionales, así como las reglas que
se pudieran consensuar a nivel internacional (p. XXV). Pero, en este proceso,
el Estado nacional no quedaría disuelto, sino integrado en una organización
política compleja. Asimismo, nos recuerda Monereo que Max Weber en ningún
momento nos ofreció una visión negativa de la burocracia pública en el Estado
moderno, entendido como Estado Nacional, sino siempre desde unas
dimensiones éticas, políticas y discursivas. De hecho, en algunos aspectos
Weber establecía una afinidad entre burocracia y democracia, ya que las
demandas políticas únicamente podían satisfacerse a través de una
administración burocrática a gran escala. Por otro lado «el Entzauberung del
mundo acompaña a la evolución de la racionalidad religiosa» (p. XXVIII). En las
sociedades capitalistas contemporáneas la tendencia ha sido la juridización o
juridificación, ya que se ha producido un incremento del Derecho formal escrito.
Max Weber entendió la modernización como racionalización social y jurídica
(p. XXXIV). Por ello, critica Monereo que la tesis de Weber se haya limitado a
135
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
«la racionalidad (exclusivamente) formal del Derecho», pero desatendiendo,
por otro lado, la racionalidad sustancial, ya que no ofrecería una respuesta real
a la complejidad de la legalidad en el Estado constitucional de Derecho (p.
XXXVI). Pero Monereo reseña que, en la actualidad, se ha producido una crisis
de racionalidad, que ha dado lugar a un problema de autogobierno y
autorreflexibilidad, que ha podido ocasionar una verdadera crisis de legitimidad.
En concreto, manifiesta José Luis Monereo que «en el momento presente se
ha producido una pérdida de racionalidad funcional (una crisis de racionalidad
vertical) del Estado Social tanto respecto a la organización de la dinámica del
mercado, como en relación a la expansión del gasto público y su incidencia
sobre la actividad económica general» (p. LI). Para Weber el Estado
contemporáneo tendría que ser un Estado Social Nacional, fruto de la
necesaria unificación social de la nación. Por otro lado, para Max Weber el
fenómeno del poder en la sociedad debía mantenerse, pues el conflicto era
algo inherente a las relaciones humanas, aunque tuviera su faceta diabólica.
De hecho, concebía el conflicto como inherente a toda sociedad compleja.
Destaca Monereo que «una de las principales aportaciones de Weber a la
sociología política fue la de realzar la relevancia de la formación del Estado
moderno para el desarrollo del capitalismo occidental» (p. LVII).
En el ensayo sobre la política como profesión (pp. 1-38) Weber destacaba
que la política en todo momento ambicionaría el poder, y que el Estado
representaba una relación de dominio de unos hombres sobre otros, de forma
que los dominados se sometieran a la autoridad (legitimación). Pero esta
organización de dominio necesitaría una administración continuada: el equipo
del personal administrativo (funcionarios) y los medios materiales de
administración. En realidad, el Estado moderno habría conseguido
monopolizar, en un territorio determinado, la violencia física legítima como
medio de dominio (p. 5). Diferenciaba entre los políticos profesionales y los
ocasionales, hasta el punto de que con estos últimos se podría identificar
cualquier persona en el momento de depositar el voto o cuando discutimos en
una reunión política. Por el contrario, el político profesional ha vivido de la
política y podría ser un simple prebendado o un funcionario asalariado. Con el
transcurso del tiempo, se ha producido la división de los funcionarios públicos
en dos categorías diferentes: los funcionarios profesionales y los funcionarios
políticos. Con independencia de su denominación, el verdadero funcionario,
incluyendo el funcionario político, no debía hacer política sólo sino administrar
imparcialmente. Las tres principales cualidades del político serían la pasión, el
sentido de la responsabilidad y el sentido de las proporciones. En cuanto a la
ciencia como profesión (pp. 39-58) Weber se refería a la Alemania de su época
para indicar que un joven iniciaba su carrera científica profesional con la
función de Privatdozent, sin recibir un salario, sino sólo la retribución de la
matrícula como estudiante, pero sin apenas dar clases; mientras que en
Estados Unidos la carrera académica comenzaba con el nombramiento como
ayudante, recibiendo un salario desde el comienzo, aunque bajo, pero con una
gran carga docente (p. 39). Pero Weber ha encontrado cierto paralelismo entre
ambos sistemas ya que «últimamente es posible advertir cómo las recientes
reformas universitarias en Alemania siguen el modelo norteamericano» (p. 40).
Lógicamente las cosas han cambiado mucho en las Universidades alemanas
desde que Max Weber escribiera estas líneas. La salida a todos los males de la
Universidad la encontraba Max Weber, en su momento, en la especialización,
136
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
única salida para el trabajador científico. El propio autor señalaba que en esa
época la obra importante y perdurable era obra de especialistas, y únicamente
el especialista podía sentir la "vivencia" de la ciencia y la "pasión" (pp. 42-43).
Pero esta "pasión" sin un trabajo muy exigente y sin horarios en raras
ocasiones iba a dar sus frutos, aunque existieran excepciones. Pero también
era posible ser un trabajador excepcional y, sin embargo, no tener ideas
valiosas ya que la inspiración científica en realidad dependía de ciertas dotes
(p. 44). El tercero de los ensayos hace referencia al sentido de la "neutralidad
valorativa" de las ciencias sociológicas y económicas (pp. 59-95). Según Max
Weber a esta consideración no se podría ofrecer una solución desde un punto
de vista científico, pues dependería de las valoraciones prácticas –entre ellas
las éticas– y, por lo tanto, era imposible resolverla de manera concluyente (p.
59). En muchas ocasiones desde la cátedra se hacían formulaciones de
valoraciones que se alejaban de lo justo, criticando lo público en base a juicios
de valor erróneos. Por tanto, no era posible una "neutralidad frente a los
valores". Es evidente que se presentaba un tanto difícil que un profesor se
abstuviera de hacer valoraciones, máxime cuando «las caras de sus alumnos
se iluminan y se vuelven más atentas cuando comienza a exponer su profesión
de fe personal, y que la concurrencia a sus clases resulta muy beneficiada con
la expectativa de que lo haga» (p. 65). Pero en caso de que el profesor
considerase que debía formular valoraciones prácticas, tendría que explicitarlas
ante los estudiantes. El investigador debía separar de forma clara los hechos
empíricos y sus propias valoraciones teóricas y prácticas (p. 67). Weber se
opuso en todo momento a una ciencia "realista" de lo ético, esto es, a
demostrar cuáles debieran ser las convicciones éticas prevalentes en un grupo
determinado. De hecho, consideraba que la "justicia" no era una cuestión que
pudiera ser decidida unívocamente por una ética. Además, había problemas
que la ética no podía resolver con sus propias premisas, como la medida en
que un fin justifica los medios indispensables para alcanzar un objetivo
concreto y determinado. En consecuencia, no hay procedimiento científico
(racional o empírico) que hiciera posible tomar una decisión (p. 72). Max Weber
matizaba en este escrito que «un progreso de la racionalización subjetiva de la
acción no implica de manera objetiva un 'progreso' en cuanto a la orientación
en el sentido de una acción racionalmente 'correcta'. La magia, por ejemplo, ha
experimentado una 'racionalización' tan sistemática como la física» (p. 84).
Weber consideraba que en ocasiones la destrucción deliberada de bienes de
consumo cuyo precio hubiera descendido por debajo del costo de producción,
sería objetivamente correcta desde el punto de vista económico.
El cuarto de los trabajos de Max Weber se refería a la futura forma
institucional de Alemania heredada de Bismarck (pp. 97-128). El Parlamento
había quedado desacreditado, y disminuido su poder, reducido a un bajo nivel.
No se podía fundamentar el régimen federal de Alemania en la legitimidad
histórica. Pero ello implicaba un nuevo ordenamiento (p. 100), que suprimiera
las dinastías que representaban un grave peligro de guerra civil. Por ello, Max
Weber proponía «una constituyente libre, y con ella la aceptación de la
república» (p. 101). En efecto, consideraba la república como la forma
institucional más adecuada para la solución del problema pangermánico,
reuniendo en una federación al mayor número posible de alemanes. Propuso
una renuncia a los sueños imperialistas, adoptando un ideal nacional
rigurosamente autonomista, es decir, que todas las regiones alemanas
137
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
tomasen la autodecisión por la unión en un estado independiente de forma
pacífica, con la única finalidad de crear la Liga de las naciones. Para alcanzar
este objetivo se planteaba como necesaria la eliminación de la estructura
hegemónica panprusiana del Reich. Esta nueva situación llevaría a la creación
de una república federativa, buscando una solución pangermánica. Asimismo
propuso que el Kaiser pudiera ser sustituido por una persona elegida por el
pueblo o por el parlamento del Reich. Este presidente elegido mediante
sufragio por plebiscito debería dar cuentas en el Bundesrat. El pilar central en
el que se basaba el pensamiento de Weber era que «frente al poder central los
diversos estados se encuentren en la misma relación en que se hallan los
diferentes estados canadienses o australianos» (p. 122). Repecto al quinto de
los trabajos, allí hace mención a la nueva Alemania (pp. 129-132), que recoge
el discurso electoral pronunciado por Weber en Fráncfort del Meno con fecha 1
de diciembre de 1918, en favor del Partido Democrático alemán. En el mismo
abogaba por la revolución como única vía para alcanzar la democracia y
acabar con los autoritarismos. Además, señalaba que «hasta hoy, el único
resultado político-social del período revolucionario digno de ser destacado
consiste en el acuerdo establecido entre los sindicatos y las organizaciones
empresariales con la exclusión de los traidores de clase» (p. 131). Finalmente
animó a la burguesía a su adhesión al partido democrático republicano. En otro
artículo publicado el 25 de febrero de 1919 analiza la figura del presidente del
Reich (pp. 133-136), publicado el mismo día que se eligió al jefe de la
socialdemocracia germana Friedrich Ebert (1871-1925), como presidente del
Reich. Proponía en su discurso que el próximo presidente fuera elegido
directamente por el pueblo, ya que sólo un presidente del Reich apoyado por
millones de votos tendría la autoridad necesaria para encauzar la socialización.
En caso de que el mismo pretendiese incumplir las leyes, o gobernar como un
autócrata, el pueblo le exigiría responsabilidad política. Pero sólo la elección
del presidente del Reich por parte del pueblo podía activar una selección de los
líderes y una reorganización del partido para superar el sistema entonces
vigente. Pensaba Weber que la perpetuación de este sistema supondría la
desaparición de la democracia progresista (económica y política), y que sólo
con su elección por el pueblo podría cumplir su papel. Por ello, concluía que
«un presidente electo por el pueblo que sea el jefe del poder ejecutivo, del
aparato de control administrativo y que posea el derecho a un eventual veto
suspensivo y el poder de disolver el parlamento, además de estar autorizado a
convocar a un plebiscito, representa el baluarte de la auténtica democracia» (p.
136).
En séptimo lugar se recoge la conferencia de Max Weber sobre el socialismo
(pp. 137-163), que expuso en julio de 1918. Todos los partidos socialistas se
han caracterizado por ser partidos democráticos. Partía de la idea de que la
democracia podía llevarse a cabo de dos formas: administrada honoríficamente
y con poco gasto por personas capacitadas, o bien ser administrada por
personas que la ejercieran a cambio de una retribución en calidad de
funcionarios de planta. Lo opuesto al socialismo sería una organización
económica privada, es decir, una situación en la cual el abastecimiento de las
necesidades económicas estuviera en manos de empresarios privados. En
todos los tiempos y en todos los países han existido socialismos de la más
diversa especie, mientras que el socialismo moderno habría nacido de la
disciplina de trabajo de la fábrica (p. 146). Los actuales partidos socialistas de
138
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
masas han seguido la corriente ideológica de los partidos socialdemócratas
recogida en el Manifiesto Comunista (1847), si bien Weber rechazaba sus tesis
fundamentales, ya que en este manifiesto no se establecía cómo se llevaría a
cabo la "asociación de individuos" que se presentaba como la fase final del
socialismo, si bien quedaba patente que la sociedad capitalista –y con ella la
burguesía– estaba condenada a desaparecer, en cuanto que no se podía
garantizar la supervivencia del obrero en la medida en que el único fin era la
disminución de costos (Unterbieten). Pero resaltaba Weber que esta «teoría de
la pauperización creciente» no se ha cumplido. Por otro lado, vislumbraba que
la peor opción posible para el socialismo sería una revolución, aunque lograse
triunfar, ya que la guerra no conduciría a una sociedad socialista, sino a lo más
a una forma de desarrollo superior de la sociedad burguesa (p. 162).
El último de los trabajos se titula "Introducción metodológica a las
investigaciones de la Asociación de Política social sobre «selección y
adaptación de los trabajadores de la gran industria cerrada»" (pp. 165-206). En
realidad, las cualidades de los trabajadores estarían vinculadas a la capacidad
de rendimiento de la gran industria. De forma que existiría entre obreros
"cualificados", que habrían realizado algún tipo de aprendizaje de las
máquinas, de los "semi-cualificados", que eran puestos de manera inmediata a
manejar en la fábrica máquinas que iban a seguir utilizando continuamente. Por
otro lado, la crisis siempre habría repercutido en las oportunidades de ingreso
de los trabajadores, al igual que cuando el obrero disminuía el rendimiento,
también descendía su salario, si éste era a destajo. Cuando se trataba de
trabajadores jóvenes y solteros preferían el cambio para ampliar su
cualificación para valorar su trabajo. Pero era evidente que los motivos
concomitantes de cada trabajador eran complejos y cada uno reaccionaba de
forma distinta, hasta el punto de que los hábitos alimenticios, el sexo o el grado
de interés económico influían en la capacidad de rendimiento del trabajador.
Las diferencias salariales entre los jefes, los capataces, los compañeros de
equipo de trabajo a destajo, etc., influían directamente en las relaciones
personales.
De este mismo autor, Max Weber, hemos recensionado su obra Sociología
del Derecho en la Revista de Estudios Políticos, 125 (2004), pp. 377-381, y su
libro sobre Rudolf Stammler et le matérialisme historique (traducción del
alemán al francés por Michel Coutu, Dominique Leydet, Guy Rocher y Elke
Winter, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2001), publicando el
comentario en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, de la Escuela de
Derecho, Universidad Católica de Valparaíso, XXIV (2002), pp. 471-473.
[Recibida el 25 de abril de 2013].
Guillermo Hierrezuelo Conde
Antonio Sánchez-Bayón, Humanismo iberoamericano: Una guía para
transitar la globalización, Cara Parens, Guatemala, 2012, 115 págs.
RESUMEN: En este breve pero intenso ensayo se analizan los problemas que
está provocando la Globalización, así como los antecedentes de los mismos, y
nos da las claves para poder hacerles frente, para sustituir el Síndrome de
Frankenstein que padecemos por el del Fénix. Con este fin se propone el autor
139
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
la reformulación del humanismo hispánico en uno de alcance iberoamericano, y
se recogen sus opositores, sus leyendas negras, sus retos, sus valores, su
pertinencia y su acuciante necesidad en unos tiempos vacíos por saturación.
Todo ello, en definitiva, para resistir el envite del neobarbarismo nórdico ante el
que hemos sucumbido y que nos anula por completo. El autor, partiendo de la
confianza en el ser humano, anima a la reflexión crítica y apunta el papel que le
ha quedado a la Universidad como mero lugar de producción de "futuros
técnicos pagadores de impuestos" así como la marginación en la que se
encuentran las Humanidades y las Ciencias Sociales. Citando al propio autor
"se trata de una proposición ‒no de una imposición‒ con vocación de guía",
una obra que, leyéndola con detenimiento y prestando atención a todos los
detalles, bien puede convertirse fácilmente en un DAFO humanista para
Iberoamérica.
PALABRAS CLAVE: Globalización, Iberoamérica, Glocal, Humanismo Hispánico y
Reflexión.
Como hombre de mundo que es, el autor de este ensayo se convierte en un
Guía de Viaje de excepción. Realiza un recorrido multidisciplinar que va desde
la filosofía pura hasta la geografía política, pasando por la literatura, la
mitología, la politología, la sociología, la teología y la historia. Para poder seguir
su ritmo, precisaremos de un léxico rico y variado y, por si acaso, de una buena
enciclopedia.
En el capítulo 1º el autor nos invita a conocer y a revitalizar el humanismo
hispánico a través de su cultura universal, con sus problemas y con sus
ventajas; pero pasando necesariamente, por la reformulación del mismo, en
forma esta vez de iberoamericano, a consecuencia de la globalización.
Apunta la relegación que ha sufrido el ensayo moderno tras la II Guerra
Mundial, por ser poco objetivo. Pero debe tenerse en cuenta, que en las
Ciencias Sociales y las Humanidades la auténtica objetividad es la sinceridad,
dónde se exponen desde el principio unos planteamientos y se procura ser
coherente con ellos.
Reta al lector, empatizando con él y se adelanta a sus pensamientos con
acierto en la página 4, proponiendo un pensamiento glocal (pensar globalmente
y actuar localmente) y adoptando un compromiso vital con este proyecto
intelectual descifrando (y en muchas casos descubriendo) para el lector una
serie de términos y nociones clave: bucle melancólico, no-lugar, alienación
personal, malestar social, parusía y entropía.
Valiente al definirse como disidente (poco a poco comparativista) el autor,
nos anima a ser escépticos, a preguntarnos, y a liberarnos de los tabúes, la
autocensura y la sobresaturación informativa. Bajo estas premisas, y siempre a
través del cuestionamiento, se pretende aflorar el significado y el alcance de
Iberoamérica y su Humanismo.
Un somero recorrido histórico por las ideologías dominantes nos ayuda a ver
que actualmente la ideología dominante es que no hay ideología, el poder se
oculta y se evitan responsabilidades. Todo ello desde un pretendido y
conseguido tono dialogado (autor-lector) y alegórico (de sugestión simbólica)
que deja de forma intencionadamente incompleto, por deferencia con el lector y
partiendo de su confianza en él, ya que desarrollará lo que más le interese y se
estimulará la reflexión y el afloramiento de ideas como consecuencia de lo
140
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
anterior. Dicha confianza es un pilar básico del humanismo que el autor, como
no podía ser menos, practica en su obra.
Además añade, a esa falta de ideología, unos problemas innegables para la
mayoría, todos ellos producto de la globalización. Problemas tales como: fin del
estado-nación, comienzo de la expansión y confrontación, consolidación de una
aldea global donde se suceden y aceleran las crisis, y surgimiento de temas
necesarios de abordar como consecuencia inmediata de lo anteriormente
señalado: identidad, normatividad, su capital simbólico y su comunicación. Para
hacer frente a todo esto, el autor se apoya y se remite a la mitología
iberoamericana para así comprender nuestro tiempo, además de la gestión
social.
En el capítulo 2º, el más extenso y revelador, el autor realiza un análisis
comprometido de la actualidad, desde dentro de la sociedad y desde la
humildad de ser parte de la misma. Se parte de que el Ser Humano se agrupa
para prosperar, pero actualmente hemos caído en la alienación ya que el
hombre ha transferido lo mejor de sí. Por ello se encuentra cada vez más
diluido y debilitado, así como siente un gran vacío al no identificarse con el
mundo, que a su vez está dominado por un sistema que se auto-protege
eliminando a los librepensadores.
Se trata de una dolencia compartida, de la cual recoge los sentimientos,
sensaciones y conductas, así como las causas y efectos (que están
interconectados y son interdependientes), que la caracterizan y en la que, la
gran mayoría de la población, se sentirá identificada.
Si anteriormente nos mostró la mitología iberoamericana para comprender
nuestro tiempo y la gestión social, ahora el autor (muy convenientemente) nos
propone una nueva. Aquí el autor nos presenta de un modo claro y conciso los
mitos: identidad, generaciones, renacimiento del iberoamericano como hombre
glocal. Destacaría, dada la profusión del tema, la noción de hombre
iberoamericano glocal: "odiseo que crece en la globalización y desea volver a
casa".
Se abordan e ilustran las diversas y distintas fórmulas en las que se ha
manifestado la mitología iberoamericana. Pero, respecto de esa nueva
mitología, cabe añadir que supone un verdadero salto cualitativo ya que ahora
es una nueva: la de los globalizados, que se sirven de los mitos para
trascender pero siempre apegados a la realidad.
Nos presenta y resume El Manifiesto de esa nueva mitología que ya
desarrolló el propio autor en otra sede, pero no es una tarea cómoda de sillón,
sino que nos interpela y nos hace nuevamente plantearnos interrogantes que
pueden resultar complejos pero que resultan imprescindibles y que pretenden
una toma de conciencia y una actuación consecuente. El valor añadido que
aporta el autor, se demuestra en que lo hace de una forma pragmática, siendo
muy consciente de la precariedad que caracteriza a nuestra generación, en la
cual podemos sentirnos perfectamente identificados la mayoría de los
iberoamericanos, muy especialmente los españoles.
El autor depura responsabilidades en el sentido de que contextualiza la
situación de nuestros padres y sus máximas, de las que no somos
responsables, tales como: liberación sexual, flexibilización laboral e idolatría de
la inteligencia técnica y la ciencia neutralizadora. Señala el fracaso de esa
troika o, al menos, de lo que ésta pretendía: libertad y bienestar. Tras esta
"lectura de cartilla a nuestros padres" nos reta (a los odiseos) a superar el
141
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
legado y a «volver a la realidad, retejer las relaciones y velar por una
sostenibilidad de producción y consumo». Para ello no hay una fórmula exacta,
aunque sí unas medidas claras que conformarían esa hoja de ruta a la
sociedad del conocimiento (página 40): desfetichización del sexo, del trabajo y
de la ciencia, relanzamiento de la política, redescubrimiento de la religiosidad,
reconciliación generacional, y reconocimiento y reconexión con la realidad. Y,
por supuesto, en el camino, encontraremos escollos, amenazas y riesgos a los
que tendremos que hacer frente.
Se realiza un diagnóstico de Iberoamérica y se detecta una "tetrapatía
curable": alienación personal, malestar social, crisis perenne y amenaza de la
nada. Para la cual hay un único tratamiento que pasa por un escepticismo
liberador a través de la esperanza humanista. El autor es intelectualmente
valiente al proponer la revisión de cuestiones como la identidad, la
normatividad y la comunicación que a su vez interactúan entre sí (ethos).
Apunta que el ethos originario ha sido olvidado y, con ello, la subjetividad se ha
reducido a una falsa objetividad. Nos insta a redescubrir y a actualizar el
humanismo hispánico para alcanzar esa rehumanización y resocialización del
mundo, desmontando el neobarbarismo de hibridación (amalgama de
ideologías suplantadoras de la cultura), siguiendo unos pasos: primero
rompiendo con el Estado-Nación, pasando a una verdadera Globalización y
prestando atención en todo momento a lo espiritual.
Finalmente, cierra este capítulo, resumiendo los dos caminos que nos
encontramos en el actual punto de no retorno en el que nos situamos. Por un
lado, tenemos el de los latinos e íberos fragmentados, con etiquetas falsas y
ajenas que conducen a la entropía (colapso social) y a la parusía (conflicto
guerra-civilista) y que se caracteriza, entre otros, por el Síndrome de
Frankenstein (experimento a base de deshechos de otros). Y, por otra parte,
está el de la sanación a través de los iberoamericanos glocales, con el
Síndrome del Fénix (renacer de las cenizas, la esperanza de la emergencia
iberoamericana), siguiendo el modelo humanista dentro de la cultura para la
globalización.
En el capítulo 3º se abordan los principales movimientos (picaduras) que
demuestran que el humanismo hispánico no lo ha tenido históricamente fácil y
que ha sido atacado, tanto desde fuera como desde dentro, dando lugar a una
alienación neobárbara, la cual se aborda detallada y claramente a través de las
siguientes corrientes: krausismo, estructuralismo y constructivismo. Todas ellas
son fruto de una secularización extrema y, frente a esto, el autor nos propone
reflexionar sobre el positivismo humanista hispánico, detallando sus
características y argumentando porqué el positivismo nórdico estaría "fuera de
juego".
En la página 64 hace un repaso histórico al hombre intelectual desde el
Antiguo Régimen hasta nuestros días, de un modo sistemático, conciso y
esclarecedor, y que nos brinda una visión de conjunto "at a glance" que nos va
a permitir entender mejor los síndromes que surgen y se heredan de unos
intelectuales a sus sucesores, y que lacran la imagen (de la cual son
corresponsables) de los latinoamericanos y mediterráneos: Quirón, Siracusa y
Frankenstein, de los que ambos pueblos son corresponsables.
Aquí se aborda el "rapto de la universidad" y aprovecho la oportunidad para
pedir y animar al autor a que siga desarrollando este tema por su gran
importancia y actualidad. Su dilatada experiencia como Profesor Doctor
142
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
Universitario, no sólo en España sino también en Latinoamérica y Estados
Unidos, le dan sobrados argumentos, tanto de autoridad como de conocimiento
de causa, para realizar un recorrido por la historia de las universidades y sus
hitos, así como del papel decisivo que ha jugado la Iglesia en este ámbito,
llegando así hasta la actualidad y al rapto que la universidad viene sufriendo al
ver relegadas las disciplinas culturales y humanistas, que son el pegamento
que permite el entrelazamiento de los conocimientos. Se retoma esa noción de
alienación (página 75) como el fin que se persigue realmente, esto es, que ya
no se busca la popularización del conocimiento (y el consiguiente poder que
éste otorga).
La universidad cualifica técnicamente a los futuros trabajadores, labor que
deberían realizar las propias empresas, perdiéndose así la figura del
estudiante, con tiempo y medios para la reflexión, etc. Cabe destacar en la
página 77 las siguientes palabras: łsu fábrica de clientelismo, de futuros
técnicos pagadores de impuestos, que no discutan ni pidan cuentas, y mucho
menos que aspiren al poder». Por ello no es de extrañar que surjan iniciativas
desde la propia sociedad civil para hacer frente a esto ya que, desde el
establishment, no van a promover el cambio.
No podemos pasar por alto las leyendas negras del humanismo hispánico,
de muy heterogénea procedencia pero con un fin muy concreto: ningunearlo e
incluso negarlo. El principal problema de dichas leyendas o visiones es la
irracionalidad de la que parten, de la ausencia de diálogo esclarecedor al
respecto (página 81). Esto nos lleva a caer en seis grandes falacias: temporal,
espacial, material, institucional, personal y psicosocial. Éstas son las piezas del
puzle que, junto con la predisposición española a caer en ellas, nos han hecho
entrar en un nudo gordiano repleto de lo que podríamos calificar también como
tópicos infundados sobre las Españas (página 85) y en un bucle melancólico
que, paradójicamente, parte desde un obispo: Fray Bartolomé de las Casas.
Cierra este penúltimo capítulo con una "desmitificación", breve y clara, de los
bárbaros nórdicos alimentados por su leyenda rosa.
En el capítulo 4º el autor anima a deconstruir los pensamientos típicos
iberoamericanos, a sacudirse complejos infundados para alcanzar esa
identidad propia iberoamericana no alienada. A esta tarea, sin duda, ayudará el
mayor espíritu crítico y el peor autoconcepto de los iberoamericanos en
comparación con los nórdicos, que se preocupan más por la imagen.
El trasplante que se ha producido de la cultura iberoamericana nos hace
hablar de ésta en plural, y buena muestra de ello es la transculturalidad
iberoamericana real, aunque no reconocida, que puede ser una solución a los
problemas actuales.
Pero, para redescubrir el humanismo hispánico y definir el iberoamericano,
ha de recurrirse a la reflexión crítica, aprender de la experiencia y recurrir a la
auténtica ciencia. Para ilustrar este proceso se recogen una serie de
pertinentes citas que van en la línea de lo que se busca y que datan desde
mediados del siglo XIX hasta finales del XX.
Aborda la "impostura de la latinidad" en el sentido de que Latinoamérica
existe, pero es una etiqueta ajena, interesada e instrumentalizada. Se ofrecen
diversas citas y cabe destacar las dedicadas al llamado "mal latino" del que
Francia se ha sabido aprovechar.
Además, si tenemos en cuenta la meticulosidad que sin duda caracteriza al
autor, no podía pasarse por alto la cuestión caribeña, eterna fuente de conflicto
143
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
entre América Latina y Caribe; dando lugar a una competición que no beneficia
si no a franceses y estadounidenses en su estrategia de fragmentación.
Por último cabe apuntar que esta recomendable e inspiradora obra se
encuadra dentro de Colección temática de la Editorial Cara Parens de la
Universidad Rafael Zaldívar, Serie Societatis, proyecto editorial propio,
dedicado a la divulgación de temas de interés y actualidad sobre diversas
áreas del conocimiento. [Recibida el 29 de mayo de 2013].
Alba Pérez Martínez
Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones
públicas, nº 4, Homenaje a Alfredo Rodríguez García, filósofo del Derecho y de
la Política, profesor universitario y ciudadano de la República de las Letras y de
las Ciencias Sociales (diciembre 2012), Universidad de Málaga, eumed.net,
2012 [sed 2013], 113 págs.
RESUMEN: Se recoge en la presente recensión una enumeración valorativa del
homenaje que le fue tributado a Alfredo Rodríguez García en un breve acto
académico y, sobre todo, al que una serie de profesores, de su Universidad,
junto a otros extranjeros, han querido dedicarle, con diversas colaboraciones
puestas por escrito. La Revista europea de Historia de las ideas políticas y de
las instituciones públicas dedicó el nº 4 al solo homenaje a quien fue filósofo
del Derecho, de la Moral y de la Política, a la vez que pensador social crítico
con los poderosos y receptivo y generoso con los humildes. Alfredo Rodríguez
ha sido un referente democrático y un docente claro y sugerente para los
alumnos de Filosofía del Derecho y de Derecho natural durante mucho tiempo
en la Universidad de Málaga. Su verdadero maestro fue Enrique Tierno Galván,
maestro en la distancia. Rodríguez García estuvo al frente del área de
conocimiento de Filosofía del Derecho, durante algunos años, como hombre
equilibrado, no dogmático, paradigma de universitario responsable y persona
de una gran conciencia social y preocupado profundamente por las
desigualdades que generaba el liberalismo y los gobiernos conservadores con
sus políticas contrarias al bien común y defensoras de los poderosos y de los
plutócratas financieros. La presencia de Alfredo Rodríguez García ennobleció a
su área de conocimiento en la Universidad malacitana durante cuatro lustros.
PALABRAS CLAVE: Adelaida de la Calle, Juan José Hinojosa, Alfredo Rodríguez
García, Juan Pérez Iruela, Carlos Rodríguez, Stamatios Tzitizis, Guillermina
Martín Reyes, Bjarne Melkevik, José Manuel Cabra Apalategui, Gábor Hamza,
Marek Jan Łukaszuk, Patricia Zambrana Moral, Martin Niemöller, Hans Welzel,
Max Weber, Christian Thomasius, Robert Alexy, Enrique Tierno Galván, Carl
Schmitt, Ludwig Wittgenstein, Antonio García Lizana, José Calvo González,
José Céspedes Carballo, Karl Olivecrona, Hans Kelsen, Samuel Pufendorf,
Huig de Groot, Rudolf Stammler y George Gurvitch.
Se recoge en el presente nº 4 de la Revista europea de Historia de las ideas
políticas y de las instituciones públicas un homenaje a quien fuera gran
pensador social y político y profesor titular del área de conocimiento de
Filosofía del Derecho, habiendo sido docente de Derecho natural, Filosofía del
144
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
Derecho y Sociología jurídica en la Universidad de Málaga, Alfredo Rodríguez
García, fallecido en un caluroso agosto de 2012, en la Cala del Moral,
acompañado de los suyos.
Hombre de amplia formación filosófica, jurídica, pedagógica, psicológicoexperimental, teológica y política, se afanó en funciones de gestión durante
varios periodos de su vida, lo que le restó tiempo para dedicarse a la
investigación con una mayor atención. Ello no le impidió hacer una sólida tesis
doctoral sobre Enrique Tierno Galván (1918-1986), aquel hombre de exquisitos
modales, que fue alcalde de Madrid, y que como catedrático de Derecho
Político tuvo ideas geniales y se opuso al régimen dictatorial existente en
España, lo que le valió la expulsión de la Universidad en 1965, retomando la
misma en 1976.
El viernes 21 de diciembre de 2012 hubo un homenaje presencial a Alfredo
Rodríguez en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Málaga, en el que participaron la rectora Adelaida de la Calle, recordando la
etapa en la que, siendo ella vicerrectora de Investigación, Alfredo Rodríguez
fue Secretario general. También lo hizo Juan Pérez Iruela, que fue delegado de
Educación en Málaga en momentos difíciles, teniendo a Alfredo Rodríguez a su
lado, con un propósito de ir cambiando las cosas en un proceso de lucha
incansable contra los malos usos todavía muy arraigados en la ciudadanía fruto
del franquismo sociológico y del conservadurismo recalcitrante. A Pérez Iruela
le precedió en el uso de la palabra el hijo de Alfredo, Carlos Rodríguez,
ostentando la representación de la familia, con la affectio pertinente, y seguro
de que levis est fortuna, dejó claro que talis bonus pater talis bonus filius.
El catedrático de Filosofía del Derecho José Calvo González precisó que
Alfredo Rodríguez García fue «hombre discreto, raro, sin destemplanzas, sin
artificios» (p. 5). Calvo prodigó elogios y críticas, innecesarias estas últimas en
un acto oral in memoriam delante de la familia del finado. Por momentos
parecía Orlando furioso, pero el discurso estaba controlado, pues resulta difícil
encontrar en Málaga a alguien tan culto como Calvo, que es la antítesis de
tanto pappone desilustrado como circula por ahí. A mayor abundamiento, la
intervención de José Calvo fue la más preparada de las orales y en su vertiente
literaria la más argumentada, aunque lógicamente nescit vox missa reverti.
José Calvo es el Franz Sacher de la cultura iusfilosófica, y lo mismo que el
segundo elaboraba ese riquísimo dulce de mermelada y albaricoque que
agradaba a los estadistas centroeuropeos, Calvo logra vestir sus discursos de
filigranas literarias de registro intelectual muy elevado. Y mucho cuidado, pues,
como dice el adagio alemán, Wie man in den Wald schreit, so schreit wieder
heraus. Le siguió el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Málaga, Juan José Hinojosa Torralvo, apartándose intencionadamente del
“Museum Criticum”; éste se entretuvo en recuerdos personales de Alfredo y en
resaltar su bonhomía, y lo hizo emocionado pero sin κροκοδείλου δάκρυα,
sintiendo lo que decía con decencia y honestidad, pero igualmente sin la
poesía de Calvo y sabiendo que fides veritatis verborum adminicula non
desiderat. El aire clasicista del decano y su amor a la música, que nos recuerda
a Fillamone, el hijo de Apolo y de una ninfa, que fue cantor de la Tracia, lo
reservó para mejor ocasión. Lo hizo sin muceta, ni adornándose de un velo de
oro como se recuerda de alguna profesora tan presumida como poco
dialogante.
145
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
Las intervenciones orales tienen menos proyección a posteriori que las
puestas por escrito, de los catedráticos de Economía Aplicada y amigos
personales de Alfredo Rodríguez, los doctores Guillermina Martín Reyes y
Antonio García Lizana, para quienes «sus principios éticos [los de Alfredo
Rodríguez] le llevaron a adoptar posiciones profundamente críticas que no le
beneficiaron; e, incluso, cuando ya sentía próximo su final, a romper su
militancia política, por entenderla incompatible con la línea de conducta que
siempre encarnó, al contemplar la deriva que había tomado en los últimos
tiempos, y no querer morir sin adoptar una posición firme en este sentido» (p.
8).
146
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
María Encarnación Gómez Rojo, profesora titular de Historia del derecho y
de las instituciones de la Universidad de Málaga, resaltó su «discreción» e
incluso «timidez» que le permitía acercarse a todos, sin distinguir a los jerarcas
de los villanos, pues Alfredo Rodríguez fue todo lo contrario de la falsedad, la
ambigüedad y la ficción con que actúan algunos en el Alma mater. Stamatios
Tzitzis, del Instituto de Criminología de la Universidad de París II, PanthéonAssas, tuvo ocasión de establecer un debate científico con Alfredo Rodríguez.
El propio Tzitzis ha querido centrar puntos sólidos de la argumentación en el
texto de la colaboración que envió al homenaje a Alfredo. Fue un debate muy
elevado, que no todos podrán comprender.
147
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
Patricia Zambrana Moral, profesora titular de Historia del derecho y de las
instituciones de la Universidad de Málaga, había publicado en 1997 un trabajo
de denso contenido sobre tres grandes filósofos que tituló “Antonio Millán
Puelles, Alfredo Rodríguez García y Leonardo Polo Barrena (Derecho, Ética y
Moral)”, aparecido en Cuadernos informativos de Derecho histórico público,
procesal y de la navegación, nº 19-20 (diciembre 1996) [sed 1997], pp. 56295669. Ahora se ha acercado en solitario a la Filosofía moral de Alfredo
Rodríguez y, sin duda, ha escrito lo mejor que puede leerse sobre el
pensamiento ético del homenajeado. Y lo ha hecho con un aparato crítico
impresionante que alcanza las 255 notas y más de seiscientas referencias
bibliográficas. La autora es experta tanto en el pensamiento de Alfredo
Rodríguez como en derecho marítimo. De hecho acaba de publicar dos muy
valorados artículos en 2011 y 2012 en European Transport Law, referidos al
estudio histórico de los contratos de Derecho marítimo, como también al
estudio del Derecho del medio ambiente. Véase a este respecto su artículo
“Introducció a la història del dret mediambiental català: la salubritat de les
aigües en les fonts jurídiques de Barcelona i Tortosa a l’edat mitjana i a l’edat
moderna”, en Revista de dret històric català, Institut d’Estudis Catalans, vol. 11
(2011-2012), pp. 55-95.
José Manuel Cabra Apalategui es un discípulo de Alfredo Rodríguez que ha
reconocido la deuda de gratitud con quien fuera su jefe y maestro. Para Cabra,
«Alfredo Rodríguez García fue, antes que nada, un buen profesor. Siempre
defendió la importancia de la labor docente del profesor universitario;
consideraba que tan relevante como la adquisición del conocimiento es su
transmisión, si es que aquel ha de servir como motor de progreso y
transformación social. Hablaba para sus alumnos; les dedicaba tiempo y
energías, intentando que superaran la inicial animadversión –más por temor
que por desinterés– que las asignaturas filosóficas suelen generar en gran
parte de los estudiantes de Derecho; e intentando, igualmente, inculcarles un
espíritu crítico con el que abordar la realidad jurídica. Persona de firmes
convicciones morales, contaba entre ellas un profundo y bien entendido sentido
de la tolerancia, esto es, la virtud de hacer posible la convivencia en un
contexto de pensamiento plural y divergente» (pp. 54-55). Cabra Apalategui,
fiel a Alfredo Rodríguez en todo momento, cuando estaba en activo y cuando
hubo de jubilarse por razones de salud, ha demostrado un comportamiento
meritorio en un mundo como el de la Universidad lleno del travestismo
ideológico, de escuela, político, posicionándose la gente casi siempre a la
búsqueda del mayor beneficio. José Manuel Cabra ha estudiado en este caso
las aportaciones de Alfredo Rodríguez a la Teoría del Derecho y a la Teoría de
la Justicia.
El catedrático de Filosofía del Derecho y de Metodología Jurídica de la
Universidad Laval, Bjarne Melkevik, manifestó su inmediata buena disposición
a colaborar en el homenaje a Alfredo Rodríguez García. Melkevik es uno de los
referentes más sólidos y brillantes que existen en América del Norte en
Filosofía del Derecho. Gábor Hamza, catedrático de la Universidad Eötvös
Loránd de Budapest con sorprendente velocidad mandó su artículo para el
homenaje a Alfredo Rodríguez, y Marek Jan Łukaszuk, desde Varsovia, no
dudó un momento en hacerlo. El organizador del homenaje en papel y en
versión on line lo introdujo y le puso cierre.
148
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
Los autores y los títulos de los trabajos con sus correspondientes páginas,
son los siguientes: 1) Manuel J. Peláez, Guillermina Martín Reyes, Antonio
García Lizana, María Encarnación Gómez Rojo y Stamatios Tiztzis. “El
homenaje al jurista, profesor universitario y ciudadano de la República de las
Letras y de las Ciencias Sociales Alfredo Rodríguez García” (pp. 1-14); 2)
Stamatios Tzitzis, “Le juge dans la cité à travers la philosophie politique
d’Aristote” (pp. 15-30); 3) Patricia Zambrana Moral, “Ética y filosofía moral en el
pensamiento de Alfredo Rodríguez García” (pp. 31-52); 4) José Manuel Cabra
Apalategui, “Derecho y justicia. Notas sobre el pensamiento filosófico-jurídico
de Alfredo Rodríguez García” (pp. 53-73); 5) Bjarne Melkevik, “Un poema
convertido en el símbolo de combate contra el nazismo y la indiferencia” (pp.
75-85); 6) Gábor Hamza, “Az állam és az egyház(ak) kapcsolatának alakulása
történeti áttekinteśben” (pp. 87-92); 7) Marek Jan Łukaszuk, “International law
and human Rights: New developments in research from the European and
general perspective (Selected issues)” (pp. 93-100) y 8) Manuel J. Peláez, “Un
diagnóstico fugaz e incompleto del jurista Alfredo Rodríguez García y de su
pensamiento ético, social y político” (pp. 101-113).
No se ha reflejado en el homenaje el índice de impacto nacional e
internacional de la producción científica de Alfredo Rodríguez García, que lo
tuvo. Solo hemos podido localizar una pequeña cantidad del mismo. En la
Revue internationale de Philosophie Pénale et de Criminologie de l’Acte,
editada nada menos que en París-Nanterre, 9-10 (1996), pp. 258-259
aparecieron una serie de comentarios sobre su amplio artículo dedicado a
Derecho y Moral. Pero veamos lo que dice el profesor Louis Degos sobre el
monumental artículo de Rodríguez: «Alfredo Rodríguez García a entrepris une
étude très complète d’une soixantaine de pages sur le droit et la morale.
149
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
L’auteur… développe avec intelligence et maîtrise les distinctions “classiques”
du droit et de la morale à la lumière des courants de pensées actuels. En effet,
partant tout d’abord de la différence de conception connue, opposant le Digeste
et Saint Augustin au courant kelsénien, Alfredo Rodríguez García reconsidère
la question dans les théories libéralistes modernes telles que celles de R. M.
Dworkin et H. L. A. Hart. L’apport incontestable de cet article se situe donc audelà de la présentation historique et classique complète des positions
positivistes et jusnaturalistes. Il s’agit ici d’une analyse fouillée et sérieuse qui
nuance la démarcation de l’être et du devoir-être et qui étend la perception
parfois trop rigide et limitée du droit naturel par des “vérités élémentaires” pour
dégager l’élaboration d’un “concept de droit”. Les relations entre le droit et la
morale sont donc envisagées non seulement d’un point de vue théorique bien
sûr, mais surtout d’une façon pratique, voire pragmatique. La réflexion
fructueuse de l’auteur n’est pas sans conséquence et permet alors de
considérer des problèmes sociaux actuels qui se posent aux juristes de façon
plus claire. Ainsi, Alfredo Rodríguez García expose dans son article d’excellents
éléments de réponse, pour le juriste comme pour la philosophie, le mérite de
cet essai lumineux étant principalement de ne pas verser dans un dogmatisme
qui lierait le lecteur, mais de laisser ce dernier continuer sa réflexion en
respectant sa vision subjective» (pp. 258-259). Es importante, pues a
Rodríguez García se le ha valorado desde Nanterre, esa atalaya universitaria
científica, progresista, avanzada y jacobina, no desde revistas de pensamiento
reaccionario como Verbo o Razón Española.
Alfredo Rodríguez García también fue recensionado o citado en la Revista
de Estudios Histórico-Jurídicos de Valparaíso en los nº XVIII (1996) y XIX
(1997), y es importante recordarlo pues esa publicación científica es muy
reconocida dentro del sector iushistórico y romanístico. Otros se hicieron eco
del pensamiento de Rodríguez García en la Revista de Estudios Políticos del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en su nº 87 (1995), pp. 412414, de la Nueva Época. También fue mencionado elogiosamente en Ἑυδίκια.
Ἑπιθεώρηση τοῦ ∆ιεθνοῦς κέντρου Φιλοσοφίας καί Θεορίας τοῦ ∆ικαίου, prestigiosa
revista de la Universidad de Atenas, en concreto de su Centro Internacional de
Filosofía y Teoría del Derecho, nº 3-4 (1995), p. 227.
El ya mencionado director adjunto del Instituto de Criminología de París,
Stamatios Tzitzis, puso de relieve la incomensaurable labor científica de Alfredo
Rodríguez en su libro Esthétique et violence, Presses Universitaires de France,
París, 1997, pp. 117 y 124. Con ocasión del Homenaje a Francisco Tomás y
Valiente, publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español, LXVII
(1997), allí aparece citado Alfredo Rodríguez García y además se alude a tres
trabajos de investigación suyos. María Encarnación Gómez Rojo mencionó a
Alfredo Rodríguez tanto en su libro titulado El pensamiento político, económico
y social de Manuel Reventós i Bordoy, Barcelona, 1993, pp. 16-17 y nota 24,
como luego en su ulterior obra Historiografía Jurídica y Económica y
pensamiento Jurídico-Público, Social y Económico de Manuel Reventós i
Bordoy (1888-1942), Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la
Universidad de Málaga, Málaga, 2001, pp. 30-31, nota 112. Angelica B. Guckes
se ocupó en alemán del pensamiento de Alfredo Rodríguez, en “Voträge über
Rechtsphilosophie- Moral und Politik Gehalten in der Universität von Málaga
(Kursus 1991-1992)”, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público,
procesal y de la navegación, nº 14 (1992), pp. 3273-3277, donde habla también
150
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
de otros filósofos del Derecho, de los que resaltamos, entre los varios, a Juan
José Gil Cremades, Juan Ramón Capella y José Calvo González, y
posteriormente en la misma sede en “Aktivitaten und Vorträge Bezüglich der
Rechtsphilosophie- Moral und Politik, Organisiert und Durchgefürhrt an der
Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität von Málaga (Kursus 19911992), zweiter Teil”, nº 15-16 (1993), pp. 3673-3698, volviendo a comentar en
lengua alemana varios trabajos científicos de Alfredo Rodríguez García, con
elogiosa valoración de los mismos.
Concluimos, aunque no lo hemos visto ni siquiera reflejado en este último
artículo, que incluso lo indica en el título, que Alfredo Rodríguez García fue
también un pensador social. Quizás habría que situarlo cerca de Max Weber,
de Rudolf Stammler y de George Gurvitch en sus ideas, con un planteamiento
socialdemócrata avanzado, muy lejano del iusnaturalismo dogmático de otros
docentes que pasaron por el área de conocimiento de Filosofía del derecho.
El asunto es importante, pues Rodríguez García, identificado con corrientes
intelectuales progresistas y avanzadas, vivió durante muchos años, en su
entourage plus prochain, atenazado ideológicamente (pero a la vez con libertad
para pensar y en ocasiones de decir lo que quisiese) por una corriente
dominante de iusnaturalismo recalcitrante e intransigente, más propio de
seminarios tridentinos de diócesis menores como las de Ciudad Rodrigo o
Calahorra-La Calzada que de Facultades de Derecho oxigenadas y
democratizadas tras cuarenta años de una espeluznate dictadura. Solo José
Calvo González pudo en dicha área ser completamente libre y navegar por
otros canales, ríos y mares jurídicos (obstaculizándole, los iusnaturalistas de
estricta observancia, no obstante, para que solo lo hiciera a remo, a vela o con
pértiga), desde el principio, sin meter el pie en pestilentes charchas de rancio
escolasticismo y, además en su caso, el de José Calvo, alcanzar cuotas
elevadísimas de prestigio internacional, haciéndoselo todo él, sin apoyos, con
su sola ciencia, con su máquina de escribir en horarios nocturnos inacabables y
luego con medios no mecánicos sino informáticos dejando pasar las horas
fundido entre los libros (no tanto de los clásicos, que se decía conocía en
menor grado, como de los modernos, que eran sus lecturas preferidas,
entendiendo por modernos desde la segunda mitad del XIX hastas nuestros
días) y con agudeza interpretativa notable.
Alfredo Rodríguez, sin embargo, citó al nazi Carl Schmitt pero con desafecto
(a quien, por cierto, había mucha afición en la escuela sevillana de Elías de
Tejada) y no a Harold J. Laski, como hubiera sido lo propio teniendo en cuenta
las ideas de Rodríguez García. Alfredo hubiera disfrutado con La Gramática de
la Política. El Estado moderno, de Laski, quien fue laborista y comunista, obra
de la que contamos con una magnífica edición y presentación a cargo de José
Luis Monereo Pérez, publicada en Granada en 2002.
No obstante, Rodríguez García estaba completamente molesto por la edición
y traducción del alemán al castellano de Legalidad y legitimidad de Schmitt,
llevada a cabo en 2006 por Cristina Monereo Atienza, en colaboración con
José Luis Monereo, partiendo de la 4ª edición alemana impresa en Berlín en
1988, de lo que desconozco a fondo las razones a pesar de que me habló en
dos ocasiones de ello. Tampoco eran del agrado de Alfredo Rodríguez García
las ideas de Francisco Javier Conde García (1908-1974), con sus tenebrosas
frases defendiendo a los tres terroríficos dictadores que fueron Hitler, Mussolini
y Franco, resaltando que «la auctoritas del Führer y la del Duce se asientan
151
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 6 (mayo 2013)
Recensiones
sobre el suelo metafísico del espíritu del pueblo» y luego escribiendo sobre la
sincronía que se daba en Franco como Jefe del Estado y del Movimiento y
Caudillo, en su Teoría del caudillaje, publicada en Madrid en 1941, que es un
libro que da miedo solo tenerlo en las manos. Rodríguez García miraba, con
distancia infinita a estos personajes peligrosos, como también a Julien Freund.
Para Alfredo Rodríguez no existía otra Filosofía del derecho que no estuviera
asentada en la Filosofía de la libertad, humanista y respetuosa con las Políticas
sociales en el sentido de como han entendido dicha Política Social desde la
Verein für Socialpolitik.
Felicitamos, y agradecezco en particular, a quienes han tenido la buena idea
de homenajear a un gran docente, que fue a la vez gestor universitario
completamente entregado a su tarea, y una rara avis que sabía respetar y
acoger a las personas con independencia de sus entorchados y de sus
distinciones académicas. Hombre de pocas palabras, su silencio metafísico
tiene mucho que ver con la sentencia clásica de que quien mucho habla,
mucho se equivoca. Además, fue un buen hombre y el amigo de la concordia,
partidario de la civilización del diálogo, dentro de su departamento y desde su
silla de secretario general de la Universidad. Quienes hayan leído el librito de
B. Franklin, La science du bonhomme Richard, París, 1830, creo que
entenderán a qué me estoy refiriendo como autor de estas líneas. [El presente
trabajo ha sido realizado (parcialmente) en el seno del proyecto I+D+i
“Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores” (nº de
referencia FFI2012-38881)], cuya responsable es Gloria Corpas Pastor.
[Recibida el 20 de mayo de 2013].
Manuel J. Peláez
1) I glad to contact you to invite to participate in a new academic project. From
our Department (History of Law and Institutions), with the journal REVISTA
CRÍTICA DE HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LA POLÍTICA SOCIAL, nº 8
(September 2014) a miscellaneous about LABOUR RELATIONS, SOCIAL,
SOCIOLOGICAL, POLITICAL THOUGHT in honor to three well-known GEORGES
GURVITCH (1894-1965), MAX W EBER (1864-1920) and HAROLD JOSEPH LASKI
(1893-1950). The issue will be published on September 2014. The submissions
deadline for the first issue will be close on July 25, 2013.
2) L’extension sera plus de 5 000 caractères, inclus les notes, et inferieur à 200
000 caractères. L’article doit être accompagné de deux résumés et mots-clés
dans deux langues différentes.
3) Die Sprachen, die veröffentlicht werden können, sind Deutsch, Französisch,
Englisch, Spanisch, Italienisch, Katalanisch, Schwedisch, Portugiesisch,
Polnisch und Bulgarisch.
4) Interdit d’utiliser des abréviations. Les titres seront écrits complètement
puisqu’il s’agit d’un œuvre collectif international.
5) Las colaboraciones versarán sobre el intinerario intelectual de Georges
Gurtvich, Max Weber o Harold Laski, o sobre su pensamiento social, laboral,
político o sociológico.
6) For further information, please contact to Prof. Manuel J. Peláez:
[email protected]
152

Podobne dokumenty